Desigualdades e inequidades
Por: Ileana Almeida
Luego de la reunión del Parlamento de los Pueblos, que tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, los dirigentes de la Conaie, Ecuarunari, Pachakuti y otras organizaciones populares concurrieron a la Representación de las Naciones Unidas para invitar al Relator especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indios a visitar el país y constatar la permanente violación de aquellos por parte del gobierno ecuatoriano.
Las violaciones analizadas por las organizaciones se refieren a la Ley del Agua, a la explotación del ITT, a la discriminación de la Educación Intercultural Bilingüe, a la exploración minera a gran escala, a la desatención a la soberanía alimentaria; al desentendimiento de la propiedad comunal de la tierra, al menosprecio de los valores culturales tradicionales. Al acudir a la ONU, la cuestión de desigualdad nacional adquiere tintes políticos claros que el gobierno se niega a ver a pesar de que los derechos de igualdad se difunden ahora por el mundo.
Estos asuntos, sobre los que se puede abundar en argumentos, despiertan indignación por el tratamiento que les da el gobierno, que sistemáticamente se niega a concederles la importancia política que ameritan, y que ha sido reclamada con insistencia por las nacionalidades. De esta manera se agrandan cada vez más las distancias que el régimen ha ido estableciendo entre las instituciones estatales y los indígenas, no obstante la declaración constitucional de Estado plurinacional que de hecho lleva a dos consideraciones: la primera es que el Estado nación ecuatoriano es solo de uno de los marcos posibles de interpretar la Historia del Ecuador y segunda que las clases sociales son solo una forma de desigualdad social.
Los indígenas habían conseguido dentro del Estado unos pocos espacios para desarrollar su autonomía: el Consejo de Desarrollo, la Educación Intercultural Bilingüe, la Secretaría de Salud Ancestral, pero la visión limitada del mandatario sobre cuestiones nacionales, las barrió de un manotazo dejándolas a merced de las políticas oficiales que apuestan a la transnacionalización, el mercado y la globalización.
Pero hay algo más, otra cuestión en relación a la globalización: el Estado nacional, que se encarna en el gobierno de Correa, legitima la desigualdad que entraña la adhesión del país a la globalización, el peso de la cual recae sobre todo en los indígenas que no son los causantes de las potenciales riesgos medioambientales globales: destrucción de territorios, desertificación, reducción de selvas y bosques, mal uso de las tierras cultivables, privatización del agua, etc.
Las organizaciones que han solicitado la protección de las Naciones Unidas, lo han hecho porque saben que nada pueden esperar de un gobierno trasgresor de derechos Las fuerzas progresistas y conscientes de todo el mundo están llamadas a solidarizarse con las demandas del Parlamento de los Pueblos. Ya es hora de que se percaten de los verdaderos intereses de las partes en conflicto.
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