La imposibilidad de diálogo detonó la violencia en Nankints
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU expresa su profunda preocupación por el estado de sitio declarado, desde la tarde de ayer, miércoles 14 de diciembre a la población de Nankints. Este sector de la cordillera del Cóndor es territorio ancestral de la nacionalidad indígena Shuar, y en ejercicio de su derecho constitucional a la resistencia, han tomado acciones para impedir que la minería a cielo abierto y a gran escala, se instale en su territorio. La nacionalidad Shuar de la provincia de Morona Santiago, ha acudido hasta las autoridades civiles y judiciales denunciando la violación de sus derechos constitucionales como es el derecho a la consulta previa, a un medio ambiente sano, la muerte de sus dirgentes, los derechos de la naturaleza, advirtiendo de esta manera, los grandes peligros que representa la minería para su territorio a nivel nacional e internacional. Incluso han presentado sus propuestas de alternativas para el desarrollo,. Pero en cada instancia se les fueron negados sus derechos. La intervención que detona la violencia que ahora lamentamos, ocurre en agosto de este año, cuando la empresa minera china Explorcobres S.A. (EXSA), conmociona a la población de Nankints desalojando a las familias que vivían en ese territorio con el apoyo de la Policía Nacional. Mientras tanto uno de sus dirigentes era juzgado en la Corte de Macas por hechos relacionados al levantamiento indígenas de 2015. El gobierno ecuatoriano conocía de antemano que indígenas Shuar podrían actuar con violencia por defender su territorio, dado el antecedente de 2006, cuando miembros de esta nacionalidad quemaron el mismo campamento minero, lo que obligó a la empresa de turno a retirarse del sector. A través de cadenas nacionales de comunicación, el estado ha tildado de invasores y de violentos a quienes iniciaron estas medidas, dando a entender que son hechos aislados y sin reconocer el contexto que llevó a esta situación. En noviembre pasado nos pronunciamos ante las autoridades pidiendo una solución pacífica del conflicto, la FIDH se dirigió públicamente hacia la Defensoría del Pueblo, institución que se ofreció como mediadora. Sin embargo, la constante presencia militar y las restricciones al libre tránsito entre otras, culminarían en un escenario anunciado, más violencia. Lamentamos profundamente que estos hechos de violencia cobraran vidas y afectaran la integridad física de personal militar, policial y civiles y expresamos nuestra solidaridad con las familias de Nankints y con las familias de las personas heridas y fallecida. Consideramos que un estado de excepción, solo limitará los derechos de la población, y no resolverá el problema de fondo. Reiteramos nuestro pedido a las autoridades estatales para encontrar una solución pacífica a esta situación.