¿Y ahora, qué hacer, Presidente?

Posted on enero 27, 2012

El hospital “Baca Ortiz”, de Quito, es uno de los más importantes del sistema público de salud. Hace poco, el Presidente de la República lo visitó de sorpresa y palpó que los viejos vicios de administración, incluyendo la provocada ineficiencia que encubre la corrupción, siguen vivos. Siguen vivos y coleando, relegando los derechos de usuarios y usuarias. Los hábitos, costumbres y “mañas” que vuelven inoperantes a los servicios públicos ¡están vivos!, son como ADN de la “larga noche neoliberal”.

El “berrinche” presidencial que produjo la caída del ministro del ramo y su equipo, demuestra que un cambio revolucionario en la gestión pública no es producto del cambio constitucional, ni fruto del millonario marketing de imagen, ni de la multiplicación de los fondos destinados al sector público ni de las virtudes individuales de un ministro de Estado.

El cambio no es producto de ninguna de estos factores por separado, porque ninguno de ellos lleva –espontánea y automáticamente- a un manejo público coherente con los derechos de las personas y la naturaleza.

Los derechos de la gente se juegan en lo cotidiano. Por ejemplo, en los colegios, se juega en la seguridad que brinda cada establecimiento educativo para proteger, garantizar y reparar (si es el caso) la integridad de las adolescentes. Antes que una norma escrita o un procedimiento burocrático, está la realidad, crudeza y dureza de casos de violencia sexual cometida por docentes, que no pueden ser tratados, ahora, como hace diez años. Esos procedimientos burocráticos han servido para acallar y amedrentar a las víctimas, para re-victimizarlas, para dejarlas indefensas y, finalmente, para sacramentar la impunidad de los acosadores. ¿Será que el tratamiento de la violencia sexual en ámbito educativo necesita una sorpresiva visita del Presidente para que las autoridades del ramo se enteren que los derechos de las adolescentes se vulneran y vuelven a vulnerar como hace años?

¿Será también que debe, el Presidente, ir de escuela en escuela, inspeccionando que los bares no vendan golosinas “chatarra” porque las supervisiones de educación no pueden o no quieren hacer que se cumpla esa política y porque las autoridades provinciales no pueden o no quieren hacerlo?

La ruta de las personas que acuden a los hospitales públicos seguirá, receta en mano, entre la emergencia, las farmacias de los alrededores, las clínicas, tomógrafos y ecografías privadas –porque a pesar de los millones de dólares, muchos hospitales públicos y centros de salud, repiten: “no tenemos esto, no tenemos lo otro, vaya a comprar…”. ¿Será que cada hospital o centro de salud debe recibir una visita inesperada del Presidente para cambiar y hacer realidad lo que dice la Constitución?

La visita del Presidente desnuda la sobrevivencia de viejos vicios neoliberales en los servicios públicos. Es triste y preocupante constatar que el cambio depende del Presidente. Sus ministros, salvo excepciones, al parecer y como sucede con el ex de salud, no están a la altura del cambio. Las direcciones provinciales –en general- tampoco logran percibir que los derechos de la gente deben ser garantizados en lo cotidiano, no en los informes burocráticos ni en los eventos de marketing. Los que siempre han pensado que los servicios públicos, hospital o escuela, son sus feudos privados, no cambian por decreto. Muchos de ellos y ellas, solo cambian si alguien les obliga a cambiar. Ese alguien, por ahora, sólo es el Presidente.

El “berrinche presidencial” es aleccionador. Deja evidencia y preguntas. El cambio no es tarea de una persona por más buena intención y capacidad. Es asunto de equipos comprometidos con los derechos de la gente. En la gestión actual del gobierno, se prioriza la imagen y la venta millonaria de imágenes. No se siente una gestión de gobierno basada en equipos efectivos en cada provincia, distrito y circuito. La pregunta final: y ahora, ¿qué hacer, Presidente? ¿Dónde está ese indispensable equipo de gobierno para el cambio?

