El Ecuador se ha caracterizado desde hace largos años por una alta precarización laboral. Esta situación se acentuó en los últimos años de la década correísta y en el primer año del gobierno de Moreno. Las cifras oficiales indican que más de la mitad de los ecuatorianos en edad de trabajar son subempleados, es decir no tienen un empleo formal que les asegure un trabajo digno, con un salario por lo menos igual a mínimo vital, jornada laboral de 40 horas y acceso a la seguridad social.
El INEC indica que el desempleo se ha reducido cerca del 1%, pero esta reducción no se debe al aumento de puestos de trabajo formales sino al incremento de los informales ya que los desempleados en el Ecuador no gozan de subsidios de desempleo como ocurre en países desarrollados, lo que los empuja a buscar ingresos principalmente en las ventas ambulantes y en trabajos por obra o a destajo para difícilmente asegurar su subsistencia. Todavía seguimos a la espera del ofrecimiento de campaña del actual presidente respecto a la creación de 250 mil empleos anuales.
La crisis económica en la cual está sumido el Ecuador desde el 2015 no ha permitido una recuperación del país y, como consecuencia, el aparato productivo genera un número limitado e insuficiente de puestos de trabajo. El sector público tampoco puede seguir creciendo. Es más, varios especialistas consideran que miles de puestos en este sector no son necesarios y deberían ser eliminados.
Las políticas estatales para generar el pleno empleo han sido casi inexistentes o al menos muy ineficientes. En este sentido, resulta lamentable que no se haya hecho un ambicioso proyecto de préstamos en condiciones adecuadas de plazos e intereses para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en el país (las que más puestos de trabajo generan). No se aprovecharon los enormes recursos económicos de que dispuso el Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa y que ahora, luego del despilfarro y de la corrupción más grandes de la historia del país, ya no existen más.
Por otra parte, sería injusto culpar por la falta de trabajo adecuado a los miles de migrantes que han llegado en años recientes. El problema ya existía antes de su llegada. Sin embargo, hay quienes afirman que estos migrantes se están apropiando de puestos de trabajo a cambio de sueldos más bajos y sin los beneficios de ley. Este constituye un análisis que recuerda al discurso xenófobo de Donald Trump en los Estados Unidos, con el cual pretende imponer las leyes antiinmigrantes y construir el muro.
El problema de fondo radica en el sistema socioeconómico vigente en el cual al trabajo es tan solo una mercancía y el ejército de desempleados y subempleados constituyen una reserva que puede ser manipulada según las necesidades de los dueños del poder económico, son ellos quienes imponen libremente las condiciones para su mayor enriquecimiento.