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Participación Popular Cero

Publicado el Julio 19, 2010

En el Ecuador de estos días, la Asamblea Nacional elabora y debate una serie de leyes importantes, vitales, para la construcción de una sociedad democrática. Así las leyes de aguas, de comunicación, ordenamiento territorial o de educación. Sin todas  esas leyes, el país seguirá en la senda trazada por los padrinos criollos del neoliberalismo.

En las discusiones de estas leyes brillan personajes como el presidente, los y las asambleístas oficialistas y los de oposición titiritera. Brillan ciertos medios masivos y gremios de medios privados. Brillan algunas instituciones vinculadas con la formación y práctica de comunicadores y comunicadoras. Brillan intelectualidades vinculadas al periodismo comercial y alguna relacionada con organizaciones populares. Brillan algunos dirigentes gremiales o indígenas que convierten todo en plataforma política de promoción.

Brillan, mojadas por la lluvia, las solapas de un escuálido grupo de manifestantes que aúpan a conductores para que piten contra una ley de comunicación.
Para que estas leyes en proyecto sean conocidas y discutidas por el pueblo, el sencillo y llano poblador o pobladora, las amas de casa y las empleadas, para que las discutan los vendedores ambulantes, los pescadores y campesinos, las secretarias y los empleados públicos, no hay ningún mecanismo previsto, ninguno en funcionamiento, ninguna fórmula en vigencia. En la discusión de leyes: participación popular cero. En la elaboración de los proyectos de ley que debaten entre iluminados e iluminadas: participación popular cero. La ciudadanía ha sido reducida  a espectadora. El gobierno: silencio.

Las encuestas dicen que lo mejor del actual gobierno es la educación, la salud, la vialidad y los bonos de la digna pobreza, de vivienda… No se puede negar que ha habido inversión y cierto giro que, todavía, no es el cambio esperado. Algo se ha movido, pero  falta mucho por ser removido, revolucionado, es decir, realmente cambiado.

En salud, excepto como pacientes: participación popular cero. Dónde están los comités de usuarios o usuarias participando, opinando, reclamando? Quién hace caso las demandas de los comités que existen? Qué política tiene el Ministerio de Salud al respecto? Silencio. La Asamblea: silencio.

En educación, salvo como beneficiarios de la exoneración de pagos, participación popular cero. Dónde están los comités de padres y madres de familia participando, controlando, discutiendo, decidiendo las líneas educativas para los hijos e hijas? Grita la UNE o el MPD, responde el gobierno. Participación popular, cero.

En proyectos de vivienda, salvo como beneficiarios, participación popular cero. Dónde están las organizaciones barriales participando en la creación, control, decisión de espacios urbanísticos y espacios públicos? Hablan los ministros, los arquitectos, las contratistas. El resto, silencio.

Los entrampamientos de los politiqueros de derechas, izquierdas y revoluciones ciudadanas, solo pueden superarse con participación popular real. Los intrincados mecanismos que tiene la burocracia para impedir los cambios en los servicios públicos, solo se pueden superar con participación popular de usuarios y usuarias. La campaña de los empresarios de medios de comunicación que no quieren ley ni cambio, o de los empresarios de la educación, solo pueden ser obra –como la democracia- de una real, amplia, profunda y permanente participación popular. Mientras tanto, aunque se gaste dinero público en una llamada secretaría de participación, las cosas seguirán igual sin cambio, quietas, por la misma senda neoliberal. Una secretaría de participación, sin participación popular es el colmo, provoca risa y tristeza. Mejor sería que esos fondos vayan a los necesitados hospitales del Ministerio de Salud Pública.

Cabe parafrasear: ¡Hasta la participación popular, siempre!

Día mundial de la población

Publicado el Julio 19, 2010

Hoy día somos 6500 millones de personas en el planeta. El doble que hace 40 años. La mayoría vive en países subdesarrollados. Y la población mundial sigue creciendo. Esta realidad implica retos gigantescos ¿Cómo garantizar la alimentación, el acceso a los servicios básicos, salud, educación y vivienda para una enorme población, que además sigue en aumento y que en el año 2050 podría alcanzar los 9500 millones de habitantes? ¿Habrá suficiente recursos? Y sobre todo ¿cómo se distribuirán esos recursos? En la actualidad, solo 6 de cada 100 habitantes del planeta vive en Estados Unidos, sin embargo, ese país consume casi un tercio de los recursos de la Tierra.

