EDITORIAL

Manuel y Manuela probaron su inocencia

El 25 de enero de 2016, el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda declaró inocentes a Manuela Pacheco y Manuel Trujillo, dirigentes de la comunidad de San Pablo de Amalí, cantón Chillanes, acusados de terrorismo organizado.

La Fiscalía no pudo probar las acusaciones contra Manuel, las mismas que le imputaba el parte policial del Mayor Roosevelt Albán y declaraciones de funcionarios. No se comprobó que Manuel fuera instigador, y peor aún autor de presuntas lesiones sufridas por personal policial y destrucción de un vehículo de este cuerpo en los enfrentamientos entre comuneros en resistencia y fuerzas policiales, ocurridos el 14 de agosto de 2012. Tampoco se pudo probar siquiera la presencia de Manuela cuando ocurrieron los incidentes.

En la zona se construye la central hidroeléctrica Hidrotambo S.A, rechazada por los comuneros por afectar su acceso al agua. Desde 2012, ha ingresado maquinaria de la empresa a la zona, en ocasiones con respaldo policial. Así, el 11 de junio de ese año, una comunera se interpuso entre la maquinaria y sus cultivos para evitar que su casa sea arrasada. La comunidad, solidaria con su compañera protesta, y miembros de la policía responden con agresiones físicas y verbales. El 14 de agosto, una comisión de la Policía llega a la comuna supuestamente para investigar las denuncias de lo ocurrido el 11 de junio y se producen los enfrentamientos entre policías y comuneros.

En 2013, como parte del proyecto hidroeléctrico, se desvió el río Dulcepamba, lo que ha complicado el acceso al agua de 74 comunidades indígenas y campesinas de la zona. Por otra parte, el caudal desviado se desbordó en el 2015, ocasionando la muerte de tres personas y la destrucción de viviendas y cultivos.

El 12 de noviembre de 2012, un juzgado de Chillanes dictó prisión preventiva contra Manuela y Manuel, quienes pasaron a la clandestinidad. Luego de que sus órdenes de detención fueran revocadas se vieron obligados a presentarse cada lunes en el juzgado. Sin embargo, el proceso penal en su contra continuó hasta llegar al juicio y la sentencia absolutoria.

Este caso es una muestra más de la política de criminalización de la protesta social por parte del gobierno y del ensañamiento contra los dirigentes, para acallar sus reclamos sobre el derecho que tiene la comunidad a ser consultada sobre la construcción de la central hidroeléctrica, lo cual nunca ocurrió.

Nos congratulamos porque, ante el peso de las evidencias, en este caso se hizo justicia. Justicia que no ha llegado para 22 de los 98 detenidos y procesados que participaron en el paro nacional del 13 al 26 de agosto del 2015, y que siguen en prisión preventiva en 4 provincias, acusados de ataque, obstrucción de servicios públicos y sabotaje, pudiendo enfrentar condenadas de hasta 7 años de prisión.

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