Por: Diocles Zambrano
Las comunidades de la provincia de Orellana, especialmente las que se encuentran en las zonas de influencia directa e indirecta de las operaciones de Petroamazonas EP, atraviesan una crítica situación relacionada con las compensaciones por la afectación petrolera en sus territorios. Los representantes de la empresa hacen todo lo posible por evitar realizar acuerdos de compensación por las diferentes operaciones que realizan en la perforación de pozos, el tendido de líneas de flujo o la construcción de vías de acceso. Casi en todas las comunidades donde están operando hay conflictos por la falta de compensación, o porque se la entrega a unas pocas personas con el argumento de que no hay dinero o que, como son empresa del Estado no tienen obligación de compensar a las comunidades. Además se escudan en el argumento de que es el Ministerio de Ambiente quien debe decidir a quién tienen que compensar, intentando confundir a las comunidades. Tanto el Ministerio del Ambiente como el Ministerio de Hidrocarburos no realizan el debido control y por el contrario, defienden a la empresa en lugar de controlar que se cumpla con la legislación. El problema se agudiza ya que los estudios de impacto y planes de manejo ambiental son aprobados sin las debidas revisiones y sin contrastar la información con las poblaciones afectadas y en muchas ocasiones, sin atender los reclamos de los pobladores.