Hace cerca de 200 años, el inglés Malthus predijo que la especie humana podría desaparecer a causa de la incontenible explosión demográfica mucho más rápida que el aumento de las cosechas. Desde ese entonces, los avances científicos en todas las áreas del conocimiento, incluidas la agricultura y la medicina, han sido tan espectaculares que lejos de extinguirse la especie humana es cada vez más numerosa. Sin embargo, la mayoría de seres humanos es pobre y no tiene acceso a una alimentación adecuada o a buena parte de los servicios básicos, ni a salud y educación.

Por otra parte, muchos de los recursos del planeta han disminuido notablemente y algunos se están agotando. En nuestro país, la frontera agrícola sigue extendiéndose cada vez más, así como la explotación petrolera y minera. En un siglo han desaparecido dos terceras partes de los bosques del país, mientras en ese mismo período la población se multiplicó por 10. A pesar de que el Ecuador no está superpoblado, es necesario que se establezcan políticas demográficas para controlar el aumento de la población, garantizar el acceso a la alimentación y los servicios básicos para las futuras generaciones, racionalizando el consumo y evitando el despilfarro.

Pero sobre todo, debería cambiar la desigual distribución de la riqueza. Se sabe que la cuenca del río Guayas, por sí sola, podría alimentar sin dificultad a 20 millones de personas. Sin embargo, con solo 14 millones de habitantes, el Ecuador tiene un alto número de población que pasa hambre o está desnutrida. Además, varios recursos como el agua podrían disminuir, mientras que la demanda seguirá en aumento como el caso de Quito, cuyas fuentes se alimentan de los deshielos de 3 nevados que cada vez tiene menos hielo a causa del calentamiento global. Por lo tanto, es esencial también manejar con sabiduría los recursos renovables y no renovables para la supervivencia de las generaciones venideras.

De guaraperías, cantinas y licoreras

Publicado el Julio 6, 2010

Hasta después de la mitad del siglo pasado, quizás, hasta las goteras del final, las guaraperías y cantinas de los pequeños poblados de la serranía, o las veredas tropicales de la costa ecuatoriana, ocuparon un lugar prominente en eso que algunos llaman la “idiosincrasia” o los “rasgos culturales” del pueblo.

En la zona rural, estos lóbregos comercios estuvieron en el corazón de la vieja propiedad terrateniente, y era la forma más perversa de vaciar los bolsillos de los peones de las haciendas. Aunque, en realidad, los huasipungueros o partidarios o seudo “libres”, no tenían bolsillos en su calzoncillo de hilo ni en su poncho de lana, llevaban monedas, en raras ocasiones, en su inseparable alforja. Generalmente, tenían apuntes en los libros de los administradores de las haciendas, una especie de bonos terratenientes, en los que, por casualidad, ellos eran siempre deudores increscendo y sin final.

En las ciudades más grandes, las cantinas, eran y son, los lugares de olores característicos, donde se adquiere el más barato de los aguardientes, con borrachera, demencia pasajera y gresca aseguradas. Pueden funcionar de sol a sol y aceptan fiados solo de sus clientes garantizados.

Las cantinas están por las calles más recónditas de los barrios tradicionales y algunas excepcionales, como el “murcielagario” de la calle La Ronda -en el corazón del Quito antiguo- refugiaron a poetas, músicos y bohemios, inspirando composiciones perdurables. En las calles principales de los pueblos chicos, y desde luego, en las secundarias, hay cantinas, guaraperías o tabernas que funcionan a todo vapor los días de feria y el fin de semana.

En los barrios modernos o zonas de urbanización emergente, en las de altos edificios y calles llenas de alumbradas tiendas, en las zonas “rosa” que los turistas buscan, los lugares de expendio de bebidas alcohólicas tienen nombres más sofisticados y potables. A nadie se le ocurre hablar de cantinas, son bares, pub, salsotecas, karaokes o discotecas. No venden aguardiente ni chicha, solo expenden tequila, wisky, ron, vodka… traídos no de cualquier trapiche, sino de compañías renombradas y fiables. Las gasolineras no se salvan, expenden alcohol etílico embotellado en variadas marcas y presentaciones.

