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Libertad de expresión ¡para todos y sin intermediarios!

Publicado el Mayo 4, 2012

En el año 2010, varias organizaciones de jóvenes en Ecuador, integrantes de la Red de Radialistas Juveniles, realizaron un ejercicio ciudadano de veeduría sobre las representaciones y tratamiento informativo que los medios de comunicación realizan sobre los temas de la sexualidad de adolescentes y jóvenes. Esta experiencia se concretó en el Observatorio de Medios en la Mirada Juvenil.

Los resultados de este monitoreo no son del todo alentadores porque, a pesar de que en Ecuador el 20% de la población es adolescente, apenas 3%, en una muestra de más de 3 mil notas de periódicos, presentan temas relacionados con adolescentes y jóvenes, mientras que, la proporción de anuncios dirigidos o que utilizan imágenes de adolescentes y jóvenes, es el doble. ¿Qué refleja este dato? Simplemente que los medios monitoreados en 9 provincias del país, encuentran en la juventud un rico nicho para promover el consumo, poco importa la promoción de su espíritu crítico, su educación y su cultura.

Otra de las “perlas” descubiertas por las y los jóvenes investigadores de la comunicación se relaciona con el manejo que hacen los medios monitoreados a las representaciones de la juventud.  En el 12% de fotografías se incurre en un manejo cuestionable porque no se protege la identidad de niñas, niños o adolescentes, se exalta la violencia, la pobreza; se muestra personajes como objetos sexuales y se recrean roles patriarcales, adultocéntricos o machistas. 70% de imágenes proponen a la mujer como objeto sexual, objeto decorativo o en actitud de víctima.

La Red de Radialistas Juveniles, como muchas otras iniciativas de la sociedad civil, quisiera acceder a espacios en los que su voz sea escuchada, no  necesitan que les “den diciendo”, que les “den pensando”,  y peor todavía,  que les representen de una manera tan limitada como la que revela este observatorio.

Para garantizar el disfrute y el respeto de los derechos humanos  es indispensable generar condiciones que permitan que el derecho a la libre expresión y opinión, así como el acceso a la información estén al alcance de todos.

Para ejercer la libertad de expresión hace falta que la información que nos proporcionan los medios sea veraz, imparcial y contextualizada, es decir pensada en las necesidades de la sociedad, porque el derecho a la información no es un derecho individual sino social. Requerimos información de calidad, ética y con responsabilidad social. Queremos una información plural, sin censura previa, pero con responsabilidad ulterior, independiente de los poderes políticos y económicos.

El director del Centro de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL,  informa que el diario LaHora de Ecuador, el 3 de febrero de 2011, en su página B3, publicó una nota titulada “Observatorios chimbos”.  El titular hace referencia al observatorio de medios de CIESPAL, y a sus profesionales se refiere como “plumíferos” que han recibido billete del gobierno. Pese a las reiteradas exigencias  de rectificación, los directivos de La Hora nunca dieron una respuesta satisfactoria, pero sí recibieron un correo electrónico del presidente del diario, que concluía “cualquier asunto adicional acuda a las instancias judiciales que desde ya están controladas por el gobierno”.  Nos preguntamos entonces ¿dónde está la responsabilidad del medio para emitir información verificada y no sustentada en rumores?  La respuesta “si no le gusta, métame juicio”, o si no le gusta “cambie de canal” ¿es una respuesta que refleja la responsabilidad de los medios hacia la ciudadanía? ¿Entendemos la libertad de expresión como un derecho universal, o es acaso potestad de los dueños de los medios de comunicación?

La libertad de expresión, como todo derecho, conlleva también un deber: la obligación de asumirlo con responsabilidad social y es parte de otro gran derecho, el derecho a la comunicación. Este derecho lo tenemos todas las personas y por ello, los diversos sectores ciudadanos deberían acceder a los medios no solo como consumidores, porque esa es una visión errónea de la comunicación.

Para ejercer el derecho a la comunicación los sectores sociales deben contar con las condiciones materiales que les permitan producir sus propios mensajes, llámense programas radiales, televisivos, notas de prensa y otras. Deben además ser tomados en cuenta como voceros para informar y opinar sobre las situaciones que nos competen a todos.

El escritor uruguayo Eduardo Galeano señala que “las voces de la gente, sin intermediarios, suenan más verdaderas”. Pero para que las voces de la gente común y sus verdades suenen a través de los medios, todavía existen muchas limitaciones que impiden a los ciudadanos tener acceso a los medios de comunicación.

El informe de la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión, presentado en el año 2010, revela que el 40% de las concesiones de frecuencias en Ecuador habían sido obtenidas de forma ilegal o mediante prácticas ilegítimas, además demuestra el altísimo grado de concentración de estas frecuencias en manos privadas y/o en grupos empresariales de medios conectados con los sectores financieros y comerciales del país y del exterior.

