Suscribete¿Un Ministerio para la justicia?
Publicado el Noviembre 22, 2007
A propósito de la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es posible que a la ciudadanía le surja la preocupación de que este Ministerio se convierta en otro de los trofeos para la ingerencia política, que atente contra la independencia que debe caracterizar a los órganos de justicia.
El Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones básicas para la realización de la justicia, como requisito para mantener la paz social. Para ello, debemos contar con un ente que investigue con prolijidad, otro que acuse en nombre de una sociedad agraviada por el acto punible, un tercero que defienda diligentemente al procesado, así como una estructura independiente, proba e imparcial con poder para juzgar. Adicionalmente, se sumaría una estructura encargada de la reinserción social de la persona recluida.
Toda persona, aún aquella que ha cometido un delito, tiene derechos que deben ser amparados por el Estado. Desde que se inicia la investigación, hasta que se cumple la pena, hay una infinidad de derechos involucrados. Está por ejemplo, la presunción de inocencia; la no discriminación, la prohibición de tortura, el trato humano, la imparcialidad del juzgador, el derecho a la defensa. Todos estos derechos se resumen en la obligación de respetar el debido proceso.
De ahí que resulta imprescindible que los diferentes organismos inmersos en el sistema penal coordinen acciones al servicio de la justicia, y no a la burda construcción de cárceles, que a más de su abarrotamiento, ocultan la ineficiencia en la lucha contra la delincuencia. La experiencia ha demostrado que la prisión, lejos de disminuir los índices de criminalidad o cumplir con objetivos disuasivos del delito, solo ha logrado la estigmatización de grupos marginados, producto de un sistema elitista que favorece a la impunidad del poderoso.
No se trata de crear un ministerio que, siendo dependiente de la función ejecutiva, pueda arrogarse funciones jurisdiccionales, atribuibles de manera exclusiva a la función judicial. Por el contrario, lo que se busca es aportar la mayor cantidad de elementos de juicio para que la decisión del juez o tribunal sea la más cercana a los ideales de justicia. Es decir, se pretende abolir la criminalización de personas, que víctimas del modelo social excluyente, no cuentan con oportunidades educativas, laborales o que simplemente no se encuentran en condiciones de pagar costosos honorarios o corruptelas en pro de su defensa.
Sólo con una reestructuración institucional y un cambio de actitud de los entes públicos se podrá lograr que la ciudadanía empiece a confiar en un sistema judicial canalizador de la violencia. Caso contrario, seguiremos presenciando ajusticiamientos callejeros, venganzas personales ilimitadas que colocan a la sociedad en un constante estado de zozobra, ante incontrolables escaleras de odio, sangre y violencia.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe ser concebido, no sólo como un coordinador de los organismos inmersos en el sistema penal, sino como un verdadero ente implementador y desarrollador de políticas criminológicas, capaces de educar a la población, fomentar el debate ampliado e informado en torno al tema, capaz de adoptar medidas sustanciales de prevención del delito.
El país requiere un ministerio que pueda hacer un seguimiento personalizado de las necesidades, físicas, psicológicas y hasta afectivas de quienes se encuentran privadas de la libertad, para que en adelante, las personas que ingresan al sistema carcelario sean tratadas como seres humanos.
Quizá, el decreto de creación del ministerio no sea suficiente para colmar las expectativas sociales y los desafíos planteados, pero talvez constituya un primer paso incitador para que
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