Cerrando los ojos ante la realidad de las mujeres

La despenalización del aborto por violación deberá ser tratada en los próximos días por la Asamblea Nacional. Parecería que habría los votos suficientes para su aprobación, pero si no fuera así quedaría demostrado lo retardatario del pensamiento legislativo.

Recordemos que en el 2013 la despenalización del aborto por violaciónno fue incluida en la ley penal, ya que cuando se quiso incluir el tema en el debate el inefable curuchupa y conservador Rafael Correa -cuando no- metió la cuchara en el tema y silenció a tres asambleístasde Alianza País, Paola Pavón, Soledad Buendía y Gina Godoy, que se mostraban favorables a la despenalización por violación, las tachó de desleales y amenazó con renunciar (una vez más) si seguían apoyando esta idea. El presidente las sancionó retirándolas un mes de la Asamblea, luego de lo cual, las
susodichas se sometieron y sumieron en un mutismo total respecto al tema que desde luego, no volvió a ser discutido.
Si en el 2013 se hubiera aprobado el aborto por violación hasta el 2018, diez mil niñas violadas de entre 7 y 11 años hubieran podido decidir si querían o no dar a luz y no ser obligadas a sepultar sus infancias y dedicarse a la dura tarea de ser madres.


Según cifras del INEC en 2018, 2089 niñas de 14 años o menos (casi 6 por día) se convirtieron en madres. La enorme mayoría fueron víctimas de violación sexual, en un gran número de los casos por parientes cercanos o conocidos. Las niñas al no estar completamente desarrolladas físicamente corren mucho mayor riesgo de morir durante el parto que durante un aborto seguro.

Al no existir el aborto legal, seguro y que preste todas las condiciones, lo que ocurre entonces es que se practican abortos clandestinos en condiciones infrahumanas, insalubres y sin ningún tipo de control, siendo esta la causa del 15,6% de las muertes maternas en nuestro país. Desde luego, la violación de mujeres adultas también es un hecho de enorme violencia y sumamente traumático, con consecuencias muy graves
para las víctimas. Una mujer o una niña que dé a luz y conserve al hijo o hija de su violador sufrirá revictimización todos los días. A pesar de las campañas de los grupos que se denominan “provida”, de la Iglesia
católica y de otros grupos religiosos, según estadísticas se estima que el 73% de la población está en contra de que una mujer violada que aborte vaya presa. La empatía, el sentido común y la mínima consideración de humanidad han comenzado a primar en nuestra sociedad.

Ahora esperemos que los asambleístas que se venían oponiendo a la despenalización del aborto por violación, especialmente de CREO y algunos socialcristianos, se den cuenta que no pueden seguir oponiéndose al avance de los derechos de las mujeres y de la historia en el Ecuador. Todo ello, partiendo de tabúes, información incompleta y errada, concepciones machistas y vetustas, negando la realidad, y así afectando a diario la vida
y salud de un enorme número de mujeres.

Trabajadores denuncian vulneración de derechos laborales en Sucumbíos

Por: Víctor Gómez, Radio Sucumbíos

Más de 500 guardias de seguridad que laboran para distintos campos petroleros en la provincia de Sucumbíos denuncian vulneración de sus derechos salariales por parte de la compañía ASM, adjundicataria de un contrato otorgado por Petroamazonas.

Alrededor de 521 guardias de seguridad que trabajan en distintos campos petroleros en la provincia de Sucumbíos laboran cuatro meses sin la firma de un contrato con la empresa ASM Ecuador, adjudicataria del contrato con Petroamazonas, así lo señaló la presidenta del Gobierno Parroquial de Pacayacu, Lic. Flor Jumbo.

Agrega que los trabajadores están laborando en medio de la incertidumbre y desamparados sin la firma de su contrato “más de 500 familias de los campos Libertador, Lago Agrio, Shushufindi y Cuyabeno se encuentran desamparadas con un contrato colectivo de trabajo por la empresa ASM,
más de cuatro meses trabajando y esta empresa ha hecho oídos sordos al cumplimiento de la ley que manda tener un contrato firmado por los trabajadores “Fernado Suárez, guardia de seguridad en el campo Cuyabeno, señala que la empresa ha sido demandada ante el Ministerio de Trabajo, Dirección Provincial de Trabajo de Sucumbíos. El Juez Provincial de Trabajo falló a favor de los trabajadores, sin embargo la compañía apeló ante el
Ministro de Trabajo, quien desechó la sentencia que favorecía a los trabajadores. “Estamos pidiendo que respeten lo que dice la ley y es nuestro salario, la estabilidad laboral y la mano de obra de nuestros ciudadanos”

El tema fue llevado hasta la Corte de Justicia de la Provincia de Sucumbíos, donde los trabajadores presentaron una acción de protección demandando la vulneración de derechos constitucionales.

