El derecho a elegir cuántos hijos tener

Posted on noviembre 19, 2012

El derecho a elegir el número de hijos o hijas, es el tema nuclear del informe anual de 2012 del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Los datos y análisis de este reporte, lanzado en Quito en estos días, ponen énfasis en las inmensas tareas que la humanidad, los países y las instituciones públicas debe enfrentar para que este derecho sea una realidad para todos los y las humanas.

Paradojalmente, el derecho a decidir cuántos hijos o hijas tener, pasa por el derecho a no morir dando vida, pues el proceso de la maternidad implica un riesgo a morir que implícitamente las mujeres corren, siempre en relación con sus condiciones de vida y el acceso a la atención de calidad de su maternidad.

Según el informe de UNFPA, cada minuto muere una mujer por complicaciones debidas al embarazo, al parto o al post parto, la inmensa mayoría de ellas, prevenible con la aplicación de soluciones que, por lo general, no requieren grandes o complejas inversiones tecnológicas. Entre las adolescentes mujeres de 15 a 19 años, las complicaciones del embarazo aparecen como la principal causa de muerte. Entre los factores que se deben modificar se menciona el número de partos que son atendidos por profesionales o personal calificado para responder a una eventual complicación; el uso oportuno y adecuado de métodos anticonceptivos; la disminución de la tasa de embarazos en adolescentes y una mayor cobertura de la atención prenatal, es decir, el acompañamiento integral durante el embarazo. En otras palabras, la reducción de la muerte materna en el mundo significa mejorar la salud de las mujeres, y de la atención de salud de las mujeres en todos los rincones del planeta.

El reporte de UNFPA, agencia de la Organización de Naciones Unidas, enfatiza que la reducción de la muerte materna podría llegar a un 30 por ciento si las mujeres acudieran de forma voluntaria, oportuna y efectiva a los servicios, atención, insumos y utilización de cualquiera de los métodos anticonceptivos modernos. La decisión de tener una hija o un hijo, en condiciones ideales, debería partir de un acuerdo de la pareja, sin embargo, la triste y lacerante realidad para millones de mujeres es que su ejercicio de la maternidad es impuesto y forzado, como no debería ser por ningún motivo el compromiso de traer una nueva vida al mundo.

La violencia basada en el género, ejercida por los hombres contra las mujeres, ajena a condiciones socio económicas y culturales de la pareja, pues se presenta en todos los estratos de la sociedad, provoca un gran porcentaje de embarazos que, por tanto, no son fruto del ejercicio del derecho a tener prole. La violencia basada en género se expresa –con claridad meridiana- en el incremento del índice de niñas menores de 14 años embarazadas que, según estudios, asumen la gestación en condiciones de violencia sexual. También, la violencia de género se expresa en el alto porcentaje de adolescentes madres que enfrentan la vida solas, pues los progenitores se mandan a cambiar y no asumen la paternidad. El machismo galopante atenta contra el derecho de las mujeres a decidir cuántos hijos o hijas tener.

El informe de UNFPA enfatiza en la necesidad urgente de que los gobiernos tomen las medidas, diseñen las políticas y lleven a la práctica medidas concretas para garantizar, promover y respetar el derecho de las mujeres, y de los hombres, a decidir cuántos hijos o hijas tener, y señala “cuando una mujer puede planificar su familia, puede planificar los demás aspectos de su vida”.

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Río+20 y la contradicción entre economía y ecología

Posted on julio 12, 2012

Recientemente se realizó la cumbre Río+20 sobre desarrollo y medio ambiente. Esta cumbre organizada por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) iba a ser histórica ya que pretendía conseguir una nueva alianza al servicio de un objetivo doble: la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente.

Lamentablemente, y al igual que otras conferencias de la ONU sobre este tema fue un fracaso y no alcanzó su ideal debido a la incapacidad de la comunidad internacional de conciliar desarrollo y preservación del ecosistema. El obstáculo es también el mismo: la defensa de los intereses económicos frente a la protección del medio ambiente.

Veinte años después de la primera cumbre de Río, los países del mundo no han logrado superar la contradicción entre economía y ecología. En la actualidad, lograr un desarrollo sustentable y armónico con la naturaleza sigue siendo una quimera para la humanidad.

Las posiciones más opuestas a lograr un acuerdo han sido las de EE.UU. y Canadá, y en menor medida de los países de la Unión Europea, más aún en una situación de crisis económica global. También se observa el incumplimiento flagrante de los países ricos de sus compromisos: En la cumbre de Copenhague del 2009, estos países acordaron financiar 100 mil millones de dólares anuales hasta el 2020 para el desarrollo sostenible del planeta, sin que haya habido hasta ahora ni un sólo desembolso.

