A boca de urna ¿quién se hace cargo?

Posted on mayo 6, 2011

A boca de urna, surge una pregunta crucial que, pocas o ninguna de las personas que ha tenido tribuna a lo largo y ancho de la campaña electoral por el SI y por el NO, ha escuchado: ¿quién se hace cargo de construir la participación en esta democracia llena de avatares y excusas, de herencias arrastradas por la historia y banderas destapadas o encubiertas?

A boca de urna, cuando cada quién enfrente la papeleta de la consulta, y haga desfilar su puño y raya en cada pregunta ¿quién rompe filas para exigir el derecho a la participación? En la consulta, ante la papeleta solo cabe una raya, por eso no es pertinente decir que uno ponga el voto con su puño y letra, pues la letra no cuenta ya que no se puede escribir algo, porque la norma electoral solo pide y solo admite una raya miserable en el SI o en NO, aunque también caben rayas con un VOTO NULO  o el silencio prudente, que significa dejar en BLANCO el voto.

A boca de urna y luego de que se conozcan las cifras que alcanzó cada campaña por el SI o por el NO, que son los únicos que cuentan para efectos de intervención oficial, hay que seguir machacando con la pregunta que se le olvidó al presidente en la consulta y que, nadie de los opositores ha preguntado tampoco: ¿quién, cómo, cuándo, dónde se contará con el pueblo para que sus derechos se cumplan?

Pedir una rayita, una simple aunque trascendente rayita, no hace la diferencia entre la democracia representativa y la democracia participativa. En fácil, es como si el jefe o la jefa de la casa, preguntara a la prole: ¿quieren ir al estadio hoy? SI o NO. Punto, no hay más opciones. Y si la Juana quiere ir al teatro o el jovencito prefiere ir al parque?  Se dirá que hay democracia pero nadie diría que eso es participación democrática.

A boca de urna, a los que van a votar NO, que siempre será NO, a pesar de que algunos políticos disfrazados de filósofos exclamen que no es lo mismo el NO pelucón que el NO auténtico de los ciudadanos de Montecristi, hay que preguntar: ¿se harán cargo de que la participación popular, la cotidiana en cada servicio público, se haga realidad? Quién sabe, casi seguro que seguirán bregando por llegar al gobierno y tener algo del poder en sus manos.

A boca de urna, a los que van por el SI, que será SI aunque lo hagan los que siguen aprovechando de las prebendas de la administración pública, que no temen seguir buscando beneficios personales y que, lejos del plan del buen vivir, llevan una gestión burocrática que nada cambia lo que fue la triste, larga, corrupta, noche neoliberal, hay que preguntar: ¿se animarán algún día a ser fieles a la Constitución para construir verdaderamente la democracia participativa?

A boca de urna, a usted que irá rayando SI o NO, o que escribirá ME VALE ESTA CONSULTA o que simplemente DEJE EN BLANCO SILENCIOSO Y PRUDENTE la papeleta, le toca responder la pregunta: ¿se hará cargo de pelear por su participación permanente, diaria y global en todos los servicios públicos (incluyendo los que ofrecen las empresas privadas como la comunicación o la telefonía) para que se haga lo que conviene a sus derechos y a la justicia?

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La ruptura de los Ruptura

Posted on febrero 3, 2011

En días recientes los miembros de Ruptura de los 25 decidieron salir del gobierno por no estar de acuerdo con la consulta popular que  el gobierno que lleva adelante.  Este movimiento de jóvenes decepcionados por los políticos tradicionales y la partidocracia, decidieron sumarse a Alianza País y apoyar a la candidatura de Rafael Correa, considerando que impulsaban un proyecto de cambios que el país necesitaba.

Entre los miembros de Ruptura de los 25, se cuentan la ahora ex asambleísta María Paula Romo, el concejal y ex asambleísta constituyente Norman Wray, la ex secretaria de Pueblos y Nacionalidades, Alexandra Ocles y el ex secretario de Transparencia de Gestión, Juan Sebastián Roldán, además de alrededor de un centenar de otros miembros que estuvieron ejerciendo distintos cargos públicos en el actual gobierno.

Antes de la salida de los Ruptura, los asambleístas de Alianza País, Betty Amores y César Gracia dejaron sus curules también disconformes con la consulta.

