Reserva moral

Posted on abril 17, 2014

Parece oportuno en este día reproducir la sentida nota que ha escrito una mujer ofendida que reclama públicamente a su cónyuge por una infidelidad poco frecuente, pues se siente moralmente traicionada:

Te he dicho no y no y mil veces no.  Ese pequeño espacio que tú ahora llamas con cierto desprecio “chacra” está cargado de historia, de luz, de memoria, es en fin una reserva moral que estuviste siempre de acuerdo en respetar por el bien de nuestros hijos.  Está construida con el esfuerzo de mis abuelos y después de mis padres, pero sobre todo con el trabajo silencioso, constante de la mano de la naturaleza.

Fuimos una vez de novios, y recuerdo como si fuera hoy, que me dijiste que este empeño por cuidar la naturaleza constituía el más bonito atributo de mi familia. Me resulta difícil oír lo que oigo cuando esa joya se transforma en tu boca en un adefesio, en un recodo de pajaritos multicolores que no requiere ser protegido, que hoy por necesidad debería transformarse en metálico para darle un uso indefinido.  Yo que siempre fui objetiva en materia del destino de los míos y veo el futuro con demasiada aprehensión, veo un desierto, un campo sembrado de un explosivo que llaman pentolita y el beneficio supuesto convertido en plata de bolsillo.

El paisaje repetido del que fui muchas veces testigo. Y vuelvo a recordarte que fuiste tú quien habló, con los ojos anegados de emoción, de una reserva moral que era en verdad una mínima choza con hamacas en el filo de un pedazo de tierra en el corazón de la selva. Un lugar en fin donde morir un día con los ojos repletos de luz, los pulmones inflados de pureza y los oídos engolosinados del cantar de esos pajaritos que hoy desprecias.

Te vuelvo a decir no, no te autorizo, así fuera que esta decisión significara el fin de nuestro matrimonio.  Y para que no me vuelvas con el cuento del capricho te reitero la importancia de conservar  nuestra reserva moral, sin que le cruce ninguna servidumbre ni que se instalen plataformas como ícono de la codicia, ni que se arranque un árbol de ese pequeño espacio de paraíso porque es demasiado frágil. No quiero vivir para llenarme de razón si debo constatar mi finca convertida en campo agreste en que se extraña el verde, lo que es tan grave como si te  vaciaran el pecho.

Si aún tus convicciones viejas se sostienen y hallas la cordura para concordar conmigo y con mis hijos en preservar la naturaleza serás bien recibido; al contrario te quedan bien pocos caminos para pasar por encima de nuestra firme voluntad.

 TU FAMILIA

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La paz, un imposible ante el comercio de armas

Posted on enero 3, 2013

El Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas será negociado en las Naciones Unidas en marzo de 2013, a pesar de la fuerte oposición que en Estados Unidos ejerce la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA). Al suscribir este tratado los gobiernos se comprometen a no exportar armas a países que están sujetos a un embargo de armas, ni a exportar armas que facilitarían “la comisión de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra” u otras violaciones del derecho internacional humanitario. El tratado prohíbe la exportación de armas si facilitan la “violencia de género o la violencia contra los niños” o si son utilizadas para “el crimen trasnacional organizado”. El tratado regula la exportación internacional de armas y municiones, pero no regula la legislación nacional interna de los países sobre la venta o el uso de armas.

Los registros de Amnistía Internacional dan cuenta de la magnitud del problema que involucra la venta no reglamentada de armas “cada día 1.500 personas mueren en conflictos armados en todo el mundo, es decir, una persona por minuto. Las armas no reglamentadas son utilizadas para obligar a decenas de miles de niños a participar en conflictos armados y para violar mujeres y niñas en zonas de conflicto.” Además “a causa de los conflictos armados, más de 26 millones de personas en el mundo se han visto forzadas a huir de sus hogares y su modo de subsistencia ha sido destruido”.

El dolor que embarga a las familias que vivieron en víspera de la última navidad las consecuencias de la masacre escolar de Newtown, Connecticut, así como de tantas otras víctimas de masacres similares en Estados Unidos y en otros rincones del planeta, no puede olvidarse. No puede la humanidad, ni el pueblo estadounidense, continuar viviendo con el temor de  una nueva barbarie.

Mirar este tipo de irracionalidades como hechos aislados, producto de “monstruos” o de videojuegos, como lo señaló el presidente de la NRA,  es evitar poner el dedo en la llaga de un sistema que privilegia el comercio de las armas por sobre el primero y más grande derecho: la vida.

