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Libertad de expresión ¡para todos y sin intermediarios!

Publicado el Mayo 4, 2012

En el año 2010, varias organizaciones de jóvenes en Ecuador, integrantes de la Red de Radialistas Juveniles, realizaron un ejercicio ciudadano de veeduría sobre las representaciones y tratamiento informativo que los medios de comunicación realizan sobre los temas de la sexualidad de adolescentes y jóvenes. Esta experiencia se concretó en el Observatorio de Medios en la Mirada Juvenil.

Los resultados de este monitoreo no son del todo alentadores porque, a pesar de que en Ecuador el 20% de la población es adolescente, apenas 3%, en una muestra de más de 3 mil notas de periódicos, presentan temas relacionados con adolescentes y jóvenes, mientras que, la proporción de anuncios dirigidos o que utilizan imágenes de adolescentes y jóvenes, es el doble. ¿Qué refleja este dato? Simplemente que los medios monitoreados en 9 provincias del país, encuentran en la juventud un rico nicho para promover el consumo, poco importa la promoción de su espíritu crítico, su educación y su cultura.

Otra de las “perlas” descubiertas por las y los jóvenes investigadores de la comunicación se relaciona con el manejo que hacen los medios monitoreados a las representaciones de la juventud.  En el 12% de fotografías se incurre en un manejo cuestionable porque no se protege la identidad de niñas, niños o adolescentes, se exalta la violencia, la pobreza; se muestra personajes como objetos sexuales y se recrean roles patriarcales, adultocéntricos o machistas. 70% de imágenes proponen a la mujer como objeto sexual, objeto decorativo o en actitud de víctima.

La Red de Radialistas Juveniles, como muchas otras iniciativas de la sociedad civil, quisiera acceder a espacios en los que su voz sea escuchada, no  necesitan que les “den diciendo”, que les “den pensando”,  y peor todavía,  que les representen de una manera tan limitada como la que revela este observatorio.

Para garantizar el disfrute y el respeto de los derechos humanos  es indispensable generar condiciones que permitan que el derecho a la libre expresión y opinión, así como el acceso a la información estén al alcance de todos.

Para ejercer la libertad de expresión hace falta que la información que nos proporcionan los medios sea veraz, imparcial y contextualizada, es decir pensada en las necesidades de la sociedad, porque el derecho a la información no es un derecho individual sino social. Requerimos información de calidad, ética y con responsabilidad social. Queremos una información plural, sin censura previa, pero con responsabilidad ulterior, independiente de los poderes políticos y económicos.

El director del Centro de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL,  informa que el diario LaHora de Ecuador, el 3 de febrero de 2011, en su página B3, publicó una nota titulada “Observatorios chimbos”.  El titular hace referencia al observatorio de medios de CIESPAL, y a sus profesionales se refiere como “plumíferos” que han recibido billete del gobierno. Pese a las reiteradas exigencias  de rectificación, los directivos de La Hora nunca dieron una respuesta satisfactoria, pero sí recibieron un correo electrónico del presidente del diario, que concluía “cualquier asunto adicional acuda a las instancias judiciales que desde ya están controladas por el gobierno”.  Nos preguntamos entonces ¿dónde está la responsabilidad del medio para emitir información verificada y no sustentada en rumores?  La respuesta “si no le gusta, métame juicio”, o si no le gusta “cambie de canal” ¿es una respuesta que refleja la responsabilidad de los medios hacia la ciudadanía? ¿Entendemos la libertad de expresión como un derecho universal, o es acaso potestad de los dueños de los medios de comunicación?

La libertad de expresión, como todo derecho, conlleva también un deber: la obligación de asumirlo con responsabilidad social y es parte de otro gran derecho, el derecho a la comunicación. Este derecho lo tenemos todas las personas y por ello, los diversos sectores ciudadanos deberían acceder a los medios no solo como consumidores, porque esa es una visión errónea de la comunicación.

Para ejercer el derecho a la comunicación los sectores sociales deben contar con las condiciones materiales que les permitan producir sus propios mensajes, llámense programas radiales, televisivos, notas de prensa y otras. Deben además ser tomados en cuenta como voceros para informar y opinar sobre las situaciones que nos competen a todos.

El escritor uruguayo Eduardo Galeano señala que “las voces de la gente, sin intermediarios, suenan más verdaderas”. Pero para que las voces de la gente común y sus verdades suenen a través de los medios, todavía existen muchas limitaciones que impiden a los ciudadanos tener acceso a los medios de comunicación.

El informe de la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión, presentado en el año 2010, revela que el 40% de las concesiones de frecuencias en Ecuador habían sido obtenidas de forma ilegal o mediante prácticas ilegítimas, además demuestra el altísimo grado de concentración de estas frecuencias en manos privadas y/o en grupos empresariales de medios conectados con los sectores financieros y comerciales del país y del exterior.

