Por una distribución equitativa de frecuencias en Ecuador

Posted on mayo 30, 2010

Cuando los pueblos luchan por construir su propio destino, no faltan voluntades adversas. Es lo que sucede en torno a la construcción de la Ley de Comunicación en Ecuador, país en el que las frecuencias de radio y televisión se encuentran en manos de varios grupos que se repartieron la gran mayoría de las frecuencias para hacer negocio o para conseguir votos.

Esta gran feria de frecuencias debe concluir, y para ello, hay voces que se expresan con firmeza en defensa del derecho a la comunicación, derecho que incluye la posibilidad de acceder a frecuencias para gestionar estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias. Estas voces presentaron en días pasados el siguiente comunicado al Presidente de la Asamblea Nacional:

“Ante el pretendido acuerdo al que habrían llegado los miembros de la Comisión Ocasional de Comunicación, de la Asamblea Nacional, de reservar solo el 25% de las frecuencias para medios comunitarios, tal como lo confirmó la Presidenta de la Comisión, Betty Carrillo (…), lo cual constituiría una clara violación al mandato constitucional que, de manera expresa, señala que el acceso y uso de las frecuencias debe darse en “igualdad de condiciones” (Art. 16 y 17), las organizaciones y redes de comunicación, gremios profesionales, facultades y escuelas de comunicación, tanto como movimientos sociales y demás organizaciones de la sociedad, rechazamos con firmeza la posibilidad de querer limitar el acceso y uso de las frecuencias de Radio y TV para los medios comunitarios solo al 25%.

Un reparto equitativo de las frecuencias de radio y televisión en tres tercios (una para medios públicos, otro para medios comunitarios y otro para medios privados), responde al principio de justicia distributiva que debe caracterizar un modelo democrático.

Las organizaciones, movimientos sociales y personas que suscribimos esta declaración compartimos la convicción de que si no se modifica sustancialmente la estructura de propiedad de los medios audiovisuales y las formas de acceso a los medios de comunicación por parte de los ciudadanos y ciudadanas la democratización de la comunicación no pasará de ser solo una proclama. El mantenimiento de los privilegios de los grupos de poder mediáticos y económicos es incompatible con la democratización de la comunicación, y solo demostrará que mientras en el discurso se insiste en una revolución ciudadana, la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas seguiremos siendo excluidos de ejercer el derecho a la comunicación.

El informe elaborado por la Comisión para la Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión, que determinó la existencia de más de 500 frecuencias que se habrían entregado de forma ilegal y que recomienda una reversión de las frecuencias mal habidas, corre el riesgo de quedar solo en el anaquel, mientras las múltiples voces de la diversidad seguirán silenciadas y sin posibilidad de acceder a medios propios en los que puedan divulgar su cultura, sueños y esperanzas.

Una Ley de Comunicación que se apruebe al margen de la Constitución y de espaldas a las demandas ciudadanas no puede democratizar la comunicación. Por ello insistimos en que la distribución de las frecuencias de radio y TV entre los medios públicos, privados y comunitarios, debe hacerse en forma equitativa, es decir en un 33% para cada sector, conforme la normativa constitucional”.

Por una comunicación democrática:

SIGNIS-Ecuador, OCLACC, INFODESARROLLO, CIESPAL, CEDHU, Corporación GSD, OCLACC, ALAI, COMUNICACIÓN UPS, ALER, CORAPE, WACC, RADIALISTAS, APC, FENAPE, PRODH.