El incumplimiento de muchos países ricos no sólo es en lo económico. Tampoco cumplen sus compromisos de reducir las emisiones de CO2. En EE.UU., las emisiones de este gas aumentaron en un 10.5% desde 1990 hasta 2009 a pesar de su compromiso de reducir tales emisiones en un 17% hasta el 2020.   El protocolo de Kioto sobre este tema está siendo desmantelado gradualmente. Canadá se convirtió en el primer estado en retirarse oficialmente de este protocolo en Diciembre de 2011, luego de que, en lugar de reducir sus emisiones de CO2 como se había comprometido, las incrementó en un 6% desde 1990.

Por otra parte, los países en desarrollo también han incrementado sus emisiones, en especial la China, donde no disminuye el enorme consumo de carbón. El consumo de combustibles fósiles en el mundo sigue en aumento, especialmente de gas, algo menos contaminante que los derivados del petróleo pero contaminante al fin.

No hay una voluntad política, principalmente por parte de los países desarrollados, de comprometerse con un desarrollo no predador de la  naturaleza y sus recursos porque lo que se prioriza son siempre las ganancias. Las principales víctimas serán las futuras generaciones que hallarán un mundo peligrosamente más contaminado, más deforestado, con menos fuentes de agua en una realidad en que no serán los  7.000 millones de habitantes  del planeta de ahora, sino bastantes más. A ellos, a nuestros hijos, nietos y bisnietos, es a quienes se les pone en riesgo su derecho a la vida, a la salud y  a un medio ambiente saludable, a una economía sustentable.

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Una “limpia” urgente en la salud pública

Posted on mayo 4, 2012

El Ministerio de Salud, a través de su dependencia provincial en Guayas, hace poco, realizó una inspección de farmacias ubicadas alrededor de un hospital público de Guayaquil. Se encontró que las farmacias vendían medicamentos de todo tipo, pertenecientes al Ministerio de Salud. También se comprobó que expenden medicinas caducadas. Esto es un criminal perjuicio a la población que acude a los hospitales y sale con una receta a comprar lo que debía haber recibido por derecho y sin pago.

Hace poco, también, circuló la noticia de cierta adquisición de medicamentos del MSP, que tenía irregularidades y que, de haberse concretado, habría perjudicado al país en varias centenas de miles de dólares. Además, se conocen procesos irregulares de contratación, por ejemplo, en el hospital de Portoviejo, respecto a la lavandería del hospital. El pasado no lejano, deja tristes recuerdos en la compra de ambulancias y en construcciones para salud, en las cuales, desaparecen pruebas y se esfuman las personas responsables. ¿Quién responde por la construcción de un “hospital” en Tosagua, con fondos públicos y en un gobierno anterior al de Correa, en un sitio asilado, sin camino de acceso y en zona de inundación?

¿Será verdad que aún ahora, para acceder a un puesto en salud, se debe pagar “el diezmo” a ciertos políticos vinculados al gobierno y que ese  pago “se recupera” en el puesto?

Las acciones del MSP para extirpar la corrupción, son agridulces. Por una parte, alienta saber que se destapan los negociados que salpican a las entidades que cuidan la salud de la ciudadanía. Qué bueno que haya funcionarios decididos a romper las cadenas de corrupción que, al parecer, todavía pululan por algunos hospitales, centros de salud y otras dependencias de salud. Sería motivo de aplauso que el MSP se limpie de funcionarios y empleados irresponsables y deshonestos.

Por otro lado, estas noticias revelan que, a pesar del discurso del gobierno respecto a la honestidad y transparencia, no se ha logrado erradicar el hurto de lo público y la corruptela en unidades de salud. Quién sabe si, con la inmensa cantidad de fondos que el gobierno ha entregado para la salud pública, esas redes de corrupción se han mantenido, fortalecido y sofisticado.

El principio de la corrupción en la gestión de la salud pública es el conflicto de intereses entre funcionarios y empleados. Así, los médicos de hospital son también dueños de clínicas, laboratorios y farmacias ubicadas en alrededores (o lejos) del servicio público. ¿Es aceptable que un funcionario de salud pública sea accionista de una clínica que ha suscrito un convenio con el MSP? ¿Es ético que el MSP suscriba acuerdos de atención con centros de exámenes, cuyos dueños son hijos de funcionarios de salud? ¿Es entendible que funcionarios de salud pública sean accionistas de distribuidoras de medicamentos o insumos, y que sean proveedores de sus unidades de salud?

