Silencio que mata: ¡no más violencia contra las mujeres!

Posted on noviembre 24, 2011

El ejercicio de la libertad pasa por el silencio. El silencio es una forma irrefutable y clara de vivir la libertad que tiene cada humano o humana como su patrimonio de nacimiento. En los vaivenes de la cotidianeidad de las personas, callar puede ser prudente refugio y sabia decisión. El silencio, desde este punto de vista, también es parte de la vida, es vida misma.

Pero en las cosas que tienen que ver con la especie humana, nada es perfecto y el silencio inteligente tiene su reverso: el silencio que se torna cómplice, hiere, golpea, lastima y mata. Es el silencio ante cualquier forma de violencia contra las mujeres, contra las adolescentes y las niñas. Hay que referirse a ellas porque transitamos por el día 25 del mes de noviembre, que cada año se dedica a pensar, actuar, decir contra las violencias a la mitad de la humanidad: las mujeres.

Mata el silencio de la mujer que calla cuando deja una herencia de sumisión a sus hijas e hijos, cuando aguanta que su pareja le rompa los tímpanos y le desgarre la dignidad pidiendo a gritos la comida, la ropa planchada, el orden de la casa, la limpieza de los hijos, las vacunas infantiles, el plato preferido y relaciones íntimas cada vez que él desea.
Mata el silencio que no silencia los gritos del macho que insulta como enajenado a su pareja. Este silencio mata la autovaloración y la dignidad de la mujer que la sufre y de las mujeres como género, porque multiplica y difunde las violencias contra las mujeres.
El silencio mata porque en su nombre, en algunas escuelas, siguen sueltos algunos profesores “machos” que manosean, acosan y violan a algunas niñas y adolescentes que no aprendieron –por el silencio tabú en la familia- a defenderse de la violencia de género.

El silencio mata cuando una mujer no ve, no oye ni habla, los actos de violencia que comete su actual pareja –o el tío, el abuelo, el compadre o vecino- contra los hijos de ella. Este tipo de silencio, demasiado frecuente en los periódicos, autopsias y fiscalías, es además, un silencio espeluznante, escalofriante, incomprensible. Solo una desesperada condición de sobrevivencia puede explicar esta negación y este silencio porque, la inmensa mayoría de mujeres, vive dependiendo del plato de comida y del techo del macho abusador.

Tantas mujeres en silencio, tantas mujeres silenciadas por la esclavitud de la sobrevivencia, llaman al llanto y al grito de rebeldía para hacer todo contra la pobreza lastimera y la exclusión que las condena.
Mata el silencio cuando los medios o los directivos de instituciones levantan el dedo acusador contra las adolescentes menores de 15 años que aparecen embarazadas, inculpándolas de “fáciles” sin reconocer que la mayoría, se habla del 95% de estos casos, son resultado de abuso y violencia sexual.
Mata el silencio ante el uso comercial de niñas, adolescentes y adultas, en todas las publicidades, teleshows y en medios de comunicación que –en nombre de una supuesta libertad- las convierten en objeto de adorno, de atracción y deseo sexual movidos por acrecentar el capital en los bolsillos de los dueños de empresas y medios.

Mata el silencio ante las miles de mujeres que llegan a los centros de salud u hospitales golpeadas y heridas por su pareja, porque un tanto de ellas vendrán como cadáver testimonio de femicidio, porque el silencio de quienes debían denunciar la violencia, se convirtió en autopsia y estadística.

Si el Estado debe generar las condiciones para la protección integral de sus habitantes, a lo largo de sus vidas, priorizando su atención hacia los grupos que viven desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, es hora de gritar y movilizarse:

¡No más violencia contra las mujeres! ¡Basta del silencio que mata!

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Cuando el caso Putumayo vuelve a ser noticia

Posted on noviembre 11, 2011

A LAS AUTORIDADES Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL CUANDO EL CASO PUTUMAYO VUELVE A SER NOTICIA PONIENDO A LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE SUCUMBÍOS EN ENTREDICHO

Once personas, -diez varones y una mujer-, campesinos e indígenas, fueron apresados de manera ilegal y torturados física y psicológicamente por miembros del Ejército Ecuatoriano, acusándoles de ser guerrilleros de las FARC que emboscaron y mataron a once efectivos de sus filas el 16 de diciembre de 1993, en el punto fronterizo con Colombia denominado Peña Colorada, en la ribera del rio Putumayo. Estas personas fueron liberadas y posteriormente indemnizadas por parte del Gobierno Ecuatoriano, después de un juicio de varios años que llegó hasta la última instancia legal.

Diecinueve instituciones religiosas y de derechos humanos estuvimos a su lado en toda su lucha por alcanzar la justicia merecida. Conformadas en el Comité Coordinador de Instituciones de Iglesia, Organismos de Derechos Humanos y ONGs “Caso Putumayo”, les asistimos legal, social, psicológica y espiritualmente. La Iglesia de San Miguel de Sucumbíos asumió el compromiso de solidaridad con estas personas desde la Oficina de Derechos Humanos-Lago Agrio, que impulsaba la acción legal, desde la pastoral carcelaria que les brindó acompañamiento permanente; y desde los equipos misioneros de la zona del Putumayo que proporcionaban atención humanitaria a sus familias.