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POR EL FORTALECIMIENTO DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO (CMCT) EN ECUADOR

Posted on mayo 27, 2010

Síntesis del documento “Estudio y promoción de intervenciones políticas y legales para el fortalecimiento del Convenio Marco para el Control del Tabaco en Ecuador, en el contexto de la Constitución y el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2008-2011” FUNSAD, en coordinación con el Programa de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Comité Interinstitucional de Lucha Antitabáquica (CILA), 2010.
El Ecuador firmó el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) en el año 2004 y lo ratificó en el 2006. El actual Gobierno Nacional ha dado muestras de compromiso con el Convenio: por primera vez el Ministerio de Salud Pública (MSP) asignó un presupuesto específico para control del tabaco a partir del año 2007, la Asamblea Nacional Constituyente incrementó el impuesto al tabaco en un 53%, pasando del 98 al 150%1,  la Ministra de Salud Pública presentó el “Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo” 2008-20112  el 17 de julio del 2008.
Las líneas estratégicas del Plan Nacional son:

Con estas líneas estratégicas se espera cumplir, entre otras metas, la de declarar a fines del año 2011 al Ecuador como país libre de humo de tabaco en espacios públicos cerrados.

La nueva Constitución Política, aprobada el 25 de julio de 2008 por 94 de 126 asambleístas presentes y ratificada en consulta popular el 28 de septiembre de 20083, a más de un  marco general que fortalece la salud pública, la promoción de la salud y la prevención (“el buen vivir”), incorpora artículos que explícitamente favorecen la lucha antitabáquica y la aplicación del CMCT, lo cual deberá reglamentarse a través de leyes y reformas legales:

La ejecución de este plan y los compromisos con el CMCT en el nuevo marco constitucional, implican importantes desafíos para el Estado y para el Ministerio de Salud Pública, principal responsable de su cumplimiento en su calidad de Autoridad Sanitaria, pero también para las organizaciones públicas y privadas aglutinadas en el Comité Interinstitucional de Lucha Antitabáquica (CILA), que hoy cuenta con un importante respaldo del Consejo Nacional de Salud (CONASA). Este Consejo es un espacio de concertación de las instituciones oficiales, de la seguridad social, prestadoras de servicios públicos y privados, académicas, gremiales, sindicales y ciudadanas que trabajan en salud.

Los recursos nacionales disponibles para el control del tabaco, sin embargo continúan siendo escasos y deben ser optimizados identificando intervenciones efectivas. El Ministerio de Salud Pública, a pesar de los recientes logros, no cuenta con un fuerte programa de control de tabaco ni un equipo interdisciplinario suficiente para enfrentar este reto, por lo que, los esfuerzos colaborativos con otras instituciones serán fundamentales.

Hay que considerar que la historia de intervenciones de las empresas tabacaleras en el Ecuador ha sido bastante agresiva, sobre todo en el campo de regulaciones legales y reglamentarias. Dos de las últimas más notorias son:
La injerencia de la empresa ITABSA (Philip Morris)5 en la formulación y aprobación de la “Ley Orgánica Reformatoria de la ley Orgánica de Defensa del Consumidor”6 durante el año 2006, en la que la mencionada empresa tabacalera logra incluir en esa ley artículos que sancionan a los fumadores y no a los establecimientos que violan espacios libres de humo, un blindaje en la ley de las advertencias sanitarias solo textuales e ineficaces (“EL TABACO MATA”, “EL TABACO PRODUCE CANCER”) y otro artículo que favorece el monopolio.

Otras recientes injerencias ocurrieron a fines del año 2009 cuando las empresas de la Philip Morris (ITABSA, TANASA y PROESA) pusieron de escudo a los trabajadores de la industria del tabaco y a los cultivadores de tabaco para defender sus enormes intereses económicos y bloquear la aprobación de una reforma a la Ley de Régimen Tributario que pretendía gravar con un impuesto específico de 0,07 USD a cada cigarrillo, con lo cual se buscaba restringir el acceso de niños, niñas y adolescentes a productos de tabaco. El argumento esgrimido por la industria del tabaco y que al parecer confundió a algunos asambleistas y autoridades del Ejecutivo, era que el incremento de impuestos y precios de cigarrillos incrementaría el contrabando y provocaría pérdida de plazas de trabajo. Estos falsos argumentos de la industria han sido ampliamente desvirtuados por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, pues el contrabando ocurre en países con altos y bajos impuestos, y se relaciona más con la corrupción. Las únicas plazas de trabajo que se han perdido en la industria del tabaco en la presente década en el Ecuador (hasta el año 2004 eran 500 trabajadores directos de esta industria, en el 2010 son 350) se debió al despido de las empresas por la tecnificación de sus procesos productivos. Cuando en el año 2008 se incrementó el ICE a los productos de tabaco (de 98% a 150%), no se perdió ninguna plaza adicional de trabajo.

