El pasado 15 de octubre, pocos días después de levantado el paro nacional, se conmemoró el “Día internacional de las mujeres rurales”, establecido en 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer su papel decisivo en el desarrollo, la soberanía alimentaria, la erradicación de la pobreza y el cambio climático.
Este reconocimiento se celebra anualmente desde 2008 porque las mujeres y niñas rurales constituyen alrededor de un tercio de la población del mundo, y son quienes se ven mayormente afectadas por la pobreza y situaciones de violencia, sin que se ahonde en las acciones que los Estados deben realizar para mejorar sus vidas.
Esta toma de consciencia empieza por reconocer que a lo largo de sus vidas verán disminuidas sus oportunidades laborales por falta o deficiencia de educación, es común que en ciertas zonas rurales aún las familias consideren que es “mejor inversión” educar a los hijos varones, además por esta misma razón enfrentan mayor riesgo de embarazos tempranos, pues tampoco reciben educación en derechos sexuales y reproductivos, y mucho menos los servicios asociados para gozar de estos en sus vidas diarias.
Las mujeres rurales además enfrentan la discriminación en mayor grado pues enfrentan el prejuicio e injusticia en razón del sexo con que nacieron, su etnia (pues son indígenas y afrodescendientes en su mayoría) y su condición económica vulnerable. No solo la subordinan sus compañeros hombres, sino también la sociedad.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por su sigla en inglés), ha indicado que ellas sufren de situaciones como por ejemplo: la desvaloración e invisibilización de su trabajo, tanto el remunerado como el de labores de cuidado; la recarga de trabajo tanto por la deficiencia de infraestructura y de servicios públicos en sus hogares y comunidades, como por la asignación de roles sociales y sobrecarga de responsabilidades; la deficiente red de atención de salud; la falta de acceso al ocio creativo; y como regla casi general, la falta de acceso a la titularidad de la tierra.
Ecuador no se libra de esta situación, pues la mujer rural sigue siendo discriminada y relegada de los espacios de poder, y si algo nos enseñó el paro nacional del pasado octubre es que las mujeres rurales indígenas del país son actoras indispensables de la política nacional.
Si ellas paran, el país se para. Si ellas progresan, el país progresa. Ya es hora de ahondar en la justicia social para las mujeres rurales.