EDITORIAL

¿Pondrá alto el nuevo gobierno a la criminalización de la protesta social?

La CONAIE mantuvo el 10 de junio una asamblea extraordinaria en Unión Base (Pastaza) con la participación de 700 representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas del país. La Asamblea decidió exigir la inmediata respuesta a la solicitud de amnistía e indulto presentada el 30 de mayo a favor de 197 casos de luchadores sociales y defensores de derechos humanos y de la naturaleza que han sido o están detenidos, perseguidos o sentenciados durante el gobierno de Correa, la mayoría de ellos indígenas.

Estos casos constituyen la prueba fehaciente de la política sistemática de criminalización de la protesta social del gobierno anterior. Recordemos que muchas de estas personas fueron detenidas por participar en protestas como el paro nacional del 2015 y manifestaciones en contra de la explotación petrolera y la minería a gran escala. El Código Orgánico Integral Penal, hecho a la medida del gobierno autoritario de Correa para perseguir la protesta social, y aprobado por la mayoría gobiernista de la Asamblea, estableció los delitos de terrorismo y rebelión entre otros delitos semejantes para ser aplicados a los manifestantes, dichos delito cuentan con penas durísimas.

Con esta exigencia, la CONAIE quiere establecer si hay una verdadera voluntad política del gobierno de Lenin Moreno de desmarcarse del régimen de su coideario Correa y llevar adelante su declaración de “manos extendidas y brazos abiertos”, o si se queda como una bonita declaración que no se concretará en la práctica.Si no hubiera la amnistía, el pueblo nuevamente tendrá que movilizarse para defender sus derechos que fueron violentados por el régimen de Correa.

Quedan muchas dudas al respecto. El gobierno de Moreno está conformado mayoritariamente por personajes que fueron ministros o funcionarios del gobierno de Correa y que han sido reciclados. Ante los numerosos casos de corrupción durante el régimen de Correa, Moreno crea un Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, formado por 7 miembros vinculados al anterior gobierno y solo 2 miembros realmente independientes, organismo que además no tendrá la capacidad de investigación ni peor la de sancionar. Además, el presidente ha nombrado como ministro de Hidrocarburos a un ex directivo de una gran empresa petrolera norteamericana.