Amnistía primero
Varias organizaciones sociales del país lanzaron a principios de mes la campaña “Amnistía primero”. Con ella buscaban recoger firmas de apoyo ciudadano y generar conciencia sobre los cientos de procesos penales haciendo uso del delito de ataque o resistencia en contra de mujeres, estudiantes, indígenas, campesinos y otras personas que ejercieron su derecho constitucional a la resistencia y han sido criminalizados.
Se estima que aproximadamente setecientas personas han sido criminalizadas en los últimos 10 años, la mayoría acusadas por el delito de ataque o resistencia del artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal, entre otros delitos como terrorismo, sabotaje, destrucción de propiedad. Estas personas han sido capturadas en protestas en defensa de derechos humanos, de territorios ancestrales, de la naturaleza, de derechos laborales, entre otras causas colectivas.
La recolección de firmas culminó el 24 de mayo, fecha muy significativa, pues coincidió con la posesión de Lenin Moreno como Presidente de la República. La campaña busca generar puentes de comunicación con el nuevo gobierno, por tal razón promueve la amnistía a las personas injustamente criminalizadas, el indulto para los ya sentenciados, además, quieren poner de manifiesto la inconstitucionalidad del delito de ataque o resistencia.
Recordemos que el artículo 98 de la Constitución indica: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.
Vale recalcar que la protesta y manifestar la inconformidad son algo connatural al ser humano; expresar el desacuerdo en las calles no va a ocurrir de manera organizada, hablando suavito y en fila ordenada. Manifestarse contra las malas decisiones es vital para la salud de las democracias, porque los representantes del Estado también se equivocan, los legisladores no siempre se acuerdan de sus votantes, y las leyes pueden contener yerros.
Así entonces, esperemos que el nuevo gobierno escuche lo que la gente tiene que decir, que dialogue con los movimientos sociales, y que promueva la libertad de expresión para robustecer la ciudadanía política en el país.