Sin duda para el Ecuador, como probablemente sucede en muchos países, especialmente aquellos en vías de desarrollo, el Art. 5.3 del CMCT se constituye en piedra angular para la plena vigencia de este Convenio, por la agresiva y abusiva interferencia de la industria del tabaco, sobre todo en el poder legislativo. La Conferencia de las Partes del CMCT en noviembre de 2008, con no pocas dificultades, aprobó las directrices para el Art. 5.3 que deben desarrollarse en instrumentos nacionales que eviten la injerencia de la industria de tabaco en instituciones y funcionarios públicos.
Los países que han ratificado el CMCT han culminado también un borrador de “Protocolo para el Control del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco”, que se espera sea aprobado en la próxima Conferencia de las Partes que se desarrollará en Uruguay en noviembre del 2010. La industria del tabaco se opone fuertemente a este protocolo y al carácter prescriptivo del mismo, porque sabe que con una fuerte legislación mundial para el control del comercio ilícito, incluyendo el contrabando, deberán abandonar esas prácticas ilegales que aumentan sus ingresos y no tendrán pretextos para interferir el incremento de impuestos y tasas.

Por su parte, en el Ecuador, el CILA, en coordinación con el MSP, presentó en diciembre de 2009, a través de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, un proyecto de ley integral para el control del tabaco que apunta entre otros objetivos a lograr un país libre de humo de tabaco en los espacios cerrados, a eliminar totalmente todo tipo de publicidad de tabaco incluida la engañosa, e incorporar advertencias sanitarias gráficas y efectivas en los envases de productos de tabaco.
La celebración del día mundial del tabaco en el presente año 2010, con el lema “Género y Tabaco: la manipulación publicitaria y las mujeres” pretende hacer conciencia de la necesidad de proteger a las mujeres, especialmente a las niñas y adolescentes, que son uno de los principales blancos de la publicidad de la industria del tabaco a nivel mundial, en particular en los países de América Latina, Asia y África.

¡Queremos niñez y juventud libres de tabaco!

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Carta Abierta a Fernando Cordero

Posted on mayo 26, 2010

Señor Arquitecto
Fernando Cordero

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Presente
Señor Presidente:

Ante el pretendido acuerdo al que habrían llegado los miembros de la Comisión Ocasional de Comunicación, de la Asamblea Nacional, de reservar solo el 25% de las frecuencias para medios comunitarios, tal como lo confirmó la Presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, en el Jueves de la Comunicación del 20 de mayo, lo cual constituiría una clara violación al mandato constitucional que, de manera expresa, señala que el acceso y uso de las frecuencias debe darse en “igualdad de condiciones” (Art. 16 y 17), las organizaciones y redes de comunicación, gremios profesionales, facultades y escuelas de comunicación, tanto como movimientos sociales y demás organizaciones de la sociedad, rechazamos con firmeza la posibilidad de querer limitar el acceso y uso de las frecuencias de Radio y TV para los medios comunitarios solo al 25%.

Un reparto equitativo de las frecuencias de radio y televisión en tres tercios (una para medios públicos, otro para medios comunitarios y otro para medios privados), responde al principio de justicia distributiva que debe caracterizar un modelo democrático.

