Cárcel de Turi: organizaciones de derechos se pronuncian sobre la investigación penal

Por: Organizaciones de Derechos Humanos

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE) y la Asociación de Derechos Humanos del Azuay (ADHA) nos pronunciamos ante la opinión pública sobre el proceso penal que se impulsa por los hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes acontecidos el 31 de mayo de 2016 en el Pabellón Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social del Turi.

En aquella fecha, cerca de 80 miembros de la Policía, pertenecientes a la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), ingresaron al mencionado centro para realizar un supuesto operativo policial de requisa, y sometieron a las personas privadas de libertad, durante aproximadamente tres horas, a actos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

Las personas privadas de libertad fueron acostadas boca abajo y una vez sometidos, los agentes del orden caminaron sobre sus espaldas, los desnudaron en público, los patearon, golpearon con toletes, fueron vejados, recibieron insultos, amenazas y descargas eléctricas. Videos y fotos que circularon en distintos medios de comunicación tradicionales y en redes sociales constataron el testimonio de las víctimas y evidenció la violenta e injustificada conducta de los agentes policiales. Estos hechos se encuentran prohibidos por la Constitución de la República y tratados internacionales ratificados por el Estado.

Al momento se encuentra en curso la investigación penal a manos del Fiscal 2do de Garantías y Personas de Cuenca, Adrán Arpi Brito, quien inició la instrucción fiscal en enero de este año. La reconstrucción de los hechos que debió realizarse este lunes 10 de abril fue suspendida y se espera que se señale nueva fecha y hora para llevarla a cabo.

El Estado ecuatoriano, a través de sus órganos competentes, tiene la obligación de investigar acorde a los parámetros de debida diligencia, y sancionar a todos los responsables de los hechos, que no se limita a autores materiales y cómplices, sino a todos quienes, por acción u omisión, contribuyeron a que se cometieran estas graves violaciones de derechos, cumpliendo así con los estándares internacionales para la investigación y sanción del delito.

Solo una investigación seria, diligente y expedita permitirá conocer a la sociedad ecuatoriana la verdad de lo sucedido, restituyendo la tranquilidad y confianza de que estamos realmente protegidos por el Estado cuando somos víctimas de violaciones a nuestros derechos. La impunidad solo propicia la repetición crónica de los hechos y la indefensión de las víctimas.

Como organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la promoción y defensa de los derechos humanos, nos mantendremos vigilantes del cumplimiento de las obligaciones estatales y que el Caso del Turi y otros no queden en la impunidad.