Los Estados deben actuar, la sociedad debe presionar para que El Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas sea suscrito por los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, y porque las legislaciones nacionales controlen el uso de las armas en sus respectivas jurisdicciones.

A decir de Amy Goodman, periodista comprometida con las causas de la vida, “desde los pasillos de la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, hasta Afganistán o Somalia, el flujo de armas y municiones estadounidenses provoca violencia, muertes y heridas. El Presidente Obama y el Congreso deben adoptar medidas en forma urgente”.

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El derecho a elegir cuántos hijos tener

Posted on noviembre 19, 2012

El derecho a elegir el número de hijos o hijas, es el tema nuclear del informe anual de 2012 del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Los datos y análisis de este reporte, lanzado en Quito en estos días, ponen énfasis en las inmensas tareas que la humanidad, los países y las instituciones públicas debe enfrentar para que este derecho sea una realidad para todos los y las humanas.

Paradojalmente, el derecho a decidir cuántos hijos o hijas tener, pasa por el derecho a no morir dando vida, pues el proceso de la maternidad implica un riesgo a morir que implícitamente las mujeres corren, siempre en relación con sus condiciones de vida y el acceso a la atención de calidad de su maternidad.

Según el informe de UNFPA, cada minuto muere una mujer por complicaciones debidas al embarazo, al parto o al post parto, la inmensa mayoría de ellas, prevenible con la aplicación de soluciones que, por lo general, no requieren grandes o complejas inversiones tecnológicas. Entre las adolescentes mujeres de 15 a 19 años, las complicaciones del embarazo aparecen como la principal causa de muerte. Entre los factores que se deben modificar se menciona el número de partos que son atendidos por profesionales o personal calificado para responder a una eventual complicación; el uso oportuno y adecuado de métodos anticonceptivos; la disminución de la tasa de embarazos en adolescentes y una mayor cobertura de la atención prenatal, es decir, el acompañamiento integral durante el embarazo. En otras palabras, la reducción de la muerte materna en el mundo significa mejorar la salud de las mujeres, y de la atención de salud de las mujeres en todos los rincones del planeta.

El reporte de UNFPA, agencia de la Organización de Naciones Unidas, enfatiza que la reducción de la muerte materna podría llegar a un 30 por ciento si las mujeres acudieran de forma voluntaria, oportuna y efectiva a los servicios, atención, insumos y utilización de cualquiera de los métodos anticonceptivos modernos. La decisión de tener una hija o un hijo, en condiciones ideales, debería partir de un acuerdo de la pareja, sin embargo, la triste y lacerante realidad para millones de mujeres es que su ejercicio de la maternidad es impuesto y forzado, como no debería ser por ningún motivo el compromiso de traer una nueva vida al mundo.

La violencia basada en el género, ejercida por los hombres contra las mujeres, ajena a condiciones socio económicas y culturales de la pareja, pues se presenta en todos los estratos de la sociedad, provoca un gran porcentaje de embarazos que, por tanto, no son fruto del ejercicio del derecho a tener prole. La violencia basada en género se expresa –con claridad meridiana- en el incremento del índice de niñas menores de 14 años embarazadas que, según estudios, asumen la gestación en condiciones de violencia sexual. También, la violencia de género se expresa en el alto porcentaje de adolescentes madres que enfrentan la vida solas, pues los progenitores se mandan a cambiar y no asumen la paternidad. El machismo galopante atenta contra el derecho de las mujeres a decidir cuántos hijos o hijas tener.

El informe de UNFPA enfatiza en la necesidad urgente de que los gobiernos tomen las medidas, diseñen las políticas y lleven a la práctica medidas concretas para garantizar, promover y respetar el derecho de las mujeres, y de los hombres, a decidir cuántos hijos o hijas tener, y señala “cuando una mujer puede planificar su familia, puede planificar los demás aspectos de su vida”.

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Sarayacu: una victoria ganada a pulso

Posted on agosto 3, 2012

El 24 de julio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impuso al Estado ecuatoriano 7 medidas de restitución, y estableció con claridad los criterios y las formas de la consulta previa, libre e informada que se deberán emplear en la ejecución de cualquier proyecto en el territorio del pueblo Kichwa de Sarayaku.