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Chevrón – Texaco: una sentencia que alienta

Posted on enero 20, 2012

Hace algunos días, un juzgado de la provincia de Sucumbíos ratificó la sentencia condenatoria en contra de la gigante transnacional petrolera Chevron-Texaco. Esta sentencia obliga a la petrolera a pagar 8.500 millones de dólares por los daños ocasionados en la Amazonía ecuatoriana durante veinte y seis años de explotación petrolera.

Esta sentencia llega luego de un proceso de cerca de 18 años, en el cual el Frente de Defensa de la Amazonia -formado por habitantes afectados por la contaminación y abogados de la zona- llevan a cabo una lucha valiente e inclaudicable, en condiciones por demás difíciles y debiendo enfrentar a  bufetes completos de abogados experimentados al  servicio de la transnacional norteamericana.

A pesar de la enorme diferencia de recursos entre las partes, las evidencias de la espantosa contaminación en un área de aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados, en Sucumbíos y Orellana, son pruebas irrefutables. Alrededor de 30.000 afectados, 2.000 personas muertas como consecuencia de la contaminación, miles de enfermos, ríos y esteros contaminados, bosques arrasados, destrucción del equilibrio ecológico, cultivos anulados, habitantes empujados a migrar, indígenas obligados a abandonar  su forma tradicional de vida, son algunas de estas pruebas.

El Frente de Defensa de la Amazonía se propone luchar por la vida y otros derechos como la salud, el trabajo, la autodeterminación, la alimentación, el ambiente sano  para los habitantes de las zonas afectadas: indígenas, kichwas, sionas, secoyas, cofanes y huaoranis, así como colonos emigrados de diferentes rincones del Ecuador.

Los  derechos de estas 30 mil personas fueron violados de forma deshonesta  durante largos años por la explotación irresponsable de Chevron-Texaco, que provocó la peor catástrofe ecológica producida por una transnacional en América Latina, y una de las más graves a nivel mundial.

A pesar de contar con los medios necesarios para evitar la enorme contaminación producida y sus letales consecuencias, la transnacional optó por echar las aguas tóxicas en ríos y esteros. El petróleo en cambio lo depositó en piscinas abiertas y en el campo. Se estima que de esta forma, Chevron-Texaco se ahorró unos 8.000 millones de dólares y así, incrementó considerablemente sus ganancias. Esto evidencia el desprecio de la empresa y de sus directivos por los habitantes, por la naturaleza y por el país que los acogió.

Es lamentable el papel jugado por el Estado ecuatoriano a lo largo de varios gobiernos, incluido el actual. Se lavan las manos y miran para otro lado,  como si las personas afectadas por esta catástrofe ecológica no fuesen ciudadanos ecuatorianos, ríos ecuatorianos y territorio ecuatoriano. Incluso, el ex presidente  Sixto Durán-Ballén, en actitud de lacayo y traidor a su pueblo, tomó partido por la trasnacional durante su mandato.

En contraste con ello, esta lucha ha contado con el apoyo desinteresado y valiente de unos cuantos abogados norteamericanos que plantearon por primera vez el juicio contra la empresa en Estados Unido, y también de los movimientos sociales ecuatorianos, firmemente comprometidos con la causa.

Chevron-Texaco está utilizando todo su poder, influencias y artimañas para no pagar los 8.500 millones de dólares y por lo tanto, la lucha del Frente de Defensa de la Amazonía va para largo. No pararán hasta que el gigante trasnacional pague hasta el último centavo que le impone la sentencia.

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Las mujeres decimos NO a la minería!

Posted on enero 13, 2012

Nosotras, mujeres indígenas, manglareras, campesinas, pescadoras, montubias, afroecuatorianas, mestizas, cholas,  del campo y la ciudad, mujeres profesionales, amas de casa, lesbianas, jóvenes, jubiladas, adultas mayores, discapacitadas, unidas en la diversidad en la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador – AMPDE  expresamos nuestra voz de rechazo a la entrada de la empresa minera CODELCO al territorio de Intag – Imbabura, y a cualquier propuesta minera en el país. Nos reconocemos en la lucha histórica tanto de las organizaciones de Intag en contra de la minería y del extractivismo de recursos naturales, como en sus apuestas por la construcción del Buen Vivir.

