Adolescentes: derechos invisibles en la campaña

Posted on enero 29, 2013

Adolescentes, ellas y ellos, que según la norma son las personas que van de 10 a 19 años; que constituyen un abrumador 20 por ciento de toda la población ecuatoriana; que tienen derechos que aparecen en el Código de Niñez y Adolescencia o en la Constitución; que pueden votar desde los 16, si quieren; y pueden ser candidatos desde los 18, si quieren; ellos y ellas, aparecen esporádicamente en las propuestas de campaña electoral, y casi siempre, desde un análisis que tiene que ver con leyes para juzgarles por sus infracciones, rehabilitarles e insertarles. Sin embargo, ellos y ellas, adolescentes, llenos de presente y futuro, tienen necesidades, es decir, d e r e c h o s, que el Estado, los gobiernos, los candidatos y candidatas, como buenos núcleos de reproducción del modelo social adultocéntrico y patriarcal, desconocen, ya que para ellos son invisibles.

Hablar de derechos de adolescentes en Ecuador, es hablar de derechos que deben dejar de ser invisibles también en la campaña electoral que ha entrado en una fase de intenso ritmo y derroche de… ¿de qué? ¿De propuestas para este sector poblacional? Muy pocas. ¿De iniciativas para que los derechos adolescentes se tornen principio y fin de la competencia electoral? Escasas o ninguna. ¿De nuevas formas de debatir problemas y soluciones y llevarlas a la práctica? Tampoco. Por lo pronto, en la campaña, se evidencia una competencia de todos contra las candidaturas del movimiento oficialista.

Graciosamente, penosamente mejor, los discursos de los recorridos electorales son millones de palabras que pretenden dejar en soletas la gestión del gobierno actual y sus candidatos, sobre todo al presidenciable. Luego, en el esquema discursivo, los otros candidatos, se animan a decir que ellos no harán lo que ha hecho al actual gobierno, que serán diferentes, que darán la vuelta lo que ha hecho. El discurso de campaña, se ha tornado monótono, todos contra uno y uno contra todos, y hay candidatos a quienes mejor les iría callando, porque cada vez que hablan, pierden adeptos.

Ellos y ellas, volviendo al tema que hoy convoca, a d o l e s c e n t e s, requieren la mejor educación a lo largo de su vida, de acuerdo con sus intereses y capacidades, incluyendo educación para la sexualidad integral y científica, no plagada de moralismo y silencio. Tienen derecho a los mejores, confidenciales, oportunos y eficientes servicios de salud, que les proporcionen atención e información para el cuidado completo de su salud, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva. Tienen derecho a una vida sin violencia de ningún tipo, incluyendo la estigmatización que aún persiste en ciertos medios masivos. Tienen derecho a que nadie les utilice para delinquir o para tirar piedras, para modelar pegando afiches o para bailar en tarimas ofreciendo helados. Nadie tiene derecho a utilizar a los y las adolescentes.

Pero, además de estas necesidades obvias, ellos y ellas, tienen derecho para invertir su tiempo propio, es decir, esa franja de tiempo –hasta de seis horas diarias- que les queda luego de estudios y oficios domésticos, en actividades que les permitan crecer y desarrollarse más y mejor: artes plásticas, teatro, danza, música, deportes (que no sean solo fútbol en la calle), ballet, artes marciales, gimnasia, atletismo, natación, escalada, pintura, escultura, artesanías, y un montón más de actividades que nos hacen, a todas las personas, mejores personas. Tienen derecho a tener la oportunidad de dedicar su tiempo libre en cualquiera de estas actividades de forma gratuita, cercana a su casa, de calidad y de forma permanente (no solo en los cursillos vacacionales a los que accede una minoría de adolescentes). Por tanto, tienen derecho a que los gobiernos nacional o local, desarrollen iniciativas para asegurar los espacios (que pueden ser todos los colegios de todo el país) y los o las instructoras de todas las disciplinas para todos y todas las adolescentes de todos los rincones del país. Este es un derecho básico para ellos y ellas.

Por ahora, nadie habla de este derecho. También en la agenda del actual gobierno, es invisible.

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Adolescentes: derechos invisibles en campaña

Posted on enero 24, 2013

Adolescentes, ellas y ellos, que según la norma son las personas que van de 10 a 19 años; que constituyen un abrumador 20 por ciento de toda la población ecuatoriana; que tienen derechos que aparecen en el Código de Niñez y Adolescencia o en la Constitución; que pueden votar desde los 16, si quieren; y pueden ser candidatos desde los 18, si quieren; ellos y ellas, aparecen esporádicamente en las propuestas de campaña electoral, y casi siempre, desde análisis que tiene que ver con leyes para juzgarles por sus infracciones, rehabilitarles e insertarles. Sin embargo, ellos y ellas, adolescentes, llenos de presente y futuro, tienen necesidades, es decir, d e r e c h o s, que el Estado, los gobiernos, los candidatos y candidatas, como buenos núcleos de reproducción del modelo social adultocéntrico y patriarcal, desconocen, ya que para ellos son invisibles.