La sentencia señala que se atentó contra los derechos a la vida, la circulación y residencia, la integridad personal, la protección y garantías judiciales y la propiedad de los indígenas de Sarayaku.  Esta sentencia constituye una victoria para la comunidad indígena de la provincia de Pastaza, integrada por  1200 habitantes, que han llevado adelante el litigio ante la CIDH durante casi una década.

En 1992, el Estado ecuatoriano adjudicó, a través del desaparecido IERAC, 264.625 hectáreas a las comunidades del Bobonaza, entre las que se cuenta el pueblo Kichwa de Sarayaku,   territorios ancestralmente habitados por este pueblo. Sin embargo, al cabo de un año, el Estado otorgó el permiso a la empresa petrolera argentina CGC para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en el territorio de Sarayaku, sin haber consultado a la comunidad ni haber solicitado su consentimiento.

Durante su permanencia, la empresa CGC realizó tareas de exploración que incluyeron el uso de explosivos de alto poder, poniendo en riesgo a la población, limitando su derecho a la circulación y afectando gravemente el acceso a los medios de subsistencia de sus habitantes, es decir la caza, la pesca y la agricultura.

Ante esta situación, el pueblo de Sarayaku presentó una demanda ante la CIDH contra el Estado ecuatoriano.  Los gobiernos de turno defendieron en todo momento las actividades de la empresa CGC y, por medio de militares que se asentaron en este territorio, amedrentaron, hostigaron y agredieron continuamente a los indígenas de Sarayaku. Hace un par de años, el gobierno de Rafael Correa decidió dar por terminadas las actividades de la empresa CGC en la zona y su consecuente salida.

El presidente de Sarayaku, José Gualinga  indicó que esta sentencia marca un precedente histórico en la vida de los pueblos y nacionalidades constantemente amenazados por políticas extractivistas a nombre del desarrollo, y que nada tienen que ver con la cosmovisión indígena de defensa de la selva y de la Pachamama. Es la victoria de un modo de vida no capitalista enfrentado a la lógica del crecimiento económico y al concepto capitalista de desarrollo.

Esta sentencia adquiere aún mayor significación en momentos en que el gobierno de Correa decidió dar luz verde a la minería a gran escala en el suroriente del país dentro de otros territorios indígenas, sin que tampoco se haya consultado ni pedido consentimiento a sus habitantes.

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III Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos

Posted on julio 12, 2012

Equipo Comunicándonos
Opción

Trabajar por la salud del mundo rompiendo el paradigma del capitalismo

Ciudad del Cabo.- El 11 de julio de 2-12 se dio el cierre de la III Asamblea para la Salud de los Pueblos en Sudáfrica con dos actos importantes. Por un lado la revisión del documento-borrador del “Llamamiento a la Acción de Ciudad del Cabo”; y la Gran Marcha con los activistas asistentes para la entrega del documento en el Parlamento de esta ciudad sudafricana.

Llamamiento a la Acción de Ciudad del Cabo
Nos hemos reunido en la Ciudad del Cabo 800 representantes de 90 países para fortalecer y profundizar nuestra solidaridad, expresando nuestra indignación por las crisis mundiales de la salud, cuyo origen se encuentra en varias desigualdades estructurales y socio-políticas; desarrollando principios para un orden económico, político social, alternativo; y renovando nuestro compromiso de trabajar por un mundo mejor.
Reafirmamos la Declaración de la Salud de los Pueblos,  y la Declaración de Cuenca que son documentos importantes para el llamado a la acción, que guiará el trabajo para el proceso de consolidación de la IV Asamblea de la Salud de los Pueblos.

Además el documento analiza la crisis de la salud mundial con las crecientes desigualdades en la salud, la crisis del capitalismo, la crisis política, la crisis financiera, la crisis ecológica; y propone una visión alternativa al sistema desde una nueva economía que valore a las personas por igual, desde un nuevo sistema de gobernanza mundial, y de gobernabilidad nacional. Por otro lado señala que los sistemas de salud deben de ser universales, integrados e integrales, basados en la Atención Primaria en Salud con acceso a todas las personas, acogiendo los conocimientos culturales alternativos en salud, también señala la recepción de las necesidades de las poblaciones.

En la sección del documento ¿Qué debemos hacer? Se señala la activación del Poder Para el Pueblo, como forma de desarrollo del movimiento; además de la creación y comunicación de visiones alternativas mediante análisis, investigación, monitoreo y vigilancia desde la justicia social para desembocar en la organización y planificación para lograr cambios.