Este informe brinda ampliamente suficientes elementos para justificar la democratización del acceso y uso de las frecuencias de radio y televisión.

Catalina Botero, Relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, señala que “si buscamos defender la libertad tenemos que atender a esta doble vía: no solamente la libertad de quienes tienen la posibilidad de hablar porque tienen los medios para hacerlo y ser escuchados, sino que todos podamos competir en igualdad de condiciones para entrar en el mercado informativo. Pero además, considerar no sólo la libertad de informar sino también de informarse, la libertad de tomar decisiones informadas”.

¿De qué decisiones informadas hablamos cuando las mujeres  han sido relegadas de este derecho al no contar, en la mayoría de casos, con información o educación necesaria porque los Estados no han garantizado suficientemente su acceso? Tampoco han garantizado el acceso a medios para que las mujeres emitan su opinión, al igual que a programas de salud y de prevención de la violencia. Estos factores han influido negativamente, a decir de Frank La Rue, Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, para que ellas puedan tomar libremente decisiones informadas.  Yo añado que estos factores inciden en la todavía limitada participación de las mujeres en la esfera pública.

La Plataforma de Acción de Beijing de 1995, expresa su preocupación por la constante proyección de imágenes negativas y degradantes de la mujer, así como su desigualdad en el acceso a la tecnología en la información.

El ejercicio de la libertad de expresión necesariamente conlleva una mayor participación de la mujer en asuntos públicos y en la toma de decisiones sobre aspectos que pueden influir directamente en su desarrollo, lo cual en el país es todavía limitado por los factores expuestos.

En este escenario, los movimientos sociales tienen el desafío de vigilar porque el Estado cumpla con su obligación de generar condiciones para el ejercicio de los derechos a la comunicación y dentro de ellos, el de la libertad de expresión.

Tienen también el desafío de hacer otra comunicación, fortaleciendo los medios populares y comunitarios, creando nuevos medios y espacios de comunicación que eviten reproducir las mismas limitaciones que cuestionan al sistema vigente.

El Estado debe tener claro que la libertad de opinión y expresión, así como el acceso a la comunicación, son herramientas que pueden coadyuvar a la erradicación de la pobreza porque los grupos sociales que ejercen este derecho pueden informarse, demandar sus derechos y participar en el debate público para generar cambios sociales y políticos. El Estado tiene la obligación de demostrar tolerancia con el pensamiento crítico y las posiciones divergentes a las suyas, tomando en cuenta su rol activo en la promoción y protección del derecho a la comunicación.

Los medios de comunicación, de asumir su responsabilidad social, jugarían un importante papel como generadores de participación. La sociedad requiere personas y grupos capaces de abordar los problemas de la pobreza, el hambre, las enfermedades, la discriminación, el deterioro del ambiente. Los medios se enriquecerían, y la sociedad también, con la participación de mujeres, jóvenes, indígenas, afros, montubios y otras tantas diversidades que hacen la riqueza del país.

Demandamos que los medios cumplan con su responsabilidad social en cuanto a la calidad de contenidos que ofertan. Nos indigna constatar que las audiencias con bajo nivel de criticidad consumen imágenes globalizadas de ser mujer, lo cual no es inocuo ni mero entretenimiento sin carga ideológica. Los inocentes roles de las modelos o de los machos de las programaciones son reflejo de una concepción predominante y tienen un poder influyente en los juicios, valores y comportamientos de hombres y mujeres.

No podemos seguir siendo insultados con mensajes como el emitido hace dos años por un vocero de RTS, canal 5, cuando dijo que “los negros no tienen cerebro, en lugar de cerebro tienen dos cacahuates, por eso solo sirven para patear pelota”

Este tipo de insultos a la condición humana hablan de la urgencia de una instancia reguladora de los medios de comunicación, en la que la sociedad civil ponga su mirada crítica, porque sin participación social no hay libertad de expresión.

La redistribución equitativa de frecuencias, el control sobre los mensajes discriminatorios y ofensivos, junto con otros temas indispensables para la libertad de expresión que hoy se debaten en el país, no son dádivas de ningún régimen, son conquistas producto de las luchas sociales, como todo lo que tiene que ver con los derechos humanos.

A nombre de la libertad de expresión, los medios están obligados a dar información de calidad, los ciudadanos a exigirla y el Estado a garantizarla. Creemos firmemente que otra comunicación es posible a través de normativas firmes, de actores nuevos y diversos y de espacios en los que las antiguas y las nuevas tecnologías de la comunicación estén al alcance de todas y de todos. PRODH

Una “limpia” urgente en la salud pública

Publicado el Mayo 4, 2012

El Ministerio de Salud, a través de su dependencia provincial en Guayas, hace poco, realizó una inspección de farmacias ubicadas alrededor de un hospital público de Guayaquil. Se encontró que las farmacias vendían medicamentos de todo tipo, pertenecientes al Ministerio de Salud. También se comprobó que expenden medicinas caducadas. Esto es un criminal perjuicio a la población que acude a los hospitales y sale con una receta a comprar lo que debía haber recibido por derecho y sin pago.

