“Chaupi punzhapika tutayashka” “Anocheció en la mitad del día”

Posted on octubre 25, 2007

“Chaupi punzhapika tutayashka”. “Anocheció en la mitad del día”, este fue el grito que corrió de boca en boca de los pueblos indios cuando los españoles invadieron la Abya Yala (América). 

 

Como eco desde las cavernas del tiempo, vuelve el grito cuando las pantallas de televisión muestran la agresión de una persona contra una adolescente ecuatoriana en un tren de Barcelona. La causa, suficiente en demasía para el atacante, venir de otro continente, tener otro tono de piel… estar lejos de su tierra.

 

Anocheció en la mitad del día. No hicieron falta más palabras para describir la conquista. Cuando el sol llena de luz la tierra, cuando sus rayos iluminan y abrigan, su luminosidad se apagó bajo las sombras del despojo, el derramamiento genocida de sangre y la violación de los Derechos Humanos, motivados por el interés de acumulación originaria de capital.

 

La conquista de América dejó inmenso rédito para los invasores. El saqueo del oro y la plata que abundaban en estas tierras, la matanza de millones de personas, la subyugación de sus culturas y siglos de colonialismo oprobioso, fueron el saldo doloroso.

 

El dolor de siglos de la pobreza y exclusión de los pueblos indios, se repitió en cada palabra agresiva, en cada golpe del neo-agresor contra la joven ecuatoriana. La desproporción de la fuerza y la ventaja del gratuito atacante revive la triste imagen del abuso del poder del más fuerte contra el más débil. Cinco siglos así. Sin importar el lugar ni el tiempo, cuenta solamente el uso de la fuerza, la humillación y el desprecio, con la fatal indiferencia como testiga.

 

En la agresión del tren en Barcelona, se pinta de cuerpo entero la relación entre el mundo “desarrollado” (¿civilizado?, ¿cristiano?) y el mundo “en desarrollo”. La imagen refleja el brutal despojo de los consorcios transnacionales del capitalismo mundial a los pueblos de nuestra América, encabezados por los intereses de Estados Unidos y sus aliados.

 

Sin embargo, nadie puede negar que, aquí o allá, perviven los pueblos indo – afro americanos y vive su ancestral búsqueda de libertad, justicia y equidad. Mientras la imagen de la agresión gira por las pantallas del planeta, de mil formas, los pueblos de nuestra América mantienen su fe sin romperse. Con su lucha, su organización y su movilización –junto a los sectores populares- repiten que viene el tiempo del cambio, el “pachakutik” está llegando. Se puede parafrasear, con la venia del pueblo kichwa, que “Chaupitutapi, pakarinkami”, es decir, “Amanecerá en la mitad de la noche”.

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SUEÑO DE JUSTICIA

Posted on octubre 25, 2007

Santiago Argüello Mejía

 

Me piden que hable de derechos y a mí realmente me gustaría entretenerme con el realismo del derecho de soñar, para pedirle prestada esa hermosa imagen  al gran Serrat.  Igual hablar del derecho a la paz o al aire puro, o de algunos derechos más simples pero igual de contundentes a la hora de encontrar un camino a la dignidad de los seres humanos y de los pueblos.  

 

Si miro en reversa puedo ver mi vida desenvolviéndose en el espíritu de otros sueños, que tienen tanto que ver con la adquisición de nuestros derechos.  Desde la época en que me tocó el exilio en las cárceles, desde que me dirigí insidioso a la pasión por los derechos humanos, desde que intenté plantar un árbol en los parajes más pobres y abandonados de la existencia, desde cualquier rincón mi trabajo estuvo ligado finalmente a algo que hoy reconozco ha sido un sueño de justicia.  Por eso es que me dejo tocar con modestia por la bienaventuranza de quienes son perseguidos a causa de la justicia, sabiendo que nos hemos multiplicado y hoy nos desafían desde todos los rincones los fantasmas que la acorralan. Un pecado hay que es imperdonable: “vender por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos” (Amós)

 

Reincido entonces en mi propósito.  Soy un enamorado platónico de la señora justicia y ella me ha desairado desde la época en que calentaba mi inocencia en las bancas universitarias.  La realización de la justicia debe volver a ser nuestra bandera de lucha, en ese camino tan sinuoso como desafiante.  Que se acuerden los asambleístas de tres requerimientos institucionales de relieve, solo tres por el momento: petróleos y energía,  poder de control y función de hacer justicia.  Si la desidia generalizada o la coyuntura les desbordan, si la bronca sigue en el firmamento político del país, si no hay atajo que sirva, procuren ustedes darle una respuesta institucional (no académica) a estos tres requerimientos de país. 

 

De mi lado solo toquearé con esta pelota de fuego: la ingeniería para inaugurar la justicia en el país, que es un asunto esencialmente constitucional. En la Carta Fundamental  deberían resolverse no solo los grandes principios que deben regir su realización, sino también los aspectos prácticos de la eficacia del conjunto del sistema y las condiciones éticas y de formación de los trabajadores de la justicia.

 

Hay que asegurar el control y la garantía de lo constitucional en un estado social y democrático de derecho. La Corte Constitucional es el máximo tribunal del país, siempre que se le preserve de la perversidad política y siempre que sus fallos consagren el derecho, fortalezcan el entramado constitucional que sostiene un país y devuelvan a los ciudadanos unos derechos humanos consolidados como base de la existencia del Estado.   La puerta de esta Corte debe ser estrecha para la entrada de casos, con aplicación de principios de oportunidad y derivación hacia otras formas de realización de la justicia.   Todo esto para guardar sus mejores energías  a la solución de casos y situaciones de interés nacional, evitando que se convierta en una comisaría de comarca y, peor aún, que se convierta en un instrumento de la política como ya lo ha sido.

 

La exigencia del 201 de la actual Constitución  para ser Magistrado de la Corte Suprema nos resulta insuficiente. No se busca un odontólogo para que le haga una operación de vesícula; no basta con ser abogado para el ejercicio jurisdiccional que infiere algunas destrezas especiales y formación continua.  La carrera profesional es para todos los niveles de los servidores de la justicia en el país pero debe visualizarse aún más para llegar a ocupar una curul en la CSJ o en la Corte Constitucional.  Es posible que sea yo el único que sostiene que para convertirse en Magistrado de dichas cortes debe existir una vocación vivencial de quien es propuesto.  Por lo tanto, ahí se acaban los palanqueos políticos y las decisiones antojadizas: son elegibles como magistrados con los requisitos que se les quiera poner solo aquellos que han ascendido en la carrera profesional de servidores de la justicia, con una hoja de vida limpia y con no menos de veinte años de servicios. Para cada sala especializada se debe igualmente establecer el requisito suplementario de especialización.

 

Estos elementos deberían inundar positivamente el conjunto del sistema de justicia.  Si se asegura profesionalismo, junto a valores éticos insoslayables, el resultado asegura otros valores que son difíciles de traducir: independencia, celeridad, eficacia.  En cuanto a la independencia lo que se debe saber es que el más pequeño de los jueces no puede estar sujeto a la injerencia de nadie en la decisión de sus procesos, ni siquiera de los jueces de mayor jerarquía o de las organizaciones gremiales que meten mano en lo que no les corresponde y menos, de operadores de otras funciones del Estado, como de hecho ocurre.   Lo que cabe sí es un mecanismo de autorregulación que permita juzgar el desempeño, todo lo cual se garantiza mejor con el sistema de carrera.

 

Las respuestas institucionales de conjunto requieren ese grado de reflexión.  Por ello y por el relieve que le ofrecemos a una nueva estructuración del sistema de justicia del país, mantenemos la propuesta de que en este océano institucional, que el gobierno actual no atina a orientar, se vuelva a plantear la creación de un MINISTERIO DE LA JUSTICIA.  Hay pocos países en que no existe y valdría la pena volverse a  preguntar en qué consiste, para juntar los pedazos dispersos del rompecabezas:  la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial, la Defensoría Pública, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, la Dirección General de Rehabilitación Social, la Escuela de Formación Continua de Servidores de Justicia. No es bajo ningún punto de vista un mecanismo de intervención en la justicia, en los fallos de ese sistema, sino una fórmula para hacer eficaz la justicia, en una lógica de independencia de sus filtros pero asegurando que esta enorme tarea requiere tirar puentes entre las diferentes funciones del Estado. 

 

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Educandonos para educar

Posted on octubre 19, 2007

“De nada sirve que llevemos la guía y la guardemos[1].  Es producto de muchas experiencias, de risas, de lágrimas, de mucho esfuerzo.  Si yo tuviera un vaso de agua y lo dejara en un lugar por algunos días, no serviría de nada, sino solo para contaminarse.  Cuando compartimos, tenemos la posibilidad de que se vuelva a llenar.  Así debemos hacer con los módulos, compartir para crecer en experiencia y dar la oportunidad a otros”.

 

Así percibe Edgar Peñafiel, dirigente juvenil manabita, al proceso de formación en derechos humanos, iniciado a principios de octubre, como iniciativa del Colectivo Pro Derechos Humanos, la Coordinadora Política Juvenil y varias organizaciones de jóvenes ecuatorianos.

 

Alrededor de sesenta líderes juveniles, reunidos en las inmediaciones de Quito, inauguraron un proceso de formación en derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos, que cuenta con una metodología y materiales audiovisuales e impresos para facilitar talleres de formación entre jóvenes.