El Presidente de la República ha constatado personalmente y ha detallado casos que revelan que la corrupción subyace y sigue vigente en la gestión de los servicios de salud. Es necesario que la señora Ministra de Salud y su equipo, decidan una purga general para romper los conflictos de intereses en todos los ámbitos del MSP. Es hora de una “limpia” en el MSP para acabar con trampas, trucos, robos y enriquecimiento ilícito de unos cuantos vivarachos. Finalmente, mantener la corrupción perjudica al más pobre de la sociedad, al que acude a los hospitales públicos por su derecho a la salud. Sin una gestión general limpia y honesta en salud pública, no habrá presupuesto que aguante…

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Declaración de la Marcha Mundial de las Mujeres 2012

Posted on marzo 8, 2012

En el Mundo, 8 de marzo de 2012

Este 8 de marzo, nosotras, las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres, seguimos marchando, resistiendo, y construyendo un mundo para nosotras, los otros, los pueblos, los seres vivientes y la naturaleza. Estas acciones continúan enfrentándose a los embates del paradigma mortal del capitalismo con sus falsas salidas a las crisis y de una ideología fundamentalista conservadora.

Vivenciamos un crisis del sistema capitalista, racista y patriarcal que, para sostenerse, impone brutales “medidas de austeridad” que obligan a nosotras, los pueblos, a pagar por una crisis que no hemos provocado: son recortes presupuestarios de todos los servicios sociales, disminución de salarios y de pensiones, estimulo a guerras y avance de la mercantilización de todas las esferas de la vida. Nosotras las mujeres pagamos el precio más alto: somos las primeras que seremos despedidas y que, además de las tareas domésticas más habituales, somos obligadas a asumir las funciones antes cubiertas por los servicios sociales. Tales medidas cargan el peso de la ideología patriarcal, capitalista y racista y son expresión de políticas de incentivo para que volvamos a la casa, que estimulan además el avance de la prostitución y la venta de las mujeres, el aumento de la violencia contra nosotras, el trafico y las migraciones.

Denunciamos la continua imposición de acuerdos de libre comercio, que intentan transformar los bienes comunes como la salud, la educación y el agua en mercancías, y generar un mercado de  explotación de la mano de obra barata en los países del sur. Rechazamos la cultura del consumo que va empobreciendo más las comunidades, generando dependencia y exterminando las producciones locales.

Nos solidarizamos con las mujeres en lucha en Europa, especialmente en Grecia pero también en Portugal, Galicia, Estado Español, Italia y Macedonia, que se están organizando para resistir la ofensiva neoliberal y retrógrada promovida por las instituciones financieras y políticas, y sus propios gobiernos, a servicio de intereses de las corporaciones transnacionales. Nos solidarizamos también con todas las mujeres del sur que enfrentan hambrunas, empobrecimientos, esclavitud laboral y violencia pero que siguen construyendo su resistencia.

Denunciamos el avance de la militarización en todo el mundo como estrategia de control de nuestros cuerpos, vidas, movimientos y territorios y garantía para la neocolonización, el nuevo saqueo y apropiación del capital sobre los recursos naturales y la manutención del enriquecimiento de la industria armamentista en frente a la crisis. Constatamos con temor la amenaza de retorno de lo militarismo y del autoritarismo como valores en la sociedad en distintos países alrededor del mundo, como en: el Medio Oriente, en Tunicia, Libia y Egipto, donde las mujeres y los pueblos continúan a luchar contra todo tipo de dictadura fundamentalista y por verdadera democracia; en Palestina donde las mujeres luchan contra el colonialismo y el sionismo en diversos países Africanos – como en Senegal donde el gobierno se utiliza de la fuerza del ejercito por intereses electorales, o en Mali donde grupos armados aterrorizan la populación civil en su lucha por controle da la región norte; en Honduras, México, Guatemala y Colombia donde hay procesos de re-militarización; y en diversos países en Asia-Oceanía donde refuerzan la presencia de las tropas militares de Estados Unidos.

Nos solidarizamos con las mujeres y los pueblos en resistencia y lucha en todos los territorios que están en guerra, bajo control militar y en riesgo de serlo, o viviendo los impactos nefastos de una presencia militar extranjera. A pesar de ello, nosotras las mujeres continuamos defendiendo nuestro territorio, cuerpo y tierra de la explotación de los ejércitos regulares e irregulares, estatales y privados.

