¿Y qué de las otras víctimas?

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Han pasado veintiocho años y diez gobiernos desde la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, posiblemente el caso de violación de derechos humanos más conocido y el que más ha calado en la conciencia pública de los ecuatorianos y ecuatorianas. Lo sucedido es ampliamente conocido, dos menores de edad desaparecieron en manos de la Policía Nacional, todo esto seguido de la posterior negación y complicidad de autoridades civiles y policiales. La impunidad se mantiene hasta nuestros días, y recién en este año 2016, la Policía Nacional se plantea admitir su gravosa responsabilidad y ofrecer disculpas públicas por agredir a aquellos a quienes por mandato legal y moral debía respetar y proteger.
Lo penoso del escenario es que quizá el Caso Restrepo, dentro de toda la desgracia ocurrida, es la violación de derechos humanos en la cual el Estado ecuatoriano ha puesto mayor atención y esfuerzos, evidentemente con muy pocos resultados. Sin embargo, existen muchos otros casos desconocidos en los cuales centenares de víctimas anónimas se encuentran a la espera de verdad, justicia y reparación.
Más de una centena de casos de diversas violaciones de derechos humanos fueron documentados por la Comisión de la Verdad en el año 2010, 119 casos para ser más precisos, con 456 víctimas directas de actos como la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial, los atentados contra la vida, la tortura y la privación ilegal de la libertad. Todas estas atrocidades cometidas por el propio Estado, por esa institucionalidad pagada por cada ecuatoriano y ecuatoriana, por esa burocracia creada precisamente para respetar y proteger a las personas.
A finales del año 2013 se expidió la denominada “Ley de Víctimas”, norma que tiene por objeto reparar los derechos de las víctimas que constan en dicho informe; al hablar de reparación muchos escuchan indemnización pero no solamente se refiere a ello, sino a restituir a las víctimas en sus derechos, ya sea buscando al familiar desaparecido o ejecutado, con la prestación se servicios de salud prioritaria, el borrado de antecedentes penales injustos, la reintegración laboral, la reinserción social, el reconocimiento de responsabilidad estatal, las disculpas públicas, entre muchas otras medidas, que tienen por objeto la no repetición de actos que jamás debieron ocurrir y que nunca deberían volver a suceder.
Pero más allá de dichos pronunciamientos y normas ¿Qué ha ocurrido con los otros centenares de víctimas que constan en el Informe de la Comisión de la Verdad? ¿Qué ha sucedido con las otras mujeres y hombres cuyas vulneraciones a sus derechos fundamentales no suelen recordarse?, aquellas personas cuyos casos nunca o casi nunca forman parte del debate público.
La respuesta a dicha pregunta es vergonzosa, al año 2016 se han judicializado apenas 8 casos en la justicia ecuatoriana, ninguno de los cuales tiene una sentencia firme y definitiva; además, ninguna víctima ha sido reparada en sus derechos bajo el mandato de la Ley de Víctimas, cuya responsabilidad directa recae en la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sin duda muchos podrían decir que este gobierno es el que en el discurso más ha hecho por las víctimas de violaciones de derechos humanos, pero una verdad incuestionable es que en la práctica el resultado es idéntico al de hace tres décadas.
En este amargo contexto ¿Qué puede decir el Estado a las víctimas? ¿Al padre de un hijo desaparecido ante años silencio? ¿Al hijo de una madre asesinada por funcionarios del Estado ante décadas de impunidad? ¿A un hombre o una mujer torturada ante la negativa constante de los hechos y la ausencia de responsables? ¿A un ser humano encerrado años de forma ilegal y arbitraria? Sin duda la respuesta no debería ser más silencio, más lentitud, más ineficacia, más sacar el cuerpo, más simulación de actuar sin hacer algo en realidad.
Luego de tantos años y tantos mandatarios, el mensaje que damos como Estado y sociedad es muy triste y desesperanzador, con nuestro actuar o la falta de actuar estamos diciendo que en nuestro país se puede desaparecer a seres humanos, se puede asesinar y torturar y que nada ocurre, y que nada pasa, o mejor dicho que lo único que pasa en realidad son los años.