 

El material y la metodología que se estrenan demuestran, entre otras virtudes, la posibilidad de generar participación, debate, interés por analizar los problemas que vive la juventud en el contexto local, nacional y global, desde la óptica de los derechos humanos. Permite además que quienes participan de las jornadas educativas conozcan su realidad, la analicen y realicen propuestas y demandas que lleven al pleno ejercicio de sus derechos.

 

En dos guías de uso, con sus respectivos audiovisuales, se desarrollan sesiones pedagógicas para tratar siete temas de derechos humanos y tres temas de derechos sexuales, seleccionados por los mismos jóvenes, dado el especial interés que estos temas despiertan entre sus pares. Esta experiencia tiene su origen en otro proceso desarrollado en el 2004- 2005 en veinte y seis ciudades de Costa, Sierra y Amazonía ecuatorianas: la Exposición Nacional Itinerante Derechos Humanos en la Mirada Juvenil.

 

Durante el recorrido de la exposición, más de un educador, padre o madre de familia, estudiante o miembro de grupo juvenil, manifestó su interés por contar con material educativo que, de manera lúdica y frontal, permita hablar “la plena” sobre realidades, problemas y derechos de las y los jóvenes.

 

Es así como nació este paquete educativo que ofrece la posibilidad de combinar material audiovisual con ejercicios prácticos, algunos conceptos, leyes y datos que aportan al conocimiento de los derechos y de ello, a su exigibilidad.

 




[1] Se refiere a las Guías para Talleres: Derechos Humanos en la Mirada Juvenil, producidas por PRODH y CPJ para trabajo de joven a joven en derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos.

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Cuatro filos en política petrolera

Posted on octubre 18, 2007

El gobierno del presidente Correa modificó, drásticamente, las reglas de distribución de ingresos petroleros que proviene de los altos precios de venta en el mundo. Según el cambio: las empresas privadas solo llevarán 1 por ciento, en vez de 50 por ciento y, el Estado, en vez de 50 por ciento, recibirá 99 por ciento. Este cambio es legal y soberano. Se espera que genere más de 500 millones de dólares,  de ingresos anuales a los fondos públicos.

Filo uno: esta decisión implica una nueva orientación en el manejo de los contratos petroleros respecto a los gobiernos neoliberales anteriores presididos por Hurtado, Durán Ballén, León, Mahuad, Bucaram  y Gutiérrez. La política de esos gobiernos permitió el saqueo “legal” del principal recurso natural del Ecuador. Esos gobiernos mantuvieron contratos que, daban a las trasnacionales, 80% de los ingresos y dejaban solamente 20% para el Estado, así, la compañía Occidental, que fue expulsada del país por incumplir su contrato, tuvo utilidades de mil millones de dólares por año.

La medida del gobierno preocupa a las petroleras que verán reducidas sus considerables ganancias “extras”. Ahora, lo importante será que el gobierno invierta esos recursos con sabiduría, por ejemplo, generando fuentes de empleo, activando la agricultura, demandas urgentes y sentidas por el pueblo ecuatoriano.

Filo dos: el gobierno aún no ofrece señales claras sobre el destino de Petroecuador. Los gobiernos neoliberales de turno se encargaron de desfinanciarlo, desprestigiarlo, desinvertir en la empresa ecuatoriana y en devaluar su capacidad de exploración y explotación. ¿Por qué no invertir en Petroecuador y elevar su capacidad  de producción?

Filo tres: la población de la Amazonía petrolera, literalmente, vive en la miseria y sufre, como ninguna otra zona del país, de la falta de servicios básicos, de vialidad, de empleo, salud y educación. Hasta ahora, la Patria ¡no es de todos!  ¿Cuándo finalmente beneficiará el petróleo a los habitantes de las regiones donde se lo extrae?  ¿Se concretará –realmente- un nuevo modelo de desarrollo estratégico que entierre el patrón de compulsiva extracción de los recursos naturales?

Filo cuatro: las poblaciones amazónicas son víctimas de la represión sistemática del propio ejército ecuatoriano, en coordinación con grupos de seguridad, cuando protestan por abusos y daños ocasionados por las compañías petroleras. Hace poco, Segundo Francisco Loor, habitante del sector de Cristalino, cercano al campo Tigüino, fue muerto por una bala disparada por un militar que resguardaba el campo, cuando la población protestaba por un derrame de agua de formación causado por Petrobell.

Exigimos el pronunciamiento del gobierno de Rafael Correa frente a la muerte de Segundo Francisco Loor. Esperamos que cese la política de sistemática represión militar e impunidad, implantada oficialmente en la Amazonía, frente a las legítimas demandas de las comunidades amazónicas. ¿Qué dice el ministro Larrea?

El pueblo, todas y todos, exigimos coherencia y claridad en los cuatro filos de la política petrolera del gobierno nacional.

 

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Democracia, inequidades y participación

Posted on octubre 18, 2007

Mario Unda, Centro de Investigaciones Ciudad[1]

 

En el Ecuador  llevamos ya más de una década de una persistente crisis política. Si nosotros miramos la política ecuatoriana desde el retorno a la democracia en 1979, después de la década de dictadura de los años 70,  los partidos que habían manejado el poder político,  habían sido el PSC, la ID y la DP, que recientemente cambió su nombre a Unión Demócrata Cristiana. Evidentemente estos partidos se repartían la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremos Electoral, la Contraloría,  etc. Estos partidos formaban el núcleo de lo que podríamos llamar el status político del país, ellos controlaban el manejo del Estado  y los gobiernos, independientemente de cual de ellos ganara las elecciones para presidente.

 

La democracia, como el nombre de la palabra lo indica, es el gobierno del pueblo, el poder del pueblo, en traducción más literal. Y lo primero que uno puede preguntarse en estos casos, es ¿qué tipo de democracias realmente son estas, en las cuales los gobiernos, carecen de respaldo popular? ¿Qué tipo de democracias realmente son estas, en las cuales los gobiernos, al poco tiempo de haberse instalado en el poder,  ya pierden el respaldo de la gente? Entonces ¿qué legitimidad tienen estos gobiernos democráticos? Ahí hay un debate fundamental, es el tema de la democracia.

 

Democracia ¿qué es eso?

 

Todo el mundo habla de democracia, todos o casi todos, nos llamamos democráticos. Todos, o casi todos, decimos que estamos a favor de la democracia. Pero lo que no se dice es de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia. Yo creo que ahí hay un tema fundamental, y un tema que también ha de volver a salir ahora en las discusiones de la Asamblea Constituyente.

 

Si comparamos estos datos con las últimas elecciones,  resulta evidente que Correa es un presidente que tiene una altísima legitimidad. Un gobierno que, a diferencia de los gobiernos anteriores,  no ha bajado de manera dramática su aceptación popular, sino la ha ido incrementando de manera, también dramática. Es decir, un presidente que quedó en segundo lugar en la primera vuelta, con un poco menos del 22% de la votación,  a la vuelta de diez meses, obtiene el respaldo del 70% de la población, significa que ha incrementado su aceptación entre la gente en más de tres veces. Este es un elemento  que cambia completamente lo que habría estado ocurriendo en política en el país en los últimos diez años. Independientemente de la opinión que tengamos del gobierno,  es un gobierno que tiene un altísimo respaldo de la población, pudiéramos decir, el más amplio respaldo que gobierno alguno ha conseguido en los últimos 25 años.

 

Una sociedad de inmensas desigualdades

 

Echemos una mirada al país de las inequidades. Algunos periodistas que hacen opinión nos ofrecen perlas que merecen ser compartidas: Jorge Ortiz gana 7 mil dólares al mes en Teleamazonas y no sé cuánto más en la revista Dinners, Carlos Vera gana 6 mil dólares al mes, Andrés Carrión creo que ganaba 5 mil dólares mensuales.

 

El señor Vicente Tayano, candidato a vicepresidente con Álvaro Noboa, fue diputado del PRIAN en el período anterior, y según salió en la prensa, es gerente de 30 de las 120 empresas del grupo de Noboa. Una persona que es gerente de 30 compañías, ¿en dónde trabajará? Si es que uno piensa por ejemplo, que un gerente pueda ganar 10 mil dólares al mes, entonces alguien que es gerente en 30 empresas y factura en las 30, ganará alrededor de 300 mil dólares mensuales. Cuando uno piensa en 300 mil dólares mensuales, uno comprende la famosa frase de un diputado que dice: “pero,  por qué se escandalizan que los diputados ganamos 8 mil dólares y que nos hemos aumentado 1200 dólares, si eso apenas sirve para los motes con chicharrón”.

 

Es que las disparidades son inmensas. Aún si tomamos lo que consideramos un sueldo medio más o menos bien, de 1000 dólares, si empezamos a comparar con 60, 70, 80, 300 mil dólares mensuales, esos 1000 dólares realmente no son nada. Mucho menos son evidentemente los 170 dólares del salario mínimo, o los 26 dólares con que algunas familias viven en Quito. Y si Tayano -que es apenas un gerente- es decir un empleado, puede meterse 300 mil dólares al mes, uno ya puede imaginarse cuánto podrá meterse el dueño que es Álvaro Noboa. Esa es la sociedad que tenemos, tenemos una sociedad de inmensas desigualdades.

 

¿De qué consensos hablamos?