Denunciamos la estrategia concertada de los medios de comunicación globalizados que busca revitalizar los dogmas y valores conservadores y que ponen en riesgo los logros o avances de las mujeres en el mundo. Se cierran espacios de participación, se criminaliza la protesta, y se cercea el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Nuestra autodeterminación reproductiva está amenazada donde la hemos conquistado, como, por ejemplo, en diversos países de Europa (como en Portugal y España) y de Norte América donde el aborto es legalizado, pero donde este derecho es atacado en la práctica por cortes de los presupuestos públicos que tienen como blanco los hospitales y los servicios de interrupción del embarazo. En muchos otros países, como en América Latina y varios países de Asia-Oceanía, las mujeres que abortan siguen siendo criminalizadas, como en Brasil, Japón y Vanuatu. En México se legaliza el aborto en el Distrito Federal y se criminaliza en el resto del país. En Honduras, la píldora contraceptiva de emergencia ha sido prohibida. En Nicaragua, el aborto mismo en situaciones de riesgo de vida para la madre o de violación se convierte en un delito a través de una Reforma Constitucional.  Rusia sigue su ejemplo con la mujer del presidente al frente de campañas para prohibir el aborto en cualquier situación. Grupos auto-intitulados “pro-vida” defienden en realidad la muerte de las mujeres, nos insultan y a las profesionales de salud en Norte América, presionan en parlamento para rever la ley en Sudáfrica e impiden cualquier discusión en Pakistán.

Nos solidarizamos con todas las mujeres que continúan luchando y enfrentando los embates de la policía, los servidores públicos y de la justicia injusta, así como a las que enfrentan la violencia en su contra.

Frente a estas situaciones, estamos en las calles, tenemos alternativas y las estamos viviendo. Reiteramos que seguiremos fortaleciéndonos desde nuestros cuerpos y territorios en resistencia y defensa de los mismos, profundizando nuestros sueños de transformaciones estructurales en nuestras vidas y ¡marchando hasta que todas seamos libres!

Llamamos a la articulación de nuestros movimientos y a las alianzas con los otros movimientos, pues solo así construiremos un mundo en libertad.

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Urgente, Ministra, urgente

Posted on febrero 14, 2012

En Manabí está pasando algo nuevo. Algunas denuncias de viejos problemas contra los derechos de niñas, niños y adolescentes se han puesto en la mesa de discusión de la ciudadanía, de los Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia, de la Policía Especializada de Niñez, DINAPEN; de las Fiscalías cantonales, de los Centros de Protección de Derechos, de Municipios, de los sectores de educación, de inclusión económica y social, de salud y protección.

En los cantones de Chone, Bolívar y Manta,  se han lanzado a conocimiento público sendas denuncias de acoso sexual por parte de profesores a estudiantes adolescentes. En uno de los casos, el “docente” fue encontrado por la DINAPEN en delito flagrante, en un motel con una adolescente estudiante. Lo importante es que empieza a salir a flote la punta de un iceberg que tiene la misma edad que el sistema educativo.

No son problemas nuevos. Por desgracia, sobre violencia sexual en ámbito educativo habrá miles de folders amarillados, malolientes y escondidos en los archivos de cualquier supervisión educativa que, ante cada caso que se conoce, opta por un silencio cómplice. Si se pudiera recoger y publicar todos los casos de todos los colegios públicos y privados, resultaría una crónica inmensa, escabrosa y lapidaria contra un sistema que no ha mostrado compromiso para erradicar el acoso sexual de las aulas.

El compromiso contra los delitos sexuales en ámbito educativo es urgente, señora Ministra de Educación. Compromiso público y transparente. En el caso del docente de Chone encontrado en delito flagrante, no basta que no se le renueve el contrato. Es indispensable que usted, usted en persona,  examine el comportamiento de las autoridades del colegio y de muchos otros docentes, no solo del colegio involucrado, que es casi, una apología del delito. Se ha propiciado que la víctima adolescente sea vejada, insultada y revictimizada dentro del mismo colegio. ¿Quién protege los derechos de las adolescentes dentro del sistema educativo? La misma situación, multiplicada, se constata en un colegio de Calceta. Los docentes acusados de delito sexual, hasta la fecha, asisten al colegio y animan un movimiento a su favor y contra las nueve adolescentes que denunciaron sus fechorías.

