Restauración conservadora ¿en dónde?
La Corte Constitucional, organismo dependiente del ejecutivo, como todos los demás del Estado bajo el gobierno de Rafael Correa, decidió – como no podía ser de otra manera- que el tema de la reelección indefinida y 15 más podían ser tratados vía enmienda por la Asamblea Nacional. Correa justificó la reelección indefinida, que apenas unos meses atrás consideraba como absurda, debido a la existencia de una “restauración conservadora” que amenazaría al gobierno, la democracia y al proyecto político de la llamada “revolución ciudadana”.
El poder popular se opone al poder de mercado y al poder estatal, burocrático y que representa a grupos de poder. Estos dos últimos son depredadores, explotadores y acumuladores de riqueza. La Constitución de Montecristi, recogió en buena medida las aspiraciones de los movimientos sociales y sus reivindicaciones, y en ese sentido estaba orientada al fortalecimiento del poder popular, al igual que varias medidas tomadas por el gobierno en sus primeros años como el cierre de la base militar norteamericana en Manta, la reducción la deuda externa, el rechazo a la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa y la iniciativa Yasuní-ITT.
Hoy, todas esas medidas a favor del poder popular se ven no solamente lejanas sino que, cuales oscuras golondrinas, ya no volverán. El gobierno no va en la dirección del fortalecimiento del poder popular, sino en la dirección opuesta, es decir priorizando los ingresos económicos por sobre la conservación de las verdaderas riquezas (la existencia de pueblos no contactados y la región más biodiversa del planeta) decidió la explotación del Yasuní-ITT.
Recientemente, el gobierno firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea, muy similar al que firmaron los gobiernos neoliberales de Perú y Colombia. Este acuerdo beneficiará a algunas empresas ecuatorianas como las bananeras y camaroneras y a múltiple empresas europeas ávidas de colocar sus productos en el Ecuador. Muy probablemente, pequeños y medianos agricultores ecuatorianos resulten perjudicados como ya lo han sido sus colegas colombianos, peruanos y mexicanos a causas del ingreso de productos agrícolas europeos subvencionados como parte del TLC. Por lo tanto, la firma del TLC es una medida conservadora.
También es conservadora la criminalización de la protesta social. Quienes protestan contra el gobierno, han sido procesados penalmente y hasta sentenciados por cargos de terrorismo y rebelión, como en el caso de los 10 de Luluncoto, los estudiantes del Central Técnico y Montúfar, los dirigentes indígenas Carlos Pérez y Pepe Acacho y el activista antiminería Javier Jiménez, entre otros. Es conservador el decreto 16 que permite el control político de las ONGs y que llevó a la liquidación de la fundación Pachamama, que trabajaba a favor de los pueblos indígenas amazónicos, y que también ha provocado la crisis e incluso el cierre de otras ONGs, defensoras del medio ambiente, los derechos humanos y sectores populares.
Hace algunos años, Correa satanizó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, pero hace poco el gobierno recurrió a un préstamo de este último organismo y además empeñó parte del oro de la reserva monetaria dada menos que a Goldman Sachs, tal vez el más nefasto de los actores del capitalismo global. Más conservadorismo. No cabe duda, como decía un cartel en la marcha convocada por los sindicalistas el 17 de septiembre pasado, “la restauración conservadora está sentada en Carondelet”.