 

Aquí nosotros tenemos un distanciamiento entre la clase política -que ha dominado la política del país- con la sociedad. Tenemos también un inmenso distanciamiento entre ricos y pobres, somos una sociedad inmensamente desigual. En una sociedad de tantas desigualdades, no hay espacio para el consenso. Se habla mucho de consenso, hay que  consensuar, pero ¿qué es lo que vamos a consensuar, qué es lo que va a consensuar el señor que gana 170 dólares con el señor que gana 300 mil dólares? Cuál es el punto en común, porque para consensuar tiene que haber un punto en común.

 

Uno de los grandes problemas de la democracia ecuatoriana es que los puntos en común son imposibles. Y son imposibles, porque uno piensa, uno razona, uno siente desde el lugar en donde está. Y el lugar en donde estamos, es en buena parte, en las condiciones de vida que tenemos. Si es que hay condiciones de vida tan marcadamente desiguales, evidentemente van a haber visiones de país absolutamente separadas. Vamos a tener agendas país  que no empatan por ningún lado. ¿Por qué? Porque los intereses de las personas no tienen absolutamente nada que ver las unas con las otras.

 

Voy a poner un ejemplo, cada año se discute el salario mínimo vital. Se reúne el CONADE, la Comisión Nacional de Salarios,  que es una instancia del Ministerio de Trabajo, en la cual se reúnen representantes de los empresarios, de los trabajadores y del gobierno. En los dos últimos años, las propuestas han sido las siguientes: los representantes de los trabajadores dicen que los sueldos tienen que ir acercándose al costo de la canasta básica. Y proponían que en los dos años se de un incremento de 30 dólares mensuales al salario mínimo vital. La posición de los empresarios -y esto no es un chisme ni una infidencia porque salió en la prensa en estos días- es que, como vivimos en dolarización, hay estabilidad y el aumento salarial debe ser de cero.

 

Cómo podemos concensuar una imagen de la economía y del país, entre un sector que piensa que los trabajadores -como vivimos en dolarización- no merecen mejorar sus condiciones de vida, y otro sector que cree que el sueldo debe servir por lo menos para irse acercando a la canasta básica. ¿Cuál es el punto de contacto? ¿Qué imagen de país podemos concensuar con eso? Yo creo que no es posible. A mi me parece que los consensos son una ficción, en las condiciones en que estamos viviendo. Si viviéramos en una sociedad un poco más equitativa, entonces capaz que si podemos llegar a consensos.

 

Los grupos económicos han utilizado el Estado como una herramienta para incrementar sus ganancias, para fortalecer sus empresas y para incrementar su riqueza. Ahora la pugna es: los grupos dominantes por un lado y otros sectores por el otro. Es la primera vez que las pugnas políticas que se dan en el país, no son pugnas al interior de los grupos de poder. Eso es lo que explica los virulentos ataques que la oposición ha llevado contra el gobierno desde el inicio. Dado el quiebre de los partidos políticos, como se evidenció en estas últimas elecciones, pasaron a jugar el rol de partidos de oposición, en primer lugar -en orden cronológico- los gremios empresariales, las cámaras: la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias, la Cámara de la Construcción, etc, que fueron los primeros que empezaron a llevar la voz cantante de oposición, y en segundo lugar la gran prensa.

 

Uno leía los editoriales de todos los periódicos en el país -a excepción del Telégrafo por supuesto- El Universo, El Expreso, El Comercio, El Hoy y estaban todos en contra del gobierno. Aparentemente el gobierno estaba totalmente distanciado de la opinión pública. Uno escuchaba los programas de televisión, y todos en contra del gobierno. Incluso este señor Carlos Vera, que al principio parecía gobiernista y correista, de repente era el más furibundo anti gobiernista, llegó a decir qué será lo que pasa en el país, que solamente las élites y los periodistas nos damos cuenta de los riesgos que corre este país. Lo que pasa es que estas élites están absolutamente separadas de la mayoría de la población, la fractura que hay en ese nivel de la conciencia es enorme. El país que ellos quieren no tiene nada que ver con el país que quieren, como demostró en las últimas elecciones la mayoría de la población. A mi me parece que esto que está fuertemente marcado por la condición de vida y la condición social.

 

Un ejemplo de ello es que la única parroquia del país en la cual ganó el NO en el plebiscito fue La Puntilla, el lugar de los pelucones, y ganó con 70%. Eso solamente para reforzar que los grupos sociales están pensando distinto porque viven situaciones distintas. Me parece que la crisis política, esta crisis de la democracia que hay en el país,  no tiene solución si no se enfrenta realmente el tema de la desigualdad. No hay manera de que la crisis política se encamine a una solución si las inequidades siguen siendo de esta magnitud. A mi me parece que uno de los temas fundamentales que se debe resolver en este período,  con la Asamblea de por medio, es justamente este tema. O sea, cómo vamos a enfrentar los temas de las inequidades sociales, regionales, entre campo y ciudad, entre costa, sierra y oriente, o sea, este conjunto de inequidades que existe en el país.

 

Hay provincias terriblemente olvidadas donde parece que no pasa nada. A Esmeraldas llega el turismo y es una provincia abandonada en términos de atención a sus necesidades. En la provincia de Bolivar no pasa nada realmente, es un lugar ahí perdido donde por poco ni las carreteras van a pasar. En el Oriente, de donde sale la mayor parte de la riqueza del país,  son unas condiciones de vida precarias en muchos casos. El tema de las inequidades hay que enfrentarlos.

 

El tema de las inequidades tiene que ver también con las inequidades de género, que han ido disminuyendo en este último período. En los años 80, teníamos un Código Civil que para efectos legales, equiparaba a la mujer con el menor de edad. En el Código Civil hasta los años 80, la mujer no era un sujeto jurídico autónomo. Era el hombre el que decidía el lugar donde se establecía el hogar, esas cosas han ido cambiando. En las inequidades tiene que ver también el tema de los jóvenes. Nosotros tenemos según datos del Banco Central  9% de desempleo, pero entre los jóvenes, el desempleo llega hasta un 30 y un 35%. Hay inequidades a nivel étnico cultural: los negros, los indígenas, se encuentran en situaciones inequitativas con respecto al resto de la población.

 

Desafíos frente a la Asamblea

 

A mi me parece que la Asamblea debe ser enfrentada desde una perspectiva de construcción social. Yo creo que nosotros tenemos un grave problema de cultura política, de comportamiento político en el país. Nosotros hemos estado acostumbrados a que llegan las elecciones, y ahí el pueblo es el soberano, nuestro voto decide. Tal como dice la campaña del Tribunal Supremo, tu voto decide. Nosotros tenemos todo el poder, la democracia es el poder del pueblo en el momento en que votamos. Y el rato en que rayamos la papeleta, doblamos la papeleta, la echamos en la urna y enajenamos todo el poder que tenemos. Y luego, la política -la política en general digo- no la politiquería que es lo que decimos nosotros comúnmente política, la política en general se nos vuelve ajena. Nosotros nos retraemos nuevamente a nuestra vida privada, al trabajo a los estudios, a la familia, a los amigos, a lo que sea, y lo que pase con el país ya no nos interesa. Hasta no hace mucho, era común la frase: si lo elegimos para cuatro años, dejémosle gobernar. Y como les dejábamos gobernar, había presidentes –como Abdalá Bucaram-  que decían que, como soy presidente, yo hago lo que me da la regalada gana.

 

Hemos tenido este tipo de gobernantes porque hemos sido una sociedad indolente. Una sociedad que no hemos participado para nada, o casi para nada en los asuntos del país. Porque son los asuntos que nos competen a nosotros. Porque la política económica, finalmente es la que determina qué es lo que va a pasar con nuestros ingresos, es la que determina cómo se van a distribuir los recursos del petróleo. Recientemente, el gobierno de Correa acaba de aprobar un decreto por el cual los excedentes del precio del petróleo sobre lo que está fijado los contratos con las empresas petroleras- van a pasar a ser 99% del Ecuador.

 

Empieza a haber una política de re negociación distinta, vamos a ver qué pasa con las compañías transnacionales. Lo mismo está pasando también en el caso de la telefonía celular, hay estas re negociaciones. Lo mismo está pasando en el caso de la minería, el gobierno está tratando de re negociar.

 

Ejerciendo nuestra ciudadanía

 

Creo que estamos muy lejos de ser efectivamente ciudadanos, para ser ciudadanos requerimos interesarnos por lo que pasa en el país, contribuir a las soluciones de los debates y contribuir con propuestas, hacer notar que pensamos de alguna manera o de otra manera. Necesitamos motivarnos nosotros mismos como ciudadanos y motivar a los demás, para que entremos en el debate y en la discusión de las cosas que van a discutir los asambleístas,  y de las cosas que a lo mejor no discuten, pero quisiéramos que discutan. Creo que es necesario construir a que florezcan miles de asambleas,  en los barrios, en las organizaciones de trabajo, en los colegios,  en las universidades. A todo nivel que nos convirtamos en un país que discuta su destino, porque sino lo otro es que siempre nuestro destino va a estar en otras manos; en unos casos serán mejores manos, en otros casos peores manos, pero siempre fuera de nosotros. No va a haber, efectivamente avances reales en la democracia, si es que nosotros como ciudadanos no recuperamos la condición de ciudadanos activos. Me parece que esa es una tarea a todo nivel, fundamentalmente de los grupos más organizados, sobre todo los que tienen de alguna manera que comenzar y que invitar al resto de gente, a que estemos constantemente discutiendo.