Además de su natural responsabilidad como Ministra de Educación, de su compromiso demostrado en otros casos de este tipo a favor y defensa de las adolescentes, el Plan Nacional del Buen Vivir, impone que, hasta el 2013, el Estado ha llegado a “Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema educativo y la culminación de los estudios”.

El mismo Plan del Buen Vivir, hablando de la garantía de la vigencia de los derechos y la justicia, le pone al Ministerio de Educación una meta no discutible: “Erradicar la agresión de profesores en escuelas y colegios hasta 2013”. Esto incluye actuar con claridad frente a todo caso de agresión sexual.

Urgente, Ministra, dé un golpe de timón al sistema educativo. Los delitos sexuales son demasiado antiguos y han sido demasiado tapiñados, no es posible más.  Con una intervención decisiva contra la impunidad de delitos sexuales en ámbito educativo, saldrán ganando todas las adolescentes que, sin duda, merecen ser, simplemente, felices.

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Acoso sexual en colegio de Manabí

Posted on enero 13, 2012

Señora Ministra:

Esta semana y en este espacio, se debería hablar de importantes temas, tales como la visita del presidente iraní a Ecuador, o también, del juicio contra la petrolera Chevron por contaminación de la selva y la vida amazónica en Orellana y Sucumbíos, juicio a favor de la gente afectada. Sin embargo, hay un tema de inmensa trascendencia que debe ser tratado: acoso sexual en el Colegio Nacional “13 de Octubre” de Calceta, Manabí, denunciada por nueve estudiantes, a fines de octubre de 2011, contra tres docentes, entre ellos el vicerrector del plantel.

El PRODH decide exponerlo públicamente, señora Ministra, porque el silencio o los trámites no parecen ser efectivos para resguardar los derechos de las adolescentes y familias.  Las víctimas del caso son nueve adolescentes y sus familias, personas trabajadoras y dignas, quienes decidieron denunciar luego de sentir que las cosas no podían seguir y que se debía frenar la prepotencia machista y las ofensas contra la dignidad por parte de quienes no merecen ser educadores. Las denuncias presentadas en la Junta Cantonal de Protección de Derechos exigen que el Ministerio de Educación intervenga con celeridad y claridad, velando por los derechos de las adolescentes.

Desde que se denunció el caso, hasta enero de 2012, son casi tres meses en los que las autoridades provinciales del Ministerio de Educación han tenido una actitud de poco compromiso con los derechos de las adolescentes, pues han esperado informes sin plazo y han dado  disposiciones que cayeron en el vacío. Por ejemplo, han visto y dejado con parsimonia y casi encubrimiento, que el rector del Colegio no acate ni respete la disposición de la Junta Cantonal de Protección de separar a los docentes acusados mientras se investiga el caso, como dice la norma legal.

El irrespeto de la disposición de  separar a los docentes acusados ha favorecido que, desde octubre a la fecha, se instaure un clima de amedrentamiento, amenazas, maltrato y chantaje psicológico contra las adolescentes, sus familias y contra docentes que solicitan respeto a los derechos de las estudiantes y que se realice una investigación seria e imparcial. Sí se favoreció que un grupo de estudiantes “amigos de los acusados”, se tome el establecimiento y paralice sus actividades, en “huelga estudiantil” contra la separación de profesores acusados. ¿Cómo entender que las adolescentes que denunciaron, dentro del establecimiento educativo, sean amenazadas y maltratadas, al punto de que las madres se vean obligadas a pedir al Rector, garantía y seguridad para sus hijas? ¿Hay alguien que garantice sus derechos dentro del colegio?

Las autoridades provinciales dicen que hacen lo legal, pero resulta que la vida de las adolescentes víctimas y denunciantes de una violación a su integridad, se ha tornado en un calvario, como nadie  quiere para ninguna adolescente del mundo. Las autoridades locales se mueven al ritmo que favorece la impunidad, tradicional y lastimera impunidad, demasiado común y bien aprendida por cierta gente del gremio, que protege al macho acosador y desampara a la víctima adolescente.

Señora Ministra, ¿conoce usted el caso? Conoce que la supervisora del cantón manifestó a las madres de familia denunciantes, que “todo lo que se dice que está pasando en el Colegio 13 de Octubre no es acoso sexual, que tocarle los senos o hacerle pinzas en los pezones tampoco es acoso sexual…” Si usted no lo conoce, como es probable, le invitamos a hacerlo. Por ellas, las estudiantes, por sus derechos y sueños de adolescentes que no merecen ser marchitados por docentes sin escrúpulos. Por su derecho a ser felices y por el deber del sistema educativo de protegerlas.