De los antros sombríos del siglo pasado se evoluciona a locales alumbrados según el propósito, llenos de luces y anuncios para la venta, a media luz e íntimos para el consumo. Poderosas maquinarias de publicidad forjan cultura alcohólica prometiendo convertir al macho en cañón, al joven en adulto y a la mujer en persona libre. Muchos anuncios, por cierto, usan mujeres semidesnudas como anzuelos.

En todo este tinglado de la “idiosincrasia” o de la “cultura” alcohólica del pueblo, la lógica es igual, calco y copia a pesar del tiempo: guaraperos, cantineros y licoreros buscan el máximo de ventas, la máxima rentabilidad, sin importar las consecuencias en la vida de sus clientes. Ellos quieren la absoluta libertad para vender porque, dicen con fiera hidalguía, es la única forma de defender la libertad y la dignidad de los ciudadanos consumidores. Para ellos, vender y comprar es lo mismo.

Ellos, los que lucran y expanden sin parar sus ganancias de la borrachera y la violencia que genera el alcoholismo, se amparan en este raro principio de democracia, y se oponen a ultranza al decreto gubernamental que regula horarios de venta de licores. Hablan de libertad y quieren que todo siga igual. Ellos, sin pisca de vergüenza, hablan y defienden la supuesta idiosincrasia alcohólica del pueblo. Su compromiso, claro está, es mantener y hacer crecer lo que llaman “cultura”.

Sin verdad no hay justicia

Publicado el Junio 9, 2010

La fría noche del lunes 7 de junio, y el espectacular escenario que ofrece el Palacio de Cristal en el centro oriente de Quito, albergaron conciencias y emociones, removieron recuerdos y rabias largamente contenidas por familiares, amistades y compañeros de las 456 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas en Ecuador entre 1984 y 2008.

Sin verdad no hay justicia, titula el voluminoso informe presentado por la Comisión de la Verdad, que documenta casos de privaciones ilegales de la libertad, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y atentados contra la vida.

Tal como otros países de América Latina, Ecuador fue víctima de un Estado que utilizó el terror como mecanismo de dominación política, económica y cultural. Su blanco fueron personas y organizaciones opuestas al proyecto de muerte, diseñado en la Doctrina de Seguridad Nacional, y ejecutado por las irónicamente llamadas “fuerzas del orden”, mayoritariamente bajo el régimen de León Febres Cordero. Durante los otros gobiernos que lo sucedieron entre 1988 y 2008, también se registraron casos de atropellos contra la dignidad humana.

La Comisión de la Verdad de Ecuador se creó por la demanda de un grupo de víctimas de violaciones de derechos humanos, que exigieron al Estado ecuatoriano una satisfacción adecuada de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Durante el proceso de investigación que llevó adelante la Comisión de la Verdad sobre las violaciones de derechos humanos efectuadas por agentes del Estado, surgieron varios nombres de personas vinculadas, directa o indirectamente, con estos hechos. La mayoría son miembros de la Fuerza Pública en servicio pasivo, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, varios se encuentran aún en servicio activo, e incluso ocupando cargos de alta jerarquía.

La presentación del informe constituye un homenaje a la valentía y generosidad de testimoniantes que aportaron a buscar la verdad para que se haga justicia. Porque, a decir del informe: “las consecuencias de las violaciones de derechos humanos como el dolor, el miedo y el sufrimiento de las víctimas y sus familias deben ser consideradas como parte de la historia del país, escuchadas por toda la sociedad y tenidas en cuenta en las políticas de reparación y reconstrucción de las relaciones sociales fracturadas por la violencia”.

“Esta casa debía estar llena de nietos” exclamó Pedro Restrepo, al invocar la durísima historia que ese 8 de enero de 1988, fracturó para siempre su vida y la de su familia con la desaparición, tortura y muerte de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi. Por ellos, y por cada una de las familias que aún los lloran, la Comisión de la Verdad “ha documentado su experiencia de dolor y resistencia, y con ello contribuye a la lucha contra la impunidad y a la defensa de los derechos humanos como parte de la cultura política que Ecuador necesita para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”.

Por una distribución equitativa de frecuencias en Ecuador

Publicado el Mayo 30, 2010

Cuando los pueblos luchan por construir su propio destino, no faltan voluntades adversas. Es lo que sucede en torno a la construcción de la Ley de Comunicación en Ecuador, país en el que las frecuencias de radio y televisión se encuentran en manos de varios grupos que se repartieron la gran mayoría de las frecuencias para hacer negocio o para conseguir votos.

