Una Constitución juvenil

Posted on enero 29, 2008

La juventud organizada y consciente, hace pocos días, presentó el “Mandato Juvenil” a la Asamblea Nacional Constituyente, en Montecristi. La juventud, igual que los movimientos populares de la ciudad y el campo, lucha para construir una sociedad justa, donde todos y todas tengan iguales oportunidades y condiciones para una vida digna.

Se lucha por una sociedad con educación, salud, vivienda y empleo sin las brechas enormes que hoy existen entre millones de empobrecidos y empobrecidas y unos grupúsculos de enriquecidos oligarcas que han gobernado desde los partidos políticos de la derecha, de viejo y de nuevo cuño.

El mandato de la juventud a la Asamblea Constituyente expresa la aspiración de construir una sociedad equitativa, donde todas y todos, sin importar el color de la piel o la edad, el apellido ni la lengua materna, el género o la orientación sexual, sin importar si se nació en el campo o en la ciudad, tengan iguales oportunidades para un desarrollo integral, como seres humanos y humanas con todos los derechos y garantías.

            Se puede decir que una Constitución Juvenil será la que cuente con la fuerza, la honestidad, la dignidad y la creatividad juvenil. Por tanto, tendrá que decir…

El “Mandato Juvenil” debe difundirse a los cuatro vientos por medio de la organización juvenil. La organización no es privilegio de vivarachos como los políticos tradicionales lo han hecho. Sólo la organización juvenil hará la construcción de una nueva sociedad y de una nueva constitución con las demandas y propuestas de la juventud. Sólo la organización hace posible que la sociedad escuche la palabra juvenil.

Este es un tiempo oportuno para que las jóvenes y los jóvenes impulsen y fortalezcan en cada barrio, en cada cantón, provincia y en toda la nación, la ORGANIZACIÓN JUVENIL por una Constitución Juvenil, por una nueva sociedad.

A impulsar la ORGANIZACION JUVENIL ¡YA!.

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Informe desabrido, mudo y ciego

Posted on enero 23, 2008

Sobre el Informe de la Comisión Veedora “Dayuma” – Enero, 2008

1. ¡Bienvenida, señora Impunidad!

La Comisión Veedora formada por el gobierno y algunos organismos de derechos humanos, sobre lo sucedido en Dayuma, emitió un informe que preocupa y siembra dudas sobre el papel de esta Comisión. Luego de leer el documento suscrito por sus miembros, una sola y gigante pregunta surge: ¿Para qué sirve o servirá este informe? ¿Para qué les sirve a las personas detenidas, a sus familias, a la prefecta detenida, a los militares, al gobierno…?

La postura del PRODH no es la misma –ni de lejos- que anima a los partidarios socialcristianos o gutierristas que, sin autoridad moral por los actos de sus líderes, pretenden abanderarse del caso Dayuma, en la perspectiva de minar cualquier cambio democratizador impulsado por el actual gobierno. Sin embargo, ante los hechos de Dayuma, debemos decir nuestra palabra.

Si alguna preocupación tenía el presidente de la República sobre “posibles excesos” de la fuerza pública en el caso, con el Informe de la Comisión Veedora, puede dormir tranquilo. Según el informe, en Dayuma hubo las consecuencias lógicas y naturales de una “injusticia estructural”. Hubo una escalada de violencia –en medio de una cultura de chantaje- en la que no se sabe quién, ni cuándo, golpeó a unos detenidos maltratados por falta de previsión. En Dayuma, para la Comisión, las víctimas fueron unos pobrecitos soldados heridos en la refriega mientras que, del lado de población, nadie.

En el documento consta que el problema en Dayuma fue que el operativo militar policial no fue preparado, pues no hubo automóviles o pullman para llevarse a los detenidos entonces, la fuerza pública se los llevó como pudo (acostados boca abajo en el balde de camionetas) porque, no quede duda, que si tenían limusinas, no hubiese habido tan oprobiosas condiciones de transporte de detenidos.

En Dayuma, eso sí dice el Informe, aparecieron cuatro detenidos con prueba de parafina positiva, es decir, que fueron quienes usaron armas de fuego. En la simplona conclusión, el informe no dice que la prueba de parafina fue hecha fuera de tiempo, no dice si usaron ametralladoras o escopetas de caza, ni dice la circunstancia de su captura, que –desde luego- fue arbitraria ¡Sin orden de juez alguno!

¡Viva la parafina y la Ley de Seguridad Nacional que consagra la violación de los derechos humanos!