Las organizaciones, movimientos sociales y personas que suscribimos esta declaración compartimos la convicción de que si no se modifica sustancialmente la estructura de propiedad de los medios audiovisuales y las formas de acceso a los medios de comunicación por parte de los ciudadanos y ciudadanas la democratización de la comunicación no pasará de ser solo una proclama. El mantenimiento de los privilegios de los grupos de poder mediáticos y económicos es incompatible con la democratización de la comunicación, y solo demostrará que mientras en el discurso se insiste en una revolución ciudadana, la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas seguiremos siendo excluidos de ejercer el derecho a la comunicación.

El informe elaborado por la Comisión para la Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión, que determinó la existencia de más de 500 frecuencias que se habrían entregado de forma ilegal y que recomienda una reversión de las frecuencias mal habidas, corre el riesgo de quedar solo en el anaquel, mientras las múltiples voces de la diversidad seguirán silenciadas y sin posibilidad de acceder a medios propios en los que puedan divulgar su cultura, sueños y esperanzas.

Una Ley de Comunicación que se apruebe al margen de la Constitución y de espaldas a las demandas ciudadanas no puede democratizar la comunicación. Por ello insistimos en que la distribución de las frecuencias de radio y TV entre los medios públicos, privados y comunitarios, debe hacerse en forma equitativa, es decir en un 33% para cada sector, conforme la normativa constitucional.

Por una comunicación democrática

SIGNIS-Ecuador
OCLACC
INFODESARROLLO
CIESPAL
CEDHU
Corporación GSD
OCLACC
ALAI
COMUNICACIÓN UPS
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CORAPE
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El panadero no toma decisiones de gobierno

Posted on mayo 21, 2010

Los cambios que el Ecuador desea y que se expresaron en la aprobación de la nueva carta constitucional, tienen que ser aplicados. Una de las novedades es la conformación del “quinto poder”, encabezado por el Consejo de Participación Social, con la Ley de Participación Ciudadana, hacen crecer las expectativas por el tipo de participación social y política que se pueda construir.

Según el gobierno, hay avances en la democracia “representativa” a una democracia “participativa”. Sin embargo, el ejecutivo valora la organización popular, social o ambientalista, en función de la adhesión a sus planteamientos. El resto los califica como “infantilismos”. La metáfora del panadero, utilizada por el presidente Correa, de que “si el panadero pregunta a todos sus clientes, cómo hace el pan, al final del día, no habrá pan”, parece significar que la participación popular sirve mientras no estorbe, demore ni contradiga las decisiones de gobierno.

Pero el panadero no toma decisiones de gobierno. Si es buen panadero, todo pan que haga será saludable. En cambio, las decisiones de gobierno no se consumen a corto plazo y todas no son, necesariamente, buenas. Por ejemplo, la decisión de instalar una base gringa en Manta, fue una lesión injustificable a la soberanía y la dignidad nacional, y fue tomada por un gobernante y sus amigos, ilegalmente, siguiendo su iluminado criterio y sin consulta social.

Por otro lado, el gobierno declara lo bueno de la elección de funcionarios por méritos, tal como se eligió al Consejo de Participación Ciudadana. En una sociedad históricamente resquebrajada, injusta e inequitativa, con desigualdades clamorosas en las oportunidades para “hacer méritos”, con profunda desigualdad de condiciones sociales, económicas y culturales, la participación no puede restringirse a la “meritocracia” y ésta, no debe sustituir a la participación directa del pueblo y sus organizaciones.

La democracia se fortalece con participación popular, con sus organizaciones y haciendo escuchar su voz sin cortapisas.

La Constitución lo declara y  promueve y el gobierno debe cumplirla con una clara política de construcción de democracia participativa, superando una democracia representativa, salpicada de participación puntual y condimentada con “meritocracia”, nada más.

El gobierno de Correa existe porque hubo un proceso histórico de movilización que enfrentó la propuesta neoliberal y participó en el derrocamiento de gobiernos corruptos y traidores a sus promesas. Es lamentable que el gobierno no reconozca a cabalidad el papel de los movimientos sociales en la profundización de la democracia.

