A dos años de la marcha por la vida y la dignidad de los pueblos

Por: CEDHU

Después de 10 años consecutivos en que Rafael Correa Delgado estuvo en el poder, el 24 de mayo de este año se posesionó el gobierno de Lenín Moreno y Jorge Glas, entre acusaciones de continuismo y fraude electoral de un sector de la derecha apoyado por algunos sectores de izquierda, y un escepticismo fundado sobre un posible cambio de rumbo. Mientras que, del lado del Movimiento Alianza País, se afirmaba con arrogancia sobre la oportunidad de continuar y profundizar la autodenominada “Revolución Ciudadana”, proyecto que si bien contó con una amplia legitimidad y contundentes resultados en varias elecciones, también evidenció un paulatino alejamiento con diversos sectores sociales organizados populares y de izquierda: mujeres, indígenas, ecologistas, varios gremios y sindicatos, entre otros, y supuso algunos retrocesos en el ejercicio de sus derechos humanos. Este alejamiento derivó del modo en que el gobierno nacional enfrentó el conflicto político y las divergentes posiciones respecto a las reivindicaciones populares y que pueden sintetizarse en unas estrategias que no sólo quebraron y modificaron estas relaciones sino que incluso afectaron al tejido social previamente existente a las elecciones de 2006. Estas estrategias incluyeron desde la cooptación de dirigentes y activistas de las organizaciones sociales o la creación de organizaciones paralelas, pasando por acciones jurídicas que afectaron al reconocimiento legal de las organizaciones, violentos y ofensivos discursos políticos para deslegitimar la movilización social, hasta estrategias violentas de represión, persecución y criminalización en contra de distintos sectores organizados acusados desproporcionadamente y sin sustento de cometer delitos penales. El Estado intentó y, en algunos casos, logró generar miedo en la sociedad y disuadir a las personas, colectivos y comunidades de ejercer el derecho a manifestarse de manera libre y organizada frente a políticas públicas que afectan o ponen en riesgo el ejercicio de los derechos humanos. Ante este panorama, a casi 90 días de posesionado el nuevo gobierno, cientos de personas aún siguen procesadas penalmente y la Asamblea Nacional no ha dado paso al pedido de amnistía presentado. Hoy hacemos memoria de uno de los actos de represión más graves ejecutados por el gobierno anterior en contra de la movilización popular y social.

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