Según los Ruptura, la  consulta no soluciona el problema de la inseguridad sino que quebranta la institucionalidad tanto en la justicia como en el proceso de participación social. Afirman que se trata de excesos por parte del jefe de Estado, sobre todo en lo que respecta a las preguntas sobre reformas al sistema judicial. Que no se discutió al interior de Alianza País el tema de la transformación de Justicia y que los cambios que requiere el Ecuador no se pueden hacer sacrificando derechos y libertades.

Los Ruptura de los 25 han estado apuntalando y participando en el gobierno durante 4 años y su aporte ha sido importante. Su salida y la de dos asambleístas de AP debería llamar a la reflexión al presidente Correa sobre el claro mensaje que le envían: “Rafael, te hemos apoyado durante 4 años, te hemos tolerado muchas jaladas pero ahora sí que te pasaste de la raya.” Pero la autocrítica no está dentro de las virtudes del mandatario quien ya se apresuró a calificar de traidores y oportunistas a los Ruptura. Igual que hace con todos los que discrepan con él. Muchas personas que critican sus decisiones y señalan sus errores, Sr. Correa, no  pertenecemos a la derecha, a la vieja  partidocracia o somos pelucones. Solo vemos con preocupación su afán de concentrar cada vez más poder y de meterle la mano al sistema justicia.

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Si Correa no iba al Regimiento…

Posted on octubre 13, 2010

El pasado 30 de septiembre, Ecuador y una buena parte de gobiernos del planeta, constataron, con preocupación, hechos inusitados en nuestro país. Una sublevación generalizada, violenta y terminante de la tropa policial y algunos militares, caos en las ciudades y, finalmente, el intento de asesinato al Presidente. Hay varias interpretaciones de los hechos, unas de la oposición y otra oficialista. No todas las versiones coinciden  en la gravedad de lo sucedido y en las secuelas que trae para la sociedad ecuatoriana.

El llamado “periodismo independiente” y unos cuantos voceros de la derecha ecuatoriana, igual que alguna dirigente indígena, dicen que se trató de una sublevación policial por reivindicaciones salariales, conflicto que habría tenido un tratamiento mediocre por parte del gobierno, con el presidente a la cabeza. Todo fue culpa del gobierno. Los “independientes” dicen que lo del golpe de Estado es invento del gobierno y que nadie quería derrocarlo pues nadie encabezó la protesta desalmada de los policías. Por añadidura, se quejan, los medios vinculados a los poderes económicos, que hubo coartación de la libertad de prensa, debido a que, una vez en estado de excepción y por algunas horas, no les dejaron divulgar su “independiente” versión de los hechos y debieron permanecer en cadena con los medios públicos. Finalmente, dicen que el presidente y su impetuoso carácter, son responsables de lo que pasó en el regimiento y en el hospital policial.

El jueves 30 de septiembre, Ecuador fue testigo de interminables “coincidencias” a lo largo del día: paralización total de la tropa policial en todo el país; cierre de vías por vehículos policiales; atentados realizados por policías e infiltrados contra la ciudadanía; asalto al la Asamblea Constituyente y agresión selectiva a legisladores-as oficialistas; agresión violenta a periodistas de muchos medios de comunicación (lo que los autodenominados defensores de la libertad de prensa se han callado); toma y cierre de aeropuertos de Quito y Latacunga; madrugadores pedidos de renuncia al presidente desde partidos oportunistas como Pachakutik y MPD y tempraneros pedidos de amnistía para los sublevados desde voceros de partidos de oposición, la retención – secuestro del Presidente Correa en un hospital policial, y finalmente, el explícito y concreto intento de asesinato al Presidente. Además, cientos de heridos, golpeados y ocho personas fallecidas, casi todas por balas asesinas.

Estos son hechos, no interpretaciones, por tanto, cabe preguntarse lo que hubiese sucedido si el Presidente Correa, venciendo su arrebato, no hubiese ido al regimiento o si se retiraba luego de que su aparato de seguridad detectó que la cosa estaba color de hormiga en el regimiento Quito. Examinemos el escenario posible, aceptando que Correa se mantenía en la posición de no revisión de los pedidos policiales.