Hace poco, también, circuló la noticia de cierta adquisición de medicamentos del MSP, que tenía irregularidades y que, de haberse concretado, habría perjudicado al país en varias centenas de miles de dólares. Además, se conocen procesos irregulares de contratación, por ejemplo, en el hospital de Portoviejo, respecto a la lavandería del hospital. El pasado no lejano, deja tristes recuerdos en la compra de ambulancias y en construcciones para salud, en las cuales, desaparecen pruebas y se esfuman las personas responsables. ¿Quién responde por la construcción de un “hospital” en Tosagua, con fondos públicos y en un gobierno anterior al de Correa, en un sitio asilado, sin camino de acceso y en zona de inundación?

¿Será verdad que aún ahora, para acceder a un puesto en salud, se debe pagar “el diezmo” a ciertos políticos vinculados al gobierno y que ese  pago “se recupera” en el puesto?

Las acciones del MSP para extirpar la corrupción, son agridulces. Por una parte, alienta saber que se destapan los negociados que salpican a las entidades que cuidan la salud de la ciudadanía. Qué bueno que haya funcionarios decididos a romper las cadenas de corrupción que, al parecer, todavía pululan por algunos hospitales, centros de salud y otras dependencias de salud. Sería motivo de aplauso que el MSP se limpie de funcionarios y empleados irresponsables y deshonestos.

Por otro lado, estas noticias revelan que, a pesar del discurso del gobierno respecto a la honestidad y transparencia, no se ha logrado erradicar el hurto de lo público y la corruptela en unidades de salud. Quién sabe si, con la inmensa cantidad de fondos que el gobierno ha entregado para la salud pública, esas redes de corrupción se han mantenido, fortalecido y sofisticado.

El principio de la corrupción en la gestión de la salud pública es el conflicto de intereses entre funcionarios y empleados. Así, los médicos de hospital son también dueños de clínicas, laboratorios y farmacias ubicadas en alrededores (o lejos) del servicio público. ¿Es aceptable que un funcionario de salud pública sea accionista de una clínica que ha suscrito un convenio con el MSP? ¿Es ético que el MSP suscriba acuerdos de atención con centros de exámenes, cuyos dueños son hijos de funcionarios de salud? ¿Es entendible que funcionarios de salud pública sean accionistas de distribuidoras de medicamentos o insumos, y que sean proveedores de sus unidades de salud?

El Presidente de la República ha constatado personalmente y ha detallado casos que revelan que la corrupción subyace y sigue vigente en la gestión de los servicios de salud. Es necesario que la señora Ministra de Salud y su equipo, decidan una purga general para romper los conflictos de intereses en todos los ámbitos del MSP. Es hora de una “limpia” en el MSP para acabar con trampas, trucos, robos y enriquecimiento ilícito de unos cuantos vivarachos. Finalmente, mantener la corrupción perjudica al más pobre de la sociedad, al que acude a los hospitales públicos por su derecho a la salud. Sin una gestión general limpia y honesta en salud pública, no habrá presupuesto que aguante…

El trabajo, un derecho a la deriva

Publicado el Abril 26, 2012

El 1ero de Mayo es el Día Universal de Trabajo, por lo que saludamos a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores del mundo.

El trabajo es uno de los derechos humanos fundamentales, ya que permite la subsistencia del trabajador y su familia, pero también su realización como persona, como espíritu creador, como ser sensible y pensante.

Sin embargo, miles de millones de personas en el mundo -y  la mayoría de trabajadores en nuestro país- realizan trabajos mal pagados y riesgosos, trabajos que afectan la salud, trabajos rutinarios y repetitivos en los cuales la persona se vuelve autómata.

En estos tiempos de globalización, donde el objetivo principal de las empresas es maximizar las ganancias a cualquier precio y donde las instituciones del Estado muchas veces se manejan de acuerdo a los caprichos del gobierno de turno, cada vez es menos seguro tener asegurado el trabajo. Grandes transnacionales eliminan de un plumazo decenas de miles de empleos como ha ocurrido en varios países desarrollados. En nuestro país, miles de servidores públicos llegaron como lo hacían a diario a su sitio de trabajo y horas después eran puestos de patitas a la calle con la intervención de la Policía. Ninguno tuvo derecho a la defensa. Muchos ni siquiera supieron qué responsabilidades se les imputaban.

