190 años y la dominación continúa

Posted on mayo 29, 2012

El 24 de Mayo se conmemora el aniversario 190 de la batalla de Pichincha,  combate en que las tropas españolas fueron derrotadas definitivamente por las fuerzas al mando del mariscal Sucre y permitieron la independencia de lo que primero fue el distrito del Sur de la Grancolombia, y luego la República del Ecuador.

Han pasado casi dos siglos desde la  independencia, los tiempos y el mundo han cambiado mucho, los avances de la ciencia y la tecnología han sido enormes, el país no es ajeno a la modernidad y los avances de los movimientos sociales en nuestro país han sido significativos. Sin embargo, el Ecuador sigue siendo un país subdesarrollado, exportador de materias primas, con gran parte de su población viviendo en la pobreza y en la indigencia. Se caracteriza por la injusticia social y la inequidad, con gran concentración de la riqueza en pocas manos. En lo económico, Ecuador se mantiene dependiente de los Estados Unidos y en menor medida, de otras potencias.

El injusto reparto de la riqueza sigue siendo un problema fundamental que el país viene acarreando desde la época de la Colonia. La independencia no logró cambiar esta situación, la revolución liberal y ciertos gobiernos progresistas tampoco,  menos aún la autodenominada  revolución ciudadana.

Del dominio de los españoles, pasamos al dominio de los criollos, al de las oligarquías terratenientes y finalmente al de las grandes empresas nacionales y transnacionales. En estos casi dos siglos, se sucedieron muchos gobiernos,  encargados de garantizar el dominio económico de los poderosos. Ni siquiera la revolución liberal, revolución burguesa y modernizadora, logró este objetivo. Sus logros fueron más bien en el plano social.

Los distintos gobiernos neoliberales  de décadas recientes aumentaron aún más la concentración de la riqueza, su punto culminante fue el famoso feriado bancario decretado por Mahuad y su consecuente catástrofe económica, cuyas consecuencias muchos ecuatorianos aún las siguen padeciendo. La consecuencia principal fue la salida al extranjero de un millón y medio de compatriotas.

En el 2007 llegó al poder un gobierno que creó grandes expectativas a nivel del pueblo y que sigue teniendo un importante apoyo de la ciudadanía. Este gobierno ha realizado las mayores inversiones en salud, educación y vialidad que se hayan hecho en el país. Sin embargo, insiste en un modelo extractivista, basado en el petróleo y la minería para obtener recursos para el Estado. Modelo con el cual ningún país en el mundo ha salido del subdesarrollo.

A pesar del discurso “izquierdista”, los mayores beneficiarios de este gobierno son los grandes grupos económicos de los sectores agroalimentarios, de la construcción, importadores, supermercados y bancos. Y a pesar de que ha disminuido en un modesto porcentaje la pobreza como lo indica la CEPAL, en los 5 años anteriores la pobreza disminuyó casi el doble  que durante el gobierno de Correa.
190 años después de la independencia de España, el Ecuador sigue esperando una segunda independencia que permita que se establezca una sociedad justa, solidaria, equitativa, democrática y no discriminatoria, donde los derechos humanos sean una realidad y no una declaración de buenas intenciones.

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Libertad de expresión ¡para todos y sin intermediarios!

Posted on mayo 4, 2012

En el año 2010, varias organizaciones de jóvenes en Ecuador, integrantes de la Red de Radialistas Juveniles, realizaron un ejercicio ciudadano de veeduría sobre las representaciones y tratamiento informativo que los medios de comunicación realizan sobre los temas de la sexualidad de adolescentes y jóvenes. Esta experiencia se concretó en el Observatorio de Medios en la Mirada Juvenil.

Los resultados de este monitoreo no son del todo alentadores porque, a pesar de que en Ecuador el 20% de la población es adolescente, apenas 3%, en una muestra de más de 3 mil notas de periódicos, presentan temas relacionados con adolescentes y jóvenes, mientras que, la proporción de anuncios dirigidos o que utilizan imágenes de adolescentes y jóvenes, es el doble. ¿Qué refleja este dato? Simplemente que los medios monitoreados en 9 provincias del país, encuentran en la juventud un rico nicho para promover el consumo, poco importa la promoción de su espíritu crítico, su educación y su cultura.