Según la Veeduría de la Comisión, en Dayuma no hubo pues ni los menciona: allanamientos arbitrarios de familias de campesinos por militares armados; no hubo detenciones arbitrarias que quedan al descubierto cuando la mayor parte de detenidos han debido ser liberados; no hubo irrespeto al debido proceso ¡Abajo el habeas corpus!; no hay personas injustamente presas a pesar de que los jueces han ordenado su libertad.

El Informe hace pensar que hay que cambiar las condiciones estructurales, poner cortes de justicia cerca de la casa de los detenidos para que sean atendidos con agilidad; que hay que desarrollar socio económicamente la zona y que, los jueces –los mismos que hasta ahora no pueden hacer realidad la libertad de inocentes de Dayuma- resuelvan si hubo o no violaciones a los derechos humanos.

El Informe se atribuye la liberación de los detenidos… Según la Comisión de Prensa de Orellana, testiga cercana del caso y de los procesos, esta afirmación falta a la verdad.

El Informe deja sinsabores y preguntas sin respuesta. En sus conclusiones y recomendaciones hace gala de soluciones de largo aliento, de discursos generales respecto a la promoción y educación en el respeto a los derechos humanos, pero olvida o dice que no sabe quién dio los golpes y atentados a los derechos de afectados y afectadas de hoy, en Dayuma.

El Informe, en pocas palabras, es una calurosa bienvenida a la señora ¡IMPUNIDAD!

2. Análisis desordenado de algunas conclusiones del Informe

“Las condiciones de vida de la población en Dayuma son un reflejo del abandono estructural del Estado durante décadas”

La situación social, económica, productiva e institucional en Dayuma, en Orellana y en todos los territorios petroleros de la Amazonía, es típica del capitalismo salvaje implantado por las políticas de Estado desde el inicio de la era petrolera en el Ecuador.

Este modelo comprende la sobreexplotación de los recursos naturales, deterioro sin miramiento de la selva, contaminación de la tierra, el aire y el agua, miseria y precariedad para las familias de la zona y altas, altísimas, tasas de rentabilidad para las compañías petroleras transnacionales, con cierto margen de ingresos al Estado.

 

Los problemas de carácter estructural que sufre la provincia han provocado una tendencia a paralizaciones constantes

La denominada –elegantemente – “tendencia a paralizaciones constantes” es la situación resultante de conflicto social por la protesta de las familias residentes en la zona por la violación de sus derechos básicos que, desde siempre y al parecer también ahora, recibe la misma respuesta desde los gobernantes de turno: abandono crónico, represión militar, criminalización de la protesta y persecución a los dirigentes sociales y limosnas.

La Comisión dice que“En algunos sectores, esto ha generado una cultura de chantaje”…

De acuerdo, pero ¿quién chantajea a quién? Sin duda y por historia, el “chantaje” proviene de quienes tienen el poder contra la población empobrecida y trabajadora. El Estado y las compañías son las que imponen condiciones de lugar para instalar los pozos, los campamentos, para definir las jornadas de trabajo y los salarios, para contaminar con aguas de formación o con desechos a su antojo.

El chantaje histórico del poder pretende que la población baje la cabeza y acepte, sin protesta, sus condiciones de explotación. Y si protesta, la tacha de terrorista y aplaca sus demandas con operativos militares contra población civil.

Si en algunos sectores de la Amazonía se han cometido actos delictivos como perforar el oleoducto para provocar derrames y lograr indemnizaciones, son delitos que deben ser investigados y penados por la ley, pero que, en ningún momento ni a nadie, le autorizan a generalizar sobre una cultura delincuencial de toda una población que vive y sufre las consecuencias de una política estatal perversa.

 

“No existe claridad acerca del tipo de discernimiento que utilizó la fuerza pública para realizar cada una de las detenciones. Por otra parte, de ser cierto que algunos de los agresores se refugiaron en las casas de la población, la Comisión considera este acto como criminal, al haber puesto a la población inocente como escudo de protección”.

Los ingresos fiscales no pueden ser la excusa ni el motivo para violar los derechos humanos. Las personas, los pueblos, sus derechos, aspiraciones y demandas deben ser el parámetro de la democracia.

Cabe la urgencia de reiterar, junto con la Coordinadora por la Vida y la Soberanía Nacional, con los organismos de derechos humanos y organizaciones del pueblo de Orellana, el llamado expresado en la Declaración del Encuentro de los Pueblos por la Vida: Convocamos a todos los pueblos y organizaciones populares del país a unirnos y hacer causa común para frenar este desastre ecológico, económico y social, ¡para defender la vida!.

PRODH – CDES – Acción Ecológica

ECUADOR //Enero 2008

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¡Bienvenida Señora Impunidad!

Posted on enero 21, 2008

La Comisión Veedora del Caso Dayuma, formada por el gobierno y algunos organismos de derechos humanos, emitió un informe que preocupa y siembra dudas sobre cuál fue su papel.