Este sistema ha convertido al trabajo en una mercancía más. El trabajo seguro y para toda la vida está en vías de extinción. Cada vez son más los trabajadores y trabajadoras que se despiertan  preguntándose ¿Cuántos sobraremos? ¿Cuándo me tocará a mí?
Por su parte, quienes todavía tienen trabajo se convierten cada día más en esclavos laborales. ¿Jornada de 8 horas diarias? Solamente en el papel, porque  cada vez son más los trabajadores que, por presiones de las empresas e instituciones y de sus jefes, deben extender sus jornadas de trabajo. A veces hasta a duplican los turnos. Y a la par con este incremento de horas de trabajo en las fábricas y  oficinas, el pago de horas extras va desapareciendo, gracias a subterfugios y leguleyadas de la patronal.

Una conquista laboral que ha despertado polémica en Ecuador, a la vez que ha sido apropiada por el actual régimen, ha sido el asegurmiento universal. La exigibilidad de que todo trabajador sea afiliado a la seguridad social ha estado vigente en la normativa del país, pero largamente “toreada” por los sectores patronales. Su exigibilidad no es una dádiva de éste ni de ningún otro régimen, es un derecho conquistado por los sectores sociales.

En palabras de Eduardo Galeano, “además de que muchos pierden el trabajo, muchos pierden, trabajando, la vida”.  Cada 15 segundos en el mundo muere un obrero, asesinado por eso que llaman “accidentes de trabajo”.
El derecho al trabajo, y a condiciones laborales adecuadas, se ha convertido en uno de los más escasos y vapuleados en el mundo.

Andariego

Publicado el Abril 19, 2012

por: Paola García

Caminos recorriste cual andariego
con andar quieto la vida sembraste
y tu grito de solidaridad fue el riego
tus semillas de bondad e igualdad dieron fruto
la cosecha lista está
mezcla de amor y verdad
solo falta el andariego para cosechar y así…
juntos brindar.
Por donde anduviste tu siembra floreció
junto a Indios, Costeños, Manabas y cualquiera que
junto a ti quisiera sembrar.
El estudio, la dignidad germinaban en tu andar
paso a paso tu boca se abría al cantar
para versear las bondades
que la tierra nos quisiera otorgar, sin esperar
que las gracias le quieras dar.
Con fotografía retribuiste su don
a ella agradeciste con pasión
sabías era tu medio y lo aportaste sin tedio
reflejaste lo hermoso en tu andar
y lo que aprendiste lo cediste sin dudar.
Hoy caminamos junto a ti, andariego,
y tratamos de ser el riego
la siembra debe crecer…
ese es nuestro deber
recoger el fruto, repartirlo y juntos comer
es nuestro tiempo, para ser como él
y a la PACHAMAMA empezar a amar y agradecer.

Dedicado a mi padre, el soñador.

Ley de Comunicación: amenazas y oportunidades

Publicado el Abril 19, 2012

Entre las cosas pintorescas que suceden en el Ecuador está la interminable aprobación de un instrumento trascendental para el funcionamiento de la democracia, la Ley de Comunicación. Más de dos años, y no acaban de ponerse de acuerdo quienes toman las decisiones tratando de contentar al gato y al garabato, en medio de intereses polarizados y apasionados debates.

Los empresarios de la comunicación gastan los tan preciados minutos de radio y televisión -y harta tinta- argumentando lo peligrosa que es la propuesta de ley. Temen que la libertad de expresión esté en riesgo, dicen que será finalmente el Ejecutivo quien controle lo que se dice o no se dice en el país.

Por su parte, un buen grupo de organizaciones sociales y medios de comunicación ligados a los procesos populares, no encuentran perfecta a la propuesta presentada por el asambleista Andino, sin embargo dicen que se acerca a las aspiraciones largamente acariciadas, no solo en Ecuador, sino en otros países del continente.

Por ejemplo, la reversión al Estado de cientos de frecuencias otorgadas ilegalmente, y  con ello el final de los monopolios de medios de comunicación privados. Otros aspectos trascendentales para la democratización de las comunicaciones, y que recoge la ley, son el acceso de sectores comunitarios al 34% de las frecuencias y la garantía de espacios  en los medios de comunicación a la música de autores nacionales.

Esta ha sido probablemente la ley más debatida y la más controversial bajo la presidencia de Rafael Correa. Es que en ella se juegan muchos intereses: los de los dueños de los medios de comunicación privados, los del gobierno, los de las organizaciones sociales, los de los partidos políticos, los de los colectivos de artistas -sobre todo de músicos- los de los gremios de comunicadores, los de la ciudadanía en general.

El gobierno actual ha llevado al plano político prácticamente todas sus actividades, dentro de un contexto de pugnas frontales y descalificaciones contra todos quienes critiquen o disientan de sus ideas. La Ley de Comunicación no ha sido la excepción, y genera escepticismo para quienes no comparten el centralismo que caracteriza a la gestión pública del régimen de Correa.