Otra de las “perlas” descubiertas por las y los jóvenes investigadores de la comunicación se relaciona con el manejo que hacen los medios monitoreados a las representaciones de la juventud.  En el 12% de fotografías se incurre en un manejo cuestionable porque no se protege la identidad de niñas, niños o adolescentes, se exalta la violencia, la pobreza; se muestra personajes como objetos sexuales y se recrean roles patriarcales, adultocéntricos o machistas. 70% de imágenes proponen a la mujer como objeto sexual, objeto decorativo o en actitud de víctima.

La Red de Radialistas Juveniles, como muchas otras iniciativas de la sociedad civil, quisiera acceder a espacios en los que su voz sea escuchada, no  necesitan que les “den diciendo”, que les “den pensando”,  y peor todavía,  que les representen de una manera tan limitada como la que revela este observatorio.

Para garantizar el disfrute y el respeto de los derechos humanos  es indispensable generar condiciones que permitan que el derecho a la libre expresión y opinión, así como el acceso a la información estén al alcance de todos.

Para ejercer la libertad de expresión hace falta que la información que nos proporcionan los medios sea veraz, imparcial y contextualizada, es decir pensada en las necesidades de la sociedad, porque el derecho a la información no es un derecho individual sino social. Requerimos información de calidad, ética y con responsabilidad social. Queremos una información plural, sin censura previa, pero con responsabilidad ulterior, independiente de los poderes políticos y económicos.

El director del Centro de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL,  informa que el diario LaHora de Ecuador, el 3 de febrero de 2011, en su página B3, publicó una nota titulada “Observatorios chimbos”.  El titular hace referencia al observatorio de medios de CIESPAL, y a sus profesionales se refiere como “plumíferos” que han recibido billete del gobierno. Pese a las reiteradas exigencias  de rectificación, los directivos de La Hora nunca dieron una respuesta satisfactoria, pero sí recibieron un correo electrónico del presidente del diario, que concluía “cualquier asunto adicional acuda a las instancias judiciales que desde ya están controladas por el gobierno”.  Nos preguntamos entonces ¿dónde está la responsabilidad del medio para emitir información verificada y no sustentada en rumores?  La respuesta “si no le gusta, métame juicio”, o si no le gusta “cambie de canal” ¿es una respuesta que refleja la responsabilidad de los medios hacia la ciudadanía? ¿Entendemos la libertad de expresión como un derecho universal, o es acaso potestad de los dueños de los medios de comunicación?

La libertad de expresión, como todo derecho, conlleva también un deber: la obligación de asumirlo con responsabilidad social y es parte de otro gran derecho, el derecho a la comunicación. Este derecho lo tenemos todas las personas y por ello, los diversos sectores ciudadanos deberían acceder a los medios no solo como consumidores, porque esa es una visión errónea de la comunicación.

Para ejercer el derecho a la comunicación los sectores sociales deben contar con las condiciones materiales que les permitan producir sus propios mensajes, llámense programas radiales, televisivos, notas de prensa y otras. Deben además ser tomados en cuenta como voceros para informar y opinar sobre las situaciones que nos competen a todos.

El escritor uruguayo Eduardo Galeano señala que “las voces de la gente, sin intermediarios, suenan más verdaderas”. Pero para que las voces de la gente común y sus verdades suenen a través de los medios, todavía existen muchas limitaciones que impiden a los ciudadanos tener acceso a los medios de comunicación.

El informe de la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión, presentado en el año 2010, revela que el 40% de las concesiones de frecuencias en Ecuador habían sido obtenidas de forma ilegal o mediante prácticas ilegítimas, además demuestra el altísimo grado de concentración de estas frecuencias en manos privadas y/o en grupos empresariales de medios conectados con los sectores financieros y comerciales del país y del exterior.

