Dayuma o la violación de los derechos de las personas

Posted on diciembre 18, 2007

“Vamos aclarando el panorama…” es una frase que Arjona, el cantante, incluye en una de sus canciones que narra un desencuentro amoroso. Víspera de la navidad de 2007, hay la misma urgencia de aclarar el panorama desde las organizaciones populares, organismos de Derechos Humanos y partidos identificados con las causas democráticas.

La evidente y documentada represión militar contra población civil en Dayuma, como respuesta a un paro local, con clara intención de crear terror y forjar culpables a toda costa, con claras violaciones a los derechos de las personas, no puede ser calificada de “excesos” a ser investigados.

Señor Presidente del Ecuador: en Dayuma hubo un mando militar orientado a imponer el terror entre las familias campesinas de Dayuma. Esto, en pocas palabras y con mayúsculas, se llama TERRORISMO DE ESTADO, amparado en un decreto de emergencia copiado de las dictaduras militares de triste recordación en nuestra América.

Todo el oro del mundo no justifica ninguna violación de los derechos de nadie, ni en las prisiones secretas de Estado Unidos en Guantánamo, ni en las callejuelas de un pequeño poblado donde las familias fueron objeto de una operación militar injustificable que se llevó a personas inocentes a las que se pretende enjuiciar.

Lo sucedido en Dayuma recuerda el caso de los “Once del Putumayo”. En esa ocasión, en la década de los 90, soldados apresaron arbitrariamente a once personas que estuvieron en la cárcel por varios años. Eran hombres y mujeres de la Amazonía ecuatoriana, acusados –por informes militares- de “guerrilleros de finca”. Al final del juicio, fueron reconocidos inocentes. ¿Lo conocerá el presidente Correa?

En Dayuma hubo allanamiento de domicilios. Las personas fueron sacadas de su hogar. Esto es una violación de las garantías que toda persona tiene bajo toda circunstancia. Por este delito de Estado, el ex presidente populista peruano, Alberto Fujimori, acaba de ser condenado a seis años de prisión.

En Dayuma hubo violación del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hasta donde se sabe, está vigente en el Ecuador: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En Dayuma, hubo tratos degradantes y crueles contra campesinos ciudadanos ecuatorianos. Cabe recordar que, por este delito cometido por la policía belga contra dos migrantes ecuatorianas, todo el proceso legal quedó anulado por las cortes de justicia de Bélgica y ellas RECUPERARON SU LIBERTAD de inmediato.

El presidente Correa, ha llamado terroristas, sicarios y saboteadores -en general- a la población de Dayuma. Una y otra vez lo hace para justificar su decisión de represión militar contra la población civil (bajo la figura de estado de emergencia). Esta posición estigmatiza la protesta de las personas y los pueblos por sus derechos. Ninguna percepción o informe de inteligencia puede descalificar la lucha social pacifica por los derechos.

Nadie puede, por más alta votación popular que haya tenido, convertir a la gente que lucha por sus derechos en TERRORISTAS. Bajo este argumento del presidente Correa, solo queda bajar la voz y callar aunque vivamos sin agua, sin luz, sin trabajo digno, sin carreteras, aguantando que las empresas acaben con la naturaleza. ¿Es esto es lo que espera?

Vamos aclarando el panorama… La hidalguía de Rumiñahui, Daquilema, Manuela León, Eugenio Espejo, Eloy Alfaro y Dolores Cacuango, están más vigentes que nunca. Aunque la Ley de Seguridad Nacional y los decretos de emergencia se ciernan como amenaza, la voz y las luchas por los derechos no callarán.

¡La libertad inmediata de los presos de Dayuma es un clamor y es un derecho!

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Ecuador: Un 10 de diciembre con derechos lacerados

Posted on diciembre 10, 2007

La historia reciente ecuatoriana cuenta de una población que a gritos pide participar en la toma de decisiones sobre su historia. La democracia que durante los últimos veinte y cinco años ha vivido el país se cae a pedazos sin remedio. Es que los partidos políticos, creados y aupados por grupos económicos dominantes, han perdido espacio y solamente se representan a sí mismos.

 

La alta votación popular para que se convoque a una Asamblea Constituyente (82%) y la mayoría obtenida por el movimiento político de gobierno (más de 70%) confirman que la población se cansó del modelo “representativo” de funcionamiento democrático y que espera y desea otro modelo de democracia.