Desde estos sectores surgen interrogantes. Si se aprueba la ley ¿será que el Consejo de Regulación de Medios,  en el cual el Ejecutivo tendrá mayoría (al controlar a delegados del Ejecutivo, Legislativo y Participación Ciudadana) se constituirá en un sexto poder al servicio del gobierno para controlar y censurar a medios y periodistas, afectando así a la libertad de expresión? ¿Será que las frecuencias para sectores comunitarios irán preferentemente, o incluso exclusivamente a las organizaciones alineadas con el régimen?

Lo cierto es que, de no contar con una Ley de Comunicación que ponga el cascabel en al gato -largamente acostumbrado a visibilizar las opiniones exclusivamente de los grupos de poder- los sectores sociales, los grupos de artistas, y comunicadoras populares seguirán invisibilizados y realizando esfuerzos que, no por falta de calidad, sino por carencia de reconocimiento y recursos, logran incidir de forma limitada en la opinión pública.

Quienes nos sentimos ofendidos e indignados por la pobre calidad y cantidad de espacios de representación en los medios de comunicación, entendemos que libertad de expresión no es lo mismo que libertad de empresa, y que la riqueza y diversidad de nuestro país requiere de una ley equitativa y plural. Nuestra acción organizada deberá incidir para evitar las amenazas del régimen de turno, pero también la eterna mirada sesgada a la que nos han acostumbrado los medios.

Domitila Chungara, una mujer símbolo

Publicado el Marzo 15, 2012

por: Mujer de fuego

“¡Yo creo que todos los que nos llamamos
o tenemos la etiqueta de revolucionarios
tenemos la obligación de regresar al pueblo
y pelear junto al pueblo. “

Nació en Potosí, (Bolivia) el 7 de Mayo de 1937, casada y madre de siete hijos. Su madre era de la ciudad de Oruro y su padre fue dirigente sindical. Su formación la tuvo primero en el campo y después en la mina.
Tenía cerca de 10 años y aún no había ingresado a la escuela por problemas económicos. Al morir su madre tuvo que hacerse cargo de sus 5 hermanas por ser la mayor.

Con el correr del tiempo comenzó a preocuparse por la situación social que vivían las comunidades mineras.
En 1952 se caso con un trabajador minero. En 1961 empezó a participar activamente en el Comité de Amas de Casa del Distrito Minero, del que la nombran Secretaria General; organización que se extendió a otros centros mineros y tuvo una importante influencia en los acontecimientos políticos de Bolivia. Este comité se creo por las necesidades existentes en los centros mineros, ante la ausencia de soluciones a los problemas de abastecimiento de alimentos, atención médica, educación, salarios justos, seguridad social y el derecho a la propiedad de la tierra minera trabajada a lo largo de la historia boliviana.

En este contexto Domitila consolida su lucha mediante ideas claras sobre la situación de la mujer en Latinoamérica desechando para siempre ideas que dan a la mujer un papel estático ante las problemáticas sociales.

Considera que hay que cambiar la noción de patria pues el himno nacional, los colores de la bandera y los símbolos dejan de tener sentido cuando la patria vive en condiciones de desigualdad y pobreza, Domitila señalaba que la patria está en todos los rincones, en los mineros, en los campesinos, en la pobreza, en la desnutrición, en las penas y las alegrías.

Domitila pone énfasis en la unificación de la lucha campesina a la par de la lucha estudiantil pero mira la necesidad de comunicarse en un lenguaje simple en donde las mayorías están aptas para comprender con certeza lo que de antemano ya conocen sobre la realidad política y cotidiana de su país.
Domitila organiza el Comité de Amas de Casa bajo los principios de velar por mejores condiciones de vida para las viudas de los mineros, pero mediante la organización de todos los sectores involucrados en la lucha de los pueblos teniendo como pilares fundamentales a la clase trabajadora y al campesino en aras de alcanzar un estado socialista.

En el año 1975 Domitila asiste a la Conferencia del Año Internacional de la Mujer en México, invitada por las Naciones Unidas en ésta se destaca su visión clara en torno a la temática de la mujer en el contexto global, además de su innato liderazgo, hizo ver que debemos alejarnos de la dependencia de naciones extranjeras ya que esto ocasiona imposiciones económicas, políticas y culturales, llamó al derecho que tienen las mujeres a participar y organizarse, pero ante todo denunció que la carta magna de las naciones Unidas estaba firmada por Bolivia pero aplicada para la burguesía.

Domitila tiene una visión clara sobre el papel de las mujeres en los países subdesarrollados, recalcando una y otra vez la importancia de su pueblo como una escuela en sus luchas por la reivindicación de la mujer.

Domitila considera que a lo largo de la historia ha habido períodos de decadencia en la lucha por los derechos de los trabajadores en Latinoamérica que serán superados y es necesario rescatar la importancia de la lucha de la mujer en los espacios aun reducidos de opinión.

