Todo por defender la revolución ciudadana

Posted on agosto 28, 2009

En el acto de festejo del 10 de Agosto pasado que se realizó en el Estadio Olímpico Atahualpa, el presidente Rafael Correa anunció la conformación, a nivel nacional, de comités de defensa de la revolución ciudadana. Correa realizó este anuncio en medio de la euforia del acto artístico, cuando estaba  en compañía de los presidentes de Cuba, Raúl Castro y de Venezuela, Hugo Chávez.

Esta declaración levantó una campaña de críticas de la mayoría de los  medios de comunicación, lo cual no es nada nuevo porque han estado en contra del gobierno desde su inicio en el 2007. Y por supuesto, diversos sectores empresariales y de la derecha política pusieron el grito en el cielo, ya que ven en esta iniciativa  la reproducción de los CDR cubanos y venezolanos, que consideran como la conformación de fuerzas de choque y de un sistema de espionaje contra los opositores al régimen.

Resulta claro que el momento de hacer al anuncio y el nombre dado a los comités fueron completamente inoportunos y que Correa no midió la repuesta, ante este anuncio.

Por medio de los comités, el gobierno buscaría capitalizar el apoyo electoral y canalizarlo en una organización popular de base para constituir un verdadero movimiento político organizado, ya que Alianza País ha sido básicamente una estructura electoral. Según el miembro de PAIS, Leonardo Vicuña estos comités “no son para ejercer violencia, sino para capacitar, para conocer las políticas del gobierno, para conocer a Simón Bolívar, a Eloy Alfaro, el socialismo y la revolución ciudadana.”
El querer ver en estos comités una forma de injerencia en la vida de las personas y un instrumento de caza de brujas es una posición extrema de sectores reaccionarios, que parece bastante irreal. Sin embargo, no está del todo claro cómo van a operar a futuro los comités. Desde el gobierno se indica que, de hecho, ya vienen funcionando muchos de estos, sobre todo en barrios populares de Guayaquil y Quito y que se formaron como comités de campaña electoral. El objetivo es llegar a constituir un millón de comités a nivel nacional.

Respecto a estos comités surgen diversas inquietudes. La organización popular es positiva porque permite a la gente discutir sus problemas, movilizarse y capacitarse, pero si se trata de respaldar de manera irrestricta al gobierno, se puede caer en una forma de clientelismo político. Además de que varias acciones del gobierno son, o han sido, francamente cuestionables.

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¿Hasta dónde esperar del gobierno reelecto?

Posted on agosto 14, 2009

El 10 de Agosto pasado, Rafael Correa asumió un nuevo mandato por cuatro años más. En su informe a la nación resaltó los logros de su gobierno. También reconoció errores y que quedan muchos temas pendientes.

Correa ha indicado que profundizará la llamada revolución ciudadana. Esto se interpretaría en que seguirá adelante con las políticas en las áreas económica, social y energética ya establecidas en su primer mandato.

Hay que reconocer que ha habido un esfuerzo en el área social. En educación y salud, áreas en las cuales se han asignado más recursos que gobiernos anteriores. El gobierno  renegoció contratos petroleros con varias empresas extranjeras en condiciones notablemente más favorables para el Estado. También se observa una preocupación importante por el desarrollo de la vialidad; por fin, parece que el Ecuador tendrá algunas carreteras de primer orden que no necesiten una reparación negociada cada año. La ejecución de proyectos hidroeléctricos, mantenidos en carpeta por varias décadas, cuando entren en operación, será beneficiosa para el país. El manejo del conflicto generado por el bombardeo a territorio ecuatoriano, por parte de militares colombianos, tuvo la firmeza necesaria y dejó claro ante el mundo que se trató de una agresión injustificable.

Sin embargo, hay otros aspectos menos felices del gobierno: la rapidísima firma de un contrato millonario con la operadora telefónica de Porta, empresa que el mismo gobierno aseguró que si no pagaba una enorme cantidad de dinero debía abandonar el país. La obstinación del presidente por aprobar una ley de minería que permita la explotación de superficie en territorios indígenas y/o de gran riqueza ecológica. La supresión de ciertos organismos autónomos dirigidos por indígenas. La represión de pobladores de Dayuma en la Amazonía. El caso de los millonarios contratos firmados por el hermano del presidente, donde hubo evidente tráfico de influencias y en el cual el gobierno también es responsable, al menos, por omisión.