Hablar de derechos de adolescentes en Ecuador, es hablar de derechos que deben dejar de ser invisibles también en la campaña electoral que ha entrado en una fase de intenso ritmo y derroche de… ¿de qué? ¿De propuestas para este sector poblacional? Muy pocas. ¿De iniciativas para que los derechos adolescentes se tornen principio y fin de la competencia electoral? Escasas o ninguna. ¿De nuevas formas de debatir problemas y soluciones y llevarlas a la práctica? Tampoco. Por lo pronto, en la campaña, se evidencia una competencia de todos contra las candidaturas del movimiento oficialista.

Graciosamente, penosamente mejor, los discursos de los recorridos electorales son millones de palabras que pretenden dejar en soletas la gestión del gobierno actual y sus candidatos, sobre todo al presidenciable. Luego, en el esquema discursivo, los otros candidatos, se animan a decir que ellos no harán lo que ha hecho al actual gobierno, que serán diferentes, que darán la vuelta lo que ha hecho. El discurso de campaña, se ha tornado monótono, todos contra uno y uno contra todos, y hay candidatos qa quienes mejor les iría callando, porque cada vez que hablan, pierden adeptos.

Ellos y ellas, volviendo al tema que hoy convoca, a d o l e s c e n t e s, requieren la mejor educación a lo largo de su vida, de acuerdo con sus intereses y capacidades, incluyendo educación para la sexualidad integral y científica, no plagada de moralismo y silencio. Tienen derecho a los mejores, confidenciales, oportunos y eficientes servicios de salud, que les proporcionen atención e información para el cuidado completo de su salud, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva. Tienen derecho a una vida sin violencia de ningún tipo, incluyendo la estigmatización que aún persiste en ciertos medios masivos. Tienen derecho a que nadie les utilice para delinquir o para tirar piedras, para modelar pegando afiches o para bailar en tarimas ofreciendo helados. Nadie tiene derecho a utilizar a los y las adolescentes.

Pero, además de estas necesidades obvias, ellos y ellas, tienen derecho para invertir su tiempo propio, es decir, esa franja de tiempo diario –hasta de seis horas diarias- que les queda luego de estudios y oficios domésticos, en actividades que les permitan crecer y desarrollarse más y mejor: artes plásticas, teatro, danza, música, deportes (que no sean solo fútbol en la calle), ballet, artes marciales, gimnasia, atletismo, natación, escalada, pintura, escultura, artesanías, y un montón más de actividades que nos hacen, a todas las personas, mejores personas. Tienen de derecho a tener la oportunidad de dedicar su tiempo libre en cualquiera de estas actividades de forma gratuita, cercana a su casa, de calidad y de forma permanente (no solo en los cursillos vacacionales a los que accede una minoría de adolescentes). Por tanto, tienen derecho a que los gobiernos nacional o local, desarrollen iniciativas para asegurar los espacios (que pueden ser todos los colegios de todo el país) y los o las instructoras de todas las disciplinas para todos y todas las adolescentes de todos los rincones del país. Este es un derecho básico para ellos y ellas.

Por ahora, nadie habla de este derecho. También en la agenda del actual gobierno, es invisible.

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25 años… ¿Dónde están los hermanos Restrepo?

Posted on enero 14, 2013

Hace 25 años, dos hermanos, Pedro Andrés y Santiago, ambos adolescentes, fueron detenidos, torturados en un centro de detención en Quito y, posteriormente, fueron asesinados por miembros de la Policía Nacional del Ecuador. El crimen de lesa humanidad, explicable por la política de ciega represión sangrienta que impuso el régimen de ese entonces, fue conocido por altas autoridades y quién sabe, hasta por el mismo presidente del país, León Febres Cordero.

Esas “autoridades”, en cadena de complicidades, decidieron, como los asesinos en serie, ocultarse en la “desaparición” de los cadáveres. Y para que la familia calle y esté quieta, armaron un engranaje de mentiras, perversamente ejecutado por una teniente policía. La inconformidad de la familia Restrepo Arismendi, sin embargo, fue creciendo y rompió el cerco de fábulas puestas para ocultar la verdad del crimen cometido por policías. La terca pregunta de su madre y de su padre ¿dónde están mis hijos?, mil veces repetida en todos los centros penitenciarios, en las oficinas acartonadas del ministro de gobierno, de los políticos de turno, fue una gota de agua golpeando en la roca.

