Entrevista a Virginia Gómez (Fundación Desafío) y Anabel Guerrero (Observatorio de Género del Colegio de Abogados de Pichincha)
Virginia Gómez de la Torre cuenta que esta es la segunda ocasión que la Asamblea Nacional tiene un proyecto para despenalizar el aborto en caso de violación. Cuenta que en la primera ocasión, durante el gobierno de Correa, el proceso no prosperó y no se discutió el tema. Ahora, el proyecto ha pasado dos debates, en cada etapa del trámite, ha sido posible discutir y debatir el tema, inclusive la Comisión que conoció el proyecto escuchó a especialistas en diferentes disciplinas exponiendo los motivos por los cuales es necesario despenalizar el aborto por violación. Destaca la audiencia donde los miembros de la Comisión escucharon la charla de Human Rights Watch que explicó la necesidad y pertinencia de despenalizar el aborto que favorece los derechos de las mujeres.
La entrevistada describe la votación de los Asambleístas. El NO fue la votación que primó, la diferencia fue de 6 votos, entre esos votos estaban algunas mujeres que habían expresado su acuerdo y compromiso con la propuesta, como es el caso de la Asambleísta María Mercedes Cuesta.
La propuesta de despenalizar el aborto en caso de violación, al momento se encuentra en la Presidencia de la República. El Presidente Lenín Moreno podría objetar la decisión de la Asamblea y permitir que se despenalice el aborto, hay expectativa frente al pronunciamiento que pueda dar el Presidente.
Anabel Guerrero, destaca que la propuesta de despenalización del aborto por violación no es incompatible con los derechos humanos y más bien se trata de una necesidad para la plena garantía de los derechos humanos de las mujeres. En Naciones Unidas, cinco Comités se han pronunciado en favor de la despenalización de aborto y por tanto, despenalizar el aborto por violación es compatible con los ddhh.
Cuenta que, durante el proceso de discusión en las afueras de la Asamblea estaban personas a favor de la despenalización del aborto y grupos contrarios a la propuesta, miembros de la iglesia católica, personas que se manifestaban en contra.
Sostiene que el proceso de despenalización del aborto en casos de violación es parte de la obligación de legislar en favor de los derechos de las personas, no se trata de una propuesta que deba tener la aceptación de la iglesia católica u otra. Aspira que el Presidente de la República, en calidad de Colegislador cambie la negativa dada por la Asamblea.
Al momento, el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, COIP, que despenaliza el aborto en caso de violación se encuentra en la última etapa y solo el Presidente de la República como colegislador puede pronunciarse en contra de la decisión de la Asamblea permitir que las mujeres puedan decidir abortar o no en caso de ser violadas.