Consideramos que el gobierno local y el gobierno central deben seguir los  postulados constitucionales que colocan al Buen Vivir como eje de desarrollo.  Las propuestas  extractivistas lejos de traer bonanza para todos y todas, serán causa de conflictos, tensiones, violencia y división social, perpetuando la pobreza y la desigualdad en las poblaciones locales.

Es urgente caminar hacia un nuevo modelo de desarrollo post-extrativista, basado en  el cumplimiento de los derechos de la naturaleza y soberanía sobre nuestros recursos naturales. Finalmente rechazamos todos los actos de criminalización de la protesta que se vienen dando contra las organizaciones sociales.

Convocamos a la rueda de prensa el día sábado 14 de enero de 2012 en la ciudad de Cotacachi, a las 14h00 en el local del Jambi Mascari (Av. 10 de agosto al lado del Terminal Terrestre) misma que contará con la presencia de mujeres dirigentes de varias regiones del país, de Intag y Cotacachi .

Agradecemos de antemano su  participación en la cobertura de este evento.  Consideramos fundamental que los medios de comunicación se involucren en los debates en torno al modelo de desarrollo.

Atentamente,

Colectiva nacional AMPDE

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Acoso sexual en colegio de Manabí

Posted on enero 13, 2012

Señora Ministra:

Esta semana y en este espacio, se debería hablar de importantes temas, tales como la visita del presidente iraní a Ecuador, o también, del juicio contra la petrolera Chevron por contaminación de la selva y la vida amazónica en Orellana y Sucumbíos, juicio a favor de la gente afectada. Sin embargo, hay un tema de inmensa trascendencia que debe ser tratado: acoso sexual en el Colegio Nacional “13 de Octubre” de Calceta, Manabí, denunciada por nueve estudiantes, a fines de octubre de 2011, contra tres docentes, entre ellos el vicerrector del plantel.

El PRODH decide exponerlo públicamente, señora Ministra, porque el silencio o los trámites no parecen ser efectivos para resguardar los derechos de las adolescentes y familias.  Las víctimas del caso son nueve adolescentes y sus familias, personas trabajadoras y dignas, quienes decidieron denunciar luego de sentir que las cosas no podían seguir y que se debía frenar la prepotencia machista y las ofensas contra la dignidad por parte de quienes no merecen ser educadores. Las denuncias presentadas en la Junta Cantonal de Protección de Derechos exigen que el Ministerio de Educación intervenga con celeridad y claridad, velando por los derechos de las adolescentes.

Desde que se denunció el caso, hasta enero de 2012, son casi tres meses en los que las autoridades provinciales del Ministerio de Educación han tenido una actitud de poco compromiso con los derechos de las adolescentes, pues han esperado informes sin plazo y han dado  disposiciones que cayeron en el vacío. Por ejemplo, han visto y dejado con parsimonia y casi encubrimiento, que el rector del Colegio no acate ni respete la disposición de la Junta Cantonal de Protección de separar a los docentes acusados mientras se investiga el caso, como dice la norma legal.

El irrespeto de la disposición de  separar a los docentes acusados ha favorecido que, desde octubre a la fecha, se instaure un clima de amedrentamiento, amenazas, maltrato y chantaje psicológico contra las adolescentes, sus familias y contra docentes que solicitan respeto a los derechos de las estudiantes y que se realice una investigación seria e imparcial. Sí se favoreció que un grupo de estudiantes “amigos de los acusados”, se tome el establecimiento y paralice sus actividades, en “huelga estudiantil” contra la separación de profesores acusados. ¿Cómo entender que las adolescentes que denunciaron, dentro del establecimiento educativo, sean amenazadas y maltratadas, al punto de que las madres se vean obligadas a pedir al Rector, garantía y seguridad para sus hijas? ¿Hay alguien que garantice sus derechos dentro del colegio?