Este informe brinda ampliamente suficientes elementos para justificar la democratización del acceso y uso de las frecuencias de radio y televisión.

Catalina Botero, Relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, señala que “si buscamos defender la libertad tenemos que atender a esta doble vía: no solamente la libertad de quienes tienen la posibilidad de hablar porque tienen los medios para hacerlo y ser escuchados, sino que todos podamos competir en igualdad de condiciones para entrar en el mercado informativo. Pero además, considerar no sólo la libertad de informar sino también de informarse, la libertad de tomar decisiones informadas”.

¿De qué decisiones informadas hablamos cuando las mujeres  han sido relegadas de este derecho al no contar, en la mayoría de casos, con información o educación necesaria porque los Estados no han garantizado suficientemente su acceso? Tampoco han garantizado el acceso a medios para que las mujeres emitan su opinión, al igual que a programas de salud y de prevención de la violencia. Estos factores han influido negativamente, a decir de Frank La Rue, Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, para que ellas puedan tomar libremente decisiones informadas.  Yo añado que estos factores inciden en la todavía limitada participación de las mujeres en la esfera pública.

La Plataforma de Acción de Beijing de 1995, expresa su preocupación por la constante proyección de imágenes negativas y degradantes de la mujer, así como su desigualdad en el acceso a la tecnología en la información.

El ejercicio de la libertad de expresión necesariamente conlleva una mayor participación de la mujer en asuntos públicos y en la toma de decisiones sobre aspectos que pueden influir directamente en su desarrollo, lo cual en el país es todavía limitado por los factores expuestos.

En este escenario, los movimientos sociales tienen el desafío de vigilar porque el Estado cumpla con su obligación de generar condiciones para el ejercicio de los derechos a la comunicación y dentro de ellos, el de la libertad de expresión.

Tienen también el desafío de hacer otra comunicación, fortaleciendo los medios populares y comunitarios, creando nuevos medios y espacios de comunicación que eviten reproducir las mismas limitaciones que cuestionan al sistema vigente.

El Estado debe tener claro que la libertad de opinión y expresión, así como el acceso a la comunicación, son herramientas que pueden coadyuvar a la erradicación de la pobreza porque los grupos sociales que ejercen este derecho pueden informarse, demandar sus derechos y participar en el debate público para generar cambios sociales y políticos. El Estado tiene la obligación de demostrar tolerancia con el pensamiento crítico y las posiciones divergentes a las suyas, tomando en cuenta su rol activo en la promoción y protección del derecho a la comunicación.

Los medios de comunicación, de asumir su responsabilidad social, jugarían un importante papel como generadores de participación. La sociedad requiere personas y grupos capaces de abordar los problemas de la pobreza, el hambre, las enfermedades, la discriminación, el deterioro del ambiente. Los medios se enriquecerían, y la sociedad también, con la participación de mujeres, jóvenes, indígenas, afros, montubios y otras tantas diversidades que hacen la riqueza del país.

Demandamos que los medios cumplan con su responsabilidad social en cuanto a la calidad de contenidos que ofertan. Nos indigna constatar que las audiencias con bajo nivel de criticidad consumen imágenes globalizadas de ser mujer, lo cual no es inocuo ni mero entretenimiento sin carga ideológica. Los inocentes roles de las modelos o de los machos de las programaciones son reflejo de una concepción predominante y tienen un poder influyente en los juicios, valores y comportamientos de hombres y mujeres.

No podemos seguir siendo insultados con mensajes como el emitido hace dos años por un vocero de RTS, canal 5, cuando dijo que “los negros no tienen cerebro, en lugar de cerebro tienen dos cacahuates, por eso solo sirven para patear pelota”

Este tipo de insultos a la condición humana hablan de la urgencia de una instancia reguladora de los medios de comunicación, en la que la sociedad civil ponga su mirada crítica, porque sin participación social no hay libertad de expresión.

La redistribución equitativa de frecuencias, el control sobre los mensajes discriminatorios y ofensivos, junto con otros temas indispensables para la libertad de expresión que hoy se debaten en el país, no son dádivas de ningún régimen, son conquistas producto de las luchas sociales, como todo lo que tiene que ver con los derechos humanos.

