EDITORIAL

El Estado privatizador

Por: Diego Oña, PRODH

El gobierno de Rafael Correa es el artífice de la explotación del petróleo en el ITT del Yasuní, la región más biodiversa del planeta y también de la minería a gran escala en la provincia de Zamora- Chinchipe sin embargo se ufana de que la Constitución es la primera del mundo que reconoce los derechos de la naturaleza. Asimismo, Correa insiste en que el ser humano está sobre el capital.
El gobierno dice tener los mejores y más lúcidos economistas, empezando por el propio Correa. Sin embargo ha endeudado al país a un nivel nunca antes alcanzado, más del 40% del PIB y en las peores condiciones posibles: altísimos intereses y plazos cortos. Los enormes recursos generados por el boom petrolero fueron en gran parte despilfarrados por el gobierno en obras con sobreprecios, elefantes blancos, latisueldos en el sector público, una enorme y atosigante propaganda, dando como resultado el gasto de las reservas fiscales. Así, el gobierno es el primero de la historia en dejar de pagar el aporte estatal del 40% al IESS.
El gobierno estableció un modelo basado en una enorme inversión pública para la construcción de carreteras, hidroeléctricas, escuelas y hospitales. Pero cuando al quedarse sin recursos no duda en convertirse en privatizador. En su desesperación por tener liquidez, no dudó en entregar a empresas transnacionales a precios irrisorios los campos maduros de Petroecuador, lo que a ningún gobierno neoliberal se le ocurrió hacerlo. También ha sacado a la venta la recién inaugurada central hidroeléctrica Sopladora, la aerolínea Tame y las gasolineras. También entregó a dedo la concesión de los puertos de Posorja y Puerto Bolívar a empresas extranjeras.
El gobierno de Correa dice defender la democracia y los derechos humanos y haber implementado un nuevo y eficiente sistema de justicia. Sin embargo ha criminalizado la protesta social. Hay alrededor de 400 enjuiciados por supuestos delitos contra el Estado. La represión de las manifestaciones estudiantiles ha sido implacable y algo no visto antes, los estudiantes enjuiciados y expulsados de sus colegios. La represión se ha hecho presente en Dayuma y en las zonas mineras de Victoria de Portete, el Pangui y otras, donde la gente ha sido desalojada de sus casas y de sus tierras y territorios ancestrales por la fuerza pública para permitir las actividades de empresas extrajeras. La nueva justicia consiste en que los jueces, presionadas y amedrentados por el gobierno, emitan sentencias en un tiempo récord contra las personas u organizaciones que son “acusadas” por Correa. Por otra parte, de manera arbitraria e inconstitucional cerró la fundación Pachamama y disolvió la UNE.
Cuando estamos en campaña electoral, y a pocos meses de que se realicen las elecciones, debemos meditar bien en lo que sería para el Ecuador la continuidad de un gobierno farsante, autoritario, represor, incoherente e incompetente que ha sumido al país en una grave crisis económica e institucional, desaprovechando la más grande bonanza de la historia del país, una verdadera década perdida.