Preocupa, porque dice que el operativo militar no fue preparado y así se quiere justificar el maltrato que sufrió la población. El informe afirma que no sabe qué tipo de discernimiento utilizó la fuerza pública para realizar detenciones para explicar por qué varias personas fueron detenidas sin orden de juez alguno. El informe indica que cuatro personas fueron detenidas por ser positiva la prueba de parafina a ellos practicada, pero no dice que las pruebas fueron hachas fuera de tiempo, ni las circunstancias en que se dieron las detenciones, ni qué tipo de armas se habrían usado.

El informe no indica que se produjeron allanamientos arbitrarios de familias campesinas por parte de militares armados, ni que hubo irrespeto al debido proceso. La Comisión se atribuyó la liberación de algunos detenidos. La Comisión de prensa de Orellana lo niega: la libertad de los detenidos se logró por las gestiones y movilización de familiares y amigos.

La Comisión habla de “una tendencia a las paralizaciones constantes” en Orellana pero la población siempre recibe la misma respuesta de los gobiernos de turno: abandono crónico, represión militar, criminalización de la protesta y persecución de los dirigentes sindicales.

El informe de la comisión afirma que “en algunos sectores esto ha generado una cultura del chantaje”, cuando en realidad el chantaje histórico es el que proviene del poder. Poder que pretende que la gente baje la cabeza y acepte sin protesta las condiciones de explotación y de deterioro ambiental, so pena de ser reprimida por la fuerza pública y tachada de terrorista.  

El informe esconde la clara decisión política que llevó al gobierno a decretar el estado de emergencia y poder acallar la protesta a cualquier precio. El informe no dice lo que es evidente: que hubo un mando militar único, bajo el cual se produjeron allanamientos de domicilio, detenciones arbitrarias, agresiones a la población por parte de la fuerza pública. Es decir, flagrantes violaciones a los derechos humanos.

En el informe no se dice nada sobre los derrames petroleros y el incumplimiento por parte de las empresas petroleras de indemnizar, como lo establece la ley, a los perjudicados por dichos derrames.

Es urgente que las organizaciones populares y organismos de derechos humanos planteen ante la Asamblea Constituyente un diálogo que permita implantar mecanismos para salvaguardar la vida, los derechos  y la seguridad de la población sobre cualquier afán de rentabilidad petrolera. Los intereses de los ciudadanos deben primar sobre los intereses económicos del Estado o de empresas privadas, sino las violaciones de los derechos humanos seguirán siendo pan de cada día en nuestra Amazonía.

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Los derechos colectivos: un reto todavía pendiente

Posted on enero 16, 2008

Síntesis de la intervención de Jaime Vintimilla, Director del Centro de Derecho y Sociedad (CEDES) realizada en el programa radial “Al Derecho y Al Revés”, transmitido por Radio Municipal de Cultura de Quito.

Todas las personas tenemos derechos y obligaciones pero, alcanzar una sociedad justa depende del equilibrio entre los unos y los otros. La falta de equilibrio puede devenir en que el derecho individual salga beneficiado, en contra del derecho colectivo. El corto circuito se da porque hay una explotación que no mira los derechos, por ejemplo, de una comunidad que con los tóxicos contamina el río, el bosque o las plantas, en una florícola, o petrolera.  El sector empresarial tiene el legítimo derecho de invertir y  producir. Sin embargo, para ello, se requiere desarrollar y crear fuentes de empleo en el menor tiempo posible y  con el menor daño al ambiente, no solo a las plantas o animales, sino las personas y los ciudadanos.

Existe una división entre derechos individuales y colectivos. Los pueblos indígenas y la cultura afroecuatoriana tienen lazos de afinidad y otros aspectos como idioma, costumbres, vestimenta que permiten contar  con una cultura diversa a la nuestra, y se busca  proteger los derechos de estos grupos, porque a lo largo del tiempo han sido sistemáticamente discriminados.

Existen críticas  frente a los derechos colectivos porque se dice que estos rompen con el principio de igualdad de los ciudadanos, pero sabemos que los derechos humanos son integrales. Así por ejemplo, yo podría reclamar por un río que se está contaminando en la provincia de Orellana, a pesar  que estoy en Quito, porque eso nos pertenece a todos.

 

Una economía que favorezca a todos

El Estado no puede ser un ente que obstaculice el desarrollo, sino que lo haga posible en el marco de la igualdad de oportunidades para todas las personas. Para que efectivamente, los derechos se hagan realidad, es fundamental que el progreso económico esté basado en principios de solidaridad, economía social, e igualdad de posibilidades para todos y todas. En el contexto ecuatoriano, a pesar que se habla de una economía social, únicamente participan  ciertos actores como banqueros o empresarios. No obstante, todos y todas, somos actores económicos en mayor o menor medida, y no le compete tan solo a un grupo o familia determinada.