 

Los empresarios de la derecha ya se están organizando de cara a la Asamblea. La Cámara de Comercio de Quito, ya anunció, antes de las elecciones, que iban a realizar dos foros mensuales para seguir las discusiones de la Asamblea Constituyente. Entonces, si los ciudadanos, si los sectores populares no entramos a participar en el debate, en el escenario va a aparecer solamente los intereses de los que acaban de perder las elecciones. Y ellos van a presionar para que sus intereses sean tomados en cuenta, aun a pesar de que hayan perdido las elecciones.

 

Correa tiene ahora un gran poder a nivel del Estado, pero el poder no es el Estado, el poder no es el gobierno. El poder real siguen siendo los grupos económicos que acaban de perder las elecciones. Perdieron el poder político, pero tienen todavía el poder económico y esos grupos no se van a quedar cruzados de brazos. Ellos van a presionar al gobierno, van a presionar a la Asamblea para recuperar el terreno que han perdido en las elecciones si es que no hay una ciudadanía activa que empiece a discutir, que presione para que los intereses del pueblo y de la mayoría de la sociedad se expresen en la Asamblea. Creo que esa es una cuestión fundamental en este período que va a venir.

 

Me parece que en el Ecuador tenemos una experiencia reciente de una Asamblea Constituyente en la cual la ciudadanía se movilizó. En la Asamblea del año 97 hubo una enorme movilización social, a Quito primero, y a Sangolquí después donde en la Academia de Guerra acabó reuniéndose la Asamblea,  llegaron delegaciones de todos los sectores sociales, llegaron delegaciones de varias provincias del país. Yo creo que un trabajo similar es el que debemos plantearnos como colectividad, como sociedad en el momento actual. A mi me parece que estamos efectivamente con una posibilidad de cambio, pero la posibilidad siempre es eso, una posibilidad. Y no va a depender solamente de que Correa se siga fajando contra los Febres- Cordero y los Egas, sino que va a depender fundamentalmente de que la sociedad esté presente y haga notar su presencia. La derecha y los empresarios ya han mostrado desde el inicio del gobierno, que están dispuestos a cualquier cosa con tal de mantener ellos el poder. Hemos visto como al principio del gobierno, intentaron adular a Correa,  intentaron ganar a Correa a posiciones moderadas, sobre todo para que mantenga las políticas económicas neo liberales. El Banco del Pichincha  le trajo a dar unas conferencias al señor Ricardo Lagos, del Partido Socialista, ex presidente de Chile que mantuvo en su gobierno una política neo liberal. Invitó al señor Fernando Enrique Cardozo, ex presidente del Brasil, que mantuvo una política neo liberal. Invitó a Mario Vargas Llosa, todos sabemos quien es Vargas Llosa, tratando de seducir y presionar al gobierno, tratando de que mantenga políticas neo liberales.

 

Cuando no les funcionó, empezaron con las amenazas. Los intentos de desestabilización, los intentos de parar la consulta popular en abril, el incremento de los precios, los rumores que va a haber un feriado bancario, que nos van a quitar la plata, el tipo de rumores que han hecho correr ya desde la segunda vuelta anterior, que acá nos van a imponer el comunismo, que acá se van a quedar con los guaguas,  que a los campesinos les van a quitar las vacas y los perros, que nos van a quitar la casa, que si uno tiene dos cuartos van a poner a otra familia en el cuarto. Es decir, todo un conjunto de cosas que lo que han buscado es que la gente tenga miedo, que actuemos por el miedo, y que el miedo nos ate de manos. Ventajosamente hasta ahora, en estos diez meses que llevamos, el pueblo ecuatoriano se ha dejado guiar más por la esperanza que por el miedo. Y la esperanza obviamente, es el principio que nos mueve, el miedo nos paraliza. Mientras sigamos esperanzados yo creo que tenemos posibilidades de que las cosas caminen, de que se camine efectivamente hacia un cambio.

 

Un toque de dignidad

 

Me parece que es un gobierno que está llevando políticas de mejoramiento de vida en algunos sectores sociales, el tema del bono de la vivienda, del bono de la dignidad que subió, el tema de los uniformes y los libros para niños de escuelas fiscales, el tema de un poco más de atención que está dando a la salud, el tema de los fertilizantes para sectores campesinos, es un gobierno que se está ocupando del pueblo, que se está ocupando de quienes no fueron atendidos en los 30 años anteriores de gobiernos neoliberales. Es un gobierno que está enfrentando a los grupos que se han enfrentado del Estado, que han utilizado al Estado como un negocio privado, y que han utilizado al Estado para fortalecer sus negocios.

 

 Yo creo que estamos ahora en la posibilidad de que empecemos a construir un país distinto, un país que sea más democrático en el sentido real, porque yo creo que la democracia tiene que ver sobre todo con las condiciones de vida.  Y cada uno, en el distinto espacio que ocupe, en el campo de los derechos humanos, en el campo de los derechos laborales, en el campo de la educación, en el campo de la salud, el que sea que estemos, cada uno debe empujar para irnos convirtiendo efectivamente en un país de ciudadanos activos que en conjunto podamos construir un país mejor del que tenemos ahora, y un país que vaya mejorando constantemente.

 

A mi me parece que ese es el horizonte del que debemos partir. Es así como debemos mirar lo que nos toca hacer ahora en este período. Porque sino los poderes económicos van a volver a recuperar el poder político. El señor Humberto Matta decía en una entrevista en la televisión: esto es como un péndulo, ahora está a la izquierda, ya volverá después a la derecha, y vamos a retomar las cosas. El señor Luis Fernando Torres, diputado o ex diputado social cristiano por Tungurahua, antes de que se instale el gobierno de Correa, ya amenazó con un golpe militar. No quisiéramos que pase lo que pasó en Chile en 1973.

 

La derecha de este país, los grupos empresariales de este país, no son grupos que buscan el consenso. Son grupos que buscan imponer. Recordemos cuando llegaron los indígenas en el año 2001 a la Salesiana, en Quito, los representantes de las cámaras de empresarios -a la cabeza el señor Joaquín Cevallos que era en ese entonces presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil- hizo un llamado público para que el gobierno de Noboa expulse de Quito a los indígenas, a bala si es necesario, dijo textualmente. Esos son los empresarios que tenemos. Los empresarios que tenemos son aquellos que no quieren subir un centavo en el salario mínimo vital.

Una sociedad que no esté activamente participando, le va a dejar el campo libre a estos mismos personajes. Acá yo no digo que tenemos que aporrear a los empresarios, nada de eso, una sociedad que está movilizada, es una barrera contra ese tipo de intentos. Si es que no nos organizamos, si es que no nos movilizamos, si es que no estamos activos discutiendo y proponiendo, fácilmente estos señores que fueron derrotados vuelven a tomarse el poder, y nosotros como sociedad, habremos desperdiciado una posibilidad de cambio. Es el momento de estar alerta, discutiendo, de esforzarse por hacer propuestas, no dejar que el tema de la Asamblea, de la política, de las reformas constitucionales se quede allá en las cuatro paredes de Montecristi. Animarnos a participar, a participar realmente.




[1] Ponencia presentada en el Taller Pedagógico “Derechos Humanos en la Mirada Juvenil

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De la votación a la vigilancia y a la acción

Posted on octubre 11, 2007

La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente plasmará el clamor popular de cambio en la sociedad ecuatoriana. Se anhela una sociedad que viva con estándares mínimos de justicia y equidad social. Este proceso es una oportunidad de participación popular en el debate político, desafío que debe ser asumido con responsabilidad.

 

Tradicionalmente, se piensa que la democracia se agota con la votación que entrega el gobierno a unos cuantos políticos para que administren lo que pertenece a todas y todos. Pero ellos han gobernado según sus propias conveniencias. La votación por el cambio es un primer paso, pero es indispensable que se acompañe este proceso de manera organizada. Hay que tener en mente que la movilización social es el único mecanismo  para que los derechos de las mayorías sean respetados.

 

Detrás de ofertas esperanzadoras o de amenazas y malos augurios, se esconden intereses de las clases poderosas que no renunciarán fácilmente a sus privilegios. Los grupos que han gobernado en las tres últimas décadas, son los causantes principales de la enorme brecha social que ha esclavizado a los más vulnerables, a los que ahora vienen a hablarles de diálogo y consenso. ¿De cuando a acá, es viable el diálogo entre carcelario y carcelero? Cuando existen intereses contrapuestos y posiciones desiguales de poder, no es posible lograr un acuerdo neutral, peor aún, si la riqueza de las elites descansa en el trabajo del obrero y éste en la imposición. 

 

Es importante la organización de foros y asambleas de discusión política en barrios y comunidades a fin de recoger las aspiraciones generales para que sean exigidas en la Asamblea Constituyente. Los y las asambleístas de cada provincia deben ser identificados y evaluados constantemente por las organizaciones ciudadanas para que sus actuaciones sean coherentes con sus ofrecimientos electorales. Solamente de esta forma se garantizará una efectiva representación en democracia y que nuestros anhelos no se vean traicionados, una vez más, por la compra de conciencias.