La participación, como derecho humano y derecho reconocido en la Constitución aprobada en 2008, no es una dádiva o regalo de un gobernante. La participación requiere de mecanismos para que la población la ejerza de forma permanente y amplia. Requiere de organización popular que tome decisiones y que haga realidad el derecho.

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Se hace agua la Ley de Aguas

Posted on mayo 19, 2010

Una marea multicolor de indígenas movilizados llegaron a Quito desde diferentes comunidades de la Sierra y el Oriente y, a pesar de que la policía impidió el paso de buses hacia la capital, centenares de manifestantes lograron rodear los predios de la Asamblea durante varias horas. En los enfrentamientos la Policía hirió de bala a un indígena y golpeó a varios más. Todo esto sucedió a propósito de las discusiones en la Asamblea sobre el proyecto de Ley de Aguas, el que más rechazo ha provocado en el movimiento indígena y ha logrado algo que no sucedía hace varios años: juntar a las más grandes organizaciones indias del país, CONAIE, FENOCIN y FEINE en un frente común.

En un intento de acuerdo, las representaciones indígenas plantean a la Asamblea la prohibición de privatizar el agua, determinar la cantidad vital de agua y la tarifa mínima, el tema del aprovechamiento del agua para envasado, mantener  las juntas de agua para su administración en las comunidades y las serias interrogantes que genera la implementación de la Autoridad Única del Agua.

Un punto muy álgido en el que no hay acuerdo es el manejo del agua para la minería y para cultivos de exportación como flores, frutas y vegetales. Los indígenas temen que si el proyecto no prioriza el agua para el consumo humano, la disponibilidad del recurso para las comunidades indígenas y campesinas se vería seriamente reducida. A pesar de la insistencia presidencial y de la Asamblea de que no habrá privatización del agua ni prioridad para las mineras y otras empresas, no hay prohibiciones explícitas que garanticen que esto no sucederá en la práctica.

Por muchos años, las comunidades campesinas de Sierra y Costa han manejado  la administración del agua de manera autónoma en sus comarcas a través de las juntas de agua, formadas por miembros de dichas comunidades. La Ley del Agua reduciría notablemente esa autonomía y el manejo del recurso se volvería mucho más centralizado y burocratizado si la Autoridad Única del Agua asumiera el rol que hasta ahora han cumplido las juntas de agua. El planteamiento del movimiento indígena es la creación del Consejo Plurinacional del Agua, formado por gobierno, campesinos, indígenas, empresas y sectores productivos, en el cual haya una real participación ciudadana y no una concentración de poder y funciones en una Autoridad Única que podría  administrar como a bien tuviera este  preciado recurso. En este sentido, el manejo del agua podría ser utilizado para retaliaciones políticas o para recompensar favores y no de manera justa, equitativa, imparcial y como lo que tiene que ser: un derecho fundamental e irrenunciable de los seres humanos.

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El panadero no toma decisiones de gobierno

Posted on mayo 12, 2010

Los cambios que el Ecuador desea y que se expresaron en la aprobación de la nueva carta constitucional, tienen que ser aplicados. Una de las novedades es la conformación del “quinto poder”, encabezado por el Consejo de Participación Social, con la Ley de Participación Ciudadana, hacen crecer las expectativas por el tipo de participación social y política que se pueda construir.

Según el gobierno, hay avances en la democracia “representativa” a una democracia “participativa”. Sin embargo, el ejecutivo valora la organización popular, social o ambientalista, en función de la adhesión a sus planteamientos. El resto los califica como “infantilismos”. La metáfora del panadero, utilizada por el presidente Correa, de que “si el panadero pregunta a todos sus clientes, cómo hace el pan, al final del día, no habrá pan”, parece significar que la participación popular sirve mientras no estorbe, demore ni contradiga las decisiones de gobierno.