Hay buenas intenciones pero su ejecución está pendiente: se ofreció hacer pagar los impuestos a los grandes grupos empresariales y sólo se ha logrado en una mínima parte. Ofreció dar préstamos a pequeños agricultores y empresarios. Muy pocos de esos préstamos ha sido otorgados: los solicitantes se han topado con numerosas trabas burocráticas que les impiden acceder a esos recursos. Ofreció investigar a los hermanos Gutiérrez por su gran enriquecimiento cuando estuvieron en el gobierno: hasta ahora no pasa nada, ya ni siquiera habla de ese tema.

No se debe pedir peras al olmo: el gobierno no va a atacar los intereses y privilegios de los sectores dominantes. Es un gobierno reformista, no un gobierno revolucionario: como mucho hará cumplir lo que en otros países es lo normal: pagar impuestos, respetar las leyes, pagar al menos el salario mínimo, dar seguridad social. Todo esto implica un cambio aunque no revolución.

Ante el nuevo período de gobierno, revisando lo sucedido, cabe preguntarse ¿hasta dónde esperar?

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Muerte de campesinos amazónicos: una consecuencia más de la presencia petrolera

Posted on agosto 14, 2009

El lunes 10 de agosto de 2009, una madre y dos de sus hijos murieron en medio de una embestida de un grupo de indígenas en aislamiento voluntario,  un niño de 6 meses fue llevado por el grupo pero fue encontrado por campesinos el día miércoles. El hecho ocurrió en la comunidad Unión 2000, parroquia Dayuma, provincia de Orellana.

Washington Wilca, líder comunitario, integrante de la Red de Líderes Ángel Shingre, da su testimonio a PRODH:

Hace tiempo hemos sido testigos de los conflictos entre colonos y la comunidad huaorani, creo que las autoridades deben poner atención a este tema porque se puede llegar a un grave conflicto. El último suceso ocurrido que terminó con la mitad de una familia, heridos por lanzas que aún no se sabe a quienes pertenecen, si a huoranis, tagaeris o taromenanes, es parte de este conflicto y necesita una urgente investigación.   Muchos colonos se han instalado en zonas circundantes a las áreas donde viven los pueblos en aislamiento voluntario, pero no lo han hecho de malos sino por buscar un bienestar para la familia.  De otro lado tagaeris y taromenanes tampoco cometen estos actos porque sí.

A la larga los conflictos se han dado por empresas petroleras y madereras, los compañeros de Unión 2000 han resistido por mucho tiempo a la explotación petrolera, para las empresas eran como una piedra en el zapato. Los pueblos en aislamiento voluntario están acorralados por la presencia de las empresas.  Hace poco hemos visto indicios de la presencia de estos pueblos en zonas de colonos, han dejado huellas y cosas y no sabemos si episodios como el sucedido puedan volver a ocurrir. Esta situación pone en alerta a las comunidades que están alrededor de Unión 2000.

Hay ruidos de la maquinaria de las motosierras en la selva, donde hay presencia de empresas es que suceden estos conflictos y paga las consecuencias gente humilde. Frente a estos acontecimientos la empresa Petroriental no ha dicho nada, ningún pronunciamiento.

Este sector está aproximadamente a 20 metros de la plataforma petrolera, hace unos años se hizo un estudio vía aérea para determinar los sectores que ocupan los pueblos no contactados estarían a unos 30 kilómetros aproximadamente, en línea recta es una distancia, pero para los pueblos estas distancias son cortas, ellos viven en la selva.

Si no hay seguridad desde el Estado de respetarles sus territorios a estas comunidades y también a los pueblos no contactados se estaría frente a una situación difícil.  Las comunidades se atemorizan y en casos así incluso los colonos se han ido, pero se han quedado las petroleras.

La presencia del Estado ha sido débil, aquí hemos tenido que organizarnos en las comunidades y decirles vean “esto hagan”.  La fuerza pública y los militares nada, se portaron cobardes, en un camino de lodo se metieron con todo y carro y no salían, esto mientras un bebé estaba desaparecido. No hay una buena respuesta.

El compañero que quedó  viudo tiene que ser indeminizado de alguna manera. Aquí lo que vemos es que los amazónicos no somos tomados en cuenta por el gobierno.

Hoy fue Unión 2000, mañana puede ser otra comunidad. El Colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH, demanda: el tratamiento respetuoso, informado y contextualizado de la problemática, la constitución de una comisión investigadora integrada por las coordinadoras de organizaciones indígenas nacionales y locales, organismos de derechos humanos y Gobierno; la reubicación consultada y en condiciones de seguridad de los colonos y la reparación de los daños causados a la familia y a la comunidad afectada.

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