 

Es necesario levantar la voz ante engaños politiqueros. Si en la nueva Constitución se reconocen los derechos, pero no se incorporan garantías para que se cumplan, la nueva carta magna quedará en un saludo a la bandera.

 

Durante los próximos meses, no podremos quitar los ojos de Montecristi. En cada rincón del Ecuador debe haber presión popular, al fin y al cabo, este país y sus recursos, nos pertenecen, a todos y todas por igual. Que todo el Ecuador sea Montecristi y que los debates no sean solo entre asambleístas electos, sino entre toda la sociedad.

 

 ¡La Patria será de todas y de todos cuando los derechos sean de todas y todos!           

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LA MAREA LEGISLATIVA: Cuestión de roles y actitudes

Posted on octubre 10, 2007

Diego Zambrano Álvarez

 

Desde las primeras civilizaciones conocidas, la sociedad ha buscado la manera de resolver los conflictos que se suscitan entre sus miembros, es por ello que desde la aparición del primer pretor romano hasta nuestros días, la administración de justicia ha sido confiada a ciertas personas que actuando de manera individual o colectiva, por la imparcialidad que les caracteriza y ciertos dotes de carácter técnico, son capaces de restituir o declarar la existencia de derechos u obligaciones respecto las partes a las que asiste.

La Función Jurisdiccional del Estado, tiene a su haber la misión de definir el alcance de las normas sustantivas, aplicables a casos concretos a fin de que estas, no pierdan vigencia ni significancia, pese a que el paso del tiempo llegue a presentar situaciones insospechadas por el legislador que bien podrían condenarlas al desuso, por tanto, no sólo debe subsumirse la norma sino adecuarla a la realidad del colectivo.

La experiencia norteamericana y el activismo social

Uno de los ejemplos más notables de la función interpretativa y evolucionista de las cortes de justicia en el mundo es el de Los Estados Unidos de América. Este país ha ido incorporando sistemáticamente enmiendas a su Constitución, a fin de mantener su texto original pero agregando, especialmente preceptos relacionados con derechos y garantías fundamentales, no obstante, la historia demuestra que tales enmiendas, en principio, no fueron más que promesas incumplidas por parte del Estado, situación que encontró la respuesta del activismo ciudadano quien le fue dando verdadero sentido y utilidad.

La lucha de clases descrita por Augusto Comnte encontra su punto de paz y equilibrio en la medida en que el clamor popular logra judicializarse, por tanto, ha sido la misma Suprema Corte, la que ha tenido que pasar de interpretaciones restrictivas a sentar los precedentes necesarios para delimitar el alcance concreto de las referidas enmiendas y de ésta manera lograr el desarrollo de una corriente progresista y garantista de las prerrogativas básicas indispensables para alcanzar, cuando menos, los niveles mínimos de vida digna para la persona.

Tomaré como ejemplo ilustrativo al reconocimiento y pleno ejercicio de Derechos Políticos[1] como mecanismo para evidenciar el enorme poder que se ocultaba detrás de una toga.

Hasta el siglo XX inclusive, el derecho al sufragio fue una facultad ejercida y dirigida exclusivamente para hombres, adultos, blancos y en condiciones económicas para pagar “el impuesto al voto”, adicionalmente, el interesado debía aprobar un examen de alfabetismo, lo cual sin duda, constituía un mecanismo normativo de exclusión.

La Constitución de Los Estados Unidos de América, hace referencia a este derecho, mas no lo regula, por tanto de su texto no se desprende prescripción alguna relativa a las características que en la actualidad le son inherentes (igualdad, universalidad, secreto y libertad).

Por otro lado, el mismo texto constitucional norteamericano garantiza a sus ciudadanos el derecho a la libertad de reunión y asociación con fines políticos.

Estas facultades ciudadanas, que a primera vista resultarían aisladas han tenido que ser reinterpretadas por la Suprema Corte de Justicia, hasta llegar a constituirse en un derecho universal, tal y como hoy lo conocemos, sin perjuicio de lo afirmado, cabe reconocer que este cambio conceptual, es producto de un proceso que ha tomado un tiempo considerable, en adición, no solo debemos atribuir el mérito absoluto al mayor tribunal de justicia norteamericana, sino a otras instancias estatales, tanto de carácter técnico como político.

Uno de los primeros avances, en este sentido es producto de la Guerra Civil en virtud de la cual se adoptó la Decimonovena Enmienda que extendía tal derecho a la mujer, quien quedaría incorporada a la vida política de iure aunque de facto hubiere que recorrer un buen tramo para su concreción, en todo caso, este aspecto denota la preocupación social por replantear prácticas discriminatorias en contra de la mujer.

Con posterioridad, la Cámara de Congresistas, en 1960 adoptó medidas de carácter legislativo, como la derogatoria de todo impuesto al sufragio, suspensión de los denominados exámenes de alfabetismo, incorporándose así, de manera masiva a varios sectores de la población, tradicionalmente segregados.

Con estos antecedentes, una de las etapas del proceso analizado concluyó mediante la emisión de un fallo en el caso Gray Vs. Sanders en 1963, La Suprema Corte de Justicia norteamericana incorporó al ordenamiento jurídico el principio de igualdad en el valor del voto al acuñar la fórmula: “una persona, un voto”. Mediante sentencias posteriores se llegó al reconocimiento global de este derecho fundamentado en la libertad de reunión:

La Constitución no menciona el derecho de asociación. Es un concepto jurídico que se añadió a los derechos, contenidos en la Primera Enmienda relativa a hablar libremente, reunirse y solicitar la reparación de ofensas. Aún cuando el derecho de asociación tiene profundas raíces en la historia y está respaldado por la necesidad ineludible de la acción grupal en una república tan grande y compleja como la nuestra, sólo recientemente ha surgido como factor de control en los litigios constitucionales; por ello sus contornos todavía no están bien definidos.”[2]

Esta cita demuestra que sólo mediante la emisión de jurisprudencia ulterior, se pudo llegar a otorgar verdadero significado a ciertas disposiciones constitucionales, caracterizadas por su amplitud y falta de detalle, asunto delegado a la legislación y demás normativa secundaria, entre las que se encuentran las decisiones jurisprudenciales.

A finales de los años 60´s y durante los 70´s la Corte logró definir esos parámetros, declarando además que el derecho de asociación es una de las formas de limitar al poder estatal ejercido muchas veces, en contra de grupos étnicos minoritarios, que hasta la fecha no podían ser candidatos en una lid electoral por serles ajeno el patrocinio de un partido político.

Una vez más debemos voltear la mirada a la lucha en las calles, esta vez liderada por Martin Luther King y activistas del movimiento universitario, entre los que destacamos a los integrantes del “Poder Negro”, “Panteras Negras” entre muchos otros. [3]

Esta vez la lucha política de King apuntaba al derecho a la igualdad ante la ley, prerrogativa humana que alcanzó su base conceptual en el fallo pronunciado en el caso Brown Vs. Board of Education (1594), es decir, después de más de cuatrocientos años. En el fallo citado, la Corte abandonó la doctrina “separados pero iguales”, misma que fue aludida en ocasiones precedentes y que consistía en cubrir las necesidades básicas de los afroamericanos pero sin que estos puedan “mezclarse” con los blancos esto daba como resultado, por ejemplo la existencia de escuelas para “blancos” y la imposibilidad para los “negros” de acceder a ellas, realidad que devela un eufemismo jurídico que a su vez enmascaraba una situación discriminatoria y categorizadora de la personas, en virtud de su origen étnico, distinción ilegítima dentro de la esfera del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por ser irrelevante a la condición humana.

En el mencionado fallo, se declaró la inconstitucionalidad de la segregación racial dentro de las escuelas públicas, de esta manera se otorgó verdadero valor a la Decimocuarta Enmienda que consagraba este derecho, aunque esto ocurriera ochenta y seis años después de su incorporación en el texto constitucional.

La importancia de esta sentencia trasciende los límites jurídicos ya que al posibilitar a cualquier “negro” a ingresar a los sitios exclusivos para “blancos” no sólo rompía estereotipos raciales muy impregnados en la cotidianidad de la época, sino que posibilitaba a los afrodescendientes a acceder a servicios públicos de óptima calidad.

“Lo dijo el propio Marshall (juez que sustanció la causa): los constituyentes crearon una Constitución destinada a perdurar y a adaptarse en consecuencia a varias ‘crisis’ de asuntos humanos. Muchos de los derechos que hoy se reconocen en los EE.UU sin hesitación son derechos que no están previstos en el texto constitucional.”[4] (El texto incorporado entre paréntesis es mío).

Aspectos propositivos

Las disposiciones escritas, por su propia estructura llegan a ser sobrepasadas por las nuevas situaciones, retos y desafíos sociales, mismos que modifican las relaciones humanas y por tanto, crean nuevas problemáticas jurídicas, imposibles de ser previstas al momento de su promulgación. No obstante, debe abastecerse ante cualquier circunstancia en concreto ya que como lo prescribe nuestra Carta Política (Art.- 18 # 3): “No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución…”, principio ampliado por el Art. 19 del mismo cuerpo normativo que devela una posición ius naturalista respecto ciertos derechos no enumerados pero esenciales a la persona.