Marcha por la Salud
Se dio en las calles de Ciudad del Cabo, para más tarde asistir al Parlamento de la urbe, en donde David Sanders, y varios representantes de diversos lugares de América, Europa, África, Asia, y Australia entregaron a una representante parlamentaria, el documento-borrador del “Llamamiento a la Acción de Ciudad del Cabo”.

La marcha mostró la diversidad mundial mediante varias lenguas, vestuarios, y consignas portadas en carteles y cánticos alusivos a la crisis civilizatoria mundial y sus consecuencias nefastas.

Así termina este magno acontecimiento mundial, en donde la tónica ha sido: estrechar lazos mediante la solidaridad, y la búsqueda de nuevas alternativas al sistema capitalista sucedidos en análisis, plenarias, talleres y estudios de caso alrededor del mundo que muestran la precariedad, pero también la esperanza por una mejor salud.

¡Amandla,  Ciudad del Cabo! Gracias a todos y a todas por acogernos. La Lucha por la Salud de los Pueblos continúa. Comienza ya el proceso para el desarrollo de la IV Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos.

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Una “limpia” urgente en la salud pública

Posted on mayo 4, 2012

El Ministerio de Salud, a través de su dependencia provincial en Guayas, hace poco, realizó una inspección de farmacias ubicadas alrededor de un hospital público de Guayaquil. Se encontró que las farmacias vendían medicamentos de todo tipo, pertenecientes al Ministerio de Salud. También se comprobó que expenden medicinas caducadas. Esto es un criminal perjuicio a la población que acude a los hospitales y sale con una receta a comprar lo que debía haber recibido por derecho y sin pago.

Hace poco, también, circuló la noticia de cierta adquisición de medicamentos del MSP, que tenía irregularidades y que, de haberse concretado, habría perjudicado al país en varias centenas de miles de dólares. Además, se conocen procesos irregulares de contratación, por ejemplo, en el hospital de Portoviejo, respecto a la lavandería del hospital. El pasado no lejano, deja tristes recuerdos en la compra de ambulancias y en construcciones para salud, en las cuales, desaparecen pruebas y se esfuman las personas responsables. ¿Quién responde por la construcción de un “hospital” en Tosagua, con fondos públicos y en un gobierno anterior al de Correa, en un sitio asilado, sin camino de acceso y en zona de inundación?

¿Será verdad que aún ahora, para acceder a un puesto en salud, se debe pagar “el diezmo” a ciertos políticos vinculados al gobierno y que ese  pago “se recupera” en el puesto?

Las acciones del MSP para extirpar la corrupción, son agridulces. Por una parte, alienta saber que se destapan los negociados que salpican a las entidades que cuidan la salud de la ciudadanía. Qué bueno que haya funcionarios decididos a romper las cadenas de corrupción que, al parecer, todavía pululan por algunos hospitales, centros de salud y otras dependencias de salud. Sería motivo de aplauso que el MSP se limpie de funcionarios y empleados irresponsables y deshonestos.

Por otro lado, estas noticias revelan que, a pesar del discurso del gobierno respecto a la honestidad y transparencia, no se ha logrado erradicar el hurto de lo público y la corruptela en unidades de salud. Quién sabe si, con la inmensa cantidad de fondos que el gobierno ha entregado para la salud pública, esas redes de corrupción se han mantenido, fortalecido y sofisticado.

El principio de la corrupción en la gestión de la salud pública es el conflicto de intereses entre funcionarios y empleados. Así, los médicos de hospital son también dueños de clínicas, laboratorios y farmacias ubicadas en alrededores (o lejos) del servicio público. ¿Es aceptable que un funcionario de salud pública sea accionista de una clínica que ha suscrito un convenio con el MSP? ¿Es ético que el MSP suscriba acuerdos de atención con centros de exámenes, cuyos dueños son hijos de funcionarios de salud? ¿Es entendible que funcionarios de salud pública sean accionistas de distribuidoras de medicamentos o insumos, y que sean proveedores de sus unidades de salud?

