De espaldas a nuestros derechos

Posted on diciembre 7, 2012

A pocos días del 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, el balance sobre su cumplimiento en Ecuador durante el 2012 deja que desear.  Entre las principales manchas que opacan el panorama está la criminalización que el régimen de Rafael Correa hace a la protesta social, lo cual no es nuevo en el país.
En su afán de imponer, a como dé lugar, su modelo de desarrollo extractivista petrolero y minero, y de megaproyectos energéticos, el régimen de Rafael Correa se ha ensañado con dirigentes y activistas sociales que manifiestan su oposición a este modelo.

Así por ejemplo, el 3 de marzo del 2012, mediante el operativo denominado “Sol Rojo”, en la ciudad de Quito fueron detenidos 10 jóvenes, acusados del delito de terrorismo. Aunque no se cuenta con las debidas pruebas, se los acusa de planificar acciones violentas encaminadas a desestabilizar al gobierno. Esta supuesta “conspiración” se da en el marco de la Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos, convocada por organizaciones sociales, indígenas y campesinas.

Según denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos, basadas en testimonios de los detenidos, sus familiares y vecinos, “durante la detención se registraron agresiones, violencia, montaje de evidencia, entre otras irregularidades al debido proceso”.

Dos meses después de su detención fueron allanados los hogares de los detenidos o de sus padres, encontrándose “evidencias” como afiches del Che Guevara, a quien paradójicamente Rafael Correa canta cada vez que puede, y discos de música protesta, de esa que también canta el Presidente en sus sabatinas.

Han pasado nueve meses de la detención y estos jóvenes continúan detenidos, sin que hasta la fecha se les haya probado ninguna de las acusaciones. Sus derechos al libre pensamiento,  a la libertad de reunión, a la libertad de organización y a la resistencia, son letra muerta.

Por otra parte, en noviembre de este año, dos dirigentes de la comuna de San Pablo Amalí, provincia de Bolívar, fueron detenidos y son procesados por terrorismo. Estas dos personas, junto con cientos de integrantes de la comuna, protestaban contra la usurpación de su territorio para la construcción de la central hidroeléctrica Hidrotambo y en defensa del agua y de sus tierras. El Fiscal de Bolívar les acusó de terrorismo y pidió su prisión preventiva. Rápidamente el juez de la causa acogió la solicitud.

Hace pocos días el gobierno convocó a la XI ronda petrolera para convocar a empresas interesadas en la exploración y explotación petrolera en el centro y sur del Oriente ecuatoriano. Las nacionalidades indígenas de la zona han expresado su frontal rechazo a la decisión unilateral de licitar los bloques petroleros. Sus argumentos son el altísimo costo ambiental, el sacrificio de 3 millones de hectáreas de la última selva virgen de la Amazonía y la necesidad de preservación de sus formas de vida y sus culturas.

Las organizaciones indígenas arguyen que de concretarse estas contrataciones, se verán afectadas de forma nefasta con la explotación petrolera y sus males colaterales como la  deforestación, contaminación de tierras y ríos con sus secuelas de enfermedades y muerte, colonización indiscriminada, entre otras.

El gobierno afirmó que realizó una consulta previa a las nacionalidades indígenas antes de la ronda petrolera. Sin embargo, sus dirigentes la consideran nula ya que no se respetó el método tradicional de toma de decisiones, no se incluyeron procesos culturales adecuados con el idioma, no informaron a las comunidades de los alcances de la exploración y explotación petrolera en sus territorios y el proceso se ha desarrollado con evidente mala fe.

Parece probable  la reelección presidencial de Rafael Correa, con lo cual el gobierno seguirá adelante con su modelo extractivista, y es de suponer que la protesta social contra este modelo se podría acentuar, al igual que la represión y la criminalización de la misma, en concordancia con un régimen que se muestra cada vez más autoritario e intolerante. Por ello, el movimiento de derechos humanos y los sectores sociales debemos estar alertas y preparados para dar respuestas oportunas ante tal situación.

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