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Silencio que mata: ¡no más violencia contra las mujeres!

Posted on noviembre 24, 2011

El ejercicio de la libertad pasa por el silencio. El silencio es una forma irrefutable y clara de vivir la libertad que tiene cada humano o humana como su patrimonio de nacimiento. En los vaivenes de la cotidianeidad de las personas, callar puede ser prudente refugio y sabia decisión. El silencio, desde este punto de vista, también es parte de la vida, es vida misma.

Pero en las cosas que tienen que ver con la especie humana, nada es perfecto y el silencio inteligente tiene su reverso: el silencio que se torna cómplice, hiere, golpea, lastima y mata. Es el silencio ante cualquier forma de violencia contra las mujeres, contra las adolescentes y las niñas. Hay que referirse a ellas porque transitamos por el día 25 del mes de noviembre, que cada año se dedica a pensar, actuar, decir contra las violencias a la mitad de la humanidad: las mujeres.

Mata el silencio de la mujer que calla cuando deja una herencia de sumisión a sus hijas e hijos, cuando aguanta que su pareja le rompa los tímpanos y le desgarre la dignidad pidiendo a gritos la comida, la ropa planchada, el orden de la casa, la limpieza de los hijos, las vacunas infantiles, el plato preferido y relaciones íntimas cada vez que él desea.
Mata el silencio que no silencia los gritos del macho que insulta como enajenado a su pareja. Este silencio mata la autovaloración y la dignidad de la mujer que la sufre y de las mujeres como género, porque multiplica y difunde las violencias contra las mujeres.
El silencio mata porque en su nombre, en algunas escuelas, siguen sueltos algunos profesores “machos” que manosean, acosan y violan a algunas niñas y adolescentes que no aprendieron –por el silencio tabú en la familia- a defenderse de la violencia de género.

El silencio mata cuando una mujer no ve, no oye ni habla, los actos de violencia que comete su actual pareja –o el tío, el abuelo, el compadre o vecino- contra los hijos de ella. Este tipo de silencio, demasiado frecuente en los periódicos, autopsias y fiscalías, es además, un silencio espeluznante, escalofriante, incomprensible. Solo una desesperada condición de sobrevivencia puede explicar esta negación y este silencio porque, la inmensa mayoría de mujeres, vive dependiendo del plato de comida y del techo del macho abusador.

Tantas mujeres en silencio, tantas mujeres silenciadas por la esclavitud de la sobrevivencia, llaman al llanto y al grito de rebeldía para hacer todo contra la pobreza lastimera y la exclusión que las condena.
Mata el silencio cuando los medios o los directivos de instituciones levantan el dedo acusador contra las adolescentes menores de 15 años que aparecen embarazadas, inculpándolas de “fáciles” sin reconocer que la mayoría, se habla del 95% de estos casos, son resultado de abuso y violencia sexual.
Mata el silencio ante el uso comercial de niñas, adolescentes y adultas, en todas las publicidades, teleshows y en medios de comunicación que –en nombre de una supuesta libertad- las convierten en objeto de adorno, de atracción y deseo sexual movidos por acrecentar el capital en los bolsillos de los dueños de empresas y medios.

Mata el silencio ante las miles de mujeres que llegan a los centros de salud u hospitales golpeadas y heridas por su pareja, porque un tanto de ellas vendrán como cadáver testimonio de femicidio, porque el silencio de quienes debían denunciar la violencia, se convirtió en autopsia y estadística.

Si el Estado debe generar las condiciones para la protección integral de sus habitantes, a lo largo de sus vidas, priorizando su atención hacia los grupos que viven desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, es hora de gritar y movilizarse:

¡No más violencia contra las mujeres! ¡Basta del silencio que mata!

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Orgullo GLBTI

Posted on julio 7, 2011

A propósito de que en estos días el mundo festeja, con marchas, foros y otras manifestaciones
públicas, el orgullo GLBTI (gays, lesbianas,bisexuales, transgénero e intersexuales), vale la pena
una reflexión sobre el tema.

En la antigüedad, muchas culturas como la griega, la egipcia y numerosas culturas indígenas
de nuestro continente veían al homosexualismo y al lesbianismo con naturalidad y por lo
tanto, no sufrieron ni la condena ni la persecución de la sociedad.