Si Correa no iba al Regimiento, en pocas horas, las ciudades, sus calles y plazas hubieran sido convertidas en un caos cada vez más violento e inseguro. Los asaltos contra la ciudadanía por pequeños y experimentados delincuentes, se habrían genealizado. La prolongada ausencia de la policía en las ciudades y, a falta de conflicto social, en el país se habría generado un escenario de grave inseguridad interna, que lleve a posiciones antigubernamentales radicales a las mismas Fuerzas Armadas. Del caos al derrocamiento del gobierno, era cuestión de horas.

Los “ideólogos” –nadie se traga la piedra de molino que fue un movimiento espontáneo- del caos que llevaría a condiciones para un golpe de Estado, nunca esperaron que el Presidente vaya en persona al regimiento. Ese hecho descuadró su plan. Apostaban a que las masas de servidores públicos, jubilados, estudiantes, trabajadores y ciudadanos, se sumen progresivamente, al descontento y al caos, todos a la zaga de la insurrección policial. De alguna forma, la tropa policial fue tomada como punta de lanza de un potencial movimiento social que derroque al presidente. Eso explica la virulencia de los elementos armados, vestidos de civil, que agredieron, criminalmente, a la ciudadanía y gente del gobierno. Apostaron a llenar las ciudades de espanto y a obligar al Presidente a firmar un compromiso que lo sometería –humillado- al absoluto allanamiento a las demandas de la oposición. Apostaron a que el caos tenga un nivel controlable solo con un estado de excepción y militarización total, con el as de que, en dicho escenario, los militares no acepten apagar el caos a sangre y fuego y, pidan que el Presidente renuncie.

Si el Presidente Correa no iba al regimiento, poco a poco, hubieran empezado a asomar las narices y los rostros los políticos de salvación nacional: gutierristas, guerreros de madera, socialcristianos y otros, incluyendo a los oportunísimos MPD y Pachakutik.

Si el Presidente no iba al regimiento, el advenimiento de un escenario de caos general hubiera sido cosa de uno o dos días pues, fue obvio que, esa misma mañana, en las calles, la ciudadanía no podía caminar tranquila y todo el mundo buscaba estar en casa. Los comercios pequeños y grandes se cerraron no por orden, sino por instinto de sobrevivencia. En pocas horas, el país entero fue paralizado, dejando todo el escenario para que comiencen a lucir los políticos, esos que ya sabían de la movida, porque para algo viajaron a Estados Unidos con el pretexto de defender la libertad de expresión. Si no, que el asambleísta Montúfar explique, por qué, al volver de la gira “patriótica” en USA, afirmó que harían procesos de bloqueo con las leyes en aprobación, para garantizar que nunca – nunca- se apruebe la ley de comunicación. Añadía, que la ley de comunicación, no pasará y no pasará, pues se podría recurrir a otros métodos para que no pase. ¿Genial premonición de Montúfar o sabía lo que se fraguaba?

La presencia de Correa en el Regimiento Quito se dio en un ambiente de hostilidad suprema y con policías tapados el rostro que aclamaban a Lucio Gutiérrez mientras, armados, golpeaban a la ciudadanía, a periodistas y a sus mismos colegas de la fuerza pública que no estaban con ellos y su plan del caos progresivo, violento y criminal. Si en el camino, las ciudades quedaban a merced de la delincuencia y la brutalidad de agresiones de ciertos policías y los infiltrados enmascarados, no importaba.

La presencia de Correa cambió el escenario de modo abrupto. Lo que debía ser un proceso de mediana duración, se precipitó de modo no planeado por los promotores. De buenas a primeras, sin querer, tuvieron la oportunidad de convertir en rehén al que querían lejos, derrocado, sin respaldo ni apoyo de nadie. Lo tenían a tiro y, en su falta de moral y ética, lo único que podían pensar era “firma nuestras demandas o muere”.

Si Correa no iba al Regimiento, seguramente, el final hubiera sido otro, pues el plan del caos progresivo hubiese tenido que enfrentar a una ciudadanía identificada, por muchas motivaciones, con el Presidente Correa y su gobierno reformista. La historia, las investigaciones y evidencias, permitirán aclarar el escenario que no imaginaron los golpistas.