 

En la Asamblea Nacional Constituyente, que inició su funcionamiento a fines de noviembre de 2007, hay necesidad de que se incluyan cambios en las garantías para los derechos humanos en general. Se propugna una reforma innovadora, un cambio real que inicie una gobernabilidad de amplia participación ciudadana. Hay que diseñar formas innovadas de conformación y ejercicio del poder. “El viejo esquema de presidencialismo y Congreso, por un lado, y gobiernos provinciales o cantonales, desarticulados y excluyentes de la ciudadanía, tiene que cambiar.

 

El gobierno que mayor respaldo popular ha alcanzado en la historia reciente ecuatoriana no puede dar las espaldas a la gente que en él confió, por eso es

irónico conocer de pobladores reprimidos y detenidos por defender su derecho a que sus necesidades básicas sean atendidas. La violencia registrada en Dayuma, provincia de Orellana,  proviene de un Estado, que se jacta de revolucionario y principal garante de las prerrogativas humanas. Sin embargo ha desplegado todo un operativo de resguardo militar para proteger intereses económicos de ínfimos grupúsculos poseedores de un inmenso poder económico y político, los mismos que han aprovechado por más de dos décadas la riqueza emanada de los recursos, que en teoría nos pertenecen a todos. Para ello, no sólo se atropella a los legítimos reclamantes, sino que además, se abusa arbitrariamente de una figura jurídica como el estado de sitio o emergencia.

 

Los problemas de los derechos humanos en Ecuador

 

Derechos sociales y económicos: La sociedad ecuatoriana presenta indicadores sociales de salud, educación, vivienda, empleo, inseguridad, etc., que revelan la persistencia de amplios sectores poblacionales en condiciones que impiden su bienestar, su desarrollo humano o, en resumen, impiden sus derechos sociales, económicos y culturales.

 

En el país se evidencian crecientes inequidades y contradicciones entre grupos propietarios de medios productivos (tierra, empresas y bancos) y trabajadores urbanos y rurales; entre hombres y mujeres; entre la sociedad blanco mestiza y los pueblos indios y afro ecuatorianos y, finalmente, entre jóvenes y adultos-as en la gestión de lo público y construcción de alternativas políticas y sociales.

 

El reto nacional es la redistribución de la riqueza para lograr equidad y superación del abismo socio económico que marca al país como uno de los más inequitativos del continente.

 

Derechos civiles: Prácticas institucionalizadas de las fuerzas armadas, de las fuerzas policiales y de las instituciones judiciales, tales como detenciones arbitrarias, malos tratos, tratos crueles o degradantes, tortura para obtener declaraciones, persecución a opositores, etc. se mantienen en el país y son violaciones flagrantes de los derechos civiles y políticos.

 

La reforma del sistema de justicia y del aparato penitenciario son prioridades para que haya agilidad en juicios, mejor aplicación de la normativa y trato humanizado a las personas en prisión, erradicando las formas de maltrato, tortura y ejecuciones extralegales.

 

Derechos políticos:   La garantía de respeto a todos los derechos de las personas y pueblos es un Estado comprometido y definido desde los Derechos Humanos, democrático y participativo, por lo mismo, los cambios producto de la nueva constitución deben orientarse a la promoción, la defensa y la protección de los derechos, en lo nacional, provincial y cantonal.

 

El reto nacional es forjar una nueva institucionalidad que incluya las diversidades de género, de clase, de etnia y de generación, en todo el andamiaje estatal.

 

Derechos de los pueblos indios y afroecuatorianos:   La población india y afordescendiente en el Ecuador sufre con mayor fuerza los desequilibrios sociales, la marginalidad, empobrecimiento y exclusión de amplios sectores de la ciudad y el campo, son provocados por determinantes económicos, étnicos, de género y de generación.

 

Las prioridades son la construcción de una sociedad con cultura de respeto a las diversidades y la eliminación del racismo, xenofobia y formas de discriminación que persisten en la sociedad ecuatoriana.

 

Derechos colectivos: han sido y son motivo de luchas locales y nacionales tales como la depredación del ambiente, deforestación y explotación irracional de recursos naturales. Otros problemas que afectan a sectores masivos de la población, de modo especial a niñas, niños y adolescentes, son la emigración masiva, el tráfico de personas, la violencia intrafamiliar, trabajo infantil y explotación sexual infantil, la drogadicción y tráfico de drogas, la explotación sexual. Además la discriminación por motivos sexo y orientación sexual, edad o religión, son problemáticas que, aunque sus responsables o protagonistas no sean instituciones públicas, implican graves atentados a la dignidad e integridad de las personas y, por tanto, son asuntos públicos en los que las instituciones estatales están obligadas a intervenir activa y eficazmente.

 

Ecuador vive un momento político de especial importancia para la participación ciudadana, la misma que solo será posible con una población conciente de sus derechos y en condiciones de demandar su cumplimiento.

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