Sin embargo, al desarrollarse las religiones monoteístas en el mundo, principalmente la
cristiana y la musulmana, comienza la discriminación y persecución del homosexualismo. Fue
considerado como un pecado, una desviación grave de lo “normal” y que por lo tanto debía
ser perseguida y condenada. Con la conquista de América y la imposición de la religión católica
en el continente, la homosexualidad es perseguida y condenada. Numerosos homosexuales y
lesbianas murieron en las hogueras de la Santa Inquisición por el pecado de serlo. En el siglo
pasado, los nazis asesinaron a miles de homosexuales en los campos de exterminio. Hasta
hace pocos años en el Ecuador, el homosexualismo era un delito y en varios países lo sigue
siendo. En nuestro país recientemente se reconoció la unión libre de las parejas del mismo
sexo, aunque todavía no existe el matrimonio entre ellas.

A pesar de los avances en el reconocimiento de algunos derechos de homosexuales y
lesbianas, aún persisten en nuestra sociedad muchos prejuicios en contra de los miembros de
esta comunidad, como creer que su identidad sexual es una enfermedad, una anormalidad o
un objeto de burla. En el Ecuador no son raros los casos de crímenes de odio, especialmente
contra las personas transgénero. Mucha gente, incluidos a menudo los propios familiares de
los homosexuales, se niegan a reconocer que se trata de la identidad sexual, algo inherente
a las personas, y que por lo tanto, no hay que rechazar, condenar o tratar de cambiar sino
aceptar y respetar.

En nuestro país son cada vez más los homosexuales y lesbianas que han decidido dejar
de ocultar ante la sociedad su identidad sexual y que con valentía, convicción y orgullo la
afirman. Asimismo, cada vez están más organizados para reclamar sus derechos sexuales y
reproductivos como parte del resto de derechos humanos. Llevan adelante una lucha larga,
difícil, contracorriente de la sociedad y sus instituciones, porque saben que su causa es justa y
que ante todo son seres humanos sujetos de derechos.

Es tiempo de que el Estado genere políticas públicas favorables al reconocimiento de la
diversidad sexual y que dentro de sus instituciones se destierren y sancionen los tratos
discriminatorios y degradantes contra este sector de la sociedad, como son los maltratos
policiales a gays, lesbianas y transgéneros. Es tiempo de que la sociedad en su conjunto
descarte sus propias inseguridades e hipocresías, y aprenda a convivir con lo diverso como una
oportunidad de enriquecimiento mutuo.

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¿Gobernar o apagar incendios?

Posted on abril 11, 2011

El papel de un gobierno democrático –cualquiera que sea el discurso de tarima- es conducir los procesos que promuevan y garanticen los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza. Es lo que acepta cuando se postula como candidato. Es lo que la gente elige con su voto en un proceso electoral. La Constitución lo dicta.

La tarea del gobierno es definir los caminos y las alternativas de cambio de aquello que, históricamente, estuvo funcionando de cierta forma para que se adecúe a condiciones de vigencia de los derechos. Gobernar es marcar un rumbo para que, en el caso de la salud, los centros y hospitales, políticas y programas de atención, sean tal como la ciudadanía espera y merece. Gobernar el derecho a la salud es dar cauce a la prevención, atención y recuperación de las dolencias de las personas. Gobernar la salud es abrir las posibilidades de vigencia de ese derecho, agotando las limitaciones que lo hacen declaración vacía y fortaleciendo las condiciones básicas para que sean garantías de fondo y forma. Gobernar no es apagar incendios con emergencias al “buen tun tun”, como dirían las abuelas.

El ministerio a cargo de la salud del pueblo o “salud pública” debe dirigir propuestas válidas, con sustento técnico, con visión estratégica y, si hablamos de democracia, con el aval de la participación de la ciudadanía. La antigua burocracia ha separado la gestión pública de la participación popular, bajo el argumento de que la rectoría es un asunto tecnocrático y político. Hoy, luego de la Constitución 2008, a nadie, medianamente informado, sabe que la gestión pública sin participación, es un simulacro de democracia, es seguir marchando en el mismo terreno de la historia, sin avanzar. La participación hace la diferencia.

La participación social en salud es o no es. Simple y contundente, la participación no puede estar sujeta a los eventos adversos o especiales coyunturas como la muerte de neonatos o la inauguración de un hospital. Ni siquiera la consulta popular en marcha, puede sustituir a la participación de la población en el conocimiento, debate, decisión, control y evaluación de todos los problemas, TODOS LOS PROBLEMAS, de la salud. Participación no es amontonar gente a escuchar discursos de orden o informes desde la parte interesada en crear adherencia ciudadana.