La religión fue otro de los temas que abordaba en sus discursos, criticó la tarea desempañada por la iglesia en los años de represión sufrida por el pueblo boliviano, porque ignoraban las necesidades de la mayoría de trabajadores y ante todo hacían caso omiso de la represión por parte de las fuerzas militares.

Domitila sufrió en carne propia la represión de la época; estando en prisión fue violada embarazada, torturada, esto le ocasiono un aborto y la desfiguración de su cuerpo, pero en ningún momento lograron destruir su fortaleza para defender a su gente y sus derechos hasta el día de hoy.

Declaración de la Marcha Mundial de las Mujeres 2012

Publicado el Marzo 8, 2012

En el Mundo, 8 de marzo de 2012

Este 8 de marzo, nosotras, las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres, seguimos marchando, resistiendo, y construyendo un mundo para nosotras, los otros, los pueblos, los seres vivientes y la naturaleza. Estas acciones continúan enfrentándose a los embates del paradigma mortal del capitalismo con sus falsas salidas a las crisis y de una ideología fundamentalista conservadora.

Vivenciamos un crisis del sistema capitalista, racista y patriarcal que, para sostenerse, impone brutales “medidas de austeridad” que obligan a nosotras, los pueblos, a pagar por una crisis que no hemos provocado: son recortes presupuestarios de todos los servicios sociales, disminución de salarios y de pensiones, estimulo a guerras y avance de la mercantilización de todas las esferas de la vida. Nosotras las mujeres pagamos el precio más alto: somos las primeras que seremos despedidas y que, además de las tareas domésticas más habituales, somos obligadas a asumir las funciones antes cubiertas por los servicios sociales. Tales medidas cargan el peso de la ideología patriarcal, capitalista y racista y son expresión de políticas de incentivo para que volvamos a la casa, que estimulan además el avance de la prostitución y la venta de las mujeres, el aumento de la violencia contra nosotras, el trafico y las migraciones.

Denunciamos la continua imposición de acuerdos de libre comercio, que intentan transformar los bienes comunes como la salud, la educación y el agua en mercancías, y generar un mercado de  explotación de la mano de obra barata en los países del sur. Rechazamos la cultura del consumo que va empobreciendo más las comunidades, generando dependencia y exterminando las producciones locales.

Nos solidarizamos con las mujeres en lucha en Europa, especialmente en Grecia pero también en Portugal, Galicia, Estado Español, Italia y Macedonia, que se están organizando para resistir la ofensiva neoliberal y retrógrada promovida por las instituciones financieras y políticas, y sus propios gobiernos, a servicio de intereses de las corporaciones transnacionales. Nos solidarizamos también con todas las mujeres del sur que enfrentan hambrunas, empobrecimientos, esclavitud laboral y violencia pero que siguen construyendo su resistencia.

Denunciamos el avance de la militarización en todo el mundo como estrategia de control de nuestros cuerpos, vidas, movimientos y territorios y garantía para la neocolonización, el nuevo saqueo y apropiación del capital sobre los recursos naturales y la manutención del enriquecimiento de la industria armamentista en frente a la crisis. Constatamos con temor la amenaza de retorno de lo militarismo y del autoritarismo como valores en la sociedad en distintos países alrededor del mundo, como en: el Medio Oriente, en Tunicia, Libia y Egipto, donde las mujeres y los pueblos continúan a luchar contra todo tipo de dictadura fundamentalista y por verdadera democracia; en Palestina donde las mujeres luchan contra el colonialismo y el sionismo en diversos países Africanos – como en Senegal donde el gobierno se utiliza de la fuerza del ejercito por intereses electorales, o en Mali donde grupos armados aterrorizan la populación civil en su lucha por controle da la región norte; en Honduras, México, Guatemala y Colombia donde hay procesos de re-militarización; y en diversos países en Asia-Oceanía donde refuerzan la presencia de las tropas militares de Estados Unidos.

Nos solidarizamos con las mujeres y los pueblos en resistencia y lucha en todos los territorios que están en guerra, bajo control militar y en riesgo de serlo, o viviendo los impactos nefastos de una presencia militar extranjera. A pesar de ello, nosotras las mujeres continuamos defendiendo nuestro territorio, cuerpo y tierra de la explotación de los ejércitos regulares e irregulares, estatales y privados.