En suma, cuando la norma sustantiva es insuficiente ante una situación fáctica cambiante de forma inexorable, será indispensable que las cortes de justicia y aquellos organismos que ejercen control constitucional concentrado o difuso, realicen una interpretación progresista y amplia, sobre todo en materia de derechos humanos, en la que existe expresa regla de interpretación (la más favorable a su efectiva vigencia)[5].

Con lo indicado, podemos concluir que la constante emisión y reforma de normas positivas, no denotan progreso evolutivo del ordenamiento, por el contrario demuestra que, mientras no exista una Corte Suprema de Justicia con criterios amplios que pueda desarrollar adecuadamente los conceptos constitucionales, seguirá siendo necesario sostener una marea legislativa, en desmedro de la seguridad jurídica.

Tampoco se interprete que debemos dar paso a la arbitrariedad en la administración de justicia, no se trata de dar un sentido antojadizo a la normativa vigente, sino de desarrollar los principios fundamentales insertos en ella, es decir, hacer que su verdadera voluntad se cumpla en casos concretos para que ésta no pierda vigencia, efectividad y eficiencia.

La otra cara de este precepto se presenta cuando los tribunales de justicia no sólo tienen a su cargo la interpretación oficial de la norma jurídica, sino que ejerce atribuciones legislativas, en sentido negativo, es decir, no sólo puede crear nuevas normas sino declarar la inaplicabilidad de las existentes por considerarla inconstitucionales, facultad que tampoco podría alcanzar característica de generalidad, según nuestro ordenamiento aunque ciertamente induce al Pleno del Tribunal Constitucional a pronunciarse al respecto, lo cual ya es importante.

Así: “Una ley será declarada inexequible en este sentido, si contraría los principios ideológicos, las bases filosóficas o los valores que persigue el ordenamiento constitucional.”[6]

Con todo esto concluimos que la Carta Política encierra un espíritu uniforme que devela en formato normativo una ideología dominante que busca en última instancia la cristalización de las macro-aspiraciones de una sociedad políticamente organizada, por tanto, requerimos que todos y cada uno de los organismos estatales y actores sociales, corroboren en armonía a la construcción de aquellos objetivos actualmente postergados por intereses de coyuntura.

De allí la importancia de la participación ciudadana, de letrados, de cortes de justicia y del Tribunal Constitucional para la creación de normas téticas[7] que partiendo de enunciados hipotéticos, permitan a la función jurisdiccional que no sucumba ante un poder político proselitista y demagógico, es momento de pugnar por un orden judicial cercano y sensible ante la realidad pero sobre todo independiente y técnicamente capaz de responder a las exigencias de un modelo social de derecho.

 

 

 




[1] Ver: “La Suprema Corte de Justicia y los Derechos Individuales”, Traducción: Ana Isabela Stellino, Ediciones Gernika S.A., Primera Edición, México D.F., 1995

[2] Caso: United States Vs. Robel (1967)

[3] Ver: Mark Kurlansky, 1968 El año que conmocionó al mundo,  Traducción Patricia Antón, Ediciones Destino, Colección imago mundi, volumen 69, España 2005.

[4] Ramiro Álvarez, artículo: La Interpretación De La Constitución “Viviente”, tomado de http://iusandlaw.blogspot.com/2005/08/la-interpretacin-de-la-constitucin.html, (31 de enero de 2006).

[5] Art. 18, inc. 2 Constitución Política: principio de interpretación pro homine.

[6] Obtenido de: Carlos Albornoz Guerrero, “El Control Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, Tesis Doctoral, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socio-económicas.

[7] Para Norberto Bobbio, las normas téticas son aquellas de cuyo texto se despenden los objetivos que el Estado pretende alcanzar a posteriori a su promulgación, se diferencian de las normas hipotéticas que por su estructura se presentan como la consecuencia silogística ante la presencia de un acto concreto y una norma que se pretende subsumir.

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Más allá del Estado y de la Prensa

Posted on octubre 10, 2007

Diego Zambrano Álvarez

Asuntos previos

A propósito de los hechos suscitados en la región en los que la libertad de pensamiento, prensa y expresión ocupan coyuntural importancia dentro del debate político general, he creído indispensable introducir en el presente análisis elementos técnicos de juicio, aplicables tanto en sentido abstracto como concreto.

Para ello, basaré este estudio en un fallo de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia[1], en virtud del cual, un periodista fue encontrado responsable de delito de injurias por ser autor de una nota editorial que acusaba a un ex presidente de la República de haber tenido ingerencia directa en la quiebra del sistema bancario y financiero nacional, consecuentemente en el impacto social, político y económico tristemente célebre del año 1999 (en adelante “El Caso Fierro”).

En sentido general, la libertad humana debe ser entendida desde una perspectiva real[2], es decir, como un marco de acción, socialmente aceptado que otorga a la persona capacidad de obrar de manera equilibrada entre sus deseos, instintos y las exigencias del grupo. De esta forma, todas las manifestaciones de libertad, aunque en sí mismas constituyan prerrogativas humanas fundamentales sustanciales o primarias[3] son limitadas y limitables de manera legítima por ley[4] en cuanto medida formal de protección a otro derecho de igual jerarquía.

Para la concepción liberal o liberalista los derechos de potestad están ubicados en el centro de su doctrina, sin embargo dicha prerrogativa debe ceder a los objetivos de igualdad general que permita una participación justa entre las personas que conforman una determinada sociedad. Así para Rawls “la prioridad de estas libertades no se viola cuando están sólo reguladas, como debe ser, para que se combinen en un esquema y se adapten a ciertas condiciones sociales necesarias para su ejercicio durable”[5]. Por tanto, toda libertad debe ser concebida desde dos dimensiones: una individual y otra social enfocada en pro de los intereses de todos y no solo de mayorías volátiles o de grupos de presión.

¿Libertad de Expresión, opinión o de prensa?

Podríamos tomar como parámetro normativo la definición del Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, texto casi homólogo al del Art. 19 de la Convención Europea, que asume que la expresión “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (…) por cualquier [otro] procedimiento de su elección.”.

De la definición propuesta se desprende que la ramificación o subdivisión del derecho en estudio prevé la existencia de una amplia gama de relaciones intersubjetivas que pudieren llegar a confrontar las posiciones de los medios de comunicación, periodistas, actores sociales en sentido individual y colectivo, así como la eficaz intervención del Estado como máximo garante del respeto, protección y promoción de los derechos fundamentales.

Por una parte, cualquier forma de expresión del pensamiento humano (periodística, humorística, artística o de otra índole) no puede estar sujeta a censura previa pero sí a responsabilidades ulteriores. Con ello surge en primer momento, un deber estatal de abstención respecto de fiscalizar los contenidos a ser publicados, sin que por ello deba omitirse, en segundo momento, la obligación de proteger a otros valores jurídicos relevantes como: la reputación, seguridad nacional, orden y moral pública, específicamente respecto de niños, niñas y adolescentes, así como combatir la incitación al odio étnico o discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.[6]

Al respecto, la Cámara Federal de Apelaciones de Argentina, sostiene que la prohibición de censura previa debe tener carácter absoluto aún cuando esto implicare el primer paso hacia la ejecución de la apología de delitos en detrimento de los valores protegidos por el Art. 13 de la Convención.[7]

En este punto parece inevitable contrastar el derecho a la libertad de expresión con aquel relativo a la honra, cuya aparente pugna no ha tenido interpretaciones jurisprudenciales pacíficas. Así en el caso Fierro (cuarto considerando) el más alto tribunal de justicia ecuatoriana, subordina per se el primero respecto del segundo en sentido general y abstracto[8] sin atender a criterios neoconstitucionalistas de ponderación que parten del imperativo categórico, según la terminología kantiana, en virtud del cual, derecho primario puede ser superior a otro sino sólo en la resolución de un caso específico. Es decir, por la necesidad de atender un interés jurídicamente considerado de mayor importancia para el caso concreto se opta por satisfacerlo a plenitud en detrimento de otro que quedaría lesionado en la menor medida de lo posible sin que por ello se pueda excluir la eventualidad que en un proceso ulterior, el parcialmente lesionado pueda prevalecer sobre el plenamente satisfecho, si así las circunstancias lo ameritasen. Razón por la cual y en este punto, nos apartamos del criterio adoptado por la Corte.[9]

Cuestionamiento a los medios de comunicación

Los medios de comunicación “social” en nuestro país, casi en su totalidad son empresas privadas, vinculadas a ciertos grupos de poder cuyos intereses políticos y económicos particulares han desviado su actividad en franca incongruencia con el rol de patrocinio y difusión de ideas que los constituya en verdaderas herramientas para la participación democrática de todos los miembros de la sociedad dentro del debate público, aspectos estos que fundamentan su propia existencia. “La libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla.”.[10]

Si los medios de comunicación constituyen una red oligopólica excluyente del ciudadano común, manipuladora de la información y consecuentemente del pensamiento popular, arrogándose para sí una representación que jamás se les ha conferido para hablar en nombre de “todo el mundo”, no tiene sentido que se respete el uso abusivo de frecuencias radioeléctricas[11], limitadas en el espectro, cuya titularidad es exclusiva del Estado. Por tanto, si garantizar el derecho a la libertad de prensa de pocos no es consecuente con el derecho a recibir información veraz y objetiva de muchos, es perfectamente legítimo que un gobierno restrinja tal libertinaje y conceda la utilización de frecuencias a medios plurales, comunitarios e independientes que garanticen el acceso de todos y todas a difundir sus juicios, criterios y apreciaciones como un mecanismo idóneo para fomentar la participación en un debate ampliado y con ello, promover el pleno ejercicio de ciertos derechos políticos y de participación que se encuentran inmersos en el tema que en esta oportunidad abordamos.