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Por amor a la Patria

Posted on octubre 1, 2010

El amor mueve montañas, señala el adagio popular, y no está lejos de la realidad si  miramos lo sucedido en las calles de Quito el último día de septiembre de 2010.Hombres y mujeres -adultos y jóvenes- llenos de amor por la democracia, poblaron la Plaza de la Independencia, las inmediaciones del Regimiento Quito y del Hospital de la Policía, donde se encontraba secuestrado el presidente democráticamente electo.“Nos hemos enfrentado a bestias uniformadas, arriesgando nuestras vidas por amor a la libertad y a la igualdad. Somos pueblo, estamos muchos heridos y todos -sin duda- golpeados, pero con el corazón lleno de una sed de libertad”, relata un joven activista de una de las culturas urbanas que habitan la capital ecuatoriana.El fervor democrático, la pasión por participar en las decisiones que nos competen como pueblo, no es otra cosa que amor a la patria que habitamos, que construimos y que queremos sea cada vez mejor. Una patria en la que los derechos a la integridad física, a la libertad de expresión, a la libertad de circulación no sean vulnerados cuando los grupos de poder, escudados en las llamadas “fuerzas del orden”, deciden anteponer sus particulares intereses por sobre los de las mayorías y, lo que es todavía más patético, a cualquier costo.El amor a la patria también se manifiesta con la vigilancia, activa y sin condiciones, sobre el cumplimiento de los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza. El gobierno de Correa, en repetidas ocasiones ha atentado justamente, al derecho constitucional que tiene la gente de resistir y manifestar su descontento frente a la política extractivista que todavía prima en Ecuador, así como a otros aspectos relacionados con la construcción de leyes. La respuesta gubernamental -amparada en la acción policial y militar- ha sido la represión, lo que indudablemente, aleja al gobierno de la base social en la que debe sostenerse.Amar a la patria, por tanto, no es hacerse de la vista gorda frente a los pasos que un gobierno inteligente y abierto al clamor popular, debe dar. Nada justifica que los cuerpos policiales, encargados de velar por la seguridad de la población, atropellen y maltraten al Presidente, a su seguridad y al pueblo al cual se deben.El pueblo no necesita intermediarios. El pueblo es soberano y la Constitución le atribuye el derecho a revocar el mandato a los gobernantes que incumplan con su obligación de respetar y hacer que se respeten los derechos humanos, todos y cada uno de ellos. La Constitución no atribuye esta potestad de intermediación a las Fuerzas Armadas ni a la Policía, quienes deberían ubicarse y ser consecuentes con los principios de subordinación al poder civil.El amor a la patria no es algo lírico ni alejado del cumplimiento de los derechos y responsabilidades que a cada uno nos compete. Mandatarios y mandantes, pueblo civil y uniformados, cada quien -desde donde le corresponde- a fortalecer la democracia.

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Mistelas quiteñas y rancia beneficencia

Posted on septiembre 10, 2010

En la capital de Ecuador hay un dulce tradicional, las mistelas, delicioso bocado de caramelo y licor, líquido por dentro con una cubierta endurecida del mismo caramelo, con formas diferentes en varios colores. Se puede conseguir en los pequeños locales de la tradicional calle La Ronda, en el corazón de la ciudad colonial. Dulce, líquida y colorida, apenas se muerde, la mistela se rompe y se derrama.

Las mistelas quiteñas son la mejor comparación de algunas posiciones políticas, que ni bien se analizan, se rompen y se derraman. Por ejemplo, el monopolio de la beneficencia de la junta guayaquileña que, en los últimos días, está en primeras planas porque la Asamblea Nacional promulgó para aprobación, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomías, el mismo que elimina el monopolio nacional de la lotería de la Junta de Beneficencia.

Desde el punto de vista económico, no puede haber ningún monopolio porque la Constitución Política así lo dice. Un monopolio es contrario al desarrollo nacional que tiene como destino deseable la democratización de las estructuras y funcionamiento de la economía. La exclusividad para una venta nacional de loterías, no es aceptable ni es constitucional.

Como una mistela quiteña, desde el punto de vista económico, la lotería monopólica se rompe y se derrama, aunque sus directivos –ahora- ofrezcan total transparencia. ¿Es posible que alguien conozca a fondo cuánto se vende en guachitos, lotos y raspadas ideados para dólares de los bolsillos de todas las esperanzadas gentes que anhelan un premio mayor?