Esta gran feria de frecuencias debe concluir, y para ello, hay voces que se expresan con firmeza en defensa del derecho a la comunicación, derecho que incluye la posibilidad de acceder a frecuencias para gestionar estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias. Estas voces presentaron en días pasados el siguiente comunicado al Presidente de la Asamblea Nacional:

“Ante el pretendido acuerdo al que habrían llegado los miembros de la Comisión Ocasional de Comunicación, de la Asamblea Nacional, de reservar solo el 25% de las frecuencias para medios comunitarios, tal como lo confirmó la Presidenta de la Comisión, Betty Carrillo (…), lo cual constituiría una clara violación al mandato constitucional que, de manera expresa, señala que el acceso y uso de las frecuencias debe darse en “igualdad de condiciones” (Art. 16 y 17), las organizaciones y redes de comunicación, gremios profesionales, facultades y escuelas de comunicación, tanto como movimientos sociales y demás organizaciones de la sociedad, rechazamos con firmeza la posibilidad de querer limitar el acceso y uso de las frecuencias de Radio y TV para los medios comunitarios solo al 25%.

Un reparto equitativo de las frecuencias de radio y televisión en tres tercios (una para medios públicos, otro para medios comunitarios y otro para medios privados), responde al principio de justicia distributiva que debe caracterizar un modelo democrático.

Las organizaciones, movimientos sociales y personas que suscribimos esta declaración compartimos la convicción de que si no se modifica sustancialmente la estructura de propiedad de los medios audiovisuales y las formas de acceso a los medios de comunicación por parte de los ciudadanos y ciudadanas la democratización de la comunicación no pasará de ser solo una proclama. El mantenimiento de los privilegios de los grupos de poder mediáticos y económicos es incompatible con la democratización de la comunicación, y solo demostrará que mientras en el discurso se insiste en una revolución ciudadana, la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas seguiremos siendo excluidos de ejercer el derecho a la comunicación.

El informe elaborado por la Comisión para la Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión, que determinó la existencia de más de 500 frecuencias que se habrían entregado de forma ilegal y que recomienda una reversión de las frecuencias mal habidas, corre el riesgo de quedar solo en el anaquel, mientras las múltiples voces de la diversidad seguirán silenciadas y sin posibilidad de acceder a medios propios en los que puedan divulgar su cultura, sueños y esperanzas.

Una Ley de Comunicación que se apruebe al margen de la Constitución y de espaldas a las demandas ciudadanas no puede democratizar la comunicación. Por ello insistimos en que la distribución de las frecuencias de radio y TV entre los medios públicos, privados y comunitarios, debe hacerse en forma equitativa, es decir en un 33% para cada sector, conforme la normativa constitucional”.

Por una comunicación democrática:

SIGNIS-Ecuador, OCLACC, INFODESARROLLO, CIESPAL, CEDHU, Corporación GSD, OCLACC, ALAI, COMUNICACIÓN UPS, ALER, CORAPE, WACC, RADIALISTAS, APC, FENAPE, PRODH.

POR EL FORTALECIMIENTO DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO (CMCT) EN ECUADOR

Publicado el Mayo 27, 2010

Síntesis del documento “Estudio y promoción de intervenciones políticas y legales para el fortalecimiento del Convenio Marco para el Control del Tabaco en Ecuador, en el contexto de la Constitución y el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2008-2011” FUNSAD, en coordinación con el Programa de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Comité Interinstitucional de Lucha Antitabáquica (CILA), 2010.
El Ecuador firmó el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) en el año 2004 y lo ratificó en el 2006. El actual Gobierno Nacional ha dado muestras de compromiso con el Convenio: por primera vez el Ministerio de Salud Pública (MSP) asignó un presupuesto específico para control del tabaco a partir del año 2007, la Asamblea Nacional Constituyente incrementó el impuesto al tabaco en un 53%, pasando del 98 al 150%¹,  la Ministra de Salud Pública presentó el “Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo” 2008-2011²  el 17 de julio del 2008.
Las líneas estratégicas del Plan Nacional son:

• Prevención del consumo de tabaco en adolescentes
• Atención integral a fumadores
• Ampliación espacios libres de humo de tabaco
• Fortalecimiento legal e institucional para el control
• Investigación (incluyendo monitoreo y evaluación)

Con estas líneas estratégicas se espera cumplir, entre otras metas, la de declarar a fines del año 2011 al Ecuador como país libre de humo de tabaco en espacios públicos cerrados.