Sin embargo, como todos los poderes constituidos deben ser jurídica y constitucionalmente controlados, a fin de evitar arbitrariedades en el ejercicio del poder público, será indispensable que previo a la reversión de una frecuencia, se instaure un proceso jurisdiccional dotado de todas las garantías procesales que permita a las partes en conflicto, ejercer a plenitud su legítimo derecho a la defensa. De esta forma será el juzgador competente quien, en aplicación de estándares normativos nacionales e internacionales califique si se ha gozado abusivamente de un derecho cuya fuente originaria descansa en el contrato de concesión suscrito entre el particular y la Administración Pública. Obrar de manera distinta sería atentatorio contra la seguridad jurídica.[12] 

Que lo argumentado no se entienda como una posición tendiente a desprivatizar a todos los medios de comunicación. Por el contrario el Estado debe garantizar y proteger su existencia en cuanto cumplan con el rol social que democráticamente se les atribuye puesto que la posición económica privilegiada de ciertos grupos puede ser entendida como una oportunidad para lograr mínimos estándares de igualdad respecto al derecho en cuestión. Según la concepción de Rawls: “… entre esas personas quienes hayan ganado más que otras tienen que actuar en términos que mejoren la situación de quienes hayan ganado menos. Estas consideraciones intuitivas indican por qué el principio de la diferencia es el criterio apropiado para regular las desigualdades sociales y económicas.”[13].

La injuria parece ser la clave del asunto. Siendo este un delito de tipo doloso, es decir que encierra un animus injuriandi, o la intención subjetiva de causar un daño cierto, no remoto o probable a la persona sujeta a críticas. En este aspecto debemos remitirnos a la Doctrina de la Real Malicia, acuñada y desarrollada por la Suprema Corte de los Estado Unidos de América, en virtud del caso “New York Times vs. Sullivan” según la cual, “aun si la noticia tuviere expresiones falsas e inexactas, los que se consideran afectados deberán demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad y obró con real malicia, esto es, con el exclusivo propósito de injuriar o calumniar y no con el de informar, criticar, o incluso, de generar una conciencia política opuesta a aquel a quien afectan los dichos…”[14]. Con todo ello, no quiero decir que el periodista quede exento de la obligación moral y profesional de confirmar hasta el máximo de sus posibilidades la afirmación que expone al público, lo cual pudiere acarrearle responsabilidad administrativa, civil o gremial, no obstante para que se llegue a configurar responsabilidad penal es indispensable determinar objetivamente que la persona que emitió el criterio tuvo la intención inequívoca de causar daño a quien pudiere sentirse agraviado por los criterios vertidos.

Un Estado garantista entre la libertad y la igualdad de oportunidades

La doctrina positivista del Derecho ha visto en las libertades obligaciones negativas o de abstención y en ellos los únicos derechos exigibles, argumento que serviría para negar el estatus de derechos a los económicos, sociales y culturales. Hoy en día, con una Guerra Fría a cuestas, sabemos que todos y cada uno de los derechos humanos entrañan obligaciones positivas y negativas para el Estado. Centrándonos en las libertades podemos decir que si bien existe la obligación de abstención o respeto, también se deben desplegar obligaciones de hacer para evitar que otras personas o grupos impidan el pleno ejercicio de las mismas.

Entre las primeras, centrándonos en la libertad de expresión sabemos que el aparato estatal está prohibido, en principio, de limitar esta prerrogativa de forma tanto directa como indirecta. Ejemplo de las últimas sería: “el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”[15].

Por otro lado, un sistema democrático debe depurar su ordenamiento eliminando de sí el delito de desacato y/o figuras punitivas similares, muy características de regímenes dictatoriales[16], puesto que la tolerancia gubernamental es otro de los imperativos categóricos para escuchar todo punto de vista incluso el crítico o reaccionario, puesto que “… esa autonomía debe verse en función del valor del enriquecimiento del debate público…”[17].

En otro orden de cosas, la sentencia en el caso Fierro atribuye como circunstancia agravante que la opinión “injuriosa” haya sido emitida por un periodista destacado puesto que se lo ve como una persona que puede influir eficazmente[18] en sus lectores o escuchas[19].

“La mera aceptación voluntaria de ideas u opiniones por parte de otros nunca puede constituir un daño a terceros que justifique la interferencia estatal.”[20] Permitir la crítica, por más dura que fuere no puede representar un peligro para el gobierno sino la posibilidad de afianzarse en el mandato popular, incluso frente al surgimiento de organizaciones subversivas o extremistas ya que el gobierno en sí representa la vivencia social de un consenso traslapado[21] que respetando puntos de vista discrepantes garantiza un acuerdo mínimo pero profundamente enraizado dentro de una sociedad que por el hecho de debatir las tesis aceptadas casi en su totalidad pueden causar dos efectos: a) el fortalecimiento del consenso traslapado originario; o, b) la migración hacia otro modelo de consenso más óptimo para una sociedad determinada.

Por otro lado, el Estado debe adoptar medidas conducentes a impulsar la igualdad de acceso a los medios de comunicación, tradicionalmente concentrados en fuerzas oligopólicas. Para ello, bien pudiere optar por la creación de medios de comunicación alternativos en el que cualquier ciudadano o ciudadana pueda hacer escuchar su voz y sus concepciones sobre los más variados aspectos de la vida cotidiana; podría además, adoptando el modelo alemán, obligar a los medios a incluir dentro de su programación habitual, espacios para que cualquier persona ejerza su derecho de réplica respecto de aquello que vio o escuchó en tal o cual medio a fin que el público pueda visualizar las dos caras de la verdad, considerar varios puntos de vista lo que ayudaría a alentar la participación ciudadana cuya exclusión ha sido fuente de toda apatía.

Una sociedad que reclama su derecho a incidir

 

En medio de todo este complejo laberinto de derechos, deberes, intereses y confrontaciones subyace una prerrogativa aún más importante, de connotación colectiva, el derecho de toda persona, sin exclusión alguna a divulgar cuanto le dictare su pensamiento, así como a recibir información veraz y oportuna y a conocer el punto de vista de los demás sin más restricciones que las analizadas con antelación.

Este derecho de repercusión civil y política debe ser el marco referencial para la actuación tanto de medios de comunicación como del Estado en términos generales: “En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.”[22].

En conclusión, dentro de un Estado Social de Derecho las prerrogativas ciudadanas sólo pueden ser limitadas a fin de garantizar el pleno ejercicio de otra de igual jerarquía o en cuanto la medida restrictiva fuere apta o razonable para permitir la inclusión de personas tradicionalmente segregadas por circunstancias de facto siempre que tal mecanismo sea el producto de un minucioso escrutinio estricto de las posibilidades existentes. Fuera de estos límites de iure, toda restricción será ilegítima y arbitraria si pretende priorizar la defensa de un poder constituido política o económicamente por sobre los derechos fundamentales, cuyas características de indisponibilidad, imprescriptibilidad, universalidad, inalienabilidad son y deben ser atribuibles a todo ser humano por el solo hecho de gozar del estatus de persona.

 

 




[1] Corte Suprema de Justicia (Primera Sala de Casación Penal, 29-10-2004).

[2] Georg Henry von Rright, en su libro “Sobre la Libertad Humana” (Paidós, I.C.E Universidad Autónoma de Barcelona, 2002, pág. 43) distingue entre la libertad genérica o potencial que es “la capacidad para hacer u omitir acciones concretas” y la libertad real en la que hay que considerar “el número de restricciones que hay sobre la libertad potencial”. Según el autor estas restricciones pueden ser físicas o normativas. Entre las últimas, destaca aquellas de carácter moral y jurídico.

[3] Luigi Ferrajoli en su ensayo titulado “Derechos Fundamentales” de la obra “Derechos y Garantías. La ley del más Débil” (Trotta, Segunda Edición, 2001, pág. 40) diferencia, entre los derechos fundamentales a los considerados primarios o humanos de aquellos secundarios, constituidos por derechos patrimoniales y políticos, en cuanto aquellos son atribuibles a cualquier persona por el hecho d serlo y los segundos solo a quien posea capacidad de obrar o el pleno ejercicio de derechos de ciudadanía; de allí que lo primeros según el autor, no pueden quedar sujetos al legislador, por tanto a la ley, como sí ocurre respecto de los que conforman la segunda categoría.

[4] El Art. 141 de la Constitución Política prevé reserva de ley para “normar el ejercicio de libertades y derechos fundamentales”.

[5] John Rawls, “Liberalismo Político”, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, pág. 275.

[6] Bastaría recordar los acontecimientos genocidas perpetrados en Ruanda (abril de 1994) en los que por medio de una radio se incitó, organizó y movilizó al grupo tribal Hutu a fin de exterminar al Tutsi, con el que históricamente compartieron su territorio en paz, hasta la intervención colonialista europea.

[7] Ver: Corte Suprema de la Nación Argentina, expediente: CSJN, 13/6/86 DD, 126-287, proceso seguido a propósito de la represión dictatorial liderada por Jorge Videla.