A nombre de la libertad de expresión, los medios están obligados a dar información de calidad, los ciudadanos a exigirla y el Estado a garantizarla. Creemos firmemente que otra comunicación es posible a través de normativas firmes, de actores nuevos y diversos y de espacios en los que las antiguas y las nuevas tecnologías de la comunicación estén al alcance de todas y de todos. PRODH

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Una “limpia” urgente en la salud pública

Posted on mayo 4, 2012

El Ministerio de Salud, a través de su dependencia provincial en Guayas, hace poco, realizó una inspección de farmacias ubicadas alrededor de un hospital público de Guayaquil. Se encontró que las farmacias vendían medicamentos de todo tipo, pertenecientes al Ministerio de Salud. También se comprobó que expenden medicinas caducadas. Esto es un criminal perjuicio a la población que acude a los hospitales y sale con una receta a comprar lo que debía haber recibido por derecho y sin pago.

Hace poco, también, circuló la noticia de cierta adquisición de medicamentos del MSP, que tenía irregularidades y que, de haberse concretado, habría perjudicado al país en varias centenas de miles de dólares. Además, se conocen procesos irregulares de contratación, por ejemplo, en el hospital de Portoviejo, respecto a la lavandería del hospital. El pasado no lejano, deja tristes recuerdos en la compra de ambulancias y en construcciones para salud, en las cuales, desaparecen pruebas y se esfuman las personas responsables. ¿Quién responde por la construcción de un “hospital” en Tosagua, con fondos públicos y en un gobierno anterior al de Correa, en un sitio asilado, sin camino de acceso y en zona de inundación?

¿Será verdad que aún ahora, para acceder a un puesto en salud, se debe pagar “el diezmo” a ciertos políticos vinculados al gobierno y que ese  pago “se recupera” en el puesto?

Las acciones del MSP para extirpar la corrupción, son agridulces. Por una parte, alienta saber que se destapan los negociados que salpican a las entidades que cuidan la salud de la ciudadanía. Qué bueno que haya funcionarios decididos a romper las cadenas de corrupción que, al parecer, todavía pululan por algunos hospitales, centros de salud y otras dependencias de salud. Sería motivo de aplauso que el MSP se limpie de funcionarios y empleados irresponsables y deshonestos.

Por otro lado, estas noticias revelan que, a pesar del discurso del gobierno respecto a la honestidad y transparencia, no se ha logrado erradicar el hurto de lo público y la corruptela en unidades de salud. Quién sabe si, con la inmensa cantidad de fondos que el gobierno ha entregado para la salud pública, esas redes de corrupción se han mantenido, fortalecido y sofisticado.

El principio de la corrupción en la gestión de la salud pública es el conflicto de intereses entre funcionarios y empleados. Así, los médicos de hospital son también dueños de clínicas, laboratorios y farmacias ubicadas en alrededores (o lejos) del servicio público. ¿Es aceptable que un funcionario de salud pública sea accionista de una clínica que ha suscrito un convenio con el MSP? ¿Es ético que el MSP suscriba acuerdos de atención con centros de exámenes, cuyos dueños son hijos de funcionarios de salud? ¿Es entendible que funcionarios de salud pública sean accionistas de distribuidoras de medicamentos o insumos, y que sean proveedores de sus unidades de salud?

El Presidente de la República ha constatado personalmente y ha detallado casos que revelan que la corrupción subyace y sigue vigente en la gestión de los servicios de salud. Es necesario que la señora Ministra de Salud y su equipo, decidan una purga general para romper los conflictos de intereses en todos los ámbitos del MSP. Es hora de una “limpia” en el MSP para acabar con trampas, trucos, robos y enriquecimiento ilícito de unos cuantos vivarachos. Finalmente, mantener la corrupción perjudica al más pobre de la sociedad, al que acude a los hospitales públicos por su derecho a la salud. Sin una gestión general limpia y honesta en salud pública, no habrá presupuesto que aguante…

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