La nueva Constitución Política, aprobada el 25 de julio de 2008 por 94 de 126 asambleístas presentes y ratificada en consulta popular el 28 de septiembre de 2008³, a más de un  marco general que fortalece la salud pública, la promoción de la salud y la prevención (“el buen vivir”), incorpora artículos que explícitamente favorecen la lucha antitabáquica y la aplicación del CMCT, lo cual deberá reglamentarse a través de leyes y reformas legales:

“Art. 19.-La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.

“Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella

que atente contra los derechos.”

“Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales.

“El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.”⁴

La ejecución de este plan y los compromisos con el CMCT en el nuevo marco constitucional, implican importantes desafíos para el Estado y para el Ministerio de Salud Pública, principal responsable de su cumplimiento en su calidad de Autoridad Sanitaria, pero también para las organizaciones públicas y privadas aglutinadas en el Comité Interinstitucional de Lucha Antitabáquica (CILA), que hoy cuenta con un importante respaldo del Consejo Nacional de Salud (CONASA). Este Consejo es un espacio de concertación de las instituciones oficiales, de la seguridad social, prestadoras de servicios públicos y privados, académicas, gremiales, sindicales y ciudadanas que trabajan en salud.

Los recursos nacionales disponibles para el control del tabaco, sin embargo continúan siendo escasos y deben ser optimizados identificando intervenciones efectivas. El Ministerio de Salud Pública, a pesar de los recientes logros, no cuenta con un fuerte programa de control de tabaco ni un equipo interdisciplinario suficiente para enfrentar este reto, por lo que, los esfuerzos colaborativos con otras instituciones serán fundamentales.

Hay que considerar que la historia de intervenciones de las empresas tabacaleras en el Ecuador ha sido bastante agresiva, sobre todo en el campo de regulaciones legales y reglamentarias. Dos de las últimas más notorias son:
La injerencia de la empresa ITABSA (Philip Morris)⁵ en la formulación y aprobación de la “Ley Orgánica Reformatoria de la ley Orgánica de Defensa del Consumidor”⁶ durante el año 2006, en la que la mencionada empresa tabacalera logra incluir en esa ley artículos que sancionan a los fumadores y no a los establecimientos que violan espacios libres de humo, un blindaje en la ley de las advertencias sanitarias solo textuales e ineficaces (“EL TABACO MATA”, “EL TABACO PRODUCE CANCER”) y otro artículo que favorece el monopolio.

Otras recientes injerencias ocurrieron a fines del año 2009 cuando las empresas de la Philip Morris (ITABSA, TANASA y PROESA) pusieron de escudo a los trabajadores de la industria del tabaco y a los cultivadores de tabaco para defender sus enormes intereses económicos y bloquear la aprobación de una reforma a la Ley de Régimen Tributario que pretendía gravar con un impuesto específico de 0,07 USD a cada cigarrillo, con lo cual se buscaba restringir el acceso de niños, niñas y adolescentes a productos de tabaco. El argumento esgrimido por la industria del tabaco y que al parecer confundió a algunos asambleistas y autoridades del Ejecutivo, era que el incremento de impuestos y precios de cigarrillos incrementaría el contrabando y provocaría pérdida de plazas de trabajo. Estos falsos argumentos de la industria han sido ampliamente desvirtuados por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, pues el contrabando ocurre en países con altos y bajos impuestos, y se relaciona más con la corrupción. Las únicas plazas de trabajo que se han perdido en la industria del tabaco en la presente década en el Ecuador (hasta el año 2004 eran 500 trabajadores directos de esta industria, en el 2010 son 350) se debió al despido de las empresas por la tecnificación de sus procesos productivos. Cuando en el año 2008 se incrementó el ICE a los productos de tabaco (de 98% a 150%), no se perdió ninguna plaza adicional de trabajo.