La participación real, cotidiana, con mecanismos claros y explícitos, tiempos y lugares, es el único camino por el cual la burocracia encargada de la salud puede encontrar soluciones y propuestas ante los problemas y las protestas. Gobernar es abrir diálogo en cada parroquia y en cada cantón para informar y recoger luces para definir estrategias. Sin participación no hay solución real pues, sin la palabra de la gente, solo se escucha la palabra de la burocracia que es el eco de los políticos de turno. La participación de la población es una de las recomendaciones en el Informe de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, luego de la investigación en veintiocho hospitales del país.

Hay otras necesidades inaplazables para la salud pública del Ecuador, como la construcción de la red de salud integral con una amplia, efectiva y consolidada red de nivel primario que, asegura y garantiza condiciones para el funcionamiento adecuado, oportuno y de calidad del nivel hospitalario. Los parches hospitalarios no resolverán una crisis que viene de abajo y de adentro de la estructura de servicios de salud. Gobernar implica convocar, abrir diálogo con la gente que tiene derechos y derecho a decir, a esperar y soñar con un presente de democracia participativa.

El gobierno para cambiar la historia de la salud es posible con participación ciudadana y con visión de conjunto. De eso, lamentablemente, las emergencias del actual gobierno, no dan cuenta. ¿Hasta cuándo?

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Planificación Familiar: Derecho de las Mujeres

Posted on febrero 24, 2011

El gobierno nacional, en los últimos días, anunció la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Acceso Informado a la Planificación Familiar, como respuesta necesaria y urgente a la problemática del circulo vicioso entre pobreza y el número de hijos o hijas. De forma especial, el gobierno plantea que las cifras de embarazos en menores de catorce años se incrementaron de manera inclemente en los años recientes. Argumenta que las mujeres de sectores empobrecidos tienen más hijos que las de sectores de medianos o altos recursos económicos.

Decidir cuándo y cuántos, es un derecho humano fundamental e inalienable de las mujeres. El embarazo y la maternidad tienen consecuencias inmediatas y para toda la vida en el cuerpo y la existencia de la mujer.

Aunque la maternidad es opción antes que obligación “instintiva”, el embarazo, el parto y la crianza inicial, son hechos vitales que exigen-absorben y marcan la vida de las mujeres. Los varones, en cambio, viven la paternidad, enteramente, como una opción. La decisión de traer un nuevo ser a la vida es derecho privativo de la mujer.

Pero el derecho a planificar la familia por parte de las mujeres y, o idealmente, por parte de parejas que se respetan y comprenden, significa acceso –sin barreras- a los métodos anticonceptivos modernos, que son parte de la garantía del derecho a un buen vivir. Esto incluye, el acceso informado y oportuno a la anticoncepción de emergencia, que no es abortiva como dicen algunos obispos o su voceras y a la despenalización del aborto para evitar que miles de mujeres mueran o pongan en riesgo su vida en lugares sórdidos y en manos inexpertas.

Las cifras alarman. El número de mujeres que tiene más hijos que los que desea persiste y más en el campo. El promedio de hijos de las familias empobrecidas es el doble que otras. Crece el número de embarazos antes de los 19 años. Pero atención, ¡la mayor parte de embarazos de menores de 14 años son, léase bien, productos relacionados con abuso y violencia sexual! Entonces, es importante reconocer la relación entre embarazos de adolescentes y la violencia de género ejercida por varones pederastas. El número de embarazos impuestos a mujeres por parte de sus parejas como un acto más de violencia machista, es parte del problema que debe enfrentarse. El reto es luchar por una vida digna para toda mujer sin distinción ni discrimen.
El acceso libre e informado a la planificación familiar es un derecho y no una dádiva del gobierno. Es una responsabilidad del Estado a través de todas las instituciones de salud, hasta en el último rincón del territorio nacional, para lo cual, el persona de salud debe ser informados, motivados y supervisados para que cumplan con las normas nacionales de acceso a métodos anticonceptivos para mujeres y varones sin importar la edad ni el estado civil.

Las organizaciones de mujeres tienen el reto de promover, defender y vigilar que el acceso a la planificación familiar se cumpla como derecho. Su reto es recuperar su voz y su movilización para que los varones vinculados a la jerarquía de la iglesia católica, institución fundamentalista e inequitativa contra las mujeres, no decidan sobre su cuerpo y su vida.

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