Pero el panadero no toma decisiones de gobierno. Si es buen panadero, todo pan que haga será saludable. En cambio, las decisiones de gobierno no se consumen a corto plazo y todas no son, necesariamente, buenas. Por ejemplo, la decisión de instalar una base gringa en Manta, fue una lesión injustificable a la soberanía y la dignidad nacional, y fue tomada por un gobernante y sus amigos, ilegalmente, siguiendo su iluminado criterio y sin consulta social.
Por otro lado, el gobierno declara lo bueno de la elección de funcionarios por méritos, tal como se eligió al Consejo de Participación Ciudadana. En una sociedad históricamente resquebrajada, injusta e inequitativa, con desigualdades clamorosas en las oportunidades para “hacer méritos”, con profunda desigualdad de condiciones sociales, económicas y culturales, la participación no puede restringirse a la “meritocracia” y ésta, no debe sustituir a la participación directa del pueblo y sus organizaciones.

La democracia se fortalece con participación popular, con sus organizaciones y haciendo escuchar su voz sin cortapisas.

La Constitución lo declara y  promueve y el gobierno debe cumplirla con una clara política de construcción de democracia participativa, superando una democracia representativa, salpicada de participación puntual y condimentada con “meritocracia”, nada más.

El gobierno de Correa existe porque hubo un proceso histórico de movilización que enfrentó la propuesta neoliberal y participó en el derrocamiento de gobiernos corruptos y traidores a sus promesas. Es lamentable que el gobierno no reconozca a cabalidad el papel de los movimientos sociales en la profundización de la democracia.

La participación, como derecho humano y derecho reconocido en la Constitución aprobada en 2008, no es una dádiva o regalo de un gobernante. La participación requiere de mecanismos para que la población la ejerza de forma permanente y amplia. Requiere de organización popular que tome decisiones y que haga realidad el derecho.
El Boletín “Palabra Comprometida” del Colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH Ecuador, pretende que los líderes y lideresas populares dispongan de apoyo informativo que fortalezca sus organizaciones para ejercer la participación, como base de todos sus derechos.

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Tiempos para soberanía y comprensión

Posted on mayo 7, 2010

En Nuestra América, sobre todo en el centro y sur continentales, las reuniones de presidentes con uno u otro motivo, a diferencia de la década anterior, se han vuelto frecuentes. Los contactos y la comunicación entre quienes ha recibido la confianza de sus pueblos para liderar los aparatos estatales y las políticas nacionales son, ahora, cotidianos e impulsados por la búsqueda de respuestas inmediatas a los problemas compartidos.

El sur va dejando en el olvido el silencio y la indiferencia que predominó en las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Se había visto como natural y lógico, que primero y ante todo, los gobiernos tengan el aval y la venia del gobierno estadounidense, lo cual, tenía como condición y consecuencia, una lerda o silenciosa comunicación entre los pueblos suramericanos.

El continente se ha puesto en marcha desde las tierras del sur, no queda duda. Es un proceso claro que avanza en un contexto caracterizado por una amplia diversidad de tendencias políticas y de concepciones del desarrollo, desde las más conservadoras, como el actual gobierno chileno, hasta las tendencias reformistas o autodenominadas “revolucionarias”, como la propuesta venezolana, paraguaya, uruguaya y nicaragüense, además de la posición centrista del actual gobierno brasilero.

Nuestros pueblos, y los gobiernos de este tiempo, marcan un horizonte común con la soberanía y el desarrollo centrado en las necesidades de su gente, lo que abre múltiples posibilidades de comprensión entre los líderes nacionales.

El gobierno colombiano es el único que anda perdido los papeles, gateando mientras sus vecinos se han puesto de pie. El uribismo y su candidato oficialista se mantienen a un ladito de la corriente suramericanista, pues mantienen la mano extendida esperando el visto bueno y los millones de dólares yanquis del plan Colombia, para mantener su guerrerismo ciego. Sin embargo, parece que el pueblo colombiano dará su veredicto en las urnas, propiciando un cambio de tendencia.

