Por: Piedad Ortíz, PROTOS Esmeraldas
Dieciséis veedores que conforman el Consejo de Defensores de los Derechos Humanos de Esmeraldas, generaron un mapa de las 37 vulneraciones a los derechos humanos y la naturaleza. La idea es saber con claridad el tipo de afectaciones y qué hacer para evitar su incremento.
El ente rector del Consejo es la Defensoría del Pueblo, que los posesionó el 26 de julio del año en curso. En el ámbito de la naturaleza son 11 observaciones; una en contra del trabajo investigativo de los veedores que incluye persecución y, 25 vulneraciones con el ser humano.
El mapa de vulneración de derechos se realizó en todos los cantones de la provincia de Esmeraldas. Esto toma vigencia, debido a que el pasado10 de diciembre, se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Entre las vulneraciones de los derechos de la naturaleza se encuentran las siguientes:
• Problemas con el acceso y calidad de agua potable
• Contaminación a fuentes hídricos
• Destrucción manglar y disminución de especies
• Enfermedades derivadas de la extracción minera metálica
• Minería para extracción de pétreos de los ríos
• Tala ilegal e indiscriminada de madera
Entre las vulneraciones de los derechos humanos se encuentran:
Los comités de defensa ambiental han sido amenazados y perseguidos, abuso de poder y tráfico de influencias, ausencia de servicios de salud pública, cercenamiento de los territorios ancestrales, comunidades indígenas en la frontera sin atención, desalojo violento y forzado de tierras por cultivo de palma, desplazamiento forzado de sus territorios, discriminación población afroecuatoriana por narcotráfico, más del 50% de población indígena sin electricidad: cantones Muisne, Eloy Alfaro, Rioverde, San Lorenzo, entre las más destacadas.
A partir de este mapa, la defensora del Pueblo en Esmeraldas, Lourdes Proaño Albán, precisa que tras atender peticiones individuales o colectivas relacionadas con amenaza o vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza, emiten medidas de cumplimiento obligatorio para proteger el ejercicio pleno de los derechos. Además la entidad autónoma, recomienda acciones para frenar el acto violatorio y restituye los derechos vulnerados, patrocina a las personas, pueblos, comunidades y colectivos.