El Presidente de la República ha constatado personalmente y ha detallado casos que revelan que la corrupción subyace y sigue vigente en la gestión de los servicios de salud. Es necesario que la señora Ministra de Salud y su equipo, decidan una purga general para romper los conflictos de intereses en todos los ámbitos del MSP. Es hora de una “limpia” en el MSP para acabar con trampas, trucos, robos y enriquecimiento ilícito de unos cuantos vivarachos. Finalmente, mantener la corrupción perjudica al más pobre de la sociedad, al que acude a los hospitales públicos por su derecho a la salud. Sin una gestión general limpia y honesta en salud pública, no habrá presupuesto que aguante…

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Urgente, Ministra, urgente

Posted on febrero 14, 2012

En Manabí está pasando algo nuevo. Algunas denuncias de viejos problemas contra los derechos de niñas, niños y adolescentes se han puesto en la mesa de discusión de la ciudadanía, de los Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia, de la Policía Especializada de Niñez, DINAPEN; de las Fiscalías cantonales, de los Centros de Protección de Derechos, de Municipios, de los sectores de educación, de inclusión económica y social, de salud y protección.

En los cantones de Chone, Bolívar y Manta,  se han lanzado a conocimiento público sendas denuncias de acoso sexual por parte de profesores a estudiantes adolescentes. En uno de los casos, el “docente” fue encontrado por la DINAPEN en delito flagrante, en un motel con una adolescente estudiante. Lo importante es que empieza a salir a flote la punta de un iceberg que tiene la misma edad que el sistema educativo.

No son problemas nuevos. Por desgracia, sobre violencia sexual en ámbito educativo habrá miles de folders amarillados, malolientes y escondidos en los archivos de cualquier supervisión educativa que, ante cada caso que se conoce, opta por un silencio cómplice. Si se pudiera recoger y publicar todos los casos de todos los colegios públicos y privados, resultaría una crónica inmensa, escabrosa y lapidaria contra un sistema que no ha mostrado compromiso para erradicar el acoso sexual de las aulas.

El compromiso contra los delitos sexuales en ámbito educativo es urgente, señora Ministra de Educación. Compromiso público y transparente. En el caso del docente de Chone encontrado en delito flagrante, no basta que no se le renueve el contrato. Es indispensable que usted, usted en persona,  examine el comportamiento de las autoridades del colegio y de muchos otros docentes, no solo del colegio involucrado, que es casi, una apología del delito. Se ha propiciado que la víctima adolescente sea vejada, insultada y revictimizada dentro del mismo colegio. ¿Quién protege los derechos de las adolescentes dentro del sistema educativo? La misma situación, multiplicada, se constata en un colegio de Calceta. Los docentes acusados de delito sexual, hasta la fecha, asisten al colegio y animan un movimiento a su favor y contra las nueve adolescentes que denunciaron sus fechorías.

Además de su natural responsabilidad como Ministra de Educación, de su compromiso demostrado en otros casos de este tipo a favor y defensa de las adolescentes, el Plan Nacional del Buen Vivir, impone que, hasta el 2013, el Estado ha llegado a “Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema educativo y la culminación de los estudios”.

El mismo Plan del Buen Vivir, hablando de la garantía de la vigencia de los derechos y la justicia, le pone al Ministerio de Educación una meta no discutible: “Erradicar la agresión de profesores en escuelas y colegios hasta 2013”. Esto incluye actuar con claridad frente a todo caso de agresión sexual.

Urgente, Ministra, dé un golpe de timón al sistema educativo. Los delitos sexuales son demasiado antiguos y han sido demasiado tapiñados, no es posible más.  Con una intervención decisiva contra la impunidad de delitos sexuales en ámbito educativo, saldrán ganando todas las adolescentes que, sin duda, merecen ser, simplemente, felices.

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El drama de la migración forzada y los efectos en la salud

Posted on febrero 3, 2012

Ecuador es el país que cuenta con mayor población refugiada en América Latina. 53.947 personas son reconocidas como refugiadas, de las cuales el 98,5% son colombianas. 50 mil de ellas no cuentan con el estatus de refugiadas, pero son personas con necesidades de protección internacional. 50 mil han pedido refugio y aun no lo reciben, pero hay decenas o centenas de miles más que ni lo han solicitado.

De enero a noviembre de 2011 se ha reconocido el estatus de refugiadas a 2.470 personas, de las cuales, 2.451 son colombianas. El 46% de la población refugiada en Ecuador son mujeres y hay un alto número de menores de edad, personas solas y mujeres solas con niños. Una de cada tres mujeres refugiadas son jefas de hogar y deben afrontar solas la sobrevivencia suya, de sus hijos y demás familiares. El 35% de refugiados colombianos se encuentran en las 5 provincias de la frontera norte, otro 35%  en Quito y la provincia de Pichincha, y el 30% restante en el resto del país.