Las autoridades provinciales dicen que hacen lo legal, pero resulta que la vida de las adolescentes víctimas y denunciantes de una violación a su integridad, se ha tornado en un calvario, como nadie  quiere para ninguna adolescente del mundo. Las autoridades locales se mueven al ritmo que favorece la impunidad, tradicional y lastimera impunidad, demasiado común y bien aprendida por cierta gente del gremio, que protege al macho acosador y desampara a la víctima adolescente.

Señora Ministra, ¿conoce usted el caso? Conoce que la supervisora del cantón manifestó a las madres de familia denunciantes, que “todo lo que se dice que está pasando en el Colegio 13 de Octubre no es acoso sexual, que tocarle los senos o hacerle pinzas en los pezones tampoco es acoso sexual…” Si usted no lo conoce, como es probable, le invitamos a hacerlo. Por ellas, las estudiantes, por sus derechos y sueños de adolescentes que no merecen ser marchitados por docentes sin escrúpulos. Por su derecho a ser felices y por el deber del sistema educativo de protegerlas.

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¡A marcar la ruta para el 2012!

Posted on enero 6, 2012

Todo inicio de año acompaña buenos propósitos, que necesariamente deben basarse en los retos que deja el año que termina.

El Ecuador de 2011 nos deja un sabor agridulce. El gobierno de Rafael Correa dio un impulso importante a la salud, la educación y la vialidad, aumentando no solo la  cobertura, sino también la calidad de estos servicios. Para ello, el gobierno contó con los más altos ingresos petroleros de la historia, un barril de petróleo de casi cien dólares!

Aplausos para el programa social Manuela Espejo, a favor prácticamente de todas las personas discapacitadas del país. Este programa se preocupó con gran decisión por un sector especialmente vulnerable de la población, que había sido invisibilizado por todos los gobiernos anteriores.

En contraste con estos logros, es preocupante observar que se criminaliza la protesta social. Son cerca de 200 dirigentes y miembros de comunidades campesinas e indígenas los acusados de sabotaje y terrorismo. Su crimen es  haber participado en manifestaciones y cierres de vías, en protesta por la intención del gobierno de permitir en sus comunidades la práctica de la minería a gran escala, que afectaría a los suelos y sobre todo a las fuentes de agua.

En este sentido, la Ley de Minería aprobada en el 2009, no corresponde con el principio del buen vivir o Sumay Kausay, establecido en la Constitución de Montecristi, ya que posibilita la actividad minera a cielo abierto y en gran escala.  Esta forma de extraer los recursos del suelo rompe el equilibrio entre las comunidades y el entorno, atenta contra los derechos de la naturaleza y amenaza el derecho al agua.

Al criminalizar la protesta social, se violenta el artículo 98 de la Constitución, que establece que los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público.

Por otra parte, en el 2011 asistimos al despido intempestivo de miles de funcionarios públicos, llamado de forma irónica por el gobierno, renuncia voluntaria. A los afectados, acusados de incumplimiento de sus labores o de actos de corrupción, en lugar de aplicarles los procedimientos administrativos y penales que, de ser el caso les correspondería, se les negó el derecho a la defensa y para su imprevista salida se contó con apoyo de la fuerza pública.

Merecen rechazo los ataques a la libertad de expresión por parte del gobierno y las muestras de intolerancia y autoritarismo por parte del primer mandatario, así como las claras intenciones gubernamentales de controlar todos los poderes del Estado, lo que contradice la esencia misma de un sistema democrático formal.

Este escenario presenta retos importantes para el quehacer de las organizaciones de promoción de los derechos humanos. La coordinación de agendas, la reflexión colectiva y el mutuo apoyo en las prácticas entre organizaciones sociales darán la pauta para el caminar que requiere el 2012.

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