OPINIÓN

Largo viacrucis de las radios comunitarias

La Ley Orgánica de Comunicación establece en su artículo 106 que “ las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirán equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados y 34% para la operación de medios comunitarios (…) En todos estos casos, la distribución de frecuencias priorizará al sector comunitario hasta lograr la distribución equitativa que establece este artículo.”
La Secretaría Nacional de Gestión de la Política estableció el proyecto “Creación de la Red de Comunicación Alternativa de Medios Comunitarios Públicos y Privados Locales” que pretendía instalar 54 radios comunitarias. En total, el gobierno otorgó 14 radios a 13 nacionalidades indígenas, en su mayor parte de la Amazonía. Debido a recortes en el presupuesto del Estado, el proyecto de otorgar más concesiones está paralizado.
Por su parte, las radios comunitarias tienen el reto de responder a la voluntad y al deseo de las comunidades de tener una radio y no a una dádiva del gobierno. Deben ser capaces de generar sus propios recursos a través de publicidad y de servicios, para poder ser autónomas y no estar sujetas a la voluntad de quien pone el dinero.
Al momento, las 14 radios comunitarias del proyecto que por cierto, hasta el momento no obtienen la concesión definitiva de sus frecuencias, tienen numerosos problemas como la falta de capacidad de autofinanciamiento, el retiro de recursos para pago de salarios desde el año 2014 con la consecuente reducción de trabajadores, y la excesiva rotación del personal que en buena parte brinda su aporte de forma voluntaria.
Forman parte de los obstáculos para las radios comunitarias los excesivos requisitos para su funcionamiento, iguales a los que se solicitan a las emisoras privadas, a pesar de encontrarse en inferioridad de condiciones económicas para responder a exigencias administrativas, entre otras.
Capítulo aparte merece la injerencia gubernamental en la programación de estas radios, las que se ven obligadas a transmitir durante más de un año los frecuentes enlaces ciudadanos, las sabatinas y cadenas nacionales del régimen, así como las noticias e informaciones tomadas de los medios de comunicación gobiernistas, tales como el Telégrafo, el PP y el Ciudadano.
Esta soberana intromisión gubernamental en la gestión y programación de las radios comunitarias atenta gravemente contra el carácter autónomo y pluralista que deben tener este tipo de emisoras, cuya razón de ser es el servicio a sus respectivas comunidades.