Sin duda para el Ecuador, como probablemente sucede en muchos países, especialmente aquellos en vías de desarrollo, el Art. 5.3 del CMCT se constituye en piedra angular para la plena vigencia de este Convenio, por la agresiva y abusiva interferencia de la industria del tabaco, sobre todo en el poder legislativo. La Conferencia de las Partes del CMCT en noviembre de 2008, con no pocas dificultades, aprobó las directrices para el Art. 5.3 que deben desarrollarse en instrumentos nacionales que eviten la injerencia de la industria de tabaco en instituciones y funcionarios públicos.
Los países que han ratificado el CMCT han culminado también un borrador de “Protocolo para el Control del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco”, que se espera sea aprobado en la próxima Conferencia de las Partes que se desarrollará en Uruguay en noviembre del 2010. La industria del tabaco se opone fuertemente a este protocolo y al carácter prescriptivo del mismo, porque sabe que con una fuerte legislación mundial para el control del comercio ilícito, incluyendo el contrabando, deberán abandonar esas prácticas ilegales que aumentan sus ingresos y no tendrán pretextos para interferir el incremento de impuestos y tasas.

Por su parte, en el Ecuador, el CILA, en coordinación con el MSP, presentó en diciembre de 2009, a través de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, un proyecto de ley integral para el control del tabaco que apunta entre otros objetivos a lograr un país libre de humo de tabaco en los espacios cerrados, a eliminar totalmente todo tipo de publicidad de tabaco incluida la engañosa, e incorporar advertencias sanitarias gráficas y efectivas en los envases de productos de tabaco.
La celebración del día mundial del tabaco en el presente año 2010, con el lema “Género y Tabaco: la manipulación publicitaria y las mujeres” pretende hacer conciencia de la necesidad de proteger a las mujeres, especialmente a las niñas y adolescentes, que son uno de los principales blancos de la publicidad de la industria del tabaco a nivel mundial, en particular en los países de América Latina, Asia y África.

¡Queremos niñez y juventud libres de tabaco!

Carta Abierta a Fernando Cordero

Publicado el Mayo 26, 2010

Señor Arquitecto
Fernando Cordero

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Presente
Señor Presidente:

Ante el pretendido acuerdo al que habrían llegado los miembros de la Comisión Ocasional de Comunicación, de la Asamblea Nacional, de reservar solo el 25% de las frecuencias para medios comunitarios, tal como lo confirmó la Presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, en el Jueves de la Comunicación del 20 de mayo, lo cual constituiría una clara violación al mandato constitucional que, de manera expresa, señala que el acceso y uso de las frecuencias debe darse en “igualdad de condiciones” (Art. 16 y 17), las organizaciones y redes de comunicación, gremios profesionales, facultades y escuelas de comunicación, tanto como movimientos sociales y demás organizaciones de la sociedad, rechazamos con firmeza la posibilidad de querer limitar el acceso y uso de las frecuencias de Radio y TV para los medios comunitarios solo al 25%.

Un reparto equitativo de las frecuencias de radio y televisión en tres tercios (una para medios públicos, otro para medios comunitarios y otro para medios privados), responde al principio de justicia distributiva que debe caracterizar un modelo democrático.

Las organizaciones, movimientos sociales y personas que suscribimos esta declaración compartimos la convicción de que si no se modifica sustancialmente la estructura de propiedad de los medios audiovisuales y las formas de acceso a los medios de comunicación por parte de los ciudadanos y ciudadanas la democratización de la comunicación no pasará de ser solo una proclama. El mantenimiento de los privilegios de los grupos de poder mediáticos y económicos es incompatible con la democratización de la comunicación, y solo demostrará que mientras en el discurso se insiste en una revolución ciudadana, la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas seguiremos siendo excluidos de ejercer el derecho a la comunicación.

El informe elaborado por la Comisión para la Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión, que determinó la existencia de más de 500 frecuencias que se habrían entregado de forma ilegal y que recomienda una reversión de las frecuencias mal habidas, corre el riesgo de quedar solo en el anaquel, mientras las múltiples voces de la diversidad seguirán silenciadas y sin posibilidad de acceder a medios propios en los que puedan divulgar su cultura, sueños y esperanzas.

Una Ley de Comunicación que se apruebe al margen de la Constitución y de espaldas a las demandas ciudadanas no puede democratizar la comunicación. Por ello insistimos en que la distribución de las frecuencias de radio y TV entre los medios públicos, privados y comunitarios, debe hacerse en forma equitativa, es decir en un 33% para cada sector, conforme la normativa constitucional.