Los defensores de la junta benéfica nada dicen de que su arcaica caridad es financiada por toda la ciudadanía del país, sobre todo de quienes no tienen capital ni bienes y que esperan hacerse de un premio que les cambie la vida, o, por lo menos, les caiga un reintegro. La beneficencia de la junta es posible porque millones de menguados ciudadanos compran sus productos y son fondos generados por una recaudación que debería ser controlada y manejada de manera pública. Por la naturaleza de los fondos, la exclusividad de la lotería es como una mistela quiteña, insostenible en la boca, porque se disuelve.

El argumento de que la junta monopólica es indispensable e insustituible porque atiende a miles de pacientes empobrecidos que reciben “gratis” los servicios médicos, exámenes, intervenciones quirúrgicas, medicinas y más, en caritativos servicios de la junta benéfica, se basa en la noción de que la atención de salud es un acto de caridad con los empobrecidos. Pero la atención de salud es un DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL, no una beneficencia ni una caridad, la Constitución ecuatoriana lo consigna. La caridad es una afrenta en una sociedad de derechos. Los servicios de la Junta deberían ser financiados y garantizados en calidad y cobertura, por el Estado. La labor misericordiosa de la Junta se cae y rompe, como la mistela, desde un enfoque de derechos.

El monopolio de la lotería no es aceptable ni desde el punto de vista económico, ni desde la naturaleza de los aportantes de los fondos, ni desde la construcción de una sociedad de derechos. Es hora, sería hora, de cambiar ese rancio monopolio que alimenta la aristocrática misericordia de quienes nada necesitan –respetables pelucones- y ofrecen servicios de caridad a quienes, por justicia, requieren DERECHOS, no beneficencia de nadie, menos aún con dinero aportado por todos y todas.

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Una reforma agridulce

Posted on agosto 4, 2010

La reforma a la Ley de Hidrocarburos entró en vigencia por el ministerio de la ley. Dicha reforma no pudo ser tratada por la Asamblea porque no se completó el quórum, ya que la casi totalidad de los asambleístas de Alianza País y algunos de otras tiendas políticas no asistieron a la sesión, impidiendo que hubiera mayoría para poder discutir las reformas. A esto se le sumó la presencia del asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera y del ministro todo-terreno, Ricardo Patiño, reunidos en las oficinas de la Asamblea con sus copartidarios. Como resultado se dio una reedición de los métodos mañosos y detestables de la vieja “partidocracia”, tan atacados por el presidente Correa, pero que el gobierno y su movimiento no tuvieron empacho en utilizarlos. El fin justifica los medios: ante la duda de que la reforma no sea aprobada o se trate de modificarla mejor fue irse por lo seguro, usar la viveza criolla e impedir el quórum y que las reformas pasen sin ser discutidas.

Esta burda manipulación del gobierno le resta legitimidad a una reforma que, al menos en teoría, tiene aspectos positivos: las empresas extranjeras no tendrán más contratos de explotación sino de prestación de servicios, por lo cual la producción será controlada por el Estado, al igual que los ingresos extraordinarios que resulten del aumento de los precios. Las empresas petroleras no podrán descontar del impuesto a la renta costos financieros exorbitantes como lo solían hacer. Además, el gobierno señaló que las empresas que no estén dispuestas a invertir pueden irse. Uno de los objetivos de la reforma es lograr la renegociación de los contratos petroleros y la inversión en el mediano plazo.

Sin embargo, las bondades de las reformas tendrán que verse en la práctica. Y también quedan dudas de una política petrolera que, en forma incoherente con su discurso nacionalista, permitió una participación del 30% a la empresa estatal venezolana PDVSA en la explotación del campo Sacha, el de mayor producción del país y que durante más de 30 años fue operado exclusivamente por Petroecuador. También es cuestionable la reducción del impuesto a la renta para las empresas petroleras, del 44% al 25%, supuestamente para garantizar sus ganancias. Tampoco el tema ITT va por buen camino: no hay hasta ahora resultados claros de las negociaciones y todo apunta a que sería un gran montaje, porque desde hace un buen tiempo ya se habría decidido la explotación petrolera en esta zona.

La reforma a la Ley de Hidrocarburos nace deslegitimizada, ojala que su puesta en práctica no sea igual de cuestionable.