La obligación del Estado es no obstaculizar las iniciativas, por el contrario, significa abrir  posibilidades para acceder al micro crédito, cooperativas, o a las  micro finanzas. En tal sentido, sugiere realizar alianzas estratégicas, pensar en los mercados externos y no necesariamente en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, pero sí entablar acuerdos con otros países.

Pueblos indígenas y afro ecuatorianos

Los pueblos indígenas y los afro ecuatorianos  conforme a nuestra Constitución tienen alrededor de 15 derechos colectivos, entre los que se destacan los derechos territoriales, es decir, los pueblos deberían tener espacios territoriales donde administren la autoridad y cuenten con sus propias autoridades judiciales que defiendan sus intereses. Con estos derechos de autoridad y organización, autodeterminación, educación bilingüe, se busca que estos grupos sean respetados con su identidad y que  sean entendidos como son y “no como lo que nosotros quisiéramos que sean”.

Muchos pueblos han sufrido violaciones a estos derechos, como en casos de desalojos realizados a poblaciones con fines de explotar el petróleo o las minas de sus territorios. Los mandatos de los derechos colectivos señalan sin embargo que,  “nadie puede ser forzado a salir de su tierra”.

La vigente Constitución ecuatoriana,  en el Art. 85, numeral 5, garantiza la consulta y participación de los pueblos indígenas, las comunidades tenemos derechos a ser informadas del impacto ambiental que podría ocurrir con el desarrollo de un proyecto determinado.

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En la flor de la vida

Posted on enero 14, 2008

Hace veinte años la policía apresó arbitrariamente, torturó, asesinó y desapareció a Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi. Estaban en la flor de la vida.

Lo más tenebroso de la política de Estado en manos del socialcristiano Febres Cordero, se concentró en el intento de ocultar el crimen cometido y de silenciar el clamor de Pedro, Luz Elena, María Fernanda, Martha Cecilia, y de todas las organizaciones de derechos humanos, iglesias de Ecuador y del mundo.

Los organismos de derechos humanos, hacia 1988, venían con experiencias de lucha por casos como la masacre de Aztra y las violaciones cometidas por las dictaduras en la década anterior. Con todos sus medios, acompañaron la bronca de la familia Restrepo.

La lucha por la vida y los derechos de las personas, entonces, cobró un significado especial. Los miércoles, de diez a dos, bajo el sol o la lluvia, año tras año, fueron un punto de giro en la exigencia de respeto y reparación contra el Estado que, en vez de garante, se convierte en violador de los derechos de la gente.

En estos veinte años, hubieron más casos cometidos por personas entrenadas en tortura, en sótanos para acallar los gritos de las personas torturadas, con autoridades que amparan a los torturadores, con ministros de gobierno y presidentes cómplices con su silencio o con su impúdica justificación de “matar al pavo la víspera”.

Entre muchas anónimas violaciones cotidianas contra delincuentes comunes, se sucedieron los asesinatos y desaparición de Consuelo Benavides, Gustavo Garzón, Arturo Jarrín, Hamet Vásconez. Más tarde, once inocentes campesinos del Putumayo fueron apresados en operativo militar, torturados y mantenidos presos por más de tres años y, al final, sin ninguna prueba más que las forjadas por militares, fueron reconocidos inocentes!

La lista de violaciones al derecho al a vida, a la integridad y dignidad de las personas, sería interminable y hay que incluir el asesinato ocurrido hace un año del estudiante Paul Guañuna, el reciente caso sufrido por las familias de Dayuma y la no excarcelación de la prefecta de Orellana que, a todas luces, es inexplicable.

La lucha es contra el modelo de Estado neoliberal, autoritario, abusivo, lóbrego, medieval y mojigato, que mantienen y defienden, los grupos de poder de los partidos socialcristiano, izquierda democrática, roldosista, prian y gutierrista.  

Hoy, las perfumadas asambleístas socilacristianas no tienen autoridad moral para reclamar por ningún caso de violación a los derechos humanos. Antes que nada, deben responder por las violaciones cometidas por su líder histórico Febres Cordero.

El actual gobierno, tiene el compromiso de probar –en los hechos más que en discurso- que su propuesta de “revolución ciudadana” incluye erradicar las prácticas que violan el derecho a una vida sin maltrato, sin tortura cotidiana en los centros de detención y sin operativos militares contra población civil.

Los derechos humanos son Derechos de las Personas siempre. No son dádivas ni favores.

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