EL ESTUDIO

Para comprender los procesos migratorios y las situaciones de vulnerabilidad que atraviesa la población colombiana que busca refugio en Quito, se realizó el estudio SALUD Y CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLOMBIANOS REFUGIADOS EN QUITO,  desarrollado en colaboración entre equipos de investigadores de la Universidad de Nueva York y de la Fundación Salud Ambiente y Desarrollo (FUNSAD) y el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) del Ecuador.

Basado en este estudio, el Colectivo Pro Derechos Humanos (PRODH) desarrolló materiales de comunicación como cuñas radiales, video clip y un plegable informativo que ofrecen una ofrecen una mirada de las muchas que existen sobre esta realidad.  Así se conoce sobre las condiciones de riesgo para la salud en que viven: inseguridad alimentaria y mal nutrición, nuevas enfermedades crónicas y agudas o exacerbación de las mismas, abuso de alcohol y otras substancias, y enfermedades de transmisión sexual, incluyendo al VIH.

Mucha de la población refugiada vive hacinada en construcciones precarias, debido a la discriminación y por la falta de dinero para acceder a hospedaje adecuado. Las redes de apoyo y las organizaciones comunitarias les ofrecen un abanico de posibilidades de atención a sus necesidades cotidianas, así como apoyo emocional y psicológico.

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¿Y ahora, qué hacer, Presidente?

Posted on enero 27, 2012

El hospital “Baca Ortiz”, de Quito, es uno de los más importantes del sistema público de salud. Hace poco, el Presidente de la República lo visitó de sorpresa y palpó que los viejos vicios de administración, incluyendo la provocada ineficiencia que encubre la corrupción, siguen vivos. Siguen vivos y coleando, relegando los derechos de usuarios y usuarias. Los hábitos, costumbres y “mañas” que vuelven inoperantes a los servicios públicos ¡están vivos!, son como ADN de la “larga noche neoliberal”.

El “berrinche” presidencial que produjo la caída del ministro del ramo y su equipo, demuestra que un cambio revolucionario en la gestión pública no es producto del cambio constitucional, ni fruto del millonario marketing de imagen, ni de la multiplicación de los fondos destinados al sector público ni de las virtudes individuales de un ministro de Estado.

El cambio no es producto de ninguna de estos factores por separado, porque ninguno de ellos lleva –espontánea y automáticamente- a un manejo público coherente con los derechos de las personas y la naturaleza.

Los derechos de la gente se juegan en lo cotidiano. Por ejemplo, en los colegios, se juega en la seguridad que brinda cada establecimiento educativo para proteger, garantizar y reparar (si es el caso) la integridad de las adolescentes. Antes que una norma escrita o un procedimiento burocrático, está la realidad, crudeza y dureza de casos de violencia sexual cometida por docentes, que no pueden ser tratados, ahora, como hace diez años. Esos procedimientos burocráticos han servido para acallar y amedrentar a las víctimas, para re-victimizarlas, para dejarlas indefensas y, finalmente, para sacramentar la impunidad de los acosadores. ¿Será que el tratamiento de la violencia sexual en ámbito educativo necesita una sorpresiva visita del Presidente para que las autoridades del ramo se enteren que los derechos de las adolescentes se vulneran y vuelven a vulnerar como hace años?

¿Será también que debe, el Presidente, ir de escuela en escuela, inspeccionando que los bares no vendan golosinas “chatarra” porque las supervisiones de educación no pueden o no quieren hacer que se cumpla esa política y porque las autoridades provinciales no pueden o no quieren hacerlo?

La ruta de las personas que acuden a los hospitales públicos seguirá, receta en mano, entre la emergencia, las farmacias de los alrededores, las clínicas, tomógrafos y ecografías privadas –porque a pesar de los millones de dólares, muchos hospitales públicos y centros de salud, repiten: “no tenemos esto, no tenemos lo otro, vaya a comprar…”. ¿Será que cada hospital o centro de salud debe recibir una visita inesperada del Presidente para cambiar y hacer realidad lo que dice la Constitución?