Por una comunicación democrática

SIGNIS-Ecuador
OCLACC
INFODESARROLLO
CIESPAL
CEDHU
Corporación GSD
OCLACC
ALAI
COMUNICACIÓN UPS
ALER
CORAPE
WACC
RADIALISTAS
APC
FENAPE
PRODH

El panadero no toma decisiones de gobierno

Publicado el Mayo 21, 2010

Los cambios que el Ecuador desea y que se expresaron en la aprobación de la nueva carta constitucional, tienen que ser aplicados. Una de las novedades es la conformación del “quinto poder”, encabezado por el Consejo de Participación Social, con la Ley de Participación Ciudadana, hacen crecer las expectativas por el tipo de participación social y política que se pueda construir.

Según el gobierno, hay avances en la democracia “representativa” a una democracia “participativa”. Sin embargo, el ejecutivo valora la organización popular, social o ambientalista, en función de la adhesión a sus planteamientos. El resto los califica como “infantilismos”. La metáfora del panadero, utilizada por el presidente Correa, de que “si el panadero pregunta a todos sus clientes, cómo hace el pan, al final del día, no habrá pan”, parece significar que la participación popular sirve mientras no estorbe, demore ni contradiga las decisiones de gobierno.

Pero el panadero no toma decisiones de gobierno. Si es buen panadero, todo pan que haga será saludable. En cambio, las decisiones de gobierno no se consumen a corto plazo y todas no son, necesariamente, buenas. Por ejemplo, la decisión de instalar una base gringa en Manta, fue una lesión injustificable a la soberanía y la dignidad nacional, y fue tomada por un gobernante y sus amigos, ilegalmente, siguiendo su iluminado criterio y sin consulta social.

Por otro lado, el gobierno declara lo bueno de la elección de funcionarios por méritos, tal como se eligió al Consejo de Participación Ciudadana. En una sociedad históricamente resquebrajada, injusta e inequitativa, con desigualdades clamorosas en las oportunidades para “hacer méritos”, con profunda desigualdad de condiciones sociales, económicas y culturales, la participación no puede restringirse a la “meritocracia” y ésta, no debe sustituir a la participación directa del pueblo y sus organizaciones.

La democracia se fortalece con participación popular, con sus organizaciones y haciendo escuchar su voz sin cortapisas.

La Constitución lo declara y  promueve y el gobierno debe cumplirla con una clara política de construcción de democracia participativa, superando una democracia representativa, salpicada de participación puntual y condimentada con “meritocracia”, nada más.

El gobierno de Correa existe porque hubo un proceso histórico de movilización que enfrentó la propuesta neoliberal y participó en el derrocamiento de gobiernos corruptos y traidores a sus promesas. Es lamentable que el gobierno no reconozca a cabalidad el papel de los movimientos sociales en la profundización de la democracia.

La participación, como derecho humano y derecho reconocido en la Constitución aprobada en 2008, no es una dádiva o regalo de un gobernante. La participación requiere de mecanismos para que la población la ejerza de forma permanente y amplia. Requiere de organización popular que tome decisiones y que haga realidad el derecho.

Se hace agua la Ley de Aguas

Publicado el Mayo 19, 2010

Una marea multicolor de indígenas movilizados llegaron a Quito desde diferentes comunidades de la Sierra y el Oriente y, a pesar de que la policía impidió el paso de buses hacia la capital, centenares de manifestantes lograron rodear los predios de la Asamblea durante varias horas. En los enfrentamientos la Policía hirió de bala a un indígena y golpeó a varios más. Todo esto sucedió a propósito de las discusiones en la Asamblea sobre el proyecto de Ley de Aguas, el que más rechazo ha provocado en el movimiento indígena y ha logrado algo que no sucedía hace varios años: juntar a las más grandes organizaciones indias del país, CONAIE, FENOCIN y FEINE en un frente común.

En un intento de acuerdo, las representaciones indígenas plantean a la Asamblea la prohibición de privatizar el agua, determinar la cantidad vital de agua y la tarifa mínima, el tema del aprovechamiento del agua para envasado, mantener  las juntas de agua para su administración en las comunidades y las serias interrogantes que genera la implementación de la Autoridad Única del Agua.