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Participación Popular Cero

Posted on julio 19, 2010

En el Ecuador de estos días, la Asamblea Nacional elabora y debate una serie de leyes importantes, vitales, para la construcción de una sociedad democrática. Así las leyes de aguas, de comunicación, ordenamiento territorial o de educación. Sin todas  esas leyes, el país seguirá en la senda trazada por los padrinos criollos del neoliberalismo.

En las discusiones de estas leyes brillan personajes como el presidente, los y las asambleístas oficialistas y los de oposición titiritera. Brillan ciertos medios masivos y gremios de medios privados. Brillan algunas instituciones vinculadas con la formación y práctica de comunicadores y comunicadoras. Brillan intelectualidades vinculadas al periodismo comercial y alguna relacionada con organizaciones populares. Brillan algunos dirigentes gremiales o indígenas que convierten todo en plataforma política de promoción.

Brillan, mojadas por la lluvia, las solapas de un escuálido grupo de manifestantes que aúpan a conductores para que piten contra una ley de comunicación.
Para que estas leyes en proyecto sean conocidas y discutidas por el pueblo, el sencillo y llano poblador o pobladora, las amas de casa y las empleadas, para que las discutan los vendedores ambulantes, los pescadores y campesinos, las secretarias y los empleados públicos, no hay ningún mecanismo previsto, ninguno en funcionamiento, ninguna fórmula en vigencia. En la discusión de leyes: participación popular cero. En la elaboración de los proyectos de ley que debaten entre iluminados e iluminadas: participación popular cero. La ciudadanía ha sido reducida  a espectadora. El gobierno: silencio.

Las encuestas dicen que lo mejor del actual gobierno es la educación, la salud, la vialidad y los bonos de la digna pobreza, de vivienda… No se puede negar que ha habido inversión y cierto giro que, todavía, no es el cambio esperado. Algo se ha movido, pero  falta mucho por ser removido, revolucionado, es decir, realmente cambiado.

En salud, excepto como pacientes: participación popular cero. Dónde están los comités de usuarios o usuarias participando, opinando, reclamando? Quién hace caso las demandas de los comités que existen? Qué política tiene el Ministerio de Salud al respecto? Silencio. La Asamblea: silencio.

En educación, salvo como beneficiarios de la exoneración de pagos, participación popular cero. Dónde están los comités de padres y madres de familia participando, controlando, discutiendo, decidiendo las líneas educativas para los hijos e hijas? Grita la UNE o el MPD, responde el gobierno. Participación popular, cero.

En proyectos de vivienda, salvo como beneficiarios, participación popular cero. Dónde están las organizaciones barriales participando en la creación, control, decisión de espacios urbanísticos y espacios públicos? Hablan los ministros, los arquitectos, las contratistas. El resto, silencio.

Los entrampamientos de los politiqueros de derechas, izquierdas y revoluciones ciudadanas, solo pueden superarse con participación popular real. Los intrincados mecanismos que tiene la burocracia para impedir los cambios en los servicios públicos, solo se pueden superar con participación popular de usuarios y usuarias. La campaña de los empresarios de medios de comunicación que no quieren ley ni cambio, o de los empresarios de la educación, solo pueden ser obra –como la democracia- de una real, amplia, profunda y permanente participación popular. Mientras tanto, aunque se gaste dinero público en una llamada secretaría de participación, las cosas seguirán igual sin cambio, quietas, por la misma senda neoliberal. Una secretaría de participación, sin participación popular es el colmo, provoca risa y tristeza. Mejor sería que esos fondos vayan a los necesitados hospitales del Ministerio de Salud Pública.

Cabe parafrasear: ¡Hasta la participación popular, siempre!

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Por una distribución equitativa de frecuencias en Ecuador

Posted on mayo 30, 2010

Cuando los pueblos luchan por construir su propio destino, no faltan voluntades adversas. Es lo que sucede en torno a la construcción de la Ley de Comunicación en Ecuador, país en el que las frecuencias de radio y televisión se encuentran en manos de varios grupos que se repartieron la gran mayoría de las frecuencias para hacer negocio o para conseguir votos.