[8] “…el derecho a la honra, por ser consustancial a la naturaleza de la persona y que atañe a su dignidad intrínseca, (…) prevalece sobre  libertades…”

[9] Ver Luis Pietro Sanchís, “Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial” Trotta, págs. 217-260.

[10] Opinión Consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pág. 10.

[11] Entre los criterios que podríamos adoptar para calificar de abusiva la actividad de un medio de comunicación tenemos: a) las medidas excluyentes y discriminatorias que adoptare el medio respecto del acceso de todos y todas a emitir sus propios puntos de vista; b) la incitación al público a transgredir los valores protegidos por el Art. 13 de la Convención; c) la veracidad de la información emitida; d) la utilización del medio para atentar maliciosamente contra la honra y dignidad de las personas; e) servirse del medio para intimidar o chantajear a particulares; f) promover el caos social o institucional, a sabiendas que la información que emiten es falsa; entre muchos otros que bien pudieren emanar de una norma con jerarquía legal o de los criterios adoptados en precedentes jurisprudenciales.

[12] Agradezco a José Fonseca por su tiempo y la instructiva discusión que entablamos sobre este punto, cuya perspectiva logró evidenciar una de las falencias de mi posición original.

[13] John Rawls  ob. cit., pág. 264

[14] The New York Times vs. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) a fojas 276. El presente fallo dio como resultado la declaratoria de incontitucionalidad de la “Ley de Sedición” norteamericana promulgada en 1798. Ver también el fallo G. 3122. XXXVIII. “Guerineau, Horacio Laurindo c/ La Gaceta S.A. s/ daños y perjuicios” de la La Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en el artículo “Libertad de Expresión y Derecho al Honor. Responsabilidad civil. Doctrina de la Real Malicia. Doctrina Campillay”, en: www.perio.unlp.edu.ar/catedras_libres/unesco/jurisprudencia/guerineau_h_contra_la_gaceta.doc (19-07-2007)

[15] Art. 13, num. 3 Convención Americana sobre Derechos Humanos.

[16] Para Norberto Bobbio, una norma pierde validez cuando es contraria a los principios que inspiran un sistema jurídico aunque no fuere formalmente derogada, lo que Ferrajoli llamaría la “abrogación” en contraposición con la “anulación” de dicha norma, sostenida por Hans Kelsen. Ver: Norberto Bobbio, “Teoría General del Derecho”, Debate; Capítulo II de la “Primera Parte” “Justicia, Validez y Eficacia”, pág. 33; Luigi Ferrajoli, ob.cit., pág. 21 y Hans Kelsen, “Teoría General del Derecho y del Estado”, UNAM, México 1979, pág. 137.  

[17] Fiss Owen, Free Speech and Social Structure, en “Iowa Law Reiew”, 1986, Pág. 1405 (traducción directa).

[18] Ver: “El Modelo del Impacto” en Ronald Dworkin “Ética Privada e Igualitarismo Político”, Paidós, Universidad Autónoma de Barcelona, 1990, págs. 113-116.

[19] Caso Fierro, (considerando decimoprimero)

[20] Carlos Santiago Nino “Fundamentos de Derecho Constitucional”, Astrea, Buenos Aires, Segunda reimpresión, 2002, pág. 279.

[21] Para el liberalismo político el consenso traslapado es un pacto que recoge las concepciones políticas mínimas y básicas de doctrinas diversas a fin de posibilitar una convivencia social pacífica, estable y duradera sin intención de erradicar el pluralismo de conciencias de diversos sectores que más allá de confrontarse entre sí, crean un sistema de cooperación social del que todos se ven beneficiados.

[22] OC-05, ver nota al pie número 10. Los criterios adoptados por la Corte en virtud de su competencia consultiva, fueron aplicados en el Caso Herrera del mismo tribunal que dejó sentado el precedente doctrinario que en lo posterior repercutirías en diversos tribunales nacionales como el argentino que a propósito del caso seguido contra Horacio Verbitsky, en 1995 declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Desacato promulgada en 1988, por ser contraria a los propósitos constitucionales de su carta política. Ver: http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-spanish&y=2007&m=April&x=20070423123959pii0.494076 (08-07-2007)

 

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Había una vez un político Capítulo II

Posted on octubre 9, 2007

En nuestra participación anterior traíamos del cajón de los resignados aquél dicho “no se puede hacer nada, votemos al que sea menos corrupto” (en obvia referencia a los representantes de partidos políticos), que sobrevuela gran parte de los imaginarios sociales de América Latina y otros pueblos del mundo.

 

Hombres y mujeres que reclaman por sus derechos, han sido incluidos en la lista de los representantes de distintos gobiernos, para ser reprimidos. Al mejor estilo de las políticas globalizadoras de la gran potencia mundial: “hacemos la guerra preventivamente porque parecen seres peligrosos”.

 

La criminalización de la protesta viene incrementándose día a día con paradojas llevadas al extremo como promulgar leyes que lleven a la cárcel a chicos menores de edad. En este contexto de “falta de seguridad”, los sectores de poder potencian corrientes de pensamiento para presionar a legisladores que los avalen.

 

Quilmes, ciudad cercana a los alrededores de Buenos Aires, principal ciudad de la Argentina se convirtió en una muestra de este estado de represión que en nombre de la paciencia democrática infieren funcionarios de gobierno con la ayuda de fuerzas policiales y militares.

En los últimos días, estudiantes que concurren a la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel fueron reprimidos cuando reclamaban pacíficamente junto a docentes por la vigencia y dignificación de dos derechos fundamentales: a la educación y al trabajo. Un estudiante herido por arma policial, otros menores tomados de los pelos fueron el resultado que tiene causa instalada en la justicia local y provincial.

 

En este sentido cabe recordar que sólo en Argentina, durante estos meses del 2007, fueron reprimidos solo por el tema educativo, docentes y estudiantes de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén donde fue asesinado el profesor Carlos Fuentealva, Salta, entre otras. La lista se extiende por miles si contemplamos los reclamos de otros sectores productivos de este como otros país de la región.

 

En las últimas horas docentes y estudiantes realizaron denuncias ante la comisión de derechos humanos de la cámara de diputados en pos de que prime algún acto de justicia que ejercen quienes dicen representarnos en nuestro sistema democrático.

 

Vale mencionar que quienes ejercen brutales represiones son candidatos nuevamente para las próximas elecciones que se celebran en unos días en la Argentina. Uno de los tantos casos es el del actual intendente de Quilmes, Sergio Villordo, quien hace oídos sordos a los reclamos docentes, médicos, de trabajadores municipales, vecinales, etc.

 

Mientras tanto, como afirman los estudiantes, seguimos produciendo “Arte sin miedo”. Las estrategias de acción para que los derechos sean respetados son llevadas adelante por quienes desean otro mundo más justo, libre y solidario.

 

Los derechos de nuestros pueblos ¿los ejercemos activamente o solo declamamos que conocemos lo que nos corresponde?

 

Néstor Manchini

nestormanchini@proa-argentina.org.ar

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Había una vez un político…

Posted on octubre 8, 2007

Por aquí y por allá, en América Latina y otros pueblos del mundo encontramos hombres y mujeres que no gozan de los beneficios económicos, sociales y culturales que se proclaman para todos los habitantes de este mundo globalizado.

 

Cada año se dan cifras récords en el avance de la enfermedad tal, de las muertes por accidentes, de los muertos por robo, violencia y otras causas, de los chicos y jóvenes que acceden a la educación y de otros “muchos” que quedan fuera del sistema. En estas estadísticas también pueden incluirse a los políticos que alientan con promesas y convierten en clientes de algo que nunca terminará de concretarse.

 

Un ejemplo de ello es lo que ocurre desde hace, aproximadamente, dos años en la localidad de Quilmes (Buenos Aires), una ciudad en la Argentina donde los estudiantes que concurren a la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel junto a los docentes vienen reclamando el respeto y la dignificación de dos derechos fundamentales: a la educación y al trabajo.

 

Cerca de tres mil estudiantes y casi dos centenares de profesionales docentes de disciplinas artísticas como la música, plástica, teatro, diseño gráfico, escultura, artes visuales, entre otras, dan vida en cada jornada a esta institución educativa que tiene más de 65 años de vida.

 

En la lucha por ello, desde hace casi un año no existen concejales y funcionarios políticos llevados a la justicia por la feroz golpiza que le imprimieron a los estudiantes que manifestaban por condiciones más dignas de estudio. Y, es difícil creer que no se hayan tomado medidas cuando esto fue registrado por canales comunitarios de televisión que lo multiplicaron por los grandes medios a nivel nacional.

 

Tampoco dio respuestas hasta este momento el actual intendente Sergio Villordo a los reclamos docentes por la reforma autoritaria e ilegítima del estatuto docente que transformó a los docentes de la escuela en empleados municipales, quitándoles derechos a mejor salario, antigüedad y otros beneficios que rigen en todo el extenso territorio del país.

 

Luego de largas negociaciones que no arrojaron resultado alguno, los docentes, estudiantes y padres de la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel se declararon en estado de ALERTA Y MOVILIZACIÓN.

 

Al igual que en Perú, como en Ecuador y tantos otros rincones de nuestra América Latina, la historia se repite. ¿Podremos repetir las experiencias de lucha que lograron imponer la ética que no tienen muchos dirigentes políticos?

 

Néstor Manchini

nestormanchini@proa-argentina.org.ar

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