Un punto muy álgido en el que no hay acuerdo es el manejo del agua para la minería y para cultivos de exportación como flores, frutas y vegetales. Los indígenas temen que si el proyecto no prioriza el agua para el consumo humano, la disponibilidad del recurso para las comunidades indígenas y campesinas se vería seriamente reducida. A pesar de la insistencia presidencial y de la Asamblea de que no habrá privatización del agua ni prioridad para las mineras y otras empresas, no hay prohibiciones explícitas que garanticen que esto no sucederá en la práctica.

Por muchos años, las comunidades campesinas de Sierra y Costa han manejado  la administración del agua de manera autónoma en sus comarcas a través de las juntas de agua, formadas por miembros de dichas comunidades. La Ley del Agua reduciría notablemente esa autonomía y el manejo del recurso se volvería mucho más centralizado y burocratizado si la Autoridad Única del Agua asumiera el rol que hasta ahora han cumplido las juntas de agua. El planteamiento del movimiento indígena es la creación del Consejo Plurinacional del Agua, formado por gobierno, campesinos, indígenas, empresas y sectores productivos, en el cual haya una real participación ciudadana y no una concentración de poder y funciones en una Autoridad Única que podría  administrar como a bien tuviera este  preciado recurso. En este sentido, el manejo del agua podría ser utilizado para retaliaciones políticas o para recompensar favores y no de manera justa, equitativa, imparcial y como lo que tiene que ser: un derecho fundamental e irrenunciable de los seres humanos.

El panadero no toma decisiones de gobierno

Publicado el Mayo 12, 2010

Los cambios que el Ecuador desea y que se expresaron en la aprobación de la nueva carta constitucional, tienen que ser aplicados. Una de las novedades es la conformación del “quinto poder”, encabezado por el Consejo de Participación Social, con la Ley de Participación Ciudadana, hacen crecer las expectativas por el tipo de participación social y política que se pueda construir.

Según el gobierno, hay avances en la democracia “representativa” a una democracia “participativa”. Sin embargo, el ejecutivo valora la organización popular, social o ambientalista, en función de la adhesión a sus planteamientos. El resto los califica como “infantilismos”. La metáfora del panadero, utilizada por el presidente Correa, de que “si el panadero pregunta a todos sus clientes, cómo hace el pan, al final del día, no habrá pan”, parece significar que la participación popular sirve mientras no estorbe, demore ni contradiga las decisiones de gobierno.

Pero el panadero no toma decisiones de gobierno. Si es buen panadero, todo pan que haga será saludable. En cambio, las decisiones de gobierno no se consumen a corto plazo y todas no son, necesariamente, buenas. Por ejemplo, la decisión de instalar una base gringa en Manta, fue una lesión injustificable a la soberanía y la dignidad nacional, y fue tomada por un gobernante y sus amigos, ilegalmente, siguiendo su iluminado criterio y sin consulta social.
Por otro lado, el gobierno declara lo bueno de la elección de funcionarios por méritos, tal como se eligió al Consejo de Participación Ciudadana. En una sociedad históricamente resquebrajada, injusta e inequitativa, con desigualdades clamorosas en las oportunidades para “hacer méritos”, con profunda desigualdad de condiciones sociales, económicas y culturales, la participación no puede restringirse a la “meritocracia” y ésta, no debe sustituir a la participación directa del pueblo y sus organizaciones.

La democracia se fortalece con participación popular, con sus organizaciones y haciendo escuchar su voz sin cortapisas.

La Constitución lo declara y  promueve y el gobierno debe cumplirla con una clara política de construcción de democracia participativa, superando una democracia representativa, salpicada de participación puntual y condimentada con “meritocracia”, nada más.

El gobierno de Correa existe porque hubo un proceso histórico de movilización que enfrentó la propuesta neoliberal y participó en el derrocamiento de gobiernos corruptos y traidores a sus promesas. Es lamentable que el gobierno no reconozca a cabalidad el papel de los movimientos sociales en la profundización de la democracia.

La participación, como derecho humano y derecho reconocido en la Constitución aprobada en 2008, no es una dádiva o regalo de un gobernante. La participación requiere de mecanismos para que la población la ejerza de forma permanente y amplia. Requiere de organización popular que tome decisiones y que haga realidad el derecho.
El Boletín “Palabra Comprometida” del Colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH Ecuador, pretende que los líderes y lideresas populares dispongan de apoyo informativo que fortalezca sus organizaciones para ejercer la participación, como base de todos sus derechos.

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