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Una reforma agridulce

Publicado el Agosto 4, 2010

La reforma a la Ley de Hidrocarburos entró en vigencia por el ministerio de la ley. Dicha reforma no pudo ser tratada por la Asamblea porque no se completó el quórum, ya que la casi totalidad de los asambleístas de Alianza País y algunos de otras tiendas políticas no asistieron a la sesión, impidiendo que hubiera mayoría para poder discutir las reformas. A esto se le sumó la presencia del asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera y del ministro todo-terreno, Ricardo Patiño, reunidos en las oficinas de la Asamblea con sus copartidarios. Como resultado se dio una reedición de los métodos mañosos y detestables de la vieja “partidocracia”, tan atacados por el presidente Correa, pero que el gobierno y su movimiento no tuvieron empacho en utilizarlos. El fin justifica los medios: ante la duda de que la reforma no sea aprobada o se trate de modificarla mejor fue irse por lo seguro, usar la viveza criolla e impedir el quórum y que las reformas pasen sin ser discutidas.

Esta burda manipulación del gobierno le resta legitimidad a una reforma que, al menos en teoría, tiene aspectos positivos: las empresas extranjeras no tendrán más contratos de explotación sino de prestación de servicios, por lo cual la producción será controlada por el Estado, al igual que los ingresos extraordinarios que resulten del aumento de los precios. Las empresas petroleras no podrán descontar del impuesto a la renta costos financieros exorbitantes como lo solían hacer. Además, el gobierno señaló que las empresas que no estén dispuestas a invertir pueden irse. Uno de los objetivos de la reforma es lograr la renegociación de los contratos petroleros y la inversión en el mediano plazo.

Sin embargo, las bondades de las reformas tendrán que verse en la práctica. Y también quedan dudas de una política petrolera que, en forma incoherente con su discurso nacionalista, permitió una participación del 30% a la empresa estatal venezolana PDVSA en la explotación del campo Sacha, el de mayor producción del país y que durante más de 30 años fue operado exclusivamente por Petroecuador. También es cuestionable la reducción del impuesto a la renta para las empresas petroleras, del 44% al 25%, supuestamente para garantizar sus ganancias. Tampoco el tema ITT va por buen camino: no hay hasta ahora resultados claros de las negociaciones y todo apunta a que sería un gran montaje, porque desde hace un buen tiempo ya se habría decidido la explotación petrolera en esta zona.

La reforma a la Ley de Hidrocarburos nace deslegitimizada, ojala que su puesta en práctica no sea igual de cuestionable.

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