De las preguntas personales y telefonazos, los Restrepo tuvieron que pasar a la calle para que el mundo entero conozca que dos niños aprehendidos por la policía ecuatoriana estaban muertos y desaparecidos, que el crimen se quería esconder bajo siete llaves de perversidad e infamia. Los miércoles se tornaron tribuna pública obligada para la familia de Pedro Andrés y de Santiago. Personas y grupos comprometidos con los derechos humanos hicieron también suya la devoción semanal de repetir la pregunta en los umbrales del palacete de los sucesivos gobiernos que no querían dar razón: ¿Dónde están? Y, por tanto, la demanda: ¡Devuélvannos a nuestros hijos y hermanos!

Las preguntas de seres queridos asesinados o desaparecidos se multiplicaron. No eran solo los hermanos Restrepo, había más violaciones a la dignidad y a la vida cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, obedeciendo a la misma política socialcristiana de matar primero y averiguar después. La bandera blanca con los rostros de Santiago y Andrés encabezó una terca marcha de familiares que, a golpe de miércoles en la Plaza Grande, se volvió un torrente poco manejable para los gobernantes. Al cabo de algunos años, gracias a las mil idas y venidas de la familia de los hermanos Restrepo, se lograron rescatar y armar piezas del rompecabezas. Las piezas más importantes, los restos mortales de los chiquillos inocentes, siguen en la sombra, escondidos por las mismas manos criminales y sus encubridores. Alguien sabe, alguien calla.

Los miércoles de la plaza, los festivales, las celebraciones religiosas, las marchas, los pitos, las canciones, las demandas nacionales e internacionales, y las banderas al viento, lograron que se reconozca la desaparición de los hermanos Restrepo como crimen de Estado. La familia recibió un aliciente que nunca será suficiente, ni de lejos. La pregunta sigue martillando: ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están mis hermanos?

A los 25 años de un crimen depravado y de una gigantesca resistencia interminable de la familia Restrepo, admirable como las de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo y de todos los familiares de desaparecidos de Nuestra América, una lección sale a flote: los derechos de las personas no se defienden en el discurso politiquero y electoralista, sino en la búsqueda de justicia y verdad que rompa los hilos del poder que asesina, de la perversidad que lo encubre y del silencio que cobija a los criminales. Alguien exige, alguien grita: ¿Dónde están los hermanos Restrepo?  Alguien sabe, alguien calla.

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La paz, un imposible ante el comercio de armas

Posted on enero 3, 2013

El Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas será negociado en las Naciones Unidas en marzo de 2013, a pesar de la fuerte oposición que en Estados Unidos ejerce la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA). Al suscribir este tratado los gobiernos se comprometen a no exportar armas a países que están sujetos a un embargo de armas, ni a exportar armas que facilitarían “la comisión de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra” u otras violaciones del derecho internacional humanitario. El tratado prohíbe la exportación de armas si facilitan la “violencia de género o la violencia contra los niños” o si son utilizadas para “el crimen trasnacional organizado”. El tratado regula la exportación internacional de armas y municiones, pero no regula la legislación nacional interna de los países sobre la venta o el uso de armas.

Los registros de Amnistía Internacional dan cuenta de la magnitud del problema que involucra la venta no reglamentada de armas “cada día 1.500 personas mueren en conflictos armados en todo el mundo, es decir, una persona por minuto. Las armas no reglamentadas son utilizadas para obligar a decenas de miles de niños a participar en conflictos armados y para violar mujeres y niñas en zonas de conflicto.” Además “a causa de los conflictos armados, más de 26 millones de personas en el mundo se han visto forzadas a huir de sus hogares y su modo de subsistencia ha sido destruido”.

El dolor que embarga a las familias que vivieron en víspera de la última navidad las consecuencias de la masacre escolar de Newtown, Connecticut, así como de tantas otras víctimas de masacres similares en Estados Unidos y en otros rincones del planeta, no puede olvidarse. No puede la humanidad, ni el pueblo estadounidense, continuar viviendo con el temor de  una nueva barbarie.

Mirar este tipo de irracionalidades como hechos aislados, producto de “monstruos” o de videojuegos, como lo señaló el presidente de la NRA,  es evitar poner el dedo en la llaga de un sistema que privilegia el comercio de las armas por sobre el primero y más grande derecho: la vida.

Los Estados deben actuar, la sociedad debe presionar para que El Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas sea suscrito por los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, y porque las legislaciones nacionales controlen el uso de las armas en sus respectivas jurisdicciones.

A decir de Amy Goodman, periodista comprometida con las causas de la vida, “desde los pasillos de la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, hasta Afganistán o Somalia, el flujo de armas y municiones estadounidenses provoca violencia, muertes y heridas. El Presidente Obama y el Congreso deben adoptar medidas en forma urgente”.

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