19 diciembre del 2018
La Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios, conformada por organizaciones sociales, medios de comunicación comunitarios de mujeres, jóvenes, barrios, pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos, expresamos nuestra preocupación y rechazo a los cambios a último momento, inconstitucionales e ilegítimos que se incluyeron en las Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.
Desde que el ejecutivo envió el proyecto de reforma a la Ley de Comunicación nos auto-convocamos y organizamos para participar en el debate y plantear propuestas que logren una reforma democrática y respetuosa de la Libertad de Expresión y del derecho a la Comunicación. Es así que participamos en la Comisión de Derechos Colectivos, fuimos recibidos, escuchados y muchas de nuestras propuestas aportaron a que la voz del sector comunitario estén presentes hasta el segundo informe. Consideramos, en ese momento, algo saludable después de años de haber estado ausentes de esta posibilidad.
Pero el día 18 de diciembre, durante el debate en el pleno de la Asamblea Nacional, la bancada de Alianza País (AP) junto al Partido Social Cristiano (PSC), y otros, desconociendo todo el proceso de diálogo, aporte y discusión, incluyeron a último momento una serie de articulados que modifican el mecanismo de otorgamiento de las frecuencias de radio y televisión, y varios otros retrocesos a la Libertad de Expresión y la pluralidad de voces.
Esta Ley que buscaba terminar con los abusos del poder en la comunicación, acaba de aprobar una Disposición Transitoria Octava, que permite la renovación automática de frecuencias para aquellos concesionarios cuyas frecuencias hayan caducado, sin concurso, sin previo análisis de legalidad, permitiendo que la corrupción en la entrega de frecuencias se mantenga intacta. Esta renovación es por 15 años y luego 15 años más. Es decir 30 años de entrega de frecuencias indiscriminada (Art 116 Ley).
Esta Ley que buscaba que todas las voces sean escuchadas, acaba de aprobar un mecanismo de adjudicación de frecuencias de forma directa, sin concurso público, abierto y transparente, limitando el acceso a medios comunitarios en las principales ciudades del país, donde no hay disponibilidad de frecuencias.
Esta Ley que buscaba ciudadanizar los espacios de decisión de la comunicación y evitar que el poder de turno maneje a su antojo las reglas, acaba de aprobar que el mecanismo de otorgamiento de frecuencias, algo indispensable para un pleno ejercicio de la Libertad de Expresión, quede en potestad exclusiva de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) conformada solamente por funcionarios del gobierno, sin ninguna participación ciudadana y ningún espacio de veeduría. ¿Cómo va a definir ARCOTEL su reglamento, la disponibilidad de frecuencias, con qué criterios, con qué parámetros?. Todo el proceso del derecho a crear medios de comunicación queda a discrecionalidad de una sola instancia gubernamental, algo observado ya en el informe de Contraloría de 2009 (Art 108 Ley).
Esta Ley que buscaba devolver derechos a quienes fueron atacados por los abusos de un sistema sancionador, acaba de reemplazar el criterio democratizador y de derechos en la distribución de frecuencias por el criterio del mercado: oferta y demanda. Esto significa volver al mecanismo en el que se negociaba con las frecuencias al mejor postor y dejaba fuera a aquellos grupos históricamente discriminados del acceso a los medios, culpabilizándolos por no ofertar de forma adecuada (Art 106 la Ley).
Por todos estos argumentos que implican un grave peligro para la Libertad de Expresión y del Derecho a la Comunicación exigimos al presidente Lenin Moreno que a través del veto presidencial, no repita la historia: hacer una ley que privilegia a unos pocos y nuevamente deja fuera a otros, los más excluidos.
Exigimos el veto, para que se logre lo propuesto: garantizar una Ley democratizadora que avance en derechos y no retroceda en ellos.
Exigimos el veto, por que los cambios realizados son inconstitucionales.
Exigimos el veto, porque desde el sector más discriminado y excluido, la creación de medios comunitarios es un derecho indispensable y aún pendiente.
Firman
Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios:
• Afrocomunicaciones
• APAK, Asociación de Productores Audiovisuales Kichwas de Otavalo
• Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno (ACIA)
• Asociación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos de Sucumbíos Ecuador (APANAPSE)
• Centro de Juventudes de Esmeraldas (CJE)
• El Churo Comunicación
• Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas del Azuay, FOA
• Federación de Centros Awá del Ecuador- Radio Amparasú
• La Calle Habla
• Movimiento Juvenil Contracorriente
• Minga Social Comunicación
• Colectivo Mujeres de Asfalto
• Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos
• Radio Jatari Kichwa
• Wambra Radio
Comisión Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Afroecuatoriana del Decenio.
Documento Informe Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en Asamblea Nacional – Sesión nº 563
Más información y contactos: coalicioncomunicacionec@gmail.com