Esta gran feria de frecuencias debe concluir, y para ello, hay voces que se expresan con firmeza en defensa del derecho a la comunicación, derecho que incluye la posibilidad de acceder a frecuencias para gestionar estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias. Estas voces presentaron en días pasados el siguiente comunicado al Presidente de la Asamblea Nacional:

“Ante el pretendido acuerdo al que habrían llegado los miembros de la Comisión Ocasional de Comunicación, de la Asamblea Nacional, de reservar solo el 25% de las frecuencias para medios comunitarios, tal como lo confirmó la Presidenta de la Comisión, Betty Carrillo (…), lo cual constituiría una clara violación al mandato constitucional que, de manera expresa, señala que el acceso y uso de las frecuencias debe darse en “igualdad de condiciones” (Art. 16 y 17), las organizaciones y redes de comunicación, gremios profesionales, facultades y escuelas de comunicación, tanto como movimientos sociales y demás organizaciones de la sociedad, rechazamos con firmeza la posibilidad de querer limitar el acceso y uso de las frecuencias de Radio y TV para los medios comunitarios solo al 25%.

Un reparto equitativo de las frecuencias de radio y televisión en tres tercios (una para medios públicos, otro para medios comunitarios y otro para medios privados), responde al principio de justicia distributiva que debe caracterizar un modelo democrático.

Las organizaciones, movimientos sociales y personas que suscribimos esta declaración compartimos la convicción de que si no se modifica sustancialmente la estructura de propiedad de los medios audiovisuales y las formas de acceso a los medios de comunicación por parte de los ciudadanos y ciudadanas la democratización de la comunicación no pasará de ser solo una proclama. El mantenimiento de los privilegios de los grupos de poder mediáticos y económicos es incompatible con la democratización de la comunicación, y solo demostrará que mientras en el discurso se insiste en una revolución ciudadana, la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas seguiremos siendo excluidos de ejercer el derecho a la comunicación.

El informe elaborado por la Comisión para la Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión, que determinó la existencia de más de 500 frecuencias que se habrían entregado de forma ilegal y que recomienda una reversión de las frecuencias mal habidas, corre el riesgo de quedar solo en el anaquel, mientras las múltiples voces de la diversidad seguirán silenciadas y sin posibilidad de acceder a medios propios en los que puedan divulgar su cultura, sueños y esperanzas.

Una Ley de Comunicación que se apruebe al margen de la Constitución y de espaldas a las demandas ciudadanas no puede democratizar la comunicación. Por ello insistimos en que la distribución de las frecuencias de radio y TV entre los medios públicos, privados y comunitarios, debe hacerse en forma equitativa, es decir en un 33% para cada sector, conforme la normativa constitucional”.

Por una comunicación democrática:

SIGNIS-Ecuador, OCLACC, INFODESARROLLO, CIESPAL, CEDHU, Corporación GSD, OCLACC, ALAI, COMUNICACIÓN UPS, ALER, CORAPE, WACC, RADIALISTAS, APC, FENAPE, PRODH.

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Carta Abierta a Fernando Cordero

Posted on mayo 26, 2010

Señor Arquitecto
Fernando Cordero

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Presente
Señor Presidente:

Ante el pretendido acuerdo al que habrían llegado los miembros de la Comisión Ocasional de Comunicación, de la Asamblea Nacional, de reservar solo el 25% de las frecuencias para medios comunitarios, tal como lo confirmó la Presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, en el Jueves de la Comunicación del 20 de mayo, lo cual constituiría una clara violación al mandato constitucional que, de manera expresa, señala que el acceso y uso de las frecuencias debe darse en “igualdad de condiciones” (Art. 16 y 17), las organizaciones y redes de comunicación, gremios profesionales, facultades y escuelas de comunicación, tanto como movimientos sociales y demás organizaciones de la sociedad, rechazamos con firmeza la posibilidad de querer limitar el acceso y uso de las frecuencias de Radio y TV para los medios comunitarios solo al 25%.

Un reparto equitativo de las frecuencias de radio y televisión en tres tercios (una para medios públicos, otro para medios comunitarios y otro para medios privados), responde al principio de justicia distributiva que debe caracterizar un modelo democrático.