Cuando el juicio concluyó y el gobierno de ese entonces pagó una indemnización en reconocimiento del perjuicio y los daños que les había causado, la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos administró el fondo de dicha indemnización, conforme a los acuerdos que sobre este aspecto tan delicado se alcanzó con los afectados. Una Comisión integrada por misioneras presupuestaba con cada familia sus gastos, conforme a su situación y sus necesidades, y el departamento de contabilidad les desembolsaba el dinero mensualmente según aquellos presupuestos. La mayoría de las familias de los afectados invirtió su parte en la compra de lotes, fincas, carros, casas, la construcción y adecuación de su vivienda, y la gastó en alimentación, vestuario, educación y salud. Cada entrega, cada inversión, cada cuenta, cada transacción fue registrada y todo documento de respaldo está en el archivo de la Administración del Vicariato, en manos de los Heraldos del Evangelio desde el 30 de Octubre del 2010.

En un gesto de común acuerdo, reflexionado profundamente, y de reconocimiento a la ayuda que recibieron, los “Once del Putumayo” destinaron un porcentaje del dinero de la indemnización a un fondo común, para promover acciones de solidaridad y de defensa de los derechos humanos, con las que se atendieron las necesidades de sus propias familias y de otros grupos como la pastoral carcelaria de Lago Agrio que pública y oportunamente agradeció su aporte.

El 26 de octubre último, algunos de los afectados acuden a los medios de comunicación para pedir en lo sustancial sanción a sus torturadores e indemnización del Estado Ecuatoriano afirmando que dos afectados habrían muerto por causa de las torturas de entonces y, faltando a la verdad al decir que la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos, bajo la Administración de Mons. Gonzalo López Marañón, no les dio todo su dinero.

Conocedores y conocedoras de los pormenores del caso Putumayo y advertidos de que se trata de una nueva amenaza sobre la Iglesia de Sucumbíos, estamos en la obligación de manifestar lo siguiente:

1. Sigue siendo justo y legítimo el pedido de sanción a sus torturadores.

2. A las autoridades les corresponde determinar la verdadera causa de la muerte de las dos personas del caso Putumayo y determinar si procede o no una nueva indemnización.

3. A nosotros y nosotras nos corresponde dejar claramente señalado que si alguien perdió fue el Vicariato de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos que, por ser el responsable de administrar el dinero, cubrió la pérdida que causó el Feriado Bancario con sus fondos propios, entregando el capital y los intereses a los Once del Putumayo.

4. Los gastos que durante más de tres años demandó este enorme esfuerzo de solidaridad –transporte, comunicación, atención terapéutica, alojamiento, alimentación, materiales de oficina, gastos administrativos, etc.- se sufragaron con recursos provenientes de la cooperación nacional e internacional y de quienes colaboramos desde el Comité trabajando de manera voluntaria, sin cobrar ninguna remuneración.

5. Estamos atentos a la evolución de esta situación, y, de ser pertinente, actuaremos sin dudarlo acudiendo a las herramientas que nos da suficientemente la Constitución y la Ley.

Comité Coordinador de Instituciones de Iglesia, Organismos de Derechos Humanos y ONGs “Caso Putumayo”

 

Quito, 27 de octubre de 2011

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Protesta social en la mira

Posted on noviembre 10, 2011

El actual régimen ha demostrado preocupación por el área social, realizando
muy importantes inversiones en salud y educación. En cambio, la protesta
social ha sido no solo condenada, sino francamente criminalizada. Al
menos 200 dirigentes sociales e indígenas enfrentan juicios por sabotajes y
terrorismo. La zona de Kimsacocha en Azuay ha sido militarizada, al igual que
la de Río Bravo, cerca de Chone, en Manabí. Dentro de este contexto, hace
poco fue detenido en Ibarra, de manera arbitraria e injusta Marco Guatemal,
presidente de la FICI, organización de Imbabura adscrita a la CONAIE. Esta
acción tomó el gobierno aduciendo que el dirigente indígena lideró el cierre de
vías en una protesta contra el Proyecto de ley de Aguas.

El cierre de vías no es nada nuevo en nuestro país. Se ha usado como medio
de protesta desde hace largos años y contra distintos gobiernos. Sin embargo,
anteriormente, los protagonistas no siempre eran detenidos y en el peor de los
casos, su detención no pasaba de unos pocos días. Ahora el gobierno utiliza
el Código Penal, un código obsoleto y represivo, contrario al espíritu mismo de
la Constitución de Montecristi para perseguir a los protagonistas de la protesta
social.

Estas prácticas dirigidas contra dirigentes sociales e indígenas atentan contra
los derechos humanos, contra los derechos de las comunidades, pueblos y
nacionalidades, contra el derecho a la protesta y a la rebelión. Todos estos
derechos constan en la Constitución de Montecristi.

El gobierno está obstinado en llevar adelante sus proyectos de minería,
petróleo y de infraestructura sin escuchar a los actores sociales que se verían
afectados por los mismos. Tampoco demuestra argumentos suficientemente
sólidos de tipo social, económico o técnico, ante los cuestionamientos de las
poblaciones afectadas.

Estos proyectos generarán ingresos al Estado, aunque más a las empresas
que usufructen de ellos. El propio Presidente ha afirmado que el gobierno
necesita de esos recursos para pagar los sueldos a policías, militares,
maestros y médicos. Pero el desarrollo no se puede realizar pasando por sobre
los sectores populares, incluso cuando se trata de cientos o de pocos miles de
personas afectadas por un proyecto. Es indispensable el diálogo, los acuerdos
consensuados, ponerse en los zapatos del otro, dejar de lado posiciones
intransigentes, el va porque va. Eso es lo democrático, eso es escuchar la voz
del pueblo.

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