Acuerdo 080 del Ministerio del Ambiente afecta a comunidades amazónicas

Por: Víctor Gómez, Radio Sucumbíos

Comunidades indígenas de Putumayo insisten en la derogatoria del Acuerdo 080, del Ministerio del Ambiente, que en el 2010 declaró a la zona de Cuembí como bosque protector del Estado ecuatoriano.
El decreto fue emitido en mayo de 2010, y abarca ciento cuatro mil doscientas treinta y ocho hectáreas, ubicadas en el cantón Putumayo, zona fronteriza con Colombia.

El tema fue tratado en una asamblea general, realizada el fin de semana en la comunidad kichwa Sinchi Runa. Los habitantes de las comunidades fronterizas señalan que durante los 6 años de vigencia del Decreto 080 se han visto limitados en realizar sus actividades diarias y tradicionales, como la caza, la pesca, construcción de viviendas, la agricultura y el aprovechamiento de la madera.
Ramón Tangoy, presidente de la comunidad Kichwa Sinchi Runa señala que las comunidades no fueron consultadas sobre la resolución emitida por el Ministerio del Ambiente, y añade “antes del decreto nosotros sabíamos vivir tranquilos, nadie nos decía que debemos acercarnos al Ministerio del Ambiente, ni venía el Ejército a decirnos que no podemos talar, sabíamos vivir tranquilos”

Las organizaciones y comunidades del Triángulo de Cuembí han mostrado voluntad para dialogar con el gobierno, pero este ha llevado adelante su proyecto encargano a los militares la implementación del Decreto 080. Indicaron que los militares nos les permiten talar sus chacras, les decomisan combustible y madera que sacan para la construcción de sus viviendas y para la subsistencia familiar.

Así lo señala Clemente Lagua, dirigente campesino de esa zona fronteriza “si estubieramos metiendo algo ilegal se justificaría, pero estamos trabajando café y cacao. Que yo tale dos hectáreas eso lo puedo vender o puedo construir mi casa. No es que estamos talando indiscriminadamente, en la pequeña tala las fuerzas del orden nos han venido a decomisar.

Lagua explica que antes del decreto, el socio que quería talar un árbol debía consultar a la comunidad, quienes bajo un plan de manejo ambiental comunitario, autorizaban la tala de cierta cantidad de madera para la elaboración de una vivienda o para la venta. Con el decreto 080 las comunidades perdieron su autonomía y normas de convivencia interna.