Las organizaciones, movimientos sociales y personas que suscribimos esta declaración compartimos la convicción de que si no se modifica sustancialmente la estructura de propiedad de los medios audiovisuales y las formas de acceso a los medios de comunicación por parte de los ciudadanos y ciudadanas la democratización de la comunicación no pasará de ser solo una proclama. El mantenimiento de los privilegios de los grupos de poder mediáticos y económicos es incompatible con la democratización de la comunicación, y solo demostrará que mientras en el discurso se insiste en una revolución ciudadana, la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas seguiremos siendo excluidos de ejercer el derecho a la comunicación.

El informe elaborado por la Comisión para la Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión, que determinó la existencia de más de 500 frecuencias que se habrían entregado de forma ilegal y que recomienda una reversión de las frecuencias mal habidas, corre el riesgo de quedar solo en el anaquel, mientras las múltiples voces de la diversidad seguirán silenciadas y sin posibilidad de acceder a medios propios en los que puedan divulgar su cultura, sueños y esperanzas.

Una Ley de Comunicación que se apruebe al margen de la Constitución y de espaldas a las demandas ciudadanas no puede democratizar la comunicación. Por ello insistimos en que la distribución de las frecuencias de radio y TV entre los medios públicos, privados y comunitarios, debe hacerse en forma equitativa, es decir en un 33% para cada sector, conforme la normativa constitucional.

Por una comunicación democrática

SIGNIS-Ecuador
OCLACC
INFODESARROLLO
CIESPAL
CEDHU
Corporación GSD
OCLACC
ALAI
COMUNICACIÓN UPS
ALER
CORAPE
WACC
RADIALISTAS
APC
FENAPE
PRODH

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El panadero no toma decisiones de gobierno

Posted on mayo 21, 2010

Los cambios que el Ecuador desea y que se expresaron en la aprobación de la nueva carta constitucional, tienen que ser aplicados. Una de las novedades es la conformación del “quinto poder”, encabezado por el Consejo de Participación Social, con la Ley de Participación Ciudadana, hacen crecer las expectativas por el tipo de participación social y política que se pueda construir.

Según el gobierno, hay avances en la democracia “representativa” a una democracia “participativa”. Sin embargo, el ejecutivo valora la organización popular, social o ambientalista, en función de la adhesión a sus planteamientos. El resto los califica como “infantilismos”. La metáfora del panadero, utilizada por el presidente Correa, de que “si el panadero pregunta a todos sus clientes, cómo hace el pan, al final del día, no habrá pan”, parece significar que la participación popular sirve mientras no estorbe, demore ni contradiga las decisiones de gobierno.

Pero el panadero no toma decisiones de gobierno. Si es buen panadero, todo pan que haga será saludable. En cambio, las decisiones de gobierno no se consumen a corto plazo y todas no son, necesariamente, buenas. Por ejemplo, la decisión de instalar una base gringa en Manta, fue una lesión injustificable a la soberanía y la dignidad nacional, y fue tomada por un gobernante y sus amigos, ilegalmente, siguiendo su iluminado criterio y sin consulta social.

Por otro lado, el gobierno declara lo bueno de la elección de funcionarios por méritos, tal como se eligió al Consejo de Participación Ciudadana. En una sociedad históricamente resquebrajada, injusta e inequitativa, con desigualdades clamorosas en las oportunidades para “hacer méritos”, con profunda desigualdad de condiciones sociales, económicas y culturales, la participación no puede restringirse a la “meritocracia” y ésta, no debe sustituir a la participación directa del pueblo y sus organizaciones.

La democracia se fortalece con participación popular, con sus organizaciones y haciendo escuchar su voz sin cortapisas.

La Constitución lo declara y  promueve y el gobierno debe cumplirla con una clara política de construcción de democracia participativa, superando una democracia representativa, salpicada de participación puntual y condimentada con “meritocracia”, nada más.

El gobierno de Correa existe porque hubo un proceso histórico de movilización que enfrentó la propuesta neoliberal y participó en el derrocamiento de gobiernos corruptos y traidores a sus promesas. Es lamentable que el gobierno no reconozca a cabalidad el papel de los movimientos sociales en la profundización de la democracia.

La participación, como derecho humano y derecho reconocido en la Constitución aprobada en 2008, no es una dádiva o regalo de un gobernante. La participación requiere de mecanismos para que la población la ejerza de forma permanente y amplia. Requiere de organización popular que tome decisiones y que haga realidad el derecho.

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