El Derecho al Trabajo en la nueva Constitución

Publicado el septiembre 14, 2008

La falta de fuentes de trabajo en el Ecuador es uno de los problemas socioeconómicos más graves para gran parte de la población.  Aproximadamente la mitad de ciudadanos y ciudadanas en edad laboral son subempleados, es decir no tiene un trabajo formal o directamente son desempleados. No tiene ningún trabajo, ni formal ni informal, por lo tanto, es fundamental la puesta en marcha poner en marcha políticas que generen más puestos de trabajo por parte de los diferentes sectores de la sociedad: público, privado, comunitario y asociativo. Además, es importante que se garanticen los derechos a los trabajadores sin ser explotados de manera infame.

La sección tercera del proyecto de la nueva Constitución, sobre las formas de trabajo y su retribución, en los artículos 325 al 333, reconoce  al derecho al trabajo en todas sus modalidades como en la Constitución vigente. Sin embargo, hay diferencias importantes que deben ser destacadas. El artículo 327, prohíbe toda forma de precarización como la intermediación laboral, la tercerización y la contratación por horas, con sanciones para quienes incumplan la prohibición.

La tercerización e intermediación permitieron a los empresarios y patronos evadir los beneficios sociales de los trabajadores como décimos tercer, cuarto y quinto sueldos, antigüedad y bonos, y evitar el pago de indemnizaciones en caso de renuncia o despido intempestivo. Afortunadamente,  esta medida está en vigencia y a un conocido empresario textil que  prefirió  despedir a 300 trabajadoras mercerizadas, antes que reconocerle los beneficios sociales, se le salió el tiro por la culata: un grupo de estas mismas trabajadoras, con un préstamo del  gobierno, formó una empresa  de confección autogestionada que ya está en producción.

En el artículo 333 se reconocer como labor productiva el trabajo no remunerado de auto sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares.  Por primera vez, el trabajo doméstico  no remunerado, que es realizado casi siempre por mujeres, es reconocido como  tal. Además, la protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva  a quienes realicen este tipo de trabajo.

En el artículo 326 se reconoce el derecho a la formación de sindicatos, gremios y asociaciones por parte de las persona trabajadoras y se reconoce el derecho a la huelga para los trabajadores y sus organización y el derecho al paro para las personas empleadoras. Sin embargo, en el mismo artículo prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud, saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, producción hidrocarburífera, transportación pública, correos o telecomunicaciones. Esto significaría que la mayoría de los trabajadores del sector público no tendrán derecho a la huelga.

En síntesis, la nueva Constitución presenta avances indudables en los derechos laborales de los trabajadores aunque ciertos derechos de los trabajadores públicos sean restringidos.

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