Más de un centenar de delegados de organizaciones fronterizas y de derechos humanos de Colombia y Ecuador, reunidos en un Encuentro Binacional, en Las Lajas, Ipiales, hace pocos días, ratificaron que más allá de los problemas que marcan a la zona, y más allá de las diferencias de los gobiernos, hay una historia y un destino compartido por la gente a ambos lados de la línea fronteriza. Insisten, tercos y esperanzados, que la paz y la soberanía son las condiciones del desarrollo.

La Unión Suramericana de Naciones, UNASUR, es el indiscutible proceso que va tejiendo las formas y los ámbitos de comprensión continental. Esta instancia, que empieza a tener voz cuando en Estados Unidos, la gobernadora de Arizona, lanza una ley violatoria de los derechos de las personas que han migrado. UNASUR, como no se pensaba antes, tiene posición única ante la calculada candidez del gobierno español que “invita” al no reconocido gobierno de Honduras, a pesar de que los países del continente no lo aceptan porque proviene de un golpe de estado.

La UNASUR debe ser la voz de los pueblos que reclaman, de pie, la soberanía y autodeterminación que nos fueron negadas por la dominación yanqui y la complicidad de los gobiernos pro capitalistas y lacayos.

Al parecer, son tiempos para la soberanía y la comprensión del sur para el sur.

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Derecho al Trabajo: una quimera en Ecuador

Posted on mayo 3, 2010

El Día Universal del Trabajo, recordado en casi todo el mundo, trae a la memoria la matanza de cientos de obreras textiles de Chicago mientras luchaban por sus derechos. Por cierto que en el país donde ocurrieron estos hechos, los Estados Unidos de Norteamérica, para que no haya un recuerdo oficial de esa fecha, el Día del Trabajo tiene lugar en otro mes.

En nuestro país, son pocos los afortunados que cuentan con un trabajo estable: una de cada 3 personas en edad laboral. Más de la mitad, en cambio, son subempleadas, es decir no tienen un trabajo estable ni mucho menos beneficios sociales: son los ejércitos de vendedores y vendedoras ambulantes en calles, plazas y buses. Son los indígenas que bajan temporalmente a la zafra en la Costa. Son los jóvenes habilidosos en los semáforos. Son los limpiabotas. Son los albañiles, plomeros, carpinteros y pintores que esperan horas de horas y días de días en determinados sectores de las ciudades a ver si consiguen alguna “chauchita”.  Son muchas de las empleadas domésticas que aún trabajan sin seguridad social, sin salario mínimo y con horario ilimitado. Pero además, uno de cada diez ecuatorianos no tiene ningún tipo de trabajo, ni formal, ni informal, ni una “chauchita” siquiera.

Lo que hace más grave aún la situación es que desde que se inició la dolarización, en el año 2000, las cifras de desempleo y subempleo han ido en constante aumento. Y eso, a pesar del millón y medio de compatriotas que salieron a buscar mecanismos de solventar las necesidades familiares fuera del Ecuador. Al cabo de tres años de revolución ciudadana, el gobierno de Correa no ha logrado revertir la tendencia: el aumento del desempleo y subempleo continúa, a pesar de los ofrecimientos de campaña y de los grandes proyectos que supuestamente iban a generar muchas puestos de trabajo. Si bien, oficialmente se prohibió la tercerización, está lejos aún de desaparecer e incluso se ha denunciado que sigue existiendo en varias instituciones públicas.

Una consecuencia grave de esta falta crónica de fuentes de trabajo es el auge de la delincuencia. Las medidas tomadas no han dado resultados.

Mientras no haya una política de gobierno de generar  masivamente puestos de trabajo y mientras las empresas no inviertan en el país, y en tanto el trabajo continúe considerado como una mercancía, en Ecuador el derecho al trabajo seguirá siendo una quimera.

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