Los jueces desecharon la demanda pero resolvieron que el Ministerio de Trabajo inicie una nueva investigación para determinar el incumplimiento de la compañía con los salarios de los trabajadores, además dispuso que la Contraloría realice un exámen especial al contrato entre la empresa ASM Ecuador y Petroamazonas.

Impulso a consejos consultivos para promover la violencia en Manabí

Por: Andrea Quijije, Movimiento de Mujeres La Merced

El Movimiento de Mujeres La Merced, en Manabí, continúa articulándose con otros grupos y organizaciones sociales para impulsar los consejos consultivos de niños, niñas, jóvenes, adolescente y personas adultas mayores, cuyo rol es participar, consultar y asesorar sobre la política pública creada por el Artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, y la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad.

Es importante que toda la población esté enterada de lo que se está realizando en el territorio. La violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes está cada día implementándose en diferentes espacios y hemos reconocido algunos tipos de violencia: física, sexual, psicológica,
patrimonial, cultural, entre otros.

La violencia es toda acción que amenace o vulnere la integridad de una persona. Si eres víctima de cualquier tipo de violencia física, psicológica o sexual denuncia. En los casos que se produzcan en el sistema educativo tienen que acudir al ECU 911 y también solicitar la acción de la DINAPEN y la Policía Nacional. Puedes acudir con las autoridades del establecimiento de salud o de educación donde se haya vulnerado algún derecho que tú consideres que perjudicó tu integridad. Puedes hacerlo en la Fiscalía General del Estado, en la unidad judicial especializada o en la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Recordemos que todo trámite es gratuito y no necesitas abogado.


El Movimiento de Mujeres La Merced continúa trabajando en los procesos de fortalecimiento de liderazgos juveniles, de niñas, niños y adolescentes y de mujeres víctimas de violencia.

El viacrucis de la denuncia de delitos en Ecuador

La palabra viacrucis, según la Real Academia Española, significa “sucesión de adversidades y pesadumbres”, esto porque se relaciona con los diversos momentos y los pasos que recorrió Jesucristo camino a la crucifixión, y que en la tradición cristiana se representa con 14 estaciones.

Guardando las proporciones, esta es la única palabra que puede usarse para representar de manera más o menos fiel el dolor de cabeza en que se ha convertido poner una denuncia de delitos o contravenciones en el país, en especial cuando se trata de hurtos y robos.

La denuncia en estos casos es necesaria no solo para que la víctima pueda buscar justicia sino también para poder recuperar documentos de identidad, también lo es para poder solicitar incapacidades laborales cuando se han sufrido robos, así como para poder obtener el alta hospitalaria y poder obtener la cobertura de seguros. Pero al parecer todo esto dejó de enseñarse a funcionarios del ECU 911, la Policía y la Fiscalía.

Es común escuchar quejas sobre la mala atención que se recibe de los agentes de policía y en las unidades de Fiscalía, pero que dos casos recientes sirvan de ejemplo del malestar común de la ciudadanía.
Caso 1, un hombre armado se sube al auto de la señora D., le fractura la muñeca con un golpe que le dio con la cacha de la pistola y le roba la cartera. Un vecino llama al ECU 911, minutos después llega un patrullero, toma nota de los hechos y deja sentado un “parte”.

Por la gravedad de la lesión la señora va al hospital donde la internan y le hacen cirugía. Días después va a la Fiscalía para presentar denuncia, allí le responden “no podemos tomar su denuncia porque no tenemos impresora”, se acerca a la unidad donde la redireccionan, allí tampoco le toman la denuncia “pues no somos los competentes”, finalmente se dirige a otra unidad donde le dicen que primero vaya a Medicina Legal “y vuelva mañana”. Ella no se mueve del lugar y se queja. Al cabo de varias horas alguien por fin la atiende y consulta por su número de cédula el “parte” del patrullero, solo para llevarse la sorpresa de que no estaba en el sistema.

Caso 2. En una red social una mujer denuncia que su mamá, adulta mayor, fue drogada y llevada a retirar dinero por delincuentes, y que cuando recupera algo de conciencia llama a la Policía para solicitar apoyo, recibiendo como respuesta “que no pueden hacer nada y que si le da la gana vaya a flagrancia”.

¡Vaya servicio de atención a los derechos de las víctimas! ¡Vaya servicios de calidad y calidez! Parece que las autoridades no supieran que lo único que las víctimas piden es un poco de orientación y respeto para obtener “ese bendito papel”, el respeto mínimo a sus derechos como personas, víctimas y contribuyentes del Estado, nada más que eso, pues la fe en la justicia se la robaron hace rato, y esa denuncia no la piensan poner.