Denunciamos la estrategia concertada de los medios de comunicación globalizados que busca revitalizar los dogmas y valores conservadores y que ponen en riesgo los logros o avances de las mujeres en el mundo. Se cierran espacios de participación, se criminaliza la protesta, y se cercea el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Nuestra autodeterminación reproductiva está amenazada donde la hemos conquistado, como, por ejemplo, en diversos países de Europa (como en Portugal y España) y de Norte América donde el aborto es legalizado, pero donde este derecho es atacado en la práctica por cortes de los presupuestos públicos que tienen como blanco los hospitales y los servicios de interrupción del embarazo. En muchos otros países, como en América Latina y varios países de Asia-Oceanía, las mujeres que abortan siguen siendo criminalizadas, como en Brasil, Japón y Vanuatu. En México se legaliza el aborto en el Distrito Federal y se criminaliza en el resto del país. En Honduras, la píldora contraceptiva de emergencia ha sido prohibida. En Nicaragua, el aborto mismo en situaciones de riesgo de vida para la madre o de violación se convierte en un delito a través de una Reforma Constitucional.  Rusia sigue su ejemplo con la mujer del presidente al frente de campañas para prohibir el aborto en cualquier situación. Grupos auto-intitulados “pro-vida” defienden en realidad la muerte de las mujeres, nos insultan y a las profesionales de salud en Norte América, presionan en parlamento para rever la ley en Sudáfrica e impiden cualquier discusión en Pakistán.

Nos solidarizamos con todas las mujeres que continúan luchando y enfrentando los embates de la policía, los servidores públicos y de la justicia injusta, así como a las que enfrentan la violencia en su contra.

Frente a estas situaciones, estamos en las calles, tenemos alternativas y las estamos viviendo. Reiteramos que seguiremos fortaleciéndonos desde nuestros cuerpos y territorios en resistencia y defensa de los mismos, profundizando nuestros sueños de transformaciones estructurales en nuestras vidas y ¡marchando hasta que todas seamos libres!

Llamamos a la articulación de nuestros movimientos y a las alianzas con los otros movimientos, pues solo así construiremos un mundo en libertad.

¿Por qué apoyar la Ley Orgánica de Comunicación?

Publicado el Febrero 17, 2012

Ecuador ha sido tradicionalmente un paraíso para las corporaciones de comunicación, un mismo propietario -con frecuencia dueño también de algún banco- tenía a su haber canales de televisión, emisoras radiales y uno que otro periódico.

En ese escenario ¿a qué intereses y visiones responderá lo que vemos y escuchamos a través de los medios de comunicación? ¿Será que sus mensajes reflejan las necesidades, aspiraciones y posiciones de la gente común, o será que alimentan el afán acumulativo, presentan la inequidad como algo normal y nos hacen creer que una sociedad es democrática solo cuando favorece la participación de los poderosos de siempre? ¿Es así como se entiende la libertad de expresión?

Hace más de dos años que la Asamblea Nacional no logra aprobar una ley que reglamente la comunicación en el país. En la actualidad, entre los más acalorados debates, está en la puerta del horno un proyecto de ley que, entre otros aspectos, regula la propiedad de los medios eliminando los monopolios, autorizando una sola frecuenta matriz de radio en AM, una en FM y una de televisión a una misma persona en todo el territorio nacional.

De ser aprobada esta ley, democratizará la radio y la televisión distribuyendo equitativamente las frecuencias: 33% para medios públicos, 33% para medios privados y 34% para medios comunitarios.
De esta manera, las organizaciones sociales, los jóvenes, las mujeres, la población indígena y otros sectores tradicionalmente invisibilizados por la comunicación privada, finalmente podrán acceder a canales para que se escuche su voz.

Una sociedad que consume mensajes violentos, sexistas, racistas y discriminatorios, que alimenta la xenofobia y el rechazo a las diversidades, no puede de ninguna manera aportar en la construcción de la cultura de paz.

Es tiempo de que se reconozca a la comunicación como un derecho de todas y todos, venciendo así la tradicional concepción de ver en ella una mercancía a ser adquirida por el mejor postor.

Urgente, Ministra, urgente

Publicado el Febrero 14, 2012

En Manabí está pasando algo nuevo. Algunas denuncias de viejos problemas contra los derechos de niñas, niños y adolescentes se han puesto en la mesa de discusión de la ciudadanía, de los Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia, de la Policía Especializada de Niñez, DINAPEN; de las Fiscalías cantonales, de los Centros de Protección de Derechos, de Municipios, de los sectores de educación, de inclusión económica y social, de salud y protección.

En los cantones de Chone, Bolívar y Manta,  se han lanzado a conocimiento público sendas denuncias de acoso sexual por parte de profesores a estudiantes adolescentes. En uno de los casos, el “docente” fue encontrado por la DINAPEN en delito flagrante, en un motel con una adolescente estudiante. Lo importante es que empieza a salir a flote la punta de un iceberg que tiene la misma edad que el sistema educativo.

No son problemas nuevos. Por desgracia, sobre violencia sexual en ámbito educativo habrá miles de folders amarillados, malolientes y escondidos en los archivos de cualquier supervisión educativa que, ante cada caso que se conoce, opta por un silencio cómplice. Si se pudiera recoger y publicar todos los casos de todos los colegios públicos y privados, resultaría una crónica inmensa, escabrosa y lapidaria contra un sistema que no ha mostrado compromiso para erradicar el acoso sexual de las aulas.

