Basta de violencia machista

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tiene lugar el Paro Internacional de Mujeres (PIM) contra la violencia machista. La iniciativa, en la que participan mujeres de numerosos países de los cinco continentes, convoca a manifestaciones y llama a suspender sus actividades laborales en esa fecha para demostrar que las demandas de las mujeres frente a la violencia machista son urgentes, mientras que la pasividad de los estados las deja desprotegidas. Las manifestantes también protestan contra la situación de desigualdad, y a menudo de exclusión en que se hallan las mujeres en relación con los derechos al trabajo, a la educación, a igualdad en el hogar y en el trabajo.
El Ecuador no es ajeno a la realidad de violencia global contra las mujeres. Las cifras son alarmantes: el feminicidio en el país cobró la vida de 105 mujeres en el 2015, 136 en el 2016 y en un mes y medio del 2017, 19 mujeres han sido asesinadas por su condición de género, lo que evidencia el rotundo fracaso del plan de erradicación de la violencia de género del gobierno.
La impunidad en este tipo de crimen a nivel nacional alcanza un aberrante y vergonzoso 98%. Por otra parte, 6 de cada 10 ecuatorianas sufre algún tipo de violencia. La violencia de género es un problema social y no un asunto privado, como dijo sin ningún empacho el director de un medio de comunicación del gobierno, quien le dio una brutal paliza a su pareja, además de agredirla verbal y psicológicamente. Por cierto, a este individuo le dieron vacaciones y hasta la fecha no ha sido juzgado.
La situación de discriminación e injusticia contra las mujeres también se manifiesta en el área laboral. En el país, las mujeres ganan en promedio 25% menos que los hombres y aún existen muchos trabajos y profesiones en que la presencia de mujeres es notablemente minoritaria, entre otras razones por los prejuicios y estereotipos masculinos. El porcentaje de mujeres con empleos inadecuados se ha mantenido en un nivel constante del 58% entre 2008 y 2016, es decir no ha habido ningún avance en este aspecto durante el gobierno de Correa.
En Ecuador se requiere de manera urgente la despenalización del aborto, cero impunidad para el feminicidio, reformas legales para registrar la violencia de género, reducción de la pobreza femenina. Para lograr todo esto es indispensable que se creen políticas públicas eficientes y también valientes, que superen viejos prejuicios machistas y moralistas.

La educación debería también ser primordial para ayudar a erradicar prejuicios machistas, no solo en la escuela y el colegio sino también en el hogar, ya que continúa siendo común la transmisión de valores de tinte patriarcal en el núcleo familiar.
Cabe rescatar los valientes esfuerzos de las mujeres por sacar a la luz la violencia como un tema de derechos humanos y como un asunto de responsabilidad pública.

EDITORIAL
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