La visita del Presidente desnuda la sobrevivencia de viejos vicios neoliberales en los servicios públicos. Es triste y preocupante constatar que el cambio depende del Presidente. Sus ministros, salvo excepciones, al parecer y como sucede con el ex de salud, no están a la altura del cambio. Las direcciones provinciales –en general- tampoco logran percibir que los derechos de la gente deben ser garantizados en lo cotidiano, no en los informes burocráticos ni en los eventos de marketing. Los que siempre han pensado que los servicios públicos, hospital o escuela, son sus feudos privados, no cambian por decreto. Muchos de ellos y ellas, solo cambian si alguien les obliga a cambiar. Ese alguien, por ahora, sólo es el Presidente.

El “berrinche presidencial” es aleccionador. Deja evidencia y preguntas. El cambio no es tarea de una persona por más buena intención y capacidad. Es asunto de equipos comprometidos con los derechos de la gente. En la gestión actual del gobierno, se prioriza la imagen y la venta millonaria de imágenes. No se siente una gestión de gobierno basada en equipos efectivos en cada provincia, distrito y circuito. La pregunta final: y ahora, ¿qué hacer, Presidente? ¿Dónde está ese indispensable equipo de gobierno para el cambio?

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Chevrón – Texaco: una sentencia que alienta

Posted on enero 20, 2012

Hace algunos días, un juzgado de la provincia de Sucumbíos ratificó la sentencia condenatoria en contra de la gigante transnacional petrolera Chevron-Texaco. Esta sentencia obliga a la petrolera a pagar 8.500 millones de dólares por los daños ocasionados en la Amazonía ecuatoriana durante veinte y seis años de explotación petrolera.

Esta sentencia llega luego de un proceso de cerca de 18 años, en el cual el Frente de Defensa de la Amazonia -formado por habitantes afectados por la contaminación y abogados de la zona- llevan a cabo una lucha valiente e inclaudicable, en condiciones por demás difíciles y debiendo enfrentar a  bufetes completos de abogados experimentados al  servicio de la transnacional norteamericana.

A pesar de la enorme diferencia de recursos entre las partes, las evidencias de la espantosa contaminación en un área de aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados, en Sucumbíos y Orellana, son pruebas irrefutables. Alrededor de 30.000 afectados, 2.000 personas muertas como consecuencia de la contaminación, miles de enfermos, ríos y esteros contaminados, bosques arrasados, destrucción del equilibrio ecológico, cultivos anulados, habitantes empujados a migrar, indígenas obligados a abandonar  su forma tradicional de vida, son algunas de estas pruebas.

El Frente de Defensa de la Amazonía se propone luchar por la vida y otros derechos como la salud, el trabajo, la autodeterminación, la alimentación, el ambiente sano  para los habitantes de las zonas afectadas: indígenas, kichwas, sionas, secoyas, cofanes y huaoranis, así como colonos emigrados de diferentes rincones del Ecuador.

Los  derechos de estas 30 mil personas fueron violados de forma deshonesta  durante largos años por la explotación irresponsable de Chevron-Texaco, que provocó la peor catástrofe ecológica producida por una transnacional en América Latina, y una de las más graves a nivel mundial.

A pesar de contar con los medios necesarios para evitar la enorme contaminación producida y sus letales consecuencias, la transnacional optó por echar las aguas tóxicas en ríos y esteros. El petróleo en cambio lo depositó en piscinas abiertas y en el campo. Se estima que de esta forma, Chevron-Texaco se ahorró unos 8.000 millones de dólares y así, incrementó considerablemente sus ganancias. Esto evidencia el desprecio de la empresa y de sus directivos por los habitantes, por la naturaleza y por el país que los acogió.

Es lamentable el papel jugado por el Estado ecuatoriano a lo largo de varios gobiernos, incluido el actual. Se lavan las manos y miran para otro lado,  como si las personas afectadas por esta catástrofe ecológica no fuesen ciudadanos ecuatorianos, ríos ecuatorianos y territorio ecuatoriano. Incluso, el ex presidente  Sixto Durán-Ballén, en actitud de lacayo y traidor a su pueblo, tomó partido por la trasnacional durante su mandato.

En contraste con ello, esta lucha ha contado con el apoyo desinteresado y valiente de unos cuantos abogados norteamericanos que plantearon por primera vez el juicio contra la empresa en Estados Unido, y también de los movimientos sociales ecuatorianos, firmemente comprometidos con la causa.

Chevron-Texaco está utilizando todo su poder, influencias y artimañas para no pagar los 8.500 millones de dólares y por lo tanto, la lucha del Frente de Defensa de la Amazonía va para largo. No pararán hasta que el gigante trasnacional pague hasta el último centavo que le impone la sentencia.

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