El compromiso contra los delitos sexuales en ámbito educativo es urgente, señora Ministra de Educación. Compromiso público y transparente. En el caso del docente de Chone encontrado en delito flagrante, no basta que no se le renueve el contrato. Es indispensable que usted, usted en persona,  examine el comportamiento de las autoridades del colegio y de muchos otros docentes, no solo del colegio involucrado, que es casi, una apología del delito. Se ha propiciado que la víctima adolescente sea vejada, insultada y revictimizada dentro del mismo colegio. ¿Quién protege los derechos de las adolescentes dentro del sistema educativo? La misma situación, multiplicada, se constata en un colegio de Calceta. Los docentes acusados de delito sexual, hasta la fecha, asisten al colegio y animan un movimiento a su favor y contra las nueve adolescentes que denunciaron sus fechorías.

Además de su natural responsabilidad como Ministra de Educación, de su compromiso demostrado en otros casos de este tipo a favor y defensa de las adolescentes, el Plan Nacional del Buen Vivir, impone que, hasta el 2013, el Estado ha llegado a “Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema educativo y la culminación de los estudios”.

El mismo Plan del Buen Vivir, hablando de la garantía de la vigencia de los derechos y la justicia, le pone al Ministerio de Educación una meta no discutible: “Erradicar la agresión de profesores en escuelas y colegios hasta 2013”. Esto incluye actuar con claridad frente a todo caso de agresión sexual.

Urgente, Ministra, dé un golpe de timón al sistema educativo. Los delitos sexuales son demasiado antiguos y han sido demasiado tapiñados, no es posible más.  Con una intervención decisiva contra la impunidad de delitos sexuales en ámbito educativo, saldrán ganando todas las adolescentes que, sin duda, merecen ser, simplemente, felices.

¿De qué revolución hablamos?

Publicado el Febrero 3, 2012

La semana anterior se conmemoraron los 100 años del asesinato de Eloy Alfaro y de varios de sus coidearios, la espantosa  hoguera bárbara. El gobierno de Rafael Correa realizó numerosas actividades para la conmemoración de esta fecha, resaltando la figura del viejo luchador. Pero no solamente eso, continuamente el mandatario evoca la importancia de la figura de Alfaro y afirma que la revolución ciudadana es alfarista y bolivariana.

Al cumplirse un siglo de la muerte de don Eloy, se ha generado un debate sobre el paralelo entre la revolución liberal y la revolución ciudadana y entre las figuras de Eloy Alfaro y Rafael Correa.

A propósito de ello, es oportuno establecer que la única revolución que ha existido en la historia del Ecuador fue la revolución liberal, que llegó al poder mediante la lucha armada y al cabo de muchos años de enfrentamientos.

Por otra parte, esta revolución tuvo no solo el apoyo, sino también la participación directa de combatientes salidos del corazón mismo del pueblo,  esos fueron los montoneros.

El gobierno de Alfaro llevó a cabo transformaciones radicales e irreversibles en el país como el establecimiento del Estado laico, que determinó la independencia entre Estado e Iglesia, a quien redujo significativamente su  poder económico. Además introdujo el voto para la mujer y el divorcio, puso las bases de un sistema de enseñanza público y laico mediante la creación de varios colegios públicos en distintas ciudades. Una obra fundamental para lograr la unidad del país en lo humano y en lo económico fue la construcción  del ferrocarril entre Guayaquil y Quito.     

La llamada revolución ciudadana, si bien ha realizado algunos cambios, ha incrementado significativamente el gasto social y ha llevado a cabo iniciativas que  favorecen a algunos sectores vulnerables. De ninguna manera esta tal revolución afecta los intereses de los grupos de poder económico en el país.  Por ejemplo, en 2011, los bancos incrementaros sus utilidades en 51% respecto al 2010. Asimismo, grandes empresas alimenticias, constructoras y de otras áreas han logrado pingües ganancias gracias a contratos con el Estado. El gobierno sigue adjudicando la explotación petrolera y minera a empresas transnacionales y el propio Correa ha reconocido que el reparto de la riqueza sigue siendo muy inequitativo en el país y que es un tema pendiente de la revolución ciudadana. Lo que no se sabe es hasta cuándo seguirá este pendiente.

Hay un siglo de distancia entre los gobiernos de Alfaro y de Correa, las realidades son muy distintas, el país y la sociedad son muy diferentes. Las tesis liberales de Alfaro eran revolucionarias para su época. El llamado socialismo del siglo XXI de Correa es algo amorfo para explicar las acciones de un gobierno que cada vez va más hacia la derecha.

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