El martes 1 de octubre, el presidente Lenin Moreno informó las medidas que el gobierno nacional tomará con el fin de cumplir con los requerimientos exigidos por el Fondo Monetario Internacional, esto para que dicho organismo realice un nuevo desembolso del préstamo de un total de 4 mil millones de dólares acordado con el Ecuador.
La medida más significativa es la eliminación del subsidio de los combustibles (gasolina y diésel). El impacto de esta medida se sentirá en los próximos meses pero sin duda repercutirá en un aumento generalizado de precios de numerosos productos y subida de pasajes del transporte público, afectando principalmente al bolsillo de los pobres y de la clase media. Como paño tibio para soportar semejante garrotazo, el gobierno dará un bono de 15 dólares a los más pobres.
El gobierno decidió no seguir la recomendación de una serie de economistas ortodoxos que abogaban por reducir el tamaño del Estado y el gasto corriente, vía supresión de cargos públicos, ya que durante el correato ingresaron al sector públicos unos 150 mil funcionarios adicionales, dentro de la política clientelar de premiar a quienes participaron en las campañas de Alianza País. Moreno indicó que no se subió el IVA por su efecto recesivo sobre la economía pero sobre todo porque sabía que la Asamblea no lo aprobaría.
A esto se suma la flexibilización laboral (nuevas modalidades de trabajo, contratos por tiempo limitado) que en teoría haga más atractiva la inversión en el país – léase regresión de derechos de los trabajadores-. Basta recordar que el gobierno de Moreno decidió recortar más de $4000 millones de dólares del pago del impuesto a la renta a las más grandes empresas nacionales y extranjeras que operan en el país supuestamente para favorecer la inversión y la creación de puestos de trabajo. El resultado fue decepcionante: no solo no aumentaron las inversiones y los puestos de trabajo, sino que disminuyeron. En el 2018, se perdieron en más de 200 mil empleos.
Otras medidas recogen los pedidos de los empresarios como: eliminación del anticipo al impuesto a la renta, disminución a la mitad del impuesto a la salida de divisas, la eliminación o reducción de impuestos para maquinarias y vehículos, y un impuesto temporal a las empresas que tengan ingresos por más de 10 millones de dólares anuales.
No es la primera vez que se toman medidas de este tipo, lo hicieron los gobiernos neoliberales de los años 80 y 90, con efectos devastadores en la economía y la sociedad. Una vez más, se reproduce el ciclo de saqueo económico al pueblo y las grandes empresas nacionales y transnacionales se benefician de los negocios gracias a las políticas gubernamentales en su provecho. Hasta el mismo Correa, con todo el cinismo que le caracteriza, ofrece solucionar la debacle económica del gobierno indeciso y caótico de Moreno, como si el expresidente no fuera el principal responsable.
Una vez más los sectores populares, a quienes el gobierno pide su comprensión y paciencia, serán los grandes sacrificados por las medidas económicas, esto mientras muchos corruptos, responsables directos de la crisis siguen prófugos, aún no han sido juzgados y no han devuelto ni un centavo de lo que se robaron.
En este contexto, estudiantes, trabajadores y pueblo en general, en las calles y carreteras del país manifiestan su rechazo a esta forma de gobernar a favor de los grandes capitales en desmedro de las mayorías. La respuesta del gobierno de Moreno es la represión y, vía estado de excepción, desconocer el legítimo derecho a la protesta.