Este informe brinda ampliamente suficientes elementos para justificar la democratización del acceso y uso de las frecuencias de radio y televisión.

Catalina Botero, Relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, señala que “si buscamos defender la libertad tenemos que atender a esta doble vía: no solamente la libertad de quienes tienen la posibilidad de hablar porque tienen los medios para hacerlo y ser escuchados, sino que todos podamos competir en igualdad de condiciones para entrar en el mercado informativo. Pero además, considerar no sólo la libertad de informar sino también de informarse, la libertad de tomar decisiones informadas”.

¿De qué decisiones informadas hablamos cuando las mujeres  han sido relegadas de este derecho al no contar, en la mayoría de casos, con información o educación necesaria porque los Estados no han garantizado suficientemente su acceso? Tampoco han garantizado el acceso a medios para que las mujeres emitan su opinión, al igual que a programas de salud y de prevención de la violencia. Estos factores han influido negativamente, a decir de Frank La Rue, Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, para que ellas puedan tomar libremente decisiones informadas.  Yo añado que estos factores inciden en la todavía limitada participación de las mujeres en la esfera pública.

La Plataforma de Acción de Beijing de 1995, expresa su preocupación por la constante proyección de imágenes negativas y degradantes de la mujer, así como su desigualdad en el acceso a la tecnología en la información.

El ejercicio de la libertad de expresión necesariamente conlleva una mayor participación de la mujer en asuntos públicos y en la toma de decisiones sobre aspectos que pueden influir directamente en su desarrollo, lo cual en el país es todavía limitado por los factores expuestos.

En este escenario, los movimientos sociales tienen el desafío de vigilar porque el Estado cumpla con su obligación de generar condiciones para el ejercicio de los derechos a la comunicación y dentro de ellos, el de la libertad de expresión.

Tienen también el desafío de hacer otra comunicación, fortaleciendo los medios populares y comunitarios, creando nuevos medios y espacios de comunicación que eviten reproducir las mismas limitaciones que cuestionan al sistema vigente.

El Estado debe tener claro que la libertad de opinión y expresión, así como el acceso a la comunicación, son herramientas que pueden coadyuvar a la erradicación de la pobreza porque los grupos sociales que ejercen este derecho pueden informarse, demandar sus derechos y participar en el debate público para generar cambios sociales y políticos. El Estado tiene la obligación de demostrar tolerancia con el pensamiento crítico y las posiciones divergentes a las suyas, tomando en cuenta su rol activo en la promoción y protección del derecho a la comunicación.

Los medios de comunicación, de asumir su responsabilidad social, jugarían un importante papel como generadores de participación. La sociedad requiere personas y grupos capaces de abordar los problemas de la pobreza, el hambre, las enfermedades, la discriminación, el deterioro del ambiente. Los medios se enriquecerían, y la sociedad también, con la participación de mujeres, jóvenes, indígenas, afros, montubios y otras tantas diversidades que hacen la riqueza del país.

Demandamos que los medios cumplan con su responsabilidad social en cuanto a la calidad de contenidos que ofertan. Nos indigna constatar que las audiencias con bajo nivel de criticidad consumen imágenes globalizadas de ser mujer, lo cual no es inocuo ni mero entretenimiento sin carga ideológica. Los inocentes roles de las modelos o de los machos de las programaciones son reflejo de una concepción predominante y tienen un poder influyente en los juicios, valores y comportamientos de hombres y mujeres.

No podemos seguir siendo insultados con mensajes como el emitido hace dos años por un vocero de RTS, canal 5, cuando dijo que “los negros no tienen cerebro, en lugar de cerebro tienen dos cacahuates, por eso solo sirven para patear pelota”

Este tipo de insultos a la condición humana hablan de la urgencia de una instancia reguladora de los medios de comunicación, en la que la sociedad civil ponga su mirada crítica, porque sin participación social no hay libertad de expresión.

La redistribución equitativa de frecuencias, el control sobre los mensajes discriminatorios y ofensivos, junto con otros temas indispensables para la libertad de expresión que hoy se debaten en el país, no son dádivas de ningún régimen, son conquistas producto de las luchas sociales, como todo lo que tiene que ver con los derechos humanos.

A nombre de la libertad de expresión, los medios están obligados a dar información de calidad, los ciudadanos a exigirla y el Estado a garantizarla. Creemos firmemente que otra comunicación es posible a través de normativas firmes, de actores nuevos y diversos y de espacios en los que las antiguas y las nuevas tecnologías